Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal, Iguala * Mientras los padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM), Ignacio Manuel Altamirano tomaron otra vez las instalaciones en protesta porque la Secretaría de Educación de Guerrero no ha resuelto sus demandas, maestros de la Zona Escolar 08 de Educación Especial, bloquearon dos calles cercanas a esa institución este miércoles.Primero llegaron los padres de familia que a partir de las cuatro de la mañana se apostaron en las afueras de ese centro educativo porque la SEG no respetó los convenios del pasado 27 de mayo, en el sentido de ordenar una investigación a las denuncias de malos tratos a los niños para el supervisor de la Zona 08 y al director de la institución, Mauro Vargas Colchero, a quien también reubicarían.Los manifestantes se encuentran inconformes porque el director “solapa a los maestros” del CAM, quienes han violentado las garantías individuales de los pequeños alumnos que presentan algún grado de discapacidad y que por ello acuden a ese centro educativo.

El pasado 26 de mayo los padres de familia decidieron tomar el CAM y ante la jefa de Educación Especial en el estado y otros representantes de la SEG, así como de la coordinadora regional de la Comisión de Derechos Humaos, Lilia Taquillo López se tomaron los acuerdos mencionados.Encabezados por la presidenta de la Asociación por el Futuro de la Discapacidad en Iguala (Afudiac), Patricia Zendejas Godínez y ante el incumplimiento de los compromisos, este miércoles tomaron nuevamente el CAM como forma de presión.Por su parte, los maestros de esa institución aproximadamente a las nueve de la mañana optaron por cerrar las calles Ramón Corona y Guillermo Santana para exigir que los padres de familia les entreguen las instalaciones, culpando al representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Nicolás Chávez de haber roto las negociaciones debido a su intransigencia.La vocera de los mentores, Xóchitl Arellano Moreno, una de las señaladas de golpear a los niños del CAM, dio a conocer un comunicado en el cual señalan que “los maestros que verdaderamente trabajamos exigimos la devolución de nuestro edificio que ha sido tomado por una minoría de cuatro padres de familia y por un elemento del personal que no ha cumplido con su trabajo y que nos ha difamado causando daño moral a nuestra persona, nuestra familia y nuestro trabajo”.De igual manera culpan al representante de la CETEG, Nicolás Chávez de haber roto las negociaciones porque cuando se le pidió que estas empezaran hasta que estuviera presente el representante del jurídico “de manera prepotente anunció que tomarían nuevamente el CAM”.Arellano Moreno señaló que ellos como maestros de la institución exigen que salgan de la misma algunas asociaciones que nada tienen que ver con el conflicto e igualmente que se inicien las investigaciones sobre los señalamientos hechos pero respetando el procedimiento y con las personas indicadas.Aproximadamente a las 13 horas llegó la jefa del departamento de Educación Especial de la SEG, Alba Karina Carreto Santiesteban, quien dialogó con ambas partes y acordaron sostener una reunión posteriormente para destrabar el conflicto.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Martín Ortiz Valle, dirigente de la delegación sindical del STAUAG en la Rectoría de la UAG, pidió al secretario general, Jesús Alvarez Hernández que “se serene, que sea humilde y le pida perdón a los trabajadores por haber basificado al personal de confianza violando el Contrato Colectivo de Trabajo y los estatutos sindicales”.Además lo retó a que demuestre quien de los dos está mintiendo: “Que me demuestre sólo un caso y renuncio a mis cargos sindicales, pero si no lo comprueba y miente, que entonces él renuncie a la dirigencia del sindicato”.Con relación al señalamiento del líder del STAUAG, quien acusó a Martín Ortiz de haber participado en la desaparición de la Tienda Sindical, y de la Caja de Préstamos, reconoció que “se iniciaron y mantuvieron en la época en que me desempeñé como secretario de Finanzas del STAUAG”.

Sin embargo, recordó que en ese tiempo también estaban despedidos de la UAG, el senador Armando Chavarría Barrera, Carlos Villarino Ruiz, y el actual secretario de Organización del STAUAG, José Luis Hernández Rivera, a quienes se les apoyó solidariamente, “y al concluir nuestra gestión en 1990, todavía continuó laborando la Tienda Sindical y la Caja de Préstamos”.Martín Ortiz dijo que el dirigente del STAUAG “ignora la historia pues siempre ha sido patronal, y ahora tiene la careta de sindicalista”, y propuso que si desea saber qué sucedió con la Tienda Sindical y la Caja de Préstamos, que entonces le pregunte a Gilberto Silva Gamboa, actual asesor del rector Nelson Valle.Aseguró que Silva Gamboa sabe lo qué paso con la tienda y con la caja, y qué sucedió con el crédito de línea blanca que le autorizó por aquellos años el Consejo General de Representantes (CGR): “El sabe mucho, pues fue el último administrador de la tienda; y también que le pregunte a Romualdo Hernández Alvinez, ex dirigente del STAUAG, y actual director de Recursos Humanos de la UAG, quién le autorizó y por cuanto tiempo se prestó el local ubicado a un costado del auditorio Juan R. Escudero”. Finalmente, ratificó su acusación en el sentido de señalar que “Jesús Alvarez sí firmó los convenios para basificar al personal de confianza y ahora dice que no, y si quiere defender a los trabajadores de confianza que se autopromueva como su defensor y forme su sindicato, para que como él dice “ya no los chinguen”.

 Trabajadores del Departamento de Mantenimiento, que cumplieron una semana en paro, dieron a conocer un manifiesto en el que recuerdan que el pasado 29 de mayo de este año se presentó Inés Fierro Colima pretendiendo tomar posesión en el cargo.Añade que “al percatarnos de estas pretensiones, dada la trayectoria de esta persona que comanda grupos de choque, razón por la que tomamos unánimemente la decisión de no aceptarla como jefa, pues no reúne el mismo perfil de honorabilidad que marca el Estatuto General de la UAG, para asumir el cargo, y mucho menos el perfil técnico profesional que esta área requiere”.Señalan que temen cualquier tipo de agresión física o verbal “conociendo sus antecedentes, por lo que responsabilizamos a la señora Inés Fierro y a la administración central de la UAG, por seguirla sosteniendo, y repudiamos que en la universidad, hoy día se premie la arbitrariedad, la prepotencia y el mérito de ser golpeador de trabajadores universitarios”.Los trabajadores demandaron una actuación más decida a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG(STTAISUAG), “que han asumido una actitud contemplativa y no de defensa de los derechos de los trabajadores”. (Sergio Ocampo / Chilpancingo).

Raquel Santiago Maganda * La ex candidata ceronista, Teresa de Jesús Rivas reconoció ayer el triunfo del candidato impulsado por una fracción del MAR y el FAUG, Carlos Topete Contreras como director electo de la Facultad de Turismo de la UAG.Entrevistados después de reunirse en el restaurante El Lago, Teresa Rivas dijo que reconoce el triunfo de Topete Contreras y manifestó que lo apoyará porque tienen que lograr el proceso de certificación de la Facultad.La ex aspirante negó que haya impugnado los resultados, como lo difundió el nelsonista, Ignacio Paredes Angeles por quien inicialmente declinó, pero dos días después decidió lanzar su candidatura.Dijo que el equipo de Ignacio Paredes “estaban más preocupados por la repartición de puestos que en la elaboración de la campaña”.Ambos ex contendientes por la dirección coincidieron en que las votaciones de la extensión de la Facultad de Turismo ubicada en Zihuatanejo fueron tomadas en cuenta en el proceso de elección de rector, por lo cual interpretaron que no habrá excepción en esta ocasión.De proceder la impugnación de Ignacio Paredes y si la Comisión Electoral anula los resultados de Zihuatanejo, entonces el nelsonista habría ganado la dirección, porque en la Facultad obtuvo mayor número de sufragios.Topete Contreras aseguró que se invitó a Paredes Angeles a unirse al equipo, y reveló que Teresa Rivas sería “una buena subdirectora general o en el área académica”. Sin embargo, precisó que aún no se han asignado al resto de la administración.Indicó que la prioridad es el proceso de certificación de la Facultad, pues el próximo año comenzará el registro y para ello la escuela debe reunir los requisitos de infraestructura, laboratorios, acervo bibliográfico entre otros para obtener también una prórroga.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El director de la Preparatoria 13, Anastacio Bailón Salas señaló que mientras no se designe al nuevo director de este plantel, está en riesgo el trámite de los certificados de los 137 estudiantes que egresarán en este periodo.Dijo que la escuela está a la espera de que el Consejo Universitario de la UAG, sancione el proceso electoral simultáneo, que en el caso de esta escuela no se llevó a cabo debido a que una veintena de integrantes del Frente Democrático Estudiantil (FED), tomaron el plantel el lunes 27 de mayo  y no lo liberaron sino hasta el 30 de mayo por la noche, impidiendo así que se levantará la elección en la institución.Señaló que en tanto el Consejo Universitario sanciona el proceso, estará a cargo de la institución, pero indicó que existen muchas posibilidades de que se designe un director interino que sería el decano del CU, que es el profesor Audifaz Ríos Solís.

* No tomó declaración a los campesinos ecologistas que invitaron a la abogada para que los defendiera * Ha metido dudas contra la víctima y su familia * Desestima señalamientos directos contra los caciques Rubén Figueroa, Rogaciano Alba, Bernardino Bautista y Faustino Rodríguez

 

Maribel Gutiérrez (Segunda parte) * La Procuraduría General de Justicia del DF no ha investigado pistas en Guerrero que pudieran llevar a saber la verdad sobre el asesinato de Digna Ochoa. La cadena de ejecuciones entre octubre y marzo, y un informe que recibió de que la abogada fue seguida por sus probables ejecutores desde la sierra de Petatlán han sido desatendidos. También ha dejado de lado el conocimiento de lo que pasó durante el viaje de la abogada a cuatro comunidades serranas 17 días antes del crimen, y no tomó las declaraciones con los campesinos ecologistas que están perseguidos por el Ejército, que son quienes llamaron a Digna Ochoa para pedirle ayuda.

Los ecologistas que se movilizaron para demandar que se investigara en Guerrero el origen del asesinato de la defensora de derechos humanos tuvieron como primer resultado nuevas amenazas de caciques e intimidación de tropas del Ejército. La actitud de los investigadores que han estado en Guerrero ha sido calificada por los campesinos ecologistas como poco seria, y afirman que la PGJDF no preparó las condiciones para esclarecer los hechos.

Hay evidencias de que uno de los equipos de la Procuraduría que estuvo en Guerrero enviado por el subprocurador Renato Sales Heredia, se dedicó a tratar de reunir datos sobre el caso de siete policías judiciales federales muertos el 4 de marzo de 1999 en Rancho Nuevo, sierra de Petatlán, a donde, según los vecinos de ese poblado, acudieron contratados como sicarios por el ganadero Rogaciano Alba. Ese equipo, que estuvo en Guerrero del 15 al 23 de enero, encabezado por el agente del Ministerio Público Franz Borges Velasco, de la Fiscalía para Homicidios del la PGJDF, en su último día en el estado declaró que estaba descartada la hipótesis sobre el trabajo de Digna Ochoa en Guerrero como móvil del asesinato, y se retiró sin haber tomado al menos todas las declaraciones que tenía programadas.

En lugar de dedicarse al caso de Digna Ochoa, los investigadores del DF se alinearon en la búsqueda de ajustar cuentas tras los intereses de Rogaciano Alba, que según un testigo está involucrado en la contratación del tirador que ejecutó a la abogada el 19 de octubre en la ciudad de México. Ese agente del MP dejó claro ante los medios que no había ninguna imputación contra Rogaciano Alba ni contra alguna otra persona por el asesinato de la abogada. Según dicho funcionario, la muerte de Digna Ochoa no pudo haberse originado en Guerrero, porque ella “no alcanzó a hacer algo concreto para ayudar a los campesinos ecologistas ni alcanzó a afectar intereses”.

Después de las primeras visitas a Guerrero de los investigadores de la PGJE, los miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán denunciaron públicamente que no había condiciones que permitieran declarar con libertad. En la visita más reciente, el 9 de mayo, después de los interrogatorios a cuatro campesinos ecologistas que asistieron a reuniones con Digna Ochoa en la sierra, el 1 y 2 de octubre de 2001, los investigadores aprovecharon el viaje para tratar de sembrar dudas sobre la abogada. Cuando aún hay varias líneas de investigación abiertas aseguraron que se había suicidado, que tenía desequilibrio mental y que esto lo habían comprobado con declaraciones de un amante en Michoacán.

El campesino ecologista que grabó el video de la visita de Digna a la sierra, Perfecto Bautista, pidió a los funcionarios de la Procuraduría del DF que le devolvieran la cinta original. Y ellos aprovecharon para tratar de desprestigiar a la familia Ochoa, pues dijeron que había gente que estaba obteniendo mucho dinero de ese video, y que los responsables del original eran los hermanos de Digna Ochoa. Perfecto Bautista no sabe si eso es probable, pero está interesado en que le devuelvan la cinta original que él grabó, al lado de Digna, en un recorrido por dos rutas de la sierra de Petatlán, en las que visitó El Zapotillal, La Pasión, Barranca de Monte Grande y Banco Nuevo. Según ese video del recorrido, en la comunidad de Banco Nuevo se encuentran con efectivos del Ejército, a pie y en vehículos Hummer, y la abogada ayudó a grabar sus imágenes.

Además, de acuerdo con los testimonios, en ese lugar los soldados se acercaron a la reunión y preguntaron ¿cuál es Digna?, antes de que los habitantes de Banco Nuevo dieran el nombre de su visitante, en lo que los ecologistas denunciaron como una acción de vigilancia y seguimiento de sus actividades. Sin embargo, la PGJE y los militares se han encargado de negar y descartar esa versión, y afirman que los militares que preguntaron por los visitantes en Banco Nuevo no sabían previamente quiénes eran.

 

Investigación de los caciques

 

El 2 de noviembre, una comisión de 38 personas de nueve comunidades, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas, viajó a la ciudad de México, para exigir que en la investigación del asesinato de la abogada se tomara en cuenta su visita a la sierra y la persecución del Ejército a campesinos que habían solicitado su ayuda. Algunos de los ecologistas declararon a los medios en la ciudad de México, a la CNDH, y a la PGJE sobre los conflictos y la violencia en la sierra de Petatlán. Dieron testimonios de la persecución del Ejército aliado a los caciques, y de las acusaciones a campesinos de pertenecer a grupos guerrilleros para así lanzar contra ellos supuestas operaciones de contrainsurgencia. Lo que pedían los campesinos ecologistas era que se investigara en Guerrero el posible móvil del asesinato de la abogada que vino a ayudarles. Explicaban que muchos de ellos viven con el peligro de perder la libertad o la vida en cualquier momento, y les parecía posible que la abogada haya sido víctima de la represión y la violencia que ellos padecen.

De regreso de la ciudad de México, lo primero que encontraron fue una nueva amenaza, esta vez del ganadero Rogaciano Alba, contra la secretaria de los dirigentes de la Organización, Eva Alarcón, la organizadora de la visita de Digna a la sierra y del traslado de los campesinos a la ciudad de México. El 27 de enero, en un foro sobre ecología y derechos humanos en Petatlán, convocado por la Organización de Campesinos Ecologistas, Eva Alarcón, aclaró: “No acusamos a nadie, no señalamos culpables; exigimos al gobierno del DF y al de Fox que se esclarezca el asesinato de Digna Ochoa y se haga justicia”. La aclaración tenía sentido ante versiones difundidas de que la Organización señalaba como culpable al ex presidente municipal y actual presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, Rogaciano Alba, al ex gobernador Rubén Figueroa y a otros caciques como Bernardino Bautista y Faustino Rodríguez. De ahí se habían derivado amenazas a Eva Alarcón.

En realidad, la petición de que se investigara a Figueroa, Alba y Bautista fue hecha por los integrantes del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco, algunos de ellos ecologistas de Petatlán. A su vez, el campesino ecologista Rodolfo Montiel, en entrevistas que dio a diversos medios un día después de su liberación el 7 de noviembre del 2001, señaló a esos tres caciques como responsables de la represión en la sierra. No se sabe si la PGJDF investigó a los caciques señalados.

En Guerrero se hicieron públicos dos interrogatorios de agentes del MP de la Procuraduría del DF a Rogaciano Alba. El primero, el 21 de diciembre de 2001, cuando la PGJDF citó a declarar, en la agencia del MP de Petatlán, a Bernardino Bautista Faustino Rodríguez, y Rogaciano Alba (el primero, que ya no vive en Guerrero, no se presentó). Las declaraciones ante el MP fueron públicas, con presencia de reporteros. Ahí, Rogaciano Alba respondió con un “no” a todas las preguntas. Dijo que no conocía a Digna Ochoa ni a los ecologistas. Dijo que “desconoce las armas por no usarlas”, que tampoco tiene ninguna arma en su domicilio, que no tiene amigos, familiares ni conocidos dentro de algún grupo policiaco, que no conoce a ningún militar de ningún rango que pertenezca al 40 o al 19 Batallón de Infantería del Ejército, y negó tener amistad con algún empresario maderero que tale madera en la sierra.

Estas declaraciones llaman la atención, porque es de conocimiento público que usa armas y que tiene nexos con policías de diversas corporaciones y con militares. En el proceso 18/2000 del Juzgado Tercero de Distrito de Acapulco, contra cinco campesinos detenidos el 18 de febrero del 2000, en la comunidad de Las Palancas, sierra de Petatlán, testigos declararan que Rogaciano Alba fue a ese poblado encabezando a un grupo de civiles armados y de militares del 40 Batallón de Infantería, y de ahí se trasladaron a El Nogal, donde mataron al campesino Salvador Cortés e hirieron a una mujer embarazada. Después de contestar el interrogatorio, Alba declaró: “Qué bueno para mí que me hayan llamado a declarar porque así se quita toda esa cizaña que hay de los medios de información, cosas mentirosas, declaraciones falsas”.

Después, el 18 de enero, fue citado a Petatlán para declarar ante el agente del MP de la PGJDF Franz Borges, pero el mismo funcionario dijo que no fue una declarción formal, sólo una plática “amistosa”. Días después, Alba dijo a los medios: “Quieren que sea yo el chivo expiatorio”. Y opinó que “por cuestiones políticas” quieren involucrarlo en el asesinato de la abogada, porque en el DF hay un gobierno perredista, y él rescató para el PRI al municipio de Petatlán cuando estaba en manos del PRD, en 1993. Intentó trivializar el problema, con una referencia a la impunidad, cuando dijo que aquí, cuando alguien comete un homicidio, “anda buscando que se sepa para que le compongan un corrido”.

El 19 de enero, el equipo de la PGJDF se trasladó a Banco Nuevo, acompañado por policías judiciales del estado, agentes de Gobernación de todos los niveles y del Ejército y reporteros. Ahí hablaron sobre la visita de Digna con los campesinos ecologistas Albertano Peñaloza y Perfecto Bautista, quien grabó el video. El 20 de enero, seis policías judiciales del DF y el agente del MP se trasladaron a El Zapotillal, la primera comunidad que visitó Digna Ochoa el 1 de octubre. Según testigos, en una reunión de vecinos de comunidades del área, los investigadores lanzaban las preguntas al grupo, sin ninguna formalidad.

Habían citado de manera informal, por medio del ayuntamiento de Petatlán, que no es una autoridad imparcial, a siete testigos ecologistas, entre ellos Jesús Bautista Fuerte y Rodolfo Cabrera González, que no acudieron porque tienen órdenes de aprehensión y pensaron que podía ser una trampa. A los comisarios de Banco Nuevo, Filiberto Gómez Bueno, y de La Botella, Alfonso Martínez, les preguntaron si sabían si a Digna la habían matado por su visita a la sierra, y dijeron que no sabían. También les preguntaron si conocían a Bernardino Bautista (el cacique con el que los ecologistas han tenido conflictos) y al general Pedro Mota (que fue jefe militar en esta área). El comisario de La Botella dijo que no los conocía, que sólo oía mencionar que Bernardino y Pedro eran compadres y que tenían un rancho que era propiedad de los dos en Banco Nuevo, y que no se sabe qué pasó con ellos, porque ya no viven ahí.

El comisario de Banco Nuevo dijo que Bernardino Bautista vivía en esa comunidad, y que se oye decir que Pedro Mota es su compadre, pero que ya no vive ahí. Desde 1998, cuando surgió la Organización de Campesinos Ecologistas, señalaban a Bernardino Bautista como un cacique que se había enriquecido con la explotación de los bosques, con el narcotráfico, y que tenía la protección del Ejército por sus nexos estrechos con el general Pedro Mota.

 

Desconfianza de los ecologistas en las actuaciones de la PGJDE

 

Después de esos recorridos, el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Juan Bautista Valle, dijo que generó desconfianza entre sus compañeros la forma de trabajo de los enviados de la Procuraduría del DF, que se hacen acompañar de agentes de la Policía Judicial del Estado, actúan con la intervención del ayuntamiento de Petatlán, y que buscan a campesinos de manera imperativa. Opinó que esta forma de trabajo se puede considerar intimidatoria, y propuso que los investigadores se hicieran acompañar de organismos de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, para que los testigos tengan confianza, garantizar el respeto hacia ellos, y evitar el temor a ser detenidos.

Después de las declaraciones del agente del MP Franz Borges, que dijo que no había encontrado en Guerrero el motivo del asesinato de la abogada, los dirigentes de la Organización calificaron de “poco serio”, “insensible” e “incapaz” el trabajo de la Procuraduría del DF sobre la visita de Digna Ochoa a la sierra. Juan Bautista Valle declaró: “Pienso que no se ha investigado bien, como se debe”. Opinó que “es el gobierno”, en referencia a el Ejército, quien puede saber si el asesinato de la abogada se derivó de su visita a la sierra, el 1 y 2 de octubre.

La secretaria del presidente de la Organización, Eva Alarcón Ortiz, dijo: “Creo que la Procuraduría del DF ha dejado mucho que desear”, y relató que en la primera visita que hicieron a Petatlán, a principios de diciembre, fueron los agentes judiciales y del MP a su casa, a las 11 de la noche, y en la calle, y ante decenas de testigos, vecinos que se congregaron, le preguntaron dónde viven los caciques. Ella se negó a contestar, y un comandante de la Judicial capitalina le dijo: “No tenga miedo, señora, al fin el crimen nunca se va a esclarecer”.

Después de que la Organización de Campesinos Ecologistas formó una comisión que se trasladó a la ciudad de México del 2 al 17 de noviembre, hubo en la sierra de Petatlán operaciones del Ejército consideradas como actos de intimidación contra los campesinos que fueron a pedir justicia por el caso Digna Ochoa y a denunciar la violencia en esta región. Antes de regresar a Guerrero, los enviados supieron que había una amenaza contra la secretaria de la Organización, Eva Alarcón, del ex presidente municipal, Rogaciano Alba.

En la carretera a Banco Nuevo se intensificó la revisión en los retenes del Ejército, y el comandante de la unidad militar reclamaba a los campesinos por haber hecho las denuncias de lo que ocurrió durante la visita de Digna Ochoa. Los últimos días de 2001 el hostigamiento se centró en Canalejas, comunidad contigua a El Zapotillal, en la ruta del primer recorrido de Digna Ochoa, donde soldados del 19 Batallón se establecieron el 27 de diciembre.

El 2 de noviembre, tres campesinos de esta comunidad formaron parte del grupo de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán que se trasladó a la ciudad de México para pedir justicia por el asesinato de la abogada Digna Ochoa y para denunciar la persecución del Ejército a los campesinos que defienden los bosques. Los tres vecinos de Canalejas que fueron a la capital son Enrique Martínez Landeros, Celso Miranda y Eligio Pérez Miranda. Los soldados preguntaron por ellos durante su estancia en Canalejas a fines de diciembre, y los campesinos tuvieron que huir por temor a represalias.

La presencia de soldados causó incertidumbre y preocupación los últimos días del año 2001 y los primeros del 2002, porque llegaron con “el cuento” de que querían convivir con los habitantes de este pueblo, querían hacer un baile de año nuevo y un banquete para todos. Vecinos y autoridades rechazaron la invitación, porque es una comunidad muy religiosa y ya tenían programada una vigilia para celebrar la entrada del año 2002. Los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas, Juan Bautista Valle y Felipe Arriaga Sánchez, consideran que la presencia militar fue una respuesta a la participación de la comunidad de Canalejas en las movilizaciones para demandar el esclarecimiento del asesinato de Digna Ochoa y para denunciar la represión de caciques y el Ejército contra el movimiento ecologista.

Piensan que esos militares, aparentemente amistosos, podrán regresar en cualquier momento, a matar, arrestar y reprimir. Recuerdan que así lo hicieron en febrero de 2000 en Las Palancas y El Nogal, en el filo de la sierra, a donde primero se presentaron haciendo amistad con los pobladores para ganarse la confianza y después llegaron con el grupo del ex presidente municipal de Petatlán y actual presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba, y mataron a Salvador Cortés, se llevaron detenidos a cinco campesinos e hirieron de bala a una mujer embarazada. Dos de los campesinos ecologistas que están presos en Acapulco son de Canalejas: Pilar Martínez Pérez y Moisés Martínez Torres, quienes fueron detenidos por efectivos del Ejército el 22 de febrero del 2000, cuando se dirigían a trabajar en el campo, y ahora están sentenciados a 10 años de prisión por portación de armas prohibidas.

El comisario de este pueblo que pertenece al ejido de La Botella, Alifonso Martínez, informó que los militares, que estuvieron en la región nueve días, hacían patrullajes nocturnos alrededor de las casas, y denunciaba: “Esto es ilegal, porque no estamos en guerra”. Dijo que cuando preguntó al comandante de la unidad militar el motivo de las operaciones nocturnas en el pueblo y en los caminos le respondió que estaban buscando “grupos encapuchados”, “gente armada”, como se llama en esta región a los miembros de organizaciones guerrilleras, como el EPR y el ERPI. El comisario informó que el 31 de diciembre, frente a su casa, unos militares hicieron disparos, y como prueba recogió casquillos percutidos.

Como no les resultó su plan de convivir con los vecinos, los militares se mostraron más hostiles. Corrieron la versión de que ya sabían que en Canalejas hay gente que no quiere al Ejército, y que “andan huidos” de los militares. Luego, preguntaron por Rogelio Carrillo, un miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas, que vive en la parte más alta de la sierra, y que es uno de los nueve que tienen órdenes de aprehensión, y que junto con el preso ecologista Gerardo Cabrera y otros de sus hermanos, son acusados por el cacique Faustino Rodríguez de que forman parte de un grupo armado, el ERPI, y que encapuchados lo emboscaron el 19 de marzo de 2000.

El 4 de enero las tropas se retiraron de Canalejas. Pero después de que las comunidades hicieron públicos los hechos, los militares regresaron al área. Estuvieron en El Zapotillal, donde reunieron a los habitantes, los acusaron de que aquí siembran mariguana, y amenazaron con llevarse al comisario, Alifonso Martínez, si seguía denunciando los atropellos. (Maribel Gutiérrez).

* El intenso cabildeo del subprocurador Renato Sales para convencer de la hipótesis del suicidio le impide seguir en esa función, afirma la abogada de la familia Ochoa

La abogada de la familia de la defensora de Derechos Humanos Digna Ochoa, Bárbara Zamora, fue entrevistada vía telefónica ayer por Javier Solórzano del noticiero vespertino Imagen Informativa a raíz de la nota publicada en El Sur. Por la tarde se difundieron reacciones del subprocurador Renato Sales a la información publicada sobre el tirador que mató a Digna Ochoa, según versión de un testigo. Descartó esa pista. Dijo que en la investigación no se han encontrado indicios que señalen que sicarios de Guerrero fueron los que perpetraron ese crimen, y que no existe información sobre la participación del ex presidente municipal, Rogaciano Alba. El encargado del caso en la PGJDF, Renato Sales, también dijo que es una hipótesis que ellos tenían pero que entraron a un momento que ya no la consideraron debido a que no había los elementos suficientes para seguirla.

–¿Cuál es la primera mirada Bárbara como abogada, como parte del asunto en términos de la familia, qué es lo que piensan? –preguntó el conductor.

–En realidad no sé de dónde sacan que no había elementos porque no han investigado a fondo. Claro que no van a encontrar elementos porque no han investigado a fondo, porque ellos simplemente han ido en la línea del supuesto suicidio y han abandonado las demás líneas.

“A pesar de que el procurador dice que es la línea más consistente en realidad nosotros vemos como abogados de la familia que no es la más consistente sino que es la única línea que ha trabajado la Procuraduría, y eso porque en lo personal están convencidos de que es un suicidio, entonces en su opinión personal la han ido tratando de sustentar y han ido únicamente en esa línea, investigando a la propia víctima. “Y la investigación más exhaustiva ha sido a la misma Digna, toda su vida desde que iba a la universidad en Veracruz, a sus amistades en aquella época, y han llegado al grado de pedir informes de sobre su cédula profesional para ver si es falsa o auténtica, o sea me parece deslesnable la posición que han seguido respecto a este asunto.

“Ellos en este afán de mostrar un suicidio han dicho cosas que son falsas como que no han encontrado ninguna huella de persona extraña en el lugar de los hechos cuando los padres de familia de la UNAM la vieron a ella ese jueves en la noche, según tengo entendido eran seis personas que usaron el baño y debe haber un mundo de huellas ahí de gente extraña o al menos huellas que no eran las de Digna Ochoa, entonces es falso.

“Por otro lado, que no caben ni dos personas ahí es falso, porque en esa salita donde apareció el cuerpo de Digna ahí estuvieron platicando esas seis personas con ella. Esa noche anterior era una cita, de un caso que estaba atendiendo, un caso que estaba llevando, entonces hay una serie de falsedades en lo que ha estado manejando la Procuraduría; el famoso libro de poesías, Antología Poética de la Muerte, ese ni era el libro de Digna, es un libro de Lamberto González que es el otro abogado, digamos el titular de ese despacho junto con Pilar (Noriega) todo es una serie de apreciaciones subjetivas de la PGJDF a partir de elementos falsos”.

–Ahora Bárbara digamos, hablando de la PGJDF, no quiero decir que tendría simpatías quizás por emanar del gobierno que emana, tendría que ser más acuciosa pienso yo, y no con esto quiero menospreciar la labor de otras procuradurías ni cosa parecida, pero me parece que de manera natural que un partido como el PRD y un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador no tan fácil suelta una declaración de esta naturaleza.

–Bueno, nosotros esperaríamos otra actitud y otro trabajo de la PGJDF precisamente por ser de ese partido pero hoy estamos decepcionados de cómo han estado manejando el asunto y lo que mencionaba Emilio Alvarez Icaza del intenso cabildeo del lobby que andan haciendo, ese hecho en sí mismo ya es sospechoso, cómo es posible que anden tratando de convencer a la gente de que es un suicidio, si realmente tiene elementos sólidos, pues si los hechos hablan por sí mismos no tiene que andar haciendo cabildeos con la gente no sólo nacionales sino extranjeros.

“Han hablando con gente que viene de fuera y en algunos casos les resulta contraproducente, toda esa serie de cabildeos y convencimiento porque la gente sale sospechando más, cómo es posible que le estén dando información del expediente que es confidencial y a cada grupito que van hablando les dicen esto es entre amigos, es confidencial que el expediente no sé qué pero a todos les dan la información entonces esto es contrario a derecho y desde el momento en que ellos tienen una opinión personal del asunto pues están impedidos en seguir en la investigación porque va estar influida por su opinión personal y no va ser imparcial.

–Te planteo esto más allá de este terreno, que ahora el periódico El Sur, más allá de lo que significan todos los pormenores del asunto, quisiera meterme en la hipótesis de El Sur, qué tan válida la encuentras sobre todo, que tan fuerte para seguir, pareciera que tenemos que verla más allá de militancias, si me permites la expresión sobre todo con un objetivo muy claro la única militancia que nos podemos permitir como sociedad es la verdad ¿qué piensas de esto?

–La verdad y que no hay impunidad, pienso que no podemos caer en lo mismo que está haciendo el subprocurador Renato Sales, de ir a hacer una consulta ya no pública sino privada para ver cuál hipótesis es la que la gente acepta. Nosotros lo que tenemos que hacer no es decir si esta es válida o descalificarla sino que hay una información que da un periódico y que da nombres y apellidos, fechas y lugares, entonces toda esa serie de información la PGJDF está obligada a ir a investigarla y a corroborarla o no, pero como autoridad investigadora de los delitos, persecutora, debe ir a investigar esta información.

“Ahora, si efectivamente dicen que tenían esa línea pero que no la siguieron porque ya no había elementos, yo pienso si realmente habían mandado a llamar a declarar a estas personas que se menciona cuyo nombres se mencionan como sicarios o si perdieron tanto tiempo que cuando ya quisieran citarlos ya estaban muertos, pienso que no creo que sea válida o no la autoridad tiene la obligación de ir investigar y más si se da con tanta precisión, el tiempo, el modo, lugar que fue ocurrido.

–Ayer en este espacio platicamos con Ericka Zamora y Efrén (Cortés) sobre la situación de Guerrero en general más allá de El Charco pareciera que hay una impunidad de una pequeña comunidad que bajo esta hipótesis viene y se traslada a una gran ciudad.

–Así es, precisamente por la impunidad si los delitos que se comenten nunca quedaran en la impunidad, si se castigaran todos los delitos, pues creo que habría menos delitos y menos vulnerabilidad de la gente que está en este asunto de los derechos humanos. Yo hace varios años que andaba litigando en Guerrero, fui objeto de una emboscada y afortunadamente no pasó nada y allá así son las cosas nadie dice nada y nadie investiga a nadie y  por eso esa situación ha crecido tanto.

–En este caso concreto, esta hipótesis la crees, ves otras hipótesis, la consideras pertinente porque la PGJDF dice que ya la sabía y que no caminó más porque no encontró más elementos, a lo mejor yo no quisiera pensar que son ineptos ¿no?

–No sé si sean ineptos sino una falta de interés hacia ese punto porque no creo que hayan agotado toda la investigación, hayan a lo mejor interrogaron a Rogaciano Alba, pero y a los otros no sé si los interrogaron y ahora aparecen muertos y que tal vez tengan alguna relación con los hechos de la muerte de Digna, pues debería de ir a investigar a los familiares y ver si efectivamente en aquellas épocas estuvieron aquí en el DF o sea ellos tiene que hacer su trabajo de investigación yo pienso que si es no solamente que sea conveniente que vayan a verificar eso sino que es obligatorio que lo hagan y tal vez por ahí puedan estar por ahí la verdad de los hechos.

(…) La PGJDF debe de dar una respuesta a la altura de las expectativas que se crean en la ciudadanía al tratarse de un gobierno del PRD y no seguir con esta situación del suicidio que es realmente inverosímil”.

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * La Unión Ganadera Regional del Estado de Guerrero (UGRG), en voz de su tesorero Ignacio Olivas Abíztegui, rechazó que su presidente Rogaciano Alba Alvarez haya ordenado el asesinato de la abogada Digna Ochoa, ocurrido en la ciudad de México el 19 de octubre del año pasado. Entrevistado en las oficinas de la UGRG, el tesorero dijo que es “una verdadera aberración” involucrar al ex alcalde de Petatlán en ese asesinato. Alba “ya declaró una o dos veces en la ciudad de México, y una vez vinieron desde allá; también rindió su declaración al Ministerio Público en Petatlán, y es una verdadera difamación porque nunca ha trabajado en la madera, no tiene relación con madereros, nunca conoció a esa muchacha, y nunca supo que anduvo por allá (en Petatlán)”.

Manifestó que por diversos motivos se pretende inmiscuir en ese crimen al ex alcalde priísta, y cree que “se trata de venganzas, ya que a él le mataron a su hermano en una emboscada”; y dijo que en el caso de los dos supuestos pistoleros que fueron emboscados “parece ser que los que estuvieron detrás de la emboscada son los ecologistas que estaban en la cárcel (Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel), ellos son que están tratando de involucrarlo. Ellos son los encapuchados de la sierra, para acabar pronto, ¿de dónde son ecologistas?, son encapuchados, traen armas y muy buenas armas”.

Después describió a Alba Alvarez como un “líder natural que tiene muchos amigos en Guerrero, y no sólo aquí sino en muchas partes del país, a lo mejor piensan que va a hacer algo en contra de ellos, pero lo cierto es que esa emboscada tiene más de un año, y sucedió cerca de uno de sus ranchos”. Más adelante se le preguntó sobre la relación de Rogaciano Alba con los pistoleros Nicolás Martínez Sánchez El Cuarterón y con Gustavo Zárate Martínez, y respondió a su vez con una pregunta: “¿Ustedes conocen a Rogaciano?; porque si no lo conocen pues visítenlo, él jamás trae detrás gente armada ni desarmada, para nada, para acabar pronto”.

Alba tiene muchos amigos, insistió, “no se olviden que por segunda ocasión es presidente de la Unión Ganadera, y tiene enemistadas que han utilizado mucho la prensa para difamarlo; desconozco si tiene enemigos políticos, ¿pero dígame si hay algún político que sea leal?, Rogaciano es un hombre de trabajo, muy amigable, no es político”. Olivas Abístegui recordó que “todo empezó cuando pensaron que Rogaciano quería ser otra vez presidente municipal, pero en una reunión él mismo dijo que no aspiraba al cargo, porque ya había ocupado esa responsabilidad, y a raíz de eso empezaron los periodicazos”.

Reiteró que Alba Alvarez  ya no cabalga dentro de la política, más bien está dedicado a sus ranchos y a la Unión Ganadera “precisamente en estos momentos se encuentra en México trabajando con la Comisión Ganadera del Congreso de la Unión, para ver los beneficios que puede traer para los ganaderos de Guerrero, porque ustedes saben que el gobierno del estado nunca ha querido apoyar a los ganaderos del estado”. Manifestó que “todo mundo” sabe que Alba se dedica a atender sus dos ranchos ubicados en la comunidad de Las Chavetas, uno de ellos se lo dejó su papá, es más casi no los va a ver por la inseguridad que se vive en la sierra, y lo que él sigue reclamando es justicia, y sobre el caso de Digna Ochoa, que en paz descanse, pedimos que se esclareciera el crimen, pero nosotros no sabemos quienes son los asesinos”.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, informó ayer que a más tardar en las próximas 24 horas será trasladado a Guerrero Pedro Barragán González, uno de los secuestradores más buscados del país y que fue aprehendido el 30 de mayo pasado en el estado de Veracruz por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Barragán González es acusado de haber cometido cuando menos 11 secuestros en estados como Guerrero, México, Puebla y Veracruz y las autoridades del estado lo responsabilizan del asesinato del empresario gasolinero, Javier Ibáñez Sandoval y de su chofer, ocurrido el 11 de marzo pasado.

En una entrevista colectiva ofrecida ayer en su despacho, el procurador omitió detalles de la captura del secuestrador originario de La Ciénega, municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, quien por la mañana fue presentado a los medios de comunicación nacional por el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha en Veracruz. Ramírez Guerrero solamente leyó un comunicado de prensa en donde se informa que Barragán González fue detenido junto con su madre, Laura González Benítez y Pedro Andrés Ascensión González, de quienes dijo que según les habían informado de la PGR ya se encontraban bajo arraigo en la ciudad de México.

Ramírez Guerrero informó que Barragán González y Laura González Benítez tienen orden de aprehensión dentro de las causas penales acumuladas número 25/96 y 03/97, girada por el juez primero de primera instancia del ramo penal del distrito judicial de Los Bravo, con sede en esta capital, como probables responsables del delito de secuestro, cometido en agravio de Oscar Manuel Ibáñez Reyes, hechos ocurridos el 8 de marzo de 1996 en Chilpancingo. El procurador agregó que mientras tanto, el otro detenido, Pedro Andrés Ascensión Martínez, tiene orden de aprehensión dentro de la causa penal número 39-I/2002 librada por el juez segundo de primera instancia del ramo penal del distrito judicial de Los Bravo, como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Javier Ibáñez Sandoval y su chofer, Raúl Díaz Salgado.

Ramírez Guerrero informó que la Procuraduría de Guerrero solicitó ya a la PGR el traslado al estado de los detenidos para que sean puestos a disposición de la autoridad judicial que los reclama. “Yo espero que hoy mismo (miércoles), o a más tardar mañana (jueves), sean entregados a las autoridades de Guerrero”, informó el procurador y agregó que “una vez que tengamos a estos detenidos actuaremos conforme a nuestras facultades para concluir el asunto de nuestra competencia y entregarlos a la autoridad judicial competente”.

Se le preguntó a Ramírez Guerrero cuál fue la participación de la Procuraduría de Guerrero para coadyuvar en la detención del secuestrador, y dijo que la dependencia estatal “ha estado en permanente colaboración con la PGR y con todas las procuradurías de los estados del país; estamos participando en estrecha coordinación contra el crimen organizado”. Ramírez Guerrero tampoco precisó cuando se le preguntó cuántas averiguaciones existen en contra de Barragán González, e indicó que “en la medida que se vaya avanzando en las investigaciones y cuando tengamos en nuestra presencia a los que fueron aprehendidos, seguramente vamos a profundizar más en la investigación y dará mayores resultados para actuar en contra de ellos”.

–¿Y los detalles de la detención, cuáles son, –se le insistió.

–El principal detalle es que están aprehendidos, arraigados y que los van a poner a disposición de la Procuraduría de Guerrero.

El procurador de Justicia dijo que otros secuestros en los que podría estar involucrado Barragán González es en el del empresario de Acapulco asesinado en cautiverio, Melchor Perusquía; y en el de Jorge El Ñoño Campos, padre del portero del los Pumas y de la selección mexicana de futbol.