* Derrumbó una barda que separaba al plantel del centro cultural * Fue un acto de vandalismo dicen promotores culturales

 Raquel Santiago Maganda * Padres de familia y maestros de la escuela primaria Informe Presidencial del turno matutino, derribaron ayer el muro que separaba el plantel del teatro Domingo Soler con el argumento de que pertenece al predio escolar y se les negaba el uso por parte del patronato.A las nueve de la mañana más de una docena de padres de familia con marros y picos empezaron la demolición del muro ubicado entre el teatro y el plantel.La directora Yolanda Flores Medrano informó que el predio que incluye el teatro Domingo Soler fue donados por la fundación Mary Street Jenkins en 1965 como unidad escolar, siendo presidente municipal Ricardo Morlet Sutter, según placa ubicada en un edificio del plantel.La escuela que empezó a funcionar con el turno vespertino y se mantiene aún con el nombre José María Morelos y Pavón atiende una matrícula total de más de 250 niños, fue fundada en 1965 y en el teatro realizaba sus primeros festivales escolares.La directora se quejó de la apatía de las autoridades educativas por resolver el conflicto generado por la lucha del teatro y mencionó que el subsecretario de Planeación Educativa de la SEG, Esteban Espinosa Peza llevaba el caso.

 Acto de vandalismo: Aída Espino  

Dos horas después de que los padres derrumbaron la barda, llegó una comisión integrada por el apoderado legal del ayuntamiento, Antonio Cortés; el subdirector operativo de la Dirección de Gobernación, José Rodríguez Moreno; la vicepresidenta del Patronato Norma de Anda y la promotora cultural Aída Espino para dialogar.En reunión el apoderado legal aseguró que el dueño del inmueble era el ayuntamiento y ante los daños a la propiedad privada podría levantar una averiguación previa contra los autores intelectuales y materiales del derrumbamiento del muro.Esto fue considerado por la directora como amenazas, lo cual después el funcionario negó. Yolanda Flores informó del sustento por el cual los padres tomaron la decisión de destruir el muro.En tanto, Aída Espino aseguró que antes de plantel escolar, el inmueble fue la Escuela de Artes y Oficios, debido a la donación de la Fundación Jenkins para la comunidad cultural del puerto.Se manifestó en contra del derrumbe del muro en un acto que calificó de “vandalismo y de fuerza al utilizar a los niños para apoderarse de un espacio que no es de la escuela”, por lo tanto resumió que “incurren en un delito” al querer apropiarse del único teatro del puerto.La reunión tuvo momentos de reclamos y exposición de argumentos en donde también Norma de Anda dijo que las instalaciones se prestaron a la escuela.Después de media hora de conversación se acordó que la demolición de la barda iba a tener un receso para que hoy ambas partes dialoguen y lleguen a un acuerdo.

 El predio propiedad federal

 Después que se retiró la comisión del patronato y del ayuntamiento, la directora mostró a los reporteros algunos documentos que asegura acreditan como propietaria del inmueble al plantel.Flores Medrano recordó que hace 35 años cuando era maestra del turno vespertino, el municipio trasladó las oficinas de educación al teatro para la cual “las prestamos porque no tenían solvencia para pagar la renta de sus oficinas ubicadas en Pozo de la Nación”.Dijo que debido al ruido que hacían los estudiantes, los trabajadores optaron por construir el muro a pesar de que al principio se opuso el entonces director Juvenal Pérez Vargas.Después de que la escuela pasó a la federación “ya no se hizo nada”, para que después el ayuntamiento autorizara el uso del teatro, lo que impidió a los niños usar los sanitarios que están cerca del teatro y la entrada principal porque “se les impidió el acceso”.Aseguró que no cuenta con las escrituras legales del predio pero mostró documentos emitidos por el secretario de Desarrollo Social, Israel González Nava  que el 8 de marzo del 2002 informa que el predio “pertenece al gobierno federal, luego entonces corresponde a dicha autoridad conocer el asunto planteado” de la demolición de la barda.La directora mostró el documento con fecha 10 de diciembre de 2001 dirigido por la síndica administrativa Gloria Sierra López en donde especifica, de acuerdo al expediente de la Dirección de Catastro Municipal, que el inmueble está registrado a nombre del Gobierno Federal con número de cuenta predial catastral 29029/56-06-06 “con el mismo se encuentran las instalaciones de la Escuela José María Morelos I. Pavón, y las del teatro Domingo Soler”.En el Departamento de Catastro de la Dirección General de Hacienda y Economía la clave del predio es 02-56-06-06 cuyo nombre del propietario es Escuela Jenkins y el domicilio Palacio de Gobierno.

 Actúan con argumentos falsos: Blanca Reina

 La presidenta del Patronato del Teatro Domingo Soler, Blanca Reina Aguirre declaró que la directora de la escuela primaria Informe Presidencial, Yolanda Flores Medrano, con argumentos falsos solicitó la demolición del muro que divide a ambos predios, así como pedir que ese foro teatral pase a ser propiedad de esa escuela.“La escuela de artes y oficios y el teatro Domingo Soler fueron donados al pueblo de Acapulco por la Fundación Jenkins con el fin de promover la cultura y las artes entre los jóvenes de este puerto”, indicó. Aseguró que durante varios años no hubo quien peleara para recuperar el edificio para la Escuela de Artes y Oficios.“Ahora esta señora Yolanda Flores Medrano, como empleada pública, argumenta con puras falsedades que quiere que le devuelvan “su auditorio, a causa de pura ambición porque ya se dio cuenta de que el teatro genera modestos ingresos, a los que ella no tiene derecho porque hemos sido los del patronato los que hemos rehabilitado y dignificado la imagen del Teatro Domingo Soler”, explicó.Afirmó que “ese auditorio no está hecho para que anden corriendo por ahí unos chamacos que les gritan jotos a los alumnos de danza y actuación”. Blanca Reina explicó que la “directora de la escuela no pidió permiso a obras públicas o a la SEP para derribar el muro, actuó por su propia iniciativa movida por la ambición.  Expuso que “la directora Yolanda azuzó a sus alumnos para que apedrearan a los agentes de gobernación que asistieron a impedir que se tirara el muro, ¿cómo es posible que esta señora esté incitando a sus alumnos a la violencia?”, dijo. Asimismo, aseveró que la comunidad cultural no está dispuesta a permitir semejante despojo arbitrario por parte de la directora de esa escuela y exigió se les resarciera de los daños causados a la propiedad, fincándose responsabilidad legal.Xavier Rosado

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo* Unos 300 militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), bloquearon ayer la Autopista del Sol, al sur de esta capital, en protesta porque el gobierno estatal les ha negado fertilizante, insumos agrícolas y el financiamiento de proyectos productivos. Al lugar del bloqueo llegaron unos 100 policías de Seguridad Pública estatal encabezados por el director operativo, Víctor Hugo Peña, con intenciones de desalojar a los campesinos. Uno de los dirigentes de la organización, Ranferi Hernández Acevedo, quien hace meses regresó de su exilio en Francia, dijo que es criticable que el gobernador Rene Juárez salga de viaje a Europa, “gastándose el dinero de los guerrerenses, y no quiera apoyar la producción del campo”. Los aproximadamente 300 militantes que se encuentran en esta capital desde el martes pasado, a las 10 de la mañana bloquearon primero la Avenida Rufo Figueroa y a partir de las 11 de la mañana el carril de sur a norte de la Autopista del Sol así como el carril de baja velocidad.

La protesta de los campesinos provocó el desplazamiento hacia ese lugar de unos 100 policías estatales del grupo antimotines quienes amenazaron con desalojarlos, sin embargo sólo quedó en el amago, luego de que el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda llamó a los dirigentes, Hernández Acevedo, Benigno Guzmán Martínez y Justina Martínez Justo, a dialogar en su despacho. Ranferi Hernández Acevedo denunció que desde el año pasado el gobernador Rene Juárez se comprometió a entregar diversos insumos agrícolas y que hasta ahora los campesinos de varios municipios han acudido en cuatro ocasiones a solicitar la entrega de esos apoyos y sólo vienen a gastar en pasajes y comidas y se han regresado sin nada.

Explicó que el 13 de abril el gobernador volvió a comprometerse con los campesinos que pertenecen a la OCSS a entregarles fertilizante, financiar proyectos productivos, otorgarles rollos de alambre de púas, herbicidas, mangueras, pero dijo que nuevamente sólo quedó en el ofrecimiento. Hasta ayer, después de dos días de plantón y bloqueo a calles en esta capital el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobierno, sólo les había ofrecido 120 mil pesos y 250 pacas de lámina de cartón, lo que fue considerado como una “burla” por los campesinos y decidieron bloquear la Autopista del Sol que comunica al puerto de Acapulco. Por la tarde los dirigentes campesinos y el secretario de Gobierno acordaron en establecimiento de las mesas de trabajo para atender cada una de sus demandas, ello logró que los campesinos levantaran el bloqueo que era en intervalos de 10 minutos.

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac de Alvarez * El presidente y fundador del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos (CCC LCB), José Luis Arroyo Castro, se deslindó de cualquier parentesco con la Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento, y señaló que la similitud de la bandera que manejan del Partido de los Pobres es sólo una coincidencia. Arroyo Castro expresó en conferencia de prensa en la ciudad de Atoyac, tras una entrevista solicitada por los medios locales, como consecuencia de que el CCCLCB maneja en sus actos la bandera del PDLP, que en el surgimiento del grupo armado no tiene nada que ver su organización, que dijo siempre se ha conducido en los márgenes del marco legal y retoma las demandas políticas y sociales que el profesor Lucio Cabañas manejó en los setentas”. Dijo que su organización “está al frente del pueblo que los sigue apoyando” y que a los movimientos armados los respeta por considerar que “es producto de la miseria y la política del gobierno de militarizar la zona, lo que lleva a esas inconformidades del mismo pueblo”.

Reiteró que respeta esa forma de lucha. Apuntó que la similitud de la bandera del PDLP con el nuevo grupo armado no le afecta al CCCLCB. Explicó que el CCCLCB retomó la bandera del PDLP en el manejo de los símbolos dentro del proceso de la inhumación de los restos presuntamente de Lucio Cabañas, como luchador social y familiar, apuntando que no tienen por qué temer por la similitud con la bandera del grupo armado. Señaló que el gobierno no los puede reprimir por esa coincidencia y que seguirán trabajando en sus actividades en apoyo a los campesinos y por la libertad de los presos políticos como Efrén Cortés Chávez y la huelga de hambre de Erika Zamora Pardo.

También, invitó a las organizaciones sociales y de derechos humanos a que fijen su vista en el municipio de Atoyac y estén pendiente que no se vuelvan a violar los derechos humanos por el simple hecho del surgimiento de este grupo armado. Declaró que el gobierno no tiene por que aumentar la vigilancia, como lo que ha hecho para hostigar a unos campesinos. Por eso, dijo que es importante que las organizaciones defensoras de derechos humanos estén atentas para que no se vulneren los derechos humanos.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Ante la falta de atención a su solicitud de 300 concesiones, transportistas de varios municipios de Guerrero bloquearon ayer, por segundo día consecutivo, las calles del primer cuadro de esta capital. Los inconformes pertenecen a la Unión de Transportistas Democráticos (UTD) y su protesta la iniciaron desde el medio día del 21 de mayo con el bloqueo a las calles del primer cuadro de la ciudad, pero no fueron atendidos. Los afiliados a la UTD decidieron continuar su movimiento hasta ser recibidos por el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda y el director de Transportes, Reynaldo Echeverría Medrano, con quienes por la tarde instalaron una mesa de diálogo pero hasta el cierre de la edición no había acuerdos que reseñar. Ayer los dirigentes de los transportistas sólo habían sido recibidos por el jefe del departamento de Tarifas y Concesiones de la Dirección de Transportes, Emigdio Hernández Cortés, quien les autorizó sólo siete concesiones para Mochitlán y la cancelación de algunas infracciones, lo que fue considerado como “insuficiente” por ellos.

Los transportistas vienen de municipios de la Montaña, Costa Chica y de la zona centro y demandan la entrega de concesiones para la prestación del servicio en 20 municipios, informó el dirigente de la organización, Apolinar Segueda Dorantes. Segueda Dorantes informó que el 23 de abril se reunieron con el gobernador Rene Juárez y que instruyó al director estatal de Transportes, Reynaldo Echeverría Medrano y al presidente de la Comisión Técnica de Transportes, Marcelino Miranda para que dieran respuesta a la demanda de la organización de transportistas. Segueda Dorantes aseguró que ya se realizó el estudio técnico y el dictamen del Consejo Técnico pero que las 300 concesiones no han sido liberadas por lo que fue necesario la movilización, dijo. El bloqueo permaneció ayer en las calles Ignacio Ramírez, atrás del Palacio de Gobierno, Morelos, Juan Ruíz de Alarcón y Valerio Trujano en donde atravesaron taxis, combis y microbuses que prestan el servicio en Acapulco.

* Son tres hombres y una mujer, hermana de la difunta, dice boletín de la PGJE * Herón Aguilar Librado reconoció haber disparado en dos ocasiones a la cabeza de Guadalupe Domínguez Aguilar vecina de Escalerilla Laguna, municipio de Zapotitlán Tablas, informa la gacetilla

En relación a los hechos violentos sucedidos en la comunidad de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas, el pasado 15 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), difundió ayer un boletín en el que informa sobre la detención de 3 hombres y una mujer, en el estado de Morelos, como presuntos responsables del homicidio de Guadalupe Domínguez Aguilar, militante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ). En el boletín, la PGJE informa que el  Agente del Ministerio Público Titular del Distrito Judicial de Morelos, consignó la averiguación previa en contra de Herón Aguilar Librado, José Aguilar Librado, Rey Aguilar Tapia y Hermila Domínguez Aguilar, quienes fueron detenidos con orden de aprehensión y puestos a disposición de dicho juzgado, como presuntos responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Guadalupe Domínguez Aguilar.

El asesinato provocó que los habitantes intentaran linchar a siete personas, entre ellas a Hermila Domínguez Aguilar, hermana de la occisa, secuestrándolas en la comisaría del lugar. En sus declaraciones, según el mismo boletín, Herón Aguilar Librado reconoció haber disparado en dos ocasiones a la cabeza de Guadalupe Domínguez Aguilar con una pistola calibre 45, en compañía de los otros autores materiales: Hermila Domínguez Aguilar y Eugenio Rosendo Bolaños, quien se encuentra prófugo.

En sus respectivas declaraciones, los otros tres inculpados aceptaron su responsabilidad en los hechos. El boletín de la PGJE, termina informando que Herón Aguilar Librado, José Aguilar Librado, Rey Aguilar Tapia y Hermila Domínguez Aguilar ya se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Tlapa de Comonfort.

* Los nuevos ayunantes, Rogelio García Pineda, Pilar Martínez Pérez, Lucio de la Cruz Villa y Erasto Hurtado Arias, informa Omar Guerrero

Karina Contreras * Cuatro presos del Cereso de Acapulco se unieron a la huelga de hambre que tienen desde el 17 de mayo en demanda del regreso de sus compañeros Efrén Cortés Chávez, Angel Guillermo Martínez González, que se encuentran recluidos en Puente Grande, Jalisco, así como el de Felícitas Padilla Nava, recluida en neza Bordo, y Fernando Gatica Chino, encarcelado en La Palma, estado de México. Los que se incorporan son Rogelio García Pineda, Pilar Martínez Pérez, Lucio de la Cruz Villa y Erasto Hurtado Arias. Con ellos ya son 13 los presos políticos en ayuno en Acapulco, que con este movimiento apoyan también la huelga de hambre de la estudiante recluida en Chilpancingo, Erika Zamora Pardo, y de Gloria Arenas Agís, la coronel Aurora del ERPI, y de Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio. El presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco, Omar Guerrero Solís, que también está en huelga de hambre, dijo que los huelguistas ya empiezan a resentir los síntomas del ayuno.

Señaló que en el hospital estuvo con suero Moisés Martínez Torres, quien ya se reincorporó a la huelga. Asimismo manifestó que a los reos les preocupa la salud de Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio del ERPI, quien desde el 20 de abril se mantiene en ayuno, en demanda de la libertad de los presos políticos, quien ha asegurado que la continuara hasta “que haya un compromiso verdadero del gobierno”. Guerrero Solís pidió a la organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos su intervención en la solución de sus demandas. Manifestó que ante los nulos resultados del gobierno en próximos días se irán incorporando más presos. Calificó al gobierno del presidente Vicente Fox de insensible, como un gobierno autoritario. Dijo que su menosprecio a la demandas sólo demuestra que quiere acabar con la vida de Jacobo Silva.

También dijo que sus representantes y dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz y Pedro Nava, no fueron recibidos este miércoles por el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve lo que es una clara “falta de sensibilidad de atender los problemas”. Señaló que ya son 13 los reos que se encuentran en ayuno, y que además sus familiares se incorporarán a la huelga.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Dos días duró el plantón que unos 400 campesinos priístas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) iniciaron el domingo 19 frente al Palacio Municipal de Quechultenango, luego de que el lunes 20 por la noche aceptaron las 200 toneladas de fertilizante que ofreció el alcalde del PRD, Jesús León Carbajal. El plantón de los campesinos se inició la tarde del domingo en demanda de mil 500 toneladas de fertilizante y 3 millones de pesos para obras, y amagaron con tomar el ayuntamiento este lunes 20 si no obtenían una respuesta favorable. Los campesinos priístas fueron encabezados por el dirigente estatal de la LARSEZ, Antonio Tejeda Paredes. El mismo lunes al mediodía aquí en esta ciudad ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer su movimiento, no obstante que en Quechultenango sostenían pláticas para solucionar su demanda.

El alcalde, este miércoles 22 aquí en Chilpancingo, dijo que el lunes la LARSEZ aceptó la propuesta original de recibir sólo 200 toneladas de fertilizante. Y sobre los 3 millones de pesos para proyectos productivos que demandaban, dijo que no se los dará, debido a que al municipio en el programa de Alianza para el Campo apenas le tocan 100 mil pesos, de los cuales la LARSEZ aceptó la parte proporcional a la misma cantidad de fertilizante que recibirán, algo así como 10 mil pesos.

El alcalde perredista detalló que ese lunes bajó a hablar con los campesinos y les explicó que el ayuntamiento no los marginó del programa de fertilizante, sino que fue al revés, es decir que ellos marginaron al ayuntamiento al acudir directamente con el gobernador a pedirle el insumo. En consecuencia les dijo que para el próximo año podrá tener el fertilizante a tiempo si se suman al padrón del ayuntamiento y evitar la necesidad de andar rogando al gobernador René Juárez Cisneros que los apoye, o incluso dejar sus siembras para hacer movilizaciones. Les dijo que las 200 toneladas de fertilizante las recibirán los primeros días de junio, una vez que el ayuntamiento haga la entrega a sus empadronados y luego de hacer una revisión de que los plantonistas no estén en el padrón y hayan recibido el insumo.

* En febrero de 2001 compraron las 23.8 hectáreas a Leocadio López Tolentino y se les hace extraño que ahora funcionarios del gobierno federal y estatal los amenacen con el desalojo, señala el dirigente del PSN, Antonio Montes Vargas *Semarnat los acusa por la quema del monte, la SRA por invasión de una zona federal, Seguridad Pública estatal les advirtió que serían desalojados, y la Seduop estatal les ofrece lotes en otro lugar, informa

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * En una acción conjunta, funcionarios de dependencias federales y estatales amenazaron con desalojar y ejercer acción penal en contra de unas mil familias que tomaron posesión de un predio, al sur de esta capital, con la intención de construir ahí sus viviendas. El terreno de 23.8 hectáreas se encuentra en la elevación de un cerro desde donde se ofrece una privilegiada vista panorámica de lo que será la Ciudad de los Servicios que anunció el gobernador René Juárez y está rodeado de fraccionamientos que sólo han sido autorizados a funcionarios y empresarios aprovechando la anticipación de ese proyecto urbano para la capital. Convocados por el partido Sentimientos de la Nación (PSN), el 18 de mayo unas mil familias tomaron posesión del predio y el domingo 19 acudieron al lugar funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los acusaron por “la quema del monte”, iban, también, funcionarios de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y los acusaron por “invasión de una zona federal”, mientras que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que también iban en la comisión, les advirtieron que serían desalojados y, por último, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno estatal les ofreció lotes en otro lugar.

La “comisión” de funcionarios que visitó a los precaristas iban acompañados por policías estatales que se desplazaron en cinco patrullas y se quedaron vigilando a prudente distancia. Por la noche del sábado, apenas a unas horas de que las familias habían tomado posesión del terreno, policías de la misma corporación llegaron a las cercanías del predio y subieron a una de las patrullas a Olga Gutman, una de las personas que tomaron el predio. A ella le pidieron información y al final le informaron que estaban en la zona para resguardar el terreno que se encuentra junto porque era propiedad del secretario de Seguridad Pública, pero no le explicaron si el estatal, Luis León Aponte o el municipal, Erit Montúfar Mendoza. El dirigente del PSN, Antonio Montes Vargas, informó ayer que desde hace dos años militantes de su organización venían solicitando al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) la dotación de un terreno para la construcción de sus viviendas.

Explicó que al no obtener respuesta, el 3 de febrero del año pasado, la dirección estatal de ese partido, compró con la cooperación de los solicitantes de lotes ese terreno de 23.8 hectáreas al señor Leocadio López Tolentino para el fraccionamiento Sentimientos de la Nación. El predio se encuentra inscrito en la Dirección del Registro Público de la Propiedad bajo el folio de derechos reales número 38195 y aparece como propietario López Tolentino quien recibió el titulo de propiedad del inmueble de parte del gobernador Rene Juárez en un acto realizado el 6 de febrero del año pasado y en el que estuvo, también, el secretario de Finanzas Rafael Acevedo Andrade, el alcalde, José Luis Peralta Lobato y el representante de la delegación de la Reforma Agraria, Santiago Salazar Bautista. El dirigente estatal del PSN señala que por eso se les hace extraño que ahora funcionarios del gobierno federal y estatal estén interesados en ese terreno que compraron a quien es “legítimo propietario” y amenacen a las familias solicitantes de terreno con desalojarlas y ejercer acción penal en su contra.

El terreno se encuentra a unos tres kilómetros de Petaquillas y frente al valle donde se ha anunciado que se construirá la Ciudad de los Servicios, al sur de esta capital; a medio kilómetro del predio en disputa se encuentra la unidad habitacional Mirna Acevedo de Juárez en donde se entregaron viviendas, fundamentalmente a burócratas y también junto al predio está el fraccionamiento Sole mío. Este predio es el que está vigilado por policías porque, señalan que es propiedad del director de Seguridad Pública. Montes Vargas señaló que la preocupación obedece a que en las próximas horas el gobernador Rene Juárez viajará a Europa “y la decisión para el desalojo corresponderá a funcionarios que podrían actuar por su cuenta”.

* El coordinador regional de Segob, Javier Flores Macías no tenía facultades para autorizar dinero, pedir desistimiento de órdenes de aprehensión o reconvenir a CFE, dicen dirigentes de los 213 pescadores

Brenda Escobar Sánchez; Corresponsal, Zihuatanejo * Después de más de seis horas de diálogo entre representantes de los 213 pescadores de Petacalco y el Coordinador Regional de la Dirección de Coordinación Política de la Secretaría de Gobernación, Javier Flores Macías, no se llegó a ningún acuerdo que solucione el conflicto que ha generado el bloqueo de los cinco accesos de la planta termoeléctrica Plutarco Elías Calles. Como se informó en su oportunidad, los dirigentes de los 213 pescadores sostuvieron ayer una reunión de trabajo con el funcionario federal en la sala de cabildos del ayuntamiento de La Unión, pero acordaron no asistir por el temor de ser detenidos por la PGR, luego de que siete de ellos tienen orden de aprehensión en su contra.

Para evitar que el diálogo se malograra, el enviado de la Segob, Javier Flores, acompañado por el funcionarios municipales, se trasladó a la comunidad de Petacalco hasta los accesos bloqueados de la termoeléctrica, para platicar con los once dirigentes de este movimiento y convencerlos de formar una comisión que acudiera al lugar donde se llevaría a cabo la reunión. La mesa del diálogo transcurrió a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación y con la presencia de sólo cuatro líderes: Gilberto Barrera Reyes, Guadalupe Landa Solís, Juan Carlos Hernández Reyes y Clestino Flores García, así como también el secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, Héctor Manuel Popoca Boone. Los líderes solicitaron el desistimiento de las órdenes de aprehensión, proyectos productivos por el orden de los 200 mil pesos para cada pescador, mejoramiento en la infraestructura de Petacalco, construcción de escuelas, de una clínica de hospital, de canchas deportivas, drenaje, pavimentación de calles, así como la recuperación del medio ambiente y que la CFE reconozca las afectaciones que esta provocando la termoeléctrica.

El representante de la Segob dijo no estar facultado para autorizar dinero y ni para disponer el desistimiento de las siete órdenes de aprehensión que la CFE interpuso en contra de los pescadores Gilberto Barrera Reyes, Juan Carlos Hernández Reyes, Guadalupe Landa Solís, Eduardo Campos Albarrán Reyes García Villegas, Guadalupe Hernández Rosales y Clestino Flores García. Ante esta respuesta de Flores Macías, los cuatro representantes de los 213 pescadores no aceptaron seguir dialogando. Tanto el enviado de la Segob, como los dirigentes de los 213 pescadores negaron que se haya roto el dialogo y que las seis horas de reunión hayan sido infructuosas, pero “mientras no venga alguien con autoridad, que pueda resolvernos nuestro problema en la misma mesa de diálogo, vamos a seguir manteniendo el bloqueo y no vamos atener a las consecuencias”.

Dijeron que Flores García les manifestó durante la mañana, allá en Petacalco, que fueran mandando a las mujeres y a los niños a sus casas a dormir durante las noches “para evitar que pasen un susto”, dejando entrever que en caso de alguna negativa de parte de los dirigentes de los 213, en breve serán desalojados por la fuerza pública.

Jorge Nava * Policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) detuvieron a Víctor Agustín Suárez Mejía, presunto homicida del subdelegado de la Policía Federal Preventiva (PFP en Costa Grande), Marco Antonio Hernández Trejo, asesinado el pasado 11 de marzo en una emboscada. La detención se hizo porque la AFI de Acapulco en sus investigaciones ubicó el nombre de los presuntos homicidas y el lugar donde se encontraba, por lo que pidió refuerzos a México para su traslado al puerto, donde el agente del Ministerio Público Federal le decretó la retención legal AP/114/A4/2002, bajo el cargo de homicidio y asalto a mano armada. Ayer por la tarde, agentes de la AFI pusieron a Suárez Mejía, de 38 años de edad, a disposición del juez sexto penal, Joel Carranco Zúñiga, después que fue detenido en Ciudad del Carmen, Campeche.

La muerte del subdelegado de la PFP en Costa Grande sucedió luego de que en el tramo carretero 066+500, cerca del poblado de Cacalutla, en el municipio de Atoyac, de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, descendió de su unidad para retirar unos troncos. En su declaración a los agentes de la AFI, el presunto homicida declaró que él participó en el asesinato del agente porque otros cinco compañeros de él habían colocado troncos para asaltar autobuses, sin embargo Hernández Trejo los retiró y fue que le dieron muerte.