* Dice que han recibido invitación para negociar sus demandas con el gobierno estatal * La caravana de cetegistas guerrerenses se encontraba ayer en Jojutla, Morelos

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo n El dirigente del comité ejecutivo democrático de la Sección 14 del SNTE de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Víctor Echeverría Valenzuela dijo que no sólo se debe auditar al coordinador de Carrera Magisterial, sino también a “la dirigencia espuria” del SNTE que encabeza Job Bernache Guzmán, porque también están inmiscuidos en actos de corrupción al vender espacios a los maestros interesados en ese programa.El dirigente cetegista reconoció que uno de los primeros logros de la marcha magisterial, que partió de Chilpancingo el pasado miércoles, ha sido que el secretario de Educación de Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz anunciara la disposición del gobierno estatal a negociar con la CETEG: “Hay un acercamiento y esperamos que esto se concrete en acuerdos”.Dijo que a pesar de que no ha habido una situación muy clara, esperan que ese acercamiento se dé en la mesa de negociaciones, “eso significa que de todos modos seguimos exigiendo tanto al gobernador René Juárez Cisneros, como al propio Daniel Pano, que si hay voluntad política para dialogar, entonces que revise el pliego petitorio, y que se dé respuesta a nuestras demandas, pero no hay nada definido todavía”.Entrevistado vía telefónica porque el contingente magisterial de Guerrero en su marcha rumbo a la capital del país se encontraba ayer en Jojutla, Morelos, Echeverría dijo que “nosotros no sólo pedimos una auditoría a Carrera Magisterial, sino también a los charros del SNTE”.

Aseguró que los charros del SNTE son los verdaderos operadores políticos de la SEG “son los ‘corredores’ que han venido vendiendo los accesos en Carrera Magisterial, nosotros tenemos las pruebas de cómo los representantes y parte de la administración de la SEG, en este caso de la coordinación estatal de Carrera Magisterial, han vendido los lugares”.Aseveró que en Carrera Magisterial existe “una enrome corrupción” y que ahora se pretende hacer creer que se destapó la cloaca: “Los charros que encabeza Job Bernache se quieren curar en salud, ya que están exigiendo una auditoría que en todo caso debiera ser una cirugía a lo que es Carrera Magisterial, y no es que estemos de acuerdo en la auditoría, sino que nuestro planteamiento va más allá, porque además de la auditoría se debe sanear todo el programa”.Si de verdad René Juárez y Daniel Pano Cruz quieren sanear a la SEG, se tiene que hacer una auditoría acompañada de una profunda revisión de todos aquellos involucrados en los malos manejos.En cuanto a la marcha que encabeza dijo “es una marcha representativa del magisterio democrático guerrerense que ha recorrido las ciudades de Iguala, Taxco, Buenavista de Cuellar y Jojutla, y que espera llegar a la ciudad de México el próximo miércoles 15 de mayo por la madrugada, para después concentrarse en el Zócalo capitalino y de ahí a la Normal Superior para partir rumbo a Los Pinos”.Informó que ayer se encontraban en Jojutla, Morelos, y que a esperaban llegar el martes a Cuernavaca donde efectuarían actos políticos y culturales. “Esperamos arribar a Tres Marías el martes por la tarde en donde pernoctaremos para partir temprano a la capital del país en donde se realizará la marcha multitudinaria de la CNTE”.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo n El dirigente del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Régulo Cuevas Gómez denunció que no hay voluntad del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nelson Valle López para llegar a acuerdos concretos, “parece ser que está interesado darle largas al conflicto poselectoral”, dijo.Entrevistado vía telefónica, dijo que hasta el pasado viernes la comisión de la Rectoría, encabezada por el ex rector Rosalío Wences Reza, había aceptado en principio analizar el problema de los despedidos e “incluso se habló de posibles reinstalaciones”, indicó, “pero no hay mucho avance”.Manifestó el FAUG ha sido muy tolerante, pero “Nelson Valle y su gente lo ha tomado como debilidad; ahora estamos planteando muy seriamente que si en esta semana no se resuelven las cosas, y no hay acuerdos, comenzaremos una serie de actos de presión que los obligue abrir las negociaciones”.Cuevas Gómez señaló que al interior del FAUG existe consenso para que en la presente semana se lleven a cabo un par de actos de protesta, uno de ellos podría ser en la celebración del día del maestro: “Queremos  que los universitarios se den cuenta que no hay cambios en la forma de hacer política por parte de la actual administración”.Rechazó el que se haya convocado a las elecciones simultáneas de directores y consejeros universitarios y de unidades académicas con la misma Comisión Electoral que sancionó el pasado proceso para rector, “donde fue muy claro que hubo fraude y por si fuera poco persiste la negativa a publicar el Estatuto General”, afirmó.

Trabajadores del SNTE lograron que durante los fines de semana y días festivos se dé atención médica en los hospitales de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, así como la garantía de abasto en medicamentos.Lo anterior luego de efectuar dos mesas de trabajo el jueves y el viernes de la semana pasada en la sala de juntas de la delegación estatal del ISSSTE, y tras la entrega del documento de peticiones que hizo el dirigente de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el estado, Job Bernache Guzmán, el pasado lunes 6.En un comunicado del ISSSTE, la institución informa que se comprometió a “garantizar” el abasto de medicamentos, de brindarles un “trato preferencial a los pensionados y jubilados, instalando módulos de atención gerontológica en las clínicas de Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Ometepec, como parte de las líneas de acción de los programas de calidad y envejecimiento exitoso”.En materia de vivienda, el delegado del instituto, Manuel Gurría Hernández les recordó que en este año se entregarán 3 mil créditos, por ello se acordó una revisión de los créditos hipotecarios entregados a ese gremio durante los periodos de 1990 al 2001.Con relación a la demanda de créditos a corto, mediano y largo plazo, acordaron que se aumentarán tanto el número de créditos otorgados a los maestros como el monto de los mismos, pues aseguran que buscan mejorar los niveles de vida.Anunció la aplicación de un paquete de créditos de contingencia por desastres naturales por un monto de máximo 10 mil pesos.El Instituto informó también que se compromete a pagar en un plazo no mayor de 7 días hábiles los créditos, siempre y cuando se encuentren debidamente requisitados, además de disminuir en un 85 por ciento el pago de intereses moratorios cuando éste se haga en una sola exhibición.Por otro lado, el dirigente del SNTE se comprometió a que a conjuntarse con el ISSSTE para solicitar la reforma a la Ley del ISSSTE para lograr alcanzar el pago de 90 días de aguinaldo y quitar el topo máximo de 10 salarios en las pensiones.

 Raquel Santiago Maganda n Sin el reconocimiento de la ex aspirante del Fredeaug, Cecilia Salas Vargas, ayer el virtual candidato a la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAG, Nazarín Vargas Armenta, junto con el ex aspirante del FAUG, Dante López Román, dieron a conocer la planilla de unidad para competir por la conducción de ese plantel.En el documento se señala que la dirección será ocupada por Vargas Armenta, la subdirección académica por Cecilia Salas y la subdirección administrativa por Dante López.En una conferencia de prensa efectuada en el café Astoria de Acapulco, se reunieron los ex aspirantes para conminar a Cecilia Salas a sumarse al frente común “en beneficio de la institución”.Sin embargo, la ex subdirectora administrativa aseguró que hasta el momento el ganador de la consulta universitaria del 7 de mayo “no ha tenido la sensibilidad porque no nos ha convocado” y aseguró que desconoce la propuesta académica de Vargas Armenta.Nazarín Vargas dijo que de registrarse Cecilia Salas el 13 de mayo como aspirante a la dirección, eso rompería “con el propósito noble y democrático de cambiar la imagen deteriorada de la escuela” y evitar un conflicto interno.En el acto repartieron la copia del acuerdo con sólo la firma de Dante López y Nazarín Armenta. Allí se estipula que el ganador de la consulta ocupará la candidatura de unidad por la dirección de la escuela, mientras que Cecilia Salas –como ganadora del segundo lugar– está postulada a la subdirección académica.Dante López ocupará la subdirección administrativa como ganador del tercer lugar.Los asistentes a la conferencia reiteraron también que se combatirá “con mano firme” el ausentismo de la planta docente y la corrupción. Nazarín Vargas se pronunció en contra de los cotos de poder, en donde reconoció también la compra y venta de calificaciones.Durante la conferencia se generó una ligera controversia entre el representante de Dante López Román, Mauro Nogueda y un reportero sobre si el respeto del acuerdo político de los representantes del FAUG y del MAR era interpretado como la primera alianza después del conflicto postelectoral por la Rectoría.Finalmente, Mauro Nogueda reiteró que no era alianza sino el cumplimiento de la palabra política del FAUG.

 Raquel Santiago Maganda n El subcoordinador de Servicios Educativos Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Raúl Vega Astudillo informó que se investigará la administración de la directora de la escuela primaria Baltasar R. Leyva Mancilla de Pie de la Cuesta, Dalia de los Santos Lugardo, y que hoy podría reabrir este plantel que fue cerrado por padres de familia.En entrevista, el funcionario educativo aseguró que el primer acuerdo para suspender la toma del plantel escolar que lleva cuatro días cerrado es que la administración escolar de De los Santos Lugardo sea investigada.El funcionario aseguró que no se destituirá a Dalia de los Santos porque “tiene derechos laborales” al ser afiliada a la Sección 14 del SNTE, pero de tener responsabilidad por los señalamientos que le imputan los padres que tomaron la escuela, se tomarán otras acciones, como la destitución.Informó que el lunes se reunirá con dos comisiones integradas por cinco padres de familia divididos por su apoyo hacia los maestros de la CETEG y los del SNTE.Vega Astudillo dijo que la propuesta fue de los padres con el objetivo de solucionar el conflicto laboral, y a pesar de que se tenía una reunión el viernes, debido al festejo del Día de la Madre será hoy cuando comience el diálogo.Adelantó que existe disposición de los padres para llega a un acuerdo y terminar con el conflicto originadas por la situación laboral entre maestros cetegistas e institucionales, y que derivó en la toma del plantel el pasado martes.

* Instaló la fiscalía especial en la UAA por el prestigio académico de la institución y porque es miembro de la Junta de Gobierno, explica * Rinden declaración durante cinco horas los familiares de desaparecidos Urbano Roque Moreno y Levy C. Carrasco

Karina Contreras * El fiscal especial sobre los desaparecidos de los años setenta y ochenta, Ignacio Carrillo Prieto, respondió que “las cosas de la justicia no tienen que mezclarse con las cuestiones políticas”, al ser cuestionado sobre la credibilidad de la fiscalía por el hecho de que la oficina alterna denominada Unidad de Enlace y Acopio de Datos esté precisamente en una universidad vinculada con el priísmo guerrerense y que está encabezada por un rector priísta sin ninguna trayectoria académica. Carrillo Prieto señaló que él no mide esas diferencias partidistas: “Nosotros sabemos que hay en todo esto distintos partidos políticos, o bien los intereses de partidos políticos, pero el fiscal debe proceder como ha procedido, más allá y por encima de las diferencias políticas, las cosas de la justicia no tienen que ver ni deben mezclarse con las cuestiones políticas”. Explicó que el rector de la UAA, Israel Soberanis Nogueda y el patrono general, Mario Melgar le ofrecieron prestarle las oficinas, y que él aceptó “porque la UAA tiene un prestigio académico”. Agregó que además existe una razón personal: “Soy miembro de la Junta de Gobierno de la universidad y he seguido su desarrollo a través de muchos años”. El Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado –que es su nombre oficial–, Ignacio Carrillo Prieto fue entrevistado el sábado pasado en las oficinas instaladas para tomar las declaraciones a familiares de desaparecidos guerrerenses durante la guerra sucia.

Mientras, en otra área declaraba ante el Ministerio Público Federal, Urbano Roque Moreno por la desaparición de dos de sus hermanos, uno de ellos de nombre Santiago Roque Moreno y su cuñada Gaudencia Moreno. También se encontraba Levy C. Carrasco quien narraba la desaparición de su hermana. La prensa no tuvo acceso a la oficina donde se encontraban agentes el MPF tomando las declaraciones.  Después de cinco horas, los familiares salieron con huellas  de cansancio en el rostro. Levy C. Carrasco no quiso hablar con la prensa y sólo señaló que “esperamos ver resultados después de muchos años”. El fiscal también señaló que el MPF estaba recibiendo en esos momentos denuncias o ratificación de denuncias, o ampliación de denuncias para ir integrando las averiguaciones previas. Dijo que con esto se trata que “a la oficina del fiscal especial se acerque a la gente”. Sobre todo a la gente guerrerense que históricamente ha sido más golpeada “por estos delitos, por estas atrocidades, por esos abusos de poder”.Dijo que se estima que “llegaremos a las 300 denuncias o su ratificación o su ampliación, aunque ayer se manejaban 500.

Dijo Carrillo Prieto que el compromiso de la fiscalía es avanzar inmediatamente al parejo de los datos que vayan proporcionando los familiares, los ofendidos, las víctimas, para integrar rápidamente las averiguaciones e ir haciendo ya consideraciones muy puntuales y concretas. “Ese es el compromiso”, señaló. Ante la desconfianza que ha causado su nombramiento entre las organizaciones de familiares de desaparecidos dijo que “nos ganaremos la confianza. Esa confianza se va a acreditar con los hechos”. Dijo el fiscal que efectivamente se trata de un proceso que requiere el máximo apoyo de la sociedad. Agregó que no se va a llegar a buen resultado si no se tiene todo el apoyo social. Podemos tener diferencias de enfoque, podemos tener diferencias de matiz pero no debe haber diferencias sociales. Luego dijo que el  fin social es “integrar el cuerpo del delito, establecer la responsabilidad y lograr la obra de la justicia, por lo que pidió el apoyo de todos, porque “esta investigación es un asunto nacional”.

* La toma de declaraciones es más detallada y minuciosa, y ahora incluyen en el expediente muestras de sangre de los familiares mas cercanos, explica * El 11 de mayo atendieron los casos de Guadalupe de Jesús, el de unas personas del Km. 21, y el de Rosendo Radilla, informa

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac de Alvarez * La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla Martínez dijo que aunque la fiscalia especial, instalada en la Universidad Americana del puerto de Acapulco, no cuenta con completa autonomía, crea buenas expectativas en los familiares de los desaparecidos. La defensora de los derechos humanos, consideró que el trato ofrecido por los agentes del MP federal hacia los familiares de desaparecidos durante la ampliación de su denuncia, fue excelente. Refirió que el personal entre el cual hay varias mujeres genera confianza, y sus interrogatorios no son los típicos policíacos, además los hechos se narran desde el día siguiente a la desaparición y son mas detallados y minuciosos para una investigación mas extensa. Opinó que eso es bueno, “aunque para uno como familiar resultó doloroso volver a recordar todo lo que pasó”. Radilla Martínez dijo que el personal de la fiscalía especial da un mejor trato el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Destacó que el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto estuvo en todo momento de la ampliación de su declaración y reconoció la trayectoria de la Afadem. El fiscal especial le dijo que el trabajo de la Afadem es fundamental para las investigaciones porque cuentan con expedientes completos; por eso les pidió que no lo dejen solo y que avancen juntos en los trabajos, informó Radilla Martínez.

Señaló que existen esperanzas de que las investigaciones se lleven conforme a derecho para citar a los responsables y enjuiciarlos. Indicó que el 11 de mayo sólo atendieron los casos de Guadalupe de Jesús, y el de unas personas del Km. 21, así como el de su papá, Rosendo Radilla. Informó que ahora se están incluyendo en los bancos de datos muestras de sangre de los familiares consanguíneos mas cercanos. Ayer la Afadem realizó una reunión de información con los familiares de los desaparecidos de la ciudad de Atoyac en la cual informaron la presencia de la fiscalia especial en Acapulco, acordaron la agenda de trabajo para las declaraciones así como las acciones que realizaran el 25 de mayo en México, y recibieron en una reunión privada a la asesora de la fiscalia especial a quien le informaron la propuesta de que las oficinas de la fiscalía especial se instalen en un lugar público como la preparatoria 22 de la UAG en esta cabecera municipal. En esta reunión el secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata Montiel dijo que la Afadem informará en una reunión el 13 de mayo en la Universidad Americana, su postura en relación a la fiscalía especial.

De la corresponsalía * Erika Zamora Pardo, quien es estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Unidad de Azcapotzalco y está acusada de ser integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), este domingo cumplió cinco días en huelga de hambre en el interior del Centro de Readaptación Social de Chilpancingo. En su protesta demanda su libertad y el regreso a la cárcel de Acapulco de sus compañeros Efrén Cortés Chávez y Angel Guillermo Martínez, quienes se encuentran recluidos en el penal de Puente Grande, Jalisco. La estudiante indicó que su petición se debe a que “mi novio Efrén (Cortés Chávez) se encuentra muy grave de salud y el gobierno federal debe entender que es mejor que los regrese aquí a Guerrero, que es donde tienen sus procesos judiciales”. Mencionó que Cortés Chávez está enfermo a consecuencia de las torturas que sufrió cuando junto con ella fue detenido en la comunidad de El Charco, por soldados del Ejército Mexicano. La estudiante del CCH instaló su huelga de hambre desde el pasado miércoles 8 de mayo, en el área de Mujeres del penal de Chilpancingo. El pasado 19 de abril, su defensa interpuso un amparo ante el Tribunal Colegiado del XX1 Circuito de esta ciudad, en el que pide que se revoque la sentencia de 8 años y seis meses que le dictó el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Acapulco.

Erika Zamora está acusada de los delitos de portación de armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México, y por conspiración e invitación a la rebelión. Pero se informó que el amparo que promovió la defensa de Erika presenta pruebas de las torturas que sufrió por parte de los soldados y de agentes de la Policía Federal Preventiva. “Nosotros esperamos que las autoridades judiciales federales resuelvan a nuestro favor el amparo, para que pueda salir libre de la cárcel”, dijo la presunta integrante del ERPI. Indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna presión de las autoridades carcelarias para que abandone su movimiento. “Estamos bien de salud, todavía no hemos resentido algún problema físico, y aquí estaremos hasta que se resuelva nuestra situación”, afirmó. Por lo pronto, el próximo miércoles la estudiante del CCH recibirá la visita de profesores de esta escuela de la Unidad Atzcapozalco, así como del general y ex preso político, Francisco Gallardo.

* Las leyes mexicanas no permitirán llevar a juicio a los responsables, opina el secretario general de la asociación, Julio Mata Montiel

Karina Contreras * El secretario general de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel considera “muy difícil” que la fiscalía especial pueda llegar a resolver las desapariciones forzadas en los términos en que los familiares lo vienen exigiendo hace años. Consideró que las leyes mexicanas no van a permitir que realmente se lleve a juicio a los responsables porque en México ni siquiera la tipificación de delito por desaparición forzada existía el año pasado y lo que existe ahora “no se adecua a las necesidades de la verdad y la justicia”. Dijo que si se valoran en esos términos “no creemos que sea posible que se dé respuesta a la presentación con vida de los detenidos desaparecidos” y luego se lleve a juicio a los responsables de estos delitos de lesa humanidad, por lo que “nuestras expectativas son cortas”. Manifestó que tienen un registro de mil 200 casos desde 1967, de los cuales 650 casos pertenecen a Guerrero. Informó que los casos más recientes son los de Gilberto Romero Vázquez, el 24 de mayo de 1995; el de Gregorio Alfonso Alvarado López en septiembre de 1996, además de Benito Bahena y Fredy Nava.

Aunque las expectativas son cortas, Mata Montiel dijo que la posición de Afadem es no obstruir ninguno de los trabajos ni ninguna de las actividades. Aseguró que  proporcionarán todos los elementos en testimonios, víctimas y documentación que ellos tienen. Acusó a la  Comisión Nacional de Derechos Humanos de encubrir la impunidad. Dijo que si realmente hubiera querido investigar hubiera podido aportar elementos para rescatar con “vida a muchos desaparecidos”. Aseguró que la CNDH tiene criterios de trabajo que fueron nocivos para las investigaciones de los desaparecidos como “el presionar a la gente para que se desistiera y ya no siguieran buscando”. Y puso como ejemplo a los familiares de Gilberto Romero Vázquez, aunque existen como 20 casos. Ante esto aseguró que Afadem esta promoviendo una ley llamada presunción de desaparición en la cual los familiares puede seguir buscando a su familiar y hacer trámites legales sin menoscabos. Esta ayudará a que el caso no se pueda cerrar hasta que se dé con el paradero real de la víctima, quiénes se lo llevaron, quién ordenó, en qué vehículos, en qué cárceles clandestinas los tuvieron. Aseguró que las cárceles clandestinas siguen existiendo y que actualmente hay grupos paramilitares, hay grupos entrenados por el Ejército que están siendo financiados por el estado mexicano. Las desapariciones –dijo– siguen y se van a incrementar más, debido al incremento de los movimientos sociales que van en efervecencia.

* La realización del proyecto afectaría 22 pueblos, advierten * Iglesias centenarias y ruinas milenarias quedarían bajo las aguas, prevé dirigente * Exigen castigo para quienes contaminaron el río Mezcala

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Habitantes de cuatro municipios de población indígena nahua que se encuentran asentados en la zona del Alto Balsas acordaron ayer rechazar la construcción de la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo, uno de los proyectos del Plan Puebla Panamá para Guerrero. En lo que fue el Foro Indígena Contra el Plan Puebla Panamá y San Juan Tetelcingo, que se efectuó ayer en la comunidad de San Miguel Tecuiciapan, pobladores de comunidades que se encuentran asentadas en la ribera del río Mezcala, de los municipios de Tepecoacuilco, Huitzuco, Eduardo Neri y Mártir de Cuilapan, acordaron pedir al presidente Vicente Fox y al gobernador Rene Juárez, así como al coordinador del Plan Puebla Panamá, Florencio Salazar, la cancelación definitiva de ese proyecto, que, dicen, afectará a 22 pueblos de cinco municipios. Al foro acudieron unas 500 personas de comunidades de cuatro municipios –no asistieron habitantes de las comunidades de Copalillo–, el pleno del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) y de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA).

Uno de los dirigentes del CG500ARI, Guillermo Alvarez Nicanor, informó que en el evento los habitantes de la zona, como en 1990, expresaron su rechazo rotundo a la construcción de la presa termoeléctrica porque ven en ese proyecto una amenaza a sus propiedades, a su territorio, a su cultura y a su organización. Entrevistado vía telefónica, el dirigente del CG500ARI y habitante de San Miguel Tecuiciapan, Alvarez Nicanor, dijo que los acuerdos de este foro, son rechazar este proyecto y aprobar un documento que enviarán este lunes al presidente Vicente Fox, al gobernador Rene Juárez y al coordinador del Plan Puebla Panamá, Salazar Adame, en el que piden la cancelación definitiva del proyecto. Los asistentes convinieron, asimismo, efectuar otro foro el 27 de mayo en Copalillo, para conocer la opinión de los habitantes de las comunidades que pertenecen a ese municipio y que también se verán afectadas. “Acordamos iniciar una nueva lucha para obligar a las autoridades a que cancelen esa obra, si es posible, por decreto”, dijo Alvarez Nicanor. Informó también que organizarán una marcha hacia la ciudad de México en los próximos días. Explicó que los habitantes de la zona ven en ese proyecto una forma de desarticular a las comunidades indígenas, al reubicarlas. “Nosotros aquí vivimos, aquí está nuestra cultura, tenemos una forma de organización propia, y quieren llevarnos a vivir a un cerro junto con otras comunidades que tienen costumbres diferentes, y lo peor es que con algunas de ellos actualmente tenemos conflictos, y no sabemos lo que puede pasar”, señaló. También dijo que “aquí abajo están los panteones donde están sepultados nuestros antepasados, y todo se va a inundar; las iglesias, algunas de ellas construidas desde el siglo XVI; también quedarán bajo el agua las ruinas milenarias de Teopantecuanitlán”, dijo Alvarez Nicanor.

Empresas de Morelos y Puebla contaminan el río

Durante el foro, los habitantes de las comunidades asentadas en la ribera del río Mezcala expresaron su inconformidad por la contaminación del agua por empresas de los estados de Morelos y Puebla, que provocó la semana pasada la muerte de peces, langostinos y camarones. El agua fue contaminada con materiales que contienen plomo, zinc y cadmio que arrojan a las corrientes del río fábricas de esos estados vecinos, según los pobladores, lo que provocó la muerte de peces. Alvares Nicanor informó que la muerte de los peces comenzó el 8 de mayo, “a partir de cuando el agua se tornó de un color oscuro; ahora la gente no puede ni acercarse al río porque está pestilente”. Dijo que a partir de ese día las autoridades municipales prohibieron a los habitantes de la zona el consumo de los peces, “y si las autoridades no intervienen no sabemos lo que va a pasar, no podemos usar el agua ni para lavar la ropa y no sabemos si habrá también consecuencias con los animales que bajan al río a beber agua”, dijo el dirigente indígena. Señaló que el acuerdo de los asistentes al foro organizado ayer fue exigir a las autoridades una investigación pronta y a fondo de estos hechos, y castigar a los responsables. “Exigiremos la reparación del daño y la indemnización a los habitantes, sobre todo a los pescadores en pequeño, porque la pesca era su principal fuente de ingresos”, advirtió.