CRONICA MUNICIPALISTA

Candil de la calle, oscuridad de la casa

El dicho popular aplicado a los políticos gobernantes se utiliza como crítica cuando fuera de las fronteras nacionales aparecen preocupados y ocupados en asuntos que dentro de casa ni les interesa ni los atienden como es debido.

En la coyuntura actual se le critica al gobierno de Vicente Fox su afán de “queda bien” frente al Bush junior en muchas de las iniciativas que aquél tiene como gendarme del mundo.

El gobierno de George Bush, como se sabe, no emergió de elecciones ejemplares en pulcritud y veracidad. En eso mucho parecido tuvieron a las que se acostumbran en el PRI y a las que parecen estar haciendo temporal en el PRD.

Bueno, ése gobierno de Bush ha decidido emprenderla contra similares suyos bajo los principios democráticos a los que no muy fieles han sido ninguno de los dos grandes partidos norteamericanos.

Lo que no tiene en casa lo quiere ver en otra. Es el caso de su papel frente al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Esto  no debemos perderlo de vista porque está entre los objetivos desestabilizadores del gobierno de Washington que quiere ver uniformidad en los gobernantes latinoamericanos proclives a los ímpetus imperialistas.

El otro caso son los derechos humanos en los países del mundo. El gobierno norteamericano quiere aparecer como el ejemplo de las libertades y los derechos ciudadanos y entonces se apresta a influir en la 45 reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se realiza en Ginebra, para que se condene a 11 países donde se violan los derechos elementales. Claro, en esa lista no aparecen ni Estados Unidos ni México, pero sí Cuba, la isla en el triple sentido del término, porque está rodeada de agua, porque es víctima de un bloque comercial que lleva más de 30 años, y porque tiene un régimen en el que la riqueza se reparte para que todos sus habitantes alcancen educación, cultura, salud y alimentación.

Estados Unidos que se erige en campeón de los derechos humanos y atropella cada día los laborales de indocumentados, acaba de sentar el precedente de que en su territorio ningún trabajador ilegal podrá defender su derecho legítimo al empleo y a la remuneración, precisamente por su situación migratoria.

Este caso discutido en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde se falló precisamente en contra de un trabajador indocumentado mexicano que habiendo sido despedido de su empleo después de 4 años de antigüedad, no pudo ser reinstalado argumentando su situación de ilegal, ha dado pie a que se hable de los braceros como los nuevos esclavos del siglo 21.

Al gobierno norteamericano le ha importando poco violar no sólo el Acuerdo de Cooperación Laboral contenido en el TLC, sino el propio Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo.

En fin. El gobierno de Fox en el escenario mundial aparece preocupado por la violación a los derechos humanos cuando, por ejemplo, la práctica de la tortura no sólo ha cobrado una víctima reciente en el caso de la banda de los Antrax en la persona de Guillermo Vélez Mendoza, sino que aquí mismo en el estado de Guerrero, esa práctica ni siquiera ha sido incluida como delito en el Código Penal, de ahí que haya casos frecuentes en los que tanto policías judiciales como los propios agentes del Ministerio Público recurran a esos agravios sin que nadie siquiera les llame la atención. Recuérdese si no, el caso de Francisco Jijón Torres, el joven trabajador ayutleco que acusa al licenciado Esteban Palacios, Agente del Ministerio Público de Zihuatanejo como uno de sus torturadores.

Y la lista podría ampliarse más si se tratara de casos que tienen que ver con la conducta oficial alejada de los principios internacionales de democracia, legalidad y respeto a los derechos humanos.

Modernidad limitada

Una sociedad moderna no sólo requiere de una economía sana para lograr la justicia social, si no que además, necesita asegurar el predominio de la legalidad a través de un efectivo y equitativo acceso a la justicia, que brinde certeza y seguridad a las relaciones sociales. Es innegable que la necesidad de certeza en un orden social es requisito indispensable para que exista desarrollo y bienestar, especialmente en el contexto de las relaciones económicas internas y con otros países.

Una lectura minuciosa de los periódicos nacionales y locales nos revela que, hacia donde volvamos la vista, encontraremos como común denominador la ausencia de certidumbre en el derecho, es decir, quedan de manifiesto las grandes carencias del sistema jurídico y, sobre todo, la inadecuada protección a los derechos de los ciudadanos.

La pregunta a la que hay que responder es si el derecho tienen alguna importancia en el país. En el pasado, la voluntad que privó fue, con mayor frecuencia, la del poder en lugar de la ley. Sin embargo, lo que funcionó en el pasado ya no lo será más en el futuro, porque las circunstancias han cambiado en forma radical. La nueva realidad económica y las circunstancias sociales y políticas que se perfilan a pasos acelerados requieren una estructura jurídica que prevalezca por encima de las estructuras del poder. En otras palabras, es necesario conformar un verdadero Estado de derecho. Sin esto, la modernidad en México sólo será una quimera.

Es prudente señalar que a pesar de los cambios que hoy hemos vivido los mexicanos, lo siento insuficientes para construir una democracia plena. A la incipiente democracia democrática le faltan cosas fundamentales como el funcionamiento de un Estado de derecho real. Una cultura de respeto a la ley. La existencia de un sistema jurídico y judicial que aplique la ley sin distinción alguna; la impartición de la justicia y la persecución del delito, que le dé garantías a todos. Que realmente estemos amparados por la legalidad.

La certidumbre de que el respeto a la ley es imprescindible para lograr una igualdad política y poder moverse en la sociedad sin temor alguno, en nuestro país no existe, carecemos de una cultura de respeto a la ley. Coadyuvar a crear un verdadero Estado de derecho es quizás el compromiso insoslayable que tienen hoy en día aquellos que están comprometidos con la construcción de la modernidad en México.

Un hecho que ilustra la carencia de una administración efectiva de la justicia tiene que ver con lo expuesto recientemente en el informe de la ONU, donde el relator especial de la comisión de los derechos humanos, Dato Param Coomaraswamy afirma que el sistema judicial mexicano está lastrado por una corrupción generalizada.

Citó estimaciones según las cuales la corrupción afecta a entre un 50 y un 70 por ciento del total de jueces del ámbito federal y deploró que el consejo de la judicatura nunca ha sancionado a un juez federal por corrupción.

Con esta declaración nos queda muy claro que en México muy difícilmente se podrá consolidar el proceso modernizador. No cabe duda que el pasado sigue pesando fuertemente en el ámbito jurídico y judicial en nuestro país. El poder sigue imperando por encima de la ley.

* Pide al gobierno del estado recursos para la sierra de Petatlán

* Preocupa a la organización internacional que luego del asesinato de la abogada Digna Ochoa haya más represión contra los campesinos * La información será presentada al Parlamento de la Unión Europea y a organismos de derechos humanos

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El coordinador para América Central y México de la organización FIAN internacional, Martin Wolpold-Bosien, se reunió ayer con el subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno de Guerrero, Jesús Vargas Vargas, para pedir la intervención del gobierno estatal en el caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán para que se les deje de perseguir, intimidar y se libere a los presos en el penal de Acapulco, además de que se invierta recursos económicos en la región.

Jesús Vargas Vargas les dijo que al gobernador le preocupan las condiciones de vida en la sierra de Guerrero pero que los ecologistas responden a delitos federales, aunque se comprometió a coadyuvar con FIAN para analizar la situación y a mediados de mayo enviará a la sede de esta organización en Alemania un informe de los avances que se tengan sobre la atención al caso de los campesinos ecologistas.

Con los abogados del Grupo Tacuba, el funcionario se comprometió a tener una coordinación estrecha para coadyuvar en la defensa legal del ecologista preso en Acapulco, Gerardo Cabrera González, así como en el caso de diez campesinos que tiene órdenes de aprehensión.

La entrevista del encargado de FIAN, estaba prevista con el gobernador René Juárez Cisneros y con el secretario general de Gobierno, luego de la solicitud de audiencia por medio de la embajada de México en Berlín, Alemania, y de la senadora del PRD, Leticia Burgos Ochoa.

El gobernador y el secretario general de Gobierno fueron disculpados por el subsecretario ante Martín Wolpold-Bosien y los abogados de los campesinos ecologistas, representados por Francisco Saucedo.

La FIAN es una organización no gubernamental que se dedica a la defensa y promoción del derecho a alimentarse y uno de sus miembros, Harald Ihmig, acompañó en el recorrido que la abogada Digna Ochoa realizó en octubre por la sierra de Petatlán, dos semanas antes de su asesinato.

 

FIAN y el representante del gobierno estatal

 

La reunión con FIAN y la representación del gobierno estatal se inició a las 12 del día en el Palacio de Gobierno, en donde Martín Wolpold-Basien le dijo que en una visita que hizo el martes a la sierra de Petatlán, se percató del clima de inseguridad provocada por los caciques del lugar encabezados por el ex alcalde, Rogaciano Alba, y Faustino Rodríguez Sánchez.

También le dijo que hay acusaciones “altamente dudosas” en contra de los campesinos ecologistas. Y que en diez órdenes de aprehensión en contra de los campesinos hay “cierta” complicidad del Ejército mexicano, “quien realiza labores judiciales al querer detenerlos”.

Le explicó al funcionario que la intervención de FIAN responde a la represión y persecución en contra de los campesinos ecologistas, y esa información la harán llegar a los gobiernos de la Unión Europea para que se analice y evalúe en relación con apoyo económico, luego de que existe una cláusula firmada por el gobierno mexicano de que se respetarán los derechos humanos.

Pero aparte de las violaciones a los derechos humanos, le dijo Martín Wolpold-Basien que también se violan los derechos económicos, sociales y culturales, al atentarse contra el derecho a la alimentación causado por la deforestación de los bosques debido a la tala inmoderada protegida por los caciques de la región.

Por eso le dijo que se requiere que el gobierno estatal y federal, desarrollen programas de reforestación y proyectos productivos, como una “medida de indemnización y compensación”.

Y le urgió medidas directas en contra del Ejército mexicano que viola los derechos, y que proteja a los campesinos ecologistas de la persecución de parte de los militares.

Intervino también el representante del despacho jurídico que lleva el caso del ecologista preso en Acapulco, Francisco Saucedo, para decirle que la visita de FIAN es parte del apoyo comprometido con los campesinos de Petatlán.

Le dijo que fue compañero del gobernador René Juárez Cisneros, cuando fue diputado federal en la 55 Legislatura y que por eso creían que habría voluntad en tratar el caso, en ese caso le pidió claridad de parte del gobierno estatal si no querían recibirlos para conocer las posiciones del FIAN.

Jesús Vargas les dijo que René Juárez es sensible al asunto de los campesinos ecologistas y que incluso visitó a Rodolfo Montiel y Roberto Cabrera en el penal de Iguala.

También presumió que tan ha sido respetuoso de los derechos humanos que no ha recibido ninguna recomendación de la CNDH. Además de que el respeto a los derechos humanos es prioridad del gobierno estatal y por eso trabajan un proyecto con la Red Todos los Derechos para Todos.

Jesús Vargas como para no dejar dudas sobre la posición del gobierno estatal dijo: “El gobernador se suma a los reclamos de dirigentes sociales, pero hay circunstancias que escapan al gobierno estatal, aunque después del asesinato de Digna Ochoa René Juárez anunció su colaboración con el gobierno de la ciudad de México en las investigaciones”.

Reiteró que al gobernador le da coraje la pobreza y la inseguridad y que a diario trabaja para combatirlas, “porque es un problema que lastima a los guerrerenses”.

Les dijo que la inseguridad en la sierra de Petatlán se debe a la siembra de enervantes y que la región ocupa el primer lugar en la producción de amapola, y Guerrero el cuarto en la siembra de mariguana.

Martín Wolpold-Basien dijo que lo que le interesa a FIAN no es saber el problema general que vive el estado y las dificultades que padece el gobernador para resolverlos, sino concretamente el caso de los campesinos ecologistas.

Le urgió conocer las medias que adoptaría el gobernador para evitar la criminalización de los campesinos y dar solución a los problemas.

Fue entonces que tomaron los acuerdos de que el gobierno estatal enviará un informe a la FIAN en Alemania para dar a conocer los avances de las acciones que tomen.

El representante de FIAN dijo que esa información será presentada en el Parlamento de la Unión Europea y a los organismos internacionales de derechos humanos, porque no entiende que luego del asesinato de Digna Ochoa se haya incrementado la persecución en contra de los campesinos.

Expresamente Jesús Vargas les dijo que el gobierno estatal se compromete a trabajar coordinadamente el proceso legal de Gerardo Cabrera que ya fue sentenciado en marzo a 10 años de cárcel, además de la persecución contra Jesús y Servando Bautista Fuerte, acusados por caciques y perseguidos por militares.

Además, en los procesos que se les sigue a Francisco Bautista Valle, Pilar Martínez Pérez y Moisés Martínez Torres.

También analizarán el caso de las órdenes de aprehensión contra de los dirigentes ecologistas, Rogelio Carrillo Mendoza, Roberto Cabrera Torres, Palemón y Eutiquio Cabrera González, Germán Cabrera Mederos y Adán Mendoza Cortés.

* Opinan integrantes del PRI, PRD y PVEM

Diputados federales de oposición rechazaron que el revanchismo político haya sido el motivo para negar al presidente Vicente Fox el permiso de viajar a Estados Unidos y Canadá pues se trató de una decisión soberana de un órgano de Estado.

El coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, Rafael Rodríguez Barrera, dijo que la decisión del Senado no fue una actitud de revanchismo, pues si así fuera el Congreso de la Unión no hubiera aprobado ninguna de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

“Hemos vivido procesos legislativos intensos con una producción en la que han estado incorporadas muchas iniciativas del Ejecutivo, de modo que no puede hablarse de revanchismo”, expuso en entrevista.

A su juicio, se trató de un ejercicio constitucional que no puede descalificarse, si acaso señalarse que fue una decisión animada por una posición política pero “es una determinación que se enmarca en el ejercicio de las facultades del Senado”.

Explicó que el PRI en ambas cámaras legislativas siempre ha sentido la presión del Ejecutivo, y “tal parece que constituimos un estorbo, pero la decisión del partido es contribuir a que el proceso legislativo sea de la mayor eficacia para generar buenas leyes”. En su opinión, se descalifica al PRI en el Senado porque tomó una decisión, pero no se toma en cuenta que ese partido también ha resentido decisiones del Ejecutivo y no ha desatado una ola de violencia verbal por ello.

En riesgo la gobernabilidad: PVEM

Por su parte el coordinador de PVEM,

Bernardo de la Garza, opinó que la gobernabilidad del país podría estar en riesgo si la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo se profundiza, por lo que hizo un llamado a ambos poderes a conducirse con respeto.

Las declaraciones hechas en cadena nacional por el presidente Fox fueron una exageración, ya que no puede responsabilizarse a nadie de su actuación frente al gobierno, consideró.

Defensa de la soberanía: PRD

En su oportunidad el líder de los diputados del PRD, Martí Batres Guadarrama, mencionó que la decisión que tomó el Senado de la República fue en uso de sus facultades, por lo que nadie debe sorprenderse de que ese órgano legislativo haya utilizado sus atribuciones constitucionales.

La decisión de negar el permiso al jefe del Ejecutivo Federal tiene que ver con una defensa de la soberanía nacional, por lo que debe felicitarse al Senado por haber hecho uso de sus atribuciones como un órgano de Estado, opinó.

Al preguntarle si sería necesario eliminar la obligación del presidente de pedir permiso para salir del país respondió que, al contrario, “se deben incrementar las facultades del Congreso de la Unión que se ha convertido en el defensor de la soberanía nacional”.

* La empresa está vetada y del pago se le descontarán 6 millones como multa por deficiencias en las obras que hizo en el puerto, asegura el secretario de Desarrollo Urbano

Maricela Santos * El secretario de Desarrollo Urbano y Obras del gobierno del estado, Juan Farill Herrera, señaló que el gobierno de Guerrero adeuda casi 180 millones de pesos al Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) desde el periodo de Rubén Figueroa Alcocer y que –aunque la empresa está vetada para hacer obras– se analiza la posibilidad de pagarle con terrenos en Zihuatanejo o llegar a un acuerdo que no afecte la economía de la entidad.

Durante su intervención en Grupo ACA el miércoles, Farill Herrera dijo que el recorte presupuestal federal –que será de 109 millones de pesos según informó el secretario de Finanzas Rafael Acevedo en un boletín de prensa el 7 de abril–  obligará a un replanteamiento de recursos y a reducir las metas en la obra pública a lo estrictamente necesario, pues casi 50 por ciento del recorte “será en obras”.

Dijo que habrá obras que ni siquiera comiencen a falta de recursos suficientes, pero señaló que desconoce con exactitud cuáles son las que se verán afectadas porque eso habrá de analizarse directamente con el mandatario estatal, aunque de acuerdo a la primera reacción al recorte que boletinó el gobierno estatal, una de esas obras sería la carretera Tlapehuala-Arcelia.

Desde la perspectiva de Farill, las obras que deberán de suspenderse o afectarse deben ser las de infraestructura carretera “porque si me pongo a afectar las obras que cuestan 2 ó 3 millones de pesos se nos van varias obras y de lo que se trata es que se afecten las menos posibles”.

Observó que la reasignación de recursos federales “está sacrificando otros programas, que no necesariamente son obras”, sino inversión, pero detalló que con los anteriores recortes presupuestales federales “de casi 400 millones de pesos” se redujeron 130 millones en obras, afectando la construcción de las carreteras Tlapa-Marquelia, Olinalá-Papalutla, Arcelia-Ciudad Altamirano, Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, y cancelando la construcción del Hospital del Niño y la Mujer y el Tribunal Estatal Electoral en Chilpancingo.

Otro de los temas abordados en la sesión semanal del Grupo ACA por Farill, fue el adeudo de casi 180 millones que tiene el gobierno estatal con GMD desde el periodo de Figueroa Alcocer que fue quien firmó los contratos con ellos.

El adeudo original, precisó, fue de 80 millones de pesos porque el consorcio (predilecto de Figueroa)  suspendió las obras de Mozimba y Pie de la Cuesta por “el quebranto económico que tuvo”, además de algunas obras “que no se les pagaron en aquel tiempo”, como la remodelación de Puerto Marqués y el derecho de vía del Viaducto Diamante, que une la Autopista del Sol con el bulevar de las Naciones.

Dijo que al gobierno estatal “no se le hace justo pagar tanto” por adeudos que se arrastran desde el periodo de Figueroa y del interinato de Angel Aguirre Rivero, pero reconoció que las obras antes citadas sí se ejecutaron, revisaron y cuantificaron. Consideró que debe llegarse a una negociación, porque la actual administración no paró las obras hace seis años.

Debido al convenio con GMD en el caso de las obras Mozimba y Pie de la Cuesta, dice que el gobierno estatal no puede contratar a ninguna empresa porque los convenios jurídicamente lo impiden, pero también señaló que el consorcio no tiene actualmente contratos de obras con la administración renejuarista “ni con ningún gobierno”.

Dijo que se pretende pagar el adeudo y que por eso han tenido acercamientos con los representantes de GMD; “no sabemos como se van a pagar, tenemos que llegar a un arreglo en donde no tengamos que pagar esa cantidad, lo viable es que paguemos con algunos terrenos, si es que seguimos  en la negociación, pero si no, se verá la manera de si hay otra manera de pagarlos, pero lo importante es llegar a una cifra que si no le conviene a GMD, sí le convenga al estado para que le permita reanudar esa obra”.

Entre las propuestas está el pago con terrenos de vocación turística, algunos de los cuales están en Punta Diamante y otros en Zihuatanejo, como La Riscalilla, Las Gatas, Majahua II, y la Marina de aquel lugar, y comentó que de los 180 millones que se adeudan a GMD habrán de descontarse como multa, solamente 6 millones por las deficiencias en las obras que hizo.

Sobre la marina Majahua en Puerto Marqués, acotó que no la construye GMD, sino un socio de este consorcio y estimó que este proyecto se realizará sólo si lo autorizan los tres niveles de gobierno y tiene la aceptación de los lugareños.

Entre los temas principales que expuso Farill ante los acasocios, estuvo la construcción de 500 pies de casa en Los Organos para reubicar a igual número de familias de las mil 300 que habitan en zonas de alto riesgo en Acapulco, y señaló que este programa pretende promover el establecimiento de viviendas con seguridad tanto en la tenencia de la tierra como ante fenómenos naturales, y las cuales se sortearan este jueves.

Estas viviendas estarían sobre las 263 hectáreas de reserva territorial, donde además se promoverá la construcción de mil 500 viviendas mediante un convenio entre el Infonavit y la CTM, así como 500 más con el ISSSTE.

Esto, como una alternativa para abatir la demanda de vivienda y minimizar el índice de invasiones.

* Opiniones sobre el recorte del gobierno federal

Aurelio Peláez * El diputado federal priísta Ernesto Rodríguez, afirmó que Guerrero demanda una atención especial de la federación, lo cual fue ofrecido por el presidente Vicente Fox en campaña; se pronunció en contra del recorte al gasto social y respaldó la propuesta del gobernador René Juárez de que en los recortes al gasto público el gobierno federal consulte a los estatales.

Rodríguez Escalona señaló que “no puedes darle respuesta a los programas sociales de los estados más pobres del país si no tienes mayor presupuesto, y menos puedes si del presupuesto que ya tienes te recortan una cantidad muy importante, como ya ha sucedido con el estado de Guerrero”.

“No puede el presidente de la República recortar a su arbitrio un prespuesto autorizado por la Cámara de Diputados y menos a los estados pobres del país. Lo hemos dicho todos estos dos años, no tiene que haber un trato igual para desiguales, no puedes tratar a los estados del norte como a los del sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Tienen que haber un trato desigual para estados desiguales, aquí es donde está la pobreza, aquí es donde están los programas sociales, aquí es donde tiene que haber respaldo a los gobiernos de los estados”.

–¿Cómo se podría dar ese trato?

–Primero, con una política del Ejecutivo con este criterio, y una política de la Cámara de diputados también con este criterio. Pero tiene que partir porque el presupuesto lo envía el Poder Ejecutivo, tiene que haber una propuesta clara, de un trato desigual para desiguales.

Afirmó que contrario a lo afirmado por los integrantes del gobierno federal, este recorte de 10 mil millones de pesos sí afectará a los programas sociales, y recordó al Presidente Fox que “él se comprometió con el sur, hizo un compromiso público de dar más apoyo a los estados del sur, seguimos esperando en Guerrero el respaldo del Presidente”.

Debe haber más inversión federal a Guerrero

En tanto, el candidato a alcalde por Convergencia por la Democracia, Luis Walton, consideró “lamentable” el recorte de gastos anunciado por el gobierno federal, que impactará en la partida presupuestal de los estados.

Para Walton, Guerrero requiere un trato prespuestal preferente por parte de la federación, al igual que Chiapas, por ser un estado con los mayores índices de pobreza, y consideró como positiva la propuesta del gobernador René Juárez Cisneros, quien pidió al presidente Fox que consultara con los titulares del Poder Ejecutivo en los estados sus políticas de recortes al gasto público: “si el señor presidente de la República acepta intercambiar información, no lo veo mal”, dijo.

No obstante, señaló que “ojalá que el dinero llegue a donde deba llegar”.

Sostuvo que Acapulco necesita una mayor inversión federal, de manera preferente para atender el problema del drenaje, y en el servicio del agua potable. “Si resolvieramos esos problemas sería un gran avance para el puerto”.

Reiteró que la federación debe considerar asignar una mayor inversión en los estados más atrasados, e insistió en calificar de “lamentable” el recorte en las partidas asignadas a los estados, “aunque habrá que ver en qué basó el gobierno del presidente Vicente Fox esta decisión”.

* El perredista Misael Medrano convoca a los demás partidos a disputarle juntos el poder al PRI * Fue una mala decisión coaligarse con el PRD “porque los perjudicó”, lanza el priísta Torres Aguirre al PT * Deficiencias en el Código Electoral llevan a la inequidad y dan sobrerrepresentación al tricilor, dice el panista Rigoberto Ramos

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo n El Consejo Estatal Electoral (CEE) declaró ayer el comienzo del proceso electoral para renovar el Congreso del Estado y los ayuntamientos. El PRI y el PRS anunciaron su posición de que continúen los actuales consejeros, en tanto que el PRD llamó a los partidos políticos de oposición a conformar una alianza estatal para quitarle el poder a los priístas.

En la sesión hubo reproches por la fallida reforma electoral, reconocimientos a los consejeros electorales y acusaciones entre los representantes del PRI y PRD.

La sesión inició con la declaratoria de inicio del proceso electoral de parte del presidente del CEE, Ceferino Cruz Lagunas, quien dijo que el organismo está preparado para vigilar las elecciones de diputados locales y alcaldes.

Comprometió la labor del Consejo para asegurar los derechos políticos de los guerrerenses bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, garantizando la confianza en lograr elecciones pacíficas y transparentes.

Exhortó a la unidad y respeto entre todos los integrantes del CEE y conminó a los partidos políticos conducirse dentro de la ética, que haya civilidad entre candidatos y no rebasar los postulados de la legislación electoral.

También pidió a los partidos privilegiar la vía legal y para dirimir diferencias y las inconformidades y erradicar las descalificaciones, confrontaciones, medidas de presión, enconos, y crear un proceso electoral cordial, que genere confianza para obtener una mayor participación ciudadana.

De parte del CEE, aseguró, habrá en la toma decisiones y en el desarrollo de los trabajos, privilegiarán el diálogo, el consenso, el respeto, el profesionalismo, la tolerancia y la responsabilidad, la legalidad, objetividad, la certeza y la imparcialidad.

El debate

Luego, el representante del PAN, Rigoberto Ramos Romero tomó la palabra para pedir respeto entre los contendientes en el proceso electoral, además de señalar deficiencias del Código Electoral, en el que dijo, existe inequidad en la designación de regidores y diputados por la vía plurinominal, que da al PRI una sobrerrepresentación.

El representante del PT, Fidencio Díaz consideró que el proceso electoral será “inequitativo y desigual, arrastrando los mismo vicios que pueden empañar el proceso electoral”.

Anticipó que habrá movilización ante el descontento que provocarán las condiciones de intolerancia, por los frustrados trabajos de la reforma política.

El diputado local Demetrio Saldívar Gómez, representante del PRS, dijo que su partido va al proceso electoral en una situación de desventaja en relación a las principales fuerzas políticas como el PRI y el PRD, que expresó, en sus precampañas han derrochado recursos.

Pidió a los partidos concretar la reforma política para que no quede en las “palabrerías sino convertirla en hechos”. Anunció que su partido se manifestaba por la ratificación de los consejeros electorales “por el bien de Guerrero, aprovechando la experiencia de los actuales”.

Y propuso a los partidos políticos y candidatos firmar un “pacto de no agresión” y de “campañas de altura”, no de descalificaciones, haciendo uso de los recursos legales para dirimir las diferencias.

El representante del PRD, el diputado local Misael Medrano Baza también añoró la frustrada reforma electoral, acusando al PRI de abortarla, porque indicó, así conviene a sus intereses, ante el riesgo de perder el poder. Dijo que si el PRD hubiera tenido los 30 diputados necesarios en el Congreso local se hubiera concretado la reforma política.

Señaló también la desproporcionalidad como una irregularidad del Código Electoral que provoca que el PRI tenga una sobrerepresentación en el Congreso local y ayuntamientos.

También advirtió que ante las lagunas y deficiencias del Código Electoral es previsible un estado de ingobernabilidad en Guerrero ante los conflictos poselectorales.

Por eso convocó a los partidos políticos a construir una alianza estatal para disputar el poder al PRI ganando la mayoría de diputaciones locales y ayuntamientos. Denunció que el gobierno del estado pretende dividir, fragmentar y atomizar a la oposición para que no formalicen una coalición y ante ello alertó a no permitirlo.

Llamó al PRI a conducirse con responsabilidad y respeto y a no utilizar los recursos públicos con fines proselitistas como en el caso del fertilizante.

Del préstamo de 500 millones de pesos que el pasado 20 de marzo solicitó el gobierno de René Juárez Cisneros, el perredista denunció que se trata de recursos que “extrañamente” cada año electoral solicita el gobierno estatal priísta “para comprar votos”.

Del PSN, Cecilia Andraca García demandó respeto a los partidos grandes para los que inician por primera vez su participación en este proceso electoral. Pidió al PRD que sus “dirigentes municipales” no borren las pintas del PSN.

En su turno el diputado local y representante del PRI, Roberto Torres Aguirre respondió los señalamentos contra su partido. Le dijo al panista Rigoberto Ramos que el tricolor ha cumplido con sus obligaciones electorales puntualmente.

Dijo que “suponiendo, sin conceder” que existen deficiencias en el Código Electoral, los principios de equidad se reflejan en las prerrogativas y financiamiento a los partidos políticos. Y que la desproporcionalidad se debe a que existen diez partidos políticos con derecho a participar en el proceso electoral.

Añadió que nada se puede hacer para quitarle al PRI el ser la primera fuerza política en el estado, luego de que, según él, por más de diez procesos electorales a la fecha los electorales han preferido a su partido.

Al perredista Misael Medrano le pidió “no llorar ante todo el mundo” por sus derrotas y pedir ayuda, a algo que les corresponde luchar aquí en Guerrero y el ganar los 28 distritos electorales, en lugar de pedir mayores espacios en ayuntamientos y diputados plurinominales.

Al representante del PT le dijo que era culpa del PRD que partidos como el PRT hubieran perdido su registro y que además no les haya tocado una diputación en el Congreso local. Dijo que fue una mala decisión coaligarse con el PRD, “porque no fueron buenos aliados” y los perjudicó, como lo pretendieron hacer en la reforma electoral al intentar mantener el 1.5 por ciento de la votación para mantener los registros como partidos.

Luego se unió a la propuesta del PRS de ratificar a los consejeros electorales de quienes elogió su trabajo. Irónico, hizo votos porque en el cambio de dirección estatal del PRD, no cambiaran al felixista Misael Medrano Baza como su representante, luego de que su corriente no ganó la elección interna.

En tanto, los representantes del PAS y de Convergencia por la Democracia, también reprocharon que no se hubiera concretado la reforma electoral.

* Aprueban plazos para el registro de candidatos, tiempos oficiales en radio y TV, y ratifican a la directora de Comunicación Social

En el Consejo Estatal Electoral también se informó que el plazo para el registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y de planillas a miembros de los ayuntamientos, será del 1 al 15 de agosto, y para diputados por el principio de representación proporcional, del 16 al 30 del mismo mes.

Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, los partidos deberán presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas. Tendrán que hacerlo ante el CEE del 23 al 29 de junio.

También se dijo que los partidos entregaron sus informes sobre financiamientos, los cuales analiza la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público.

Un boletín de prensa del organismo electoral informa que “los consejeros aprobaron por unanimidad de votos, tres acuerdos”. El primero se refiere a la formalización de la distribución de cien minutos de tiempo oficial en radio y cien en televisión a los partidos, de acuerdo al sorteo que hicieron el pasado 31 de abril.

El segundo, sobre los lineamientos y convocatoria para observadores electorales. Para aquellos que quieran participar deberán presentar dos fotos tamaño infantil a través de solicitudes individuales o de sus organizaciones, y el registro inicia a partir de esta fecha hasta al 2 de septiembre.

Deben ser mexicanos; no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organizaciones o partidos políticos en los últimos tres años anteriores; no ser ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos tres años anteriores y asistir a los cursos de capacitación impartidos por el CEE.

Luego del proceso electoral deberán presentar ante el CEE un informe de sus actividades hasta el 9 de octubre.

El tercer acuerdo al que se refiere el comunicado, fue que los consejeros ratificaron el nombramiento como directora de Comunicación Social del CEE a Verónica Pérez Santos, quien está en el cargo desde el 16 de enero de 2001. La ratificación, se dijo, responde al “buen desempeño profesional, el cumplimiento oportuno de sus responsabilidades y de lealtad institucional”. (Hugo Pacheco / Chilpancingo).