Aurelio Peláez * El ex secretario de Educación del estado, Miguel Mayrén Domínguez, no llegó este sábado al encuentro de la unidad de ex precandidatos priístas a la Presidencia Municipal de Acapulco, en el poblado de El Treinta.

El acto fue presidido por el dirigente estatal de ese partido, Juan José Castro Justo. En él estuvieron los ex aspirantes Allam Alba Arguello, Juan Caballero, César Bajos Valverde, Carlos de la Peña Pintos, César Flores Maldonado y Javier Morlet Macho.

Allí, ante dos centenares de priístas, el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Acapulco, Ernesto Rodríguez Escalona, sostuvo que tras su proceso de elección del candidato a la alcaldía, “el PRI está unido, los que apostaron a que el partido se dividiera se equivocaron”.

En breve entrevista, el presidente del PRI en el estado, Juan José Castro Justo, intentó justificar la ausencia de Mayrén: “él nos avisó que no llegaría porque tuvo asuntos que atender en la ciudad de México”.

No obstante, la inasistencia del ex titular de Educación no fue convincente para los priístas, dado que el acto fue preparado precisamente para integrarlo a la campaña de Rodríguez Escalona, a más de un mes y medio de que la dirigencia estatal del PRI anunciara que éste sería el candidato de ese partido a la alcaldía, con base en una encuesta ordenada por ese instituto político, que midió las preferencias de los aspirantes entre los ciudadanos.

En el mitin estuvieron además el diputado federal Santiago Guerrero, los diputados locales Rosaura Rodríguez Carrillo y Juan Salgado Tenorio –quien apoyó a Mayrén en su precampaña– y los regidores René Morales Barrientos y Francisco Villa Pérez. Asimismo, estuvieron el notario José Rubén Robles Catalán, y su hijo Robespierrer Robles, quien junto con el también notario Manlio Fabio Pano trabajan en el comité de financiamiento de la campaña de Rodríguez Escalona. Llegó asimismo el dirigente del PRI en Acapulco, Jesús Bernal Román.

La anfitriona del acto fue la ex regidora Eduarda Arizmendi Dorantes, quien participó en la precampaña de Mayrén Domínguez. Esta ofreció una comida en su restaurante a los asistentes.

En su intervención, César Flores Maldonado aconsejó al candidato priísta no participar en la conformación de su planilla a la Presidencia Municipal: “El tiene que ir más allá y no meterse en los pleitos por las regidurías”.

Carlos de la Peña Pintos, desde un principio incorporado a esta precampaña, dijo que en el PRI “no son tiempos de chantaje, sino de simulaciones”, y sostuvo que el PRI era un partido de consensos.

A su vez, César Bajos Valverde exhortó a “que nos caiga el veinte”, porque dijo, de no haber trabajo partidista, el PRI puede perder por segunda ocasión la Presidencia Municipal de Acapulco.

Allam Alba, en lugar de dirigir sus baterías contra el ausente Mayrén Domínguez, enfiló contra el empresario Luis Walton, ex precandidato priísta y ahora candidato por Convergencia por la Democracia, de quien dijo, “se manifestó como un hombre de palabra, pero faltó a ella porque no se encuentra en estos momentos con nosotros”. En este evento, lanzando porras a favor de Ernesto Rodríguez, estuvo la ex waltonista Migdalia Soberanis.

Juan Caballero dijo conocer a Rodríguez Escalona “desde que era un chamaco, y tengo fotos para probarlo”. Fue lo principal de su discurso.

El candidato priísta dijo en su intervención que “no se vale la simulación ni los chantajes”, pues dijo, esta contienda “es la más difícil de todas”, y pidió a los aspirantes “humildad para trabajar por el PRI”.

El grupo esperó hasta el final la llegada de Mayrén, en un acto que se esperaba como el preámbulo a la toma de posesión de éste como presidente del PRI en Acapulco, y como la parte final de la Operación Cicatriz de ese partido, tras su proceso de selección de candidato a la Presidencia Municipal.

“…tratan de ejercer presión”

Ayer domingo, en un boletín de prensa, como si fuera una respuesta a la ausencia de Mayrén Domínguez en el acto del sábado, Rodríguez Escalona indicó que el PRI “será el responsable de la designación de quienes habrán de integrar la planilla de síndicos y regidores, así como la selección de los que ocuparán las candidaturas a diputados locales”.

Reiteró: “El partido no es propiedad de nadie en particular, mucho menos de grupos que tratan de ejercer presión, y no son tiempos de chantaje ni de simulaciones, sino tiempos de trabajo por la unidad priísta”.

CRONICA MUNICIPALISTA

 Agresión a la Selva Tropical de La Ropa por parte del Ayuntamiento

Dos errores en el mismo lugar, cometidos bajo la mal entendida autonomía municipal, tiene al Ayuntamiento de José Azueta a un paso de una nueva sanción por delitos ambientales.

Se trata de la zona de La Ropa, en el oriente de la bahía, en terrenos que el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo comercializó, donde antes fueron plantaciones de cocotero y ahora lo ocupan palmeras y selva tropical de la llamada caducifolia, característica del ecosistema local.

En esta parte de la ciudad que el Fibazi anunciaba como uno de los mega proyectos más ambiciosos para Zihuatanejo, con marina y campo de golf, se están comercializando lotes de regular tamaño, que dejan de lado el propósito original para atención del gran turismo, en perjuicio de inversionistas que compraron bajo ese proyecto que se ha cambiado.

Con el cambio de uso del suelo autorizado por el cabildo y con el sustento del plano de urbanización registrado por el Fibazi, un grupo del círculo más cercano del actual gobierno municipal, con las facilidades propias de ese privilegio, ha adquirido en propiedad los lotes de mayor plusvalía y aprovechan su relación con el poder local para beneficiarse con obras de infraestructura que el ayuntamiento realiza, y que nada tienen que ver con las prioridades sociales de la ciudad.

Ya en otras colaboraciones hemos escrito sobre este caso, documentado hechos que merecieron sanción pecuniaria al ayuntamiento por incumplir con la normatividad ambiental.

Me refiero a la ampliación de la vialidad a La Ropa y a la pretensión de construir un puente vehicular atravesando el estero de mangles.

Después de las sanciones correspondientes, el ayuntamiento nuevamente reincide y ahora, en una situación inexplicable, se apresta a construir un nuevo estacionamiento y baños públicos en un terreno particular, en la zona cercana a las obras por las que ya fue sancionado el año pasado.

El delito ambiental en el que reincide el Ayuntamiento, está contenido en el Artículo 418 del Código Penal Relacionado con el Medio Ambiente, mismo que a la letra dice: “se le impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y por el equivalente de cien a veinte mil días de multa”. Al que sin contar con la autorización que se requiera conforme a la Ley Forestal desmonte o destruya la vegetación natural.

El caso es sencillo: se trata de terrenos que aunque antes fueron huertas de palmeras, la selva tropical se renovó debido a la falta de labores culturales para el cocotero. Ahora ése recurso natural que forma parte de todo el ecosistema local, solamente puede tocarse si las autoridades federales lo autorizan. Eso vale incluso en el caso que nos ocupa donde existe ya un plano de urbanización registrado, incluso si se tratara de obras municipales. Sobre esto último vale la pena recordar que en el caso de la ampliación vial, el Ayuntamiento pretendió salir al paso de la Profepa mediante un amparo que finalmente perdió.

Los árboles de parota, quebrache, higueras, coacoyules, propios de la selva tropical se encuentran en el lugar, mismo que bordea el humedal conocido como estero de La Ropa.

Más allá de que alguien explique las razones por las cuales el ayuntamiento construirá obras de supuesto beneficio social en terrenos particulares, el caso es grave porque la reincidencia de la autoridad local en este tipo de delitos, exhibe el doble lenguaje que por un lado la hace aparecer como interesada en la defensa del medio ambiente y por otra se muestra como su enemiga, violatoria de la propia ley que tiene por encargo aplicar.

Los vecinos de La Ropa y los activistas de SOS Bahía, en cuanto se percataron de la destrucción de la capa vegetal, solicitaron la intervención de la Profepa, dependencia que para no dejar la costumbre, actuó a destiempo, cuando ya la destrucción estaba hecha.

Primero fue la falta de acreditación del inspector de la Profepa, adscrito a la oficina de Zihuatanejo, sin la cual no podía levantar el acta de clausura de la obra, luego, para seguir en la vieja costumbre, el acta la levantó mal, como para dar pie a otro tipo de arreglos.

En el proceso de clausura, el Ayuntamiento mostró, como siempre, su propensión al autoritarismo y a la impunidad. Cuando el martes 5 de marzo los inspectores de la Profepa se presentaron al lugar de los hechos, el director municipal de Ecología, quien siempre que puede pone el énfasis en que no es ecólogo, como si hiciera falta esa aclaración, explicó que él, efectivamente, extendió la autorización para el derribo de 5 palmas que eran un riesgo para la gente, que el Ayuntamiento está construyendo el estacionamiento y los baños públicos porque el presidente municipal es una persona que quiere el desarrollo para Zihuatanejo y que la destrucción de la capa vegetal está autorizada por el gobierno estatal por medio de la Propeg.

Con esos argumentos acompañados del ánimo disuasorio un numeroso grupo de empleados municipales, los inspectores de la Profepa desistieron de su intento de clausura. Y fue menester volver a hablar con su delegado para exigirle energía en sus acciones, para que al día siguiente los inspectores regresaran con instrucciones precisas de proceder a la instalación de los sellos de clausura.

Eran las 10 de la mañana cuando se presentaron en el lugar y procedieron al cercarlo con cinta amarilla de clausura y en ese momento no valieron amenazas, quejas, súplicas de nadie. Los inspectores cumplieron y se fueron. Pero no pasó mucho tiempo, quizá menos de una hora para que del Ayuntamiento mandaran refuerzos.

La consigna era quitar los sellos y proseguir con el trabajo de arrancar hasta las raíces de los árboles para borrar toda evidencia del delito. Cuando alarmadas, algunas de las personas miembros de SOS Bahía, regresaron al lugar con la intención de filmar el retiro de los sellos, el comandante de la Policía groseramente se los impidió tratando de quitarles la cámara fotográfica, bajo el argumento de que estaban obstruyendo el trabajo de la autoridad.

Los inspectores de la Profepa, cuando supieron de la violación de los sellos, en vez de indignarse y acudir de inmediato para confirmar el hecho, se mostraron temerosos porque conocieron el rumor de que el presidente municipal había dado instrucciones de detenerlos si insistían en la clausura.

Para conocer personalmente del caso, el delegado de la Profepa, Inocente León Pineda se comprometió a presentarse la tarde del miércoles. De lo que suceda lo conoceremos después.

Ahora solamente plantearemos las siguientes interrogantes: ¿Son las leyes obstáculo para el desarrollo?

Para el cumplimiento de las leyes ¿Tienen los municipios el principio de extraterritorialidad?

Un caso para preocuparse

Ante la inminente llegada del 12 de marzo, fecha señalada para la elección de rector en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), los ciudadanos debemos congratularnos. No por conocer el nombre del próximo rector ni por considerar que ahora si la institución iniciará su recuperación académica, sino porque llega a su fin el triste espectáculo que nos han venido dando los integrantes de la comunidad universitaria guerrerense.

La lista de horrores de este desagradable evento es larga: un rector que usa los recursos destinados al desarrollo institucional para comprar conciencias, por medio, entre otras medidas, del otorgamiento de plazas académicas a personal docente que no cubre el perfil ni tiene merecimientos para ello, con el propósito de ayudar a uno de los candidatos; entrega de becas a estudiantes que se distinguen por hacer proselitismo político a favor de un candidato, sin reunir los requisitos para recibir este apoyo; pago de publicidad en medios, propaganda en las calles para un procedimiento interno que es de la incumbencia de los universitarios y no de la sociedad, los ciudadanos exigimos, eso si, conocer los resultados de su quehacer y avances académicos no sus mal llamados procesos de elección democráticos que son motivo de vergüenza; presiones a los estudiantes para favorecer al candidato del rector y del senador Chavarría; intercambio de golpes entre seguidores de los candidatos, incluidos directivos y los llamados catedráticos, pasando por los estudiantes; agresiones a los representantes de los medios de comunicación que cubren este proceso; cierres de campaña en las playas de nuestro puerto; chile frito, cohetes y escándalo en las escuelas de la UAG para recibir a los aspirantes, en lugar de escuchar las propuestas que permitan sacar a la institución del atolladero en el que ha vivido, vive y, muy a nuestro pesar, seguirá viviendo.

Por si lo anterior no fuera suficiente, se tiene la intromisión en un asunto que no es de su competencia del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, René Lobato, llamando a no votar por el aspirante Nelson Valle. Y la denuncia de Alberto Salgado, de la disputa de la rectoría por parte de facciones perredistas.

También habría que agregar las desafortunadas declaraciones del rector Cruz, al decir que si la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador del Congreso de la Unión, interviene en la UAG se pone en riesgo todo lo que es el concepto de autonomía, cuando, supongo que sabe Florentino Cruz, debe conocerse el destino y buen uso de los recursos por ser públicos.

De los aspirantes a la Rectoría se inscribieron tres, el candidato de la burocracia universitaria -encargada del manejo de los recursos asignados a la UAG-, encabezada por el rector Cruz Ramírez es el señor Nelson Valle, quien ostenta una licenciatura de la felizmente extinguida Normal Superior, lograda dos años después de que esta institución había cerrado sus puertas.   Su llamada carrera burocrática- académica-administrativa, según lo consigna su currículum, está estrechamente vinculada al senador perredista Armando Chavarría de quien se sabe aspira gobernar a esta entidad y para lograr sus propósitos usará a la UAG. El asunto no es para minimizarlo, ya Chavarría ha usado la estructura de la universidad para obtener el cargo de senador que ahora ostenta, pues con este apoyo pudo ganarle a Alberto López Rosas la candidatura perredista.

Otro de los candidatos es Rogelio Ortega, el de mejor preparación académica, quien se desempeño hasta hace poco como jefe de asesores del actual rector, se le cuestiona su ausencia de la academia por haber disfrutado de becas para hacer estudios de posgrado. Me parece que de los tres aspirantes si alguien tiene idea y voluntad de cómo sacar a la UAG adelante es él.

El tercer aspirante es Alberto Salgado Rodríguez, director de la Facultad de Ingeniería, quien parece tener menos posibilidades y menos compromisos que los otros dos.

La percepción que se tiene de este proceso, por la información vertida a través de los medios y por las conversaciones que uno pudo sostener con miembros de la comunidad universitaria, es que lo menos preocupante para ellos es el trabajo académico y el compromiso de la UAG con las aspiraciones de superación de la sociedad guerrerense.

Los directivos, académicos, empleados administrativos y de intendencia -con sus muy honrosas excepciones-,  están constituidos en grupos de interés -AR, MAR, AEU, MAI, BLODESE, FAUG- para su provecho personal, haciendo del presupuesto universitario, aproximadamente 650 millones de pesos, un codiciado tesoro. Por eso, la elección del rector de la universidad parece la lucha de unos malhechores por el reparto del botín y no un evento civilizado con propuestas académicas viables para hacer de la UAG la institución rectora del desarrollo estatal que los guerrerenses estamos deseando.

Mientras tanto, los estudiantes, sus padres, el gobierno federal, el gobierno estatal y el resto de la sociedad contemplamos, algunos con indiferencia y otros con preocupación, el hundimiento de la UAG, la que quisiéramos fuera nuestra Máxima Casa de Estudios.

La actual situación y funcionamiento de la UAG es uno de los principales factores que explican el atraso de nuestro estado de Guerrero.

Los datos son contundentes. Una matrícula de 65 mil alumnos, lo que la hace la sexta universidad pública más grande del país. Casi 40 mil están inscritos en las 39 preparatorias, en donde con frecuencia se suspenden las labores y los alumnos son aprobados con criterios ajenos a la academia, es decir, sin los conocimientos requeridos, por eso el conflicto propiciado por la negativa a la realización de los exámenes departamentales.

Por otra parte, 25 mil alumnos cursan estudios de licenciatura. Más de dos tercios de los estudiantes de este nivel se concentran en carreras tradicionales que no requiere el mercado laboral y las cuales están saturadas: Derecho con dos escuelas, una en Acapulco y la otra en Chilpancingo; Contaduría pública, Administración, Turismo, Medicina, entre las carreras más demandadas. Urge actualizar la oferta educativa, destinar mayores esfuerzos al renglón de la investigación y a la difusión del conocimiento, entre las asignaturas pendientes que tienen que cursar los universitarios.

A las autoridades de la entidad les haría falta propiciar la creación de nuevos proyectos gratuitos de educación superior para que la UAG no sea la única opción, además de ampliar la cobertura -la cual es de 9por ciento cuando la media nacional es de 18por ciento- a la que puedan acceder la mayoría de nuestros jóvenes con deseos de superación. En fin, a todos nos falta preocuparnos y actuar más por la educación superior guerrerense.

* Pretenden arrebaratme mis terrenos, pues incluso hay una oferta directa del gobernador René Juárez Cisneros de pagarme cinco millones de pesos pero luego me bajó a dos millones y no acepté, explicó el priísta 

Maricela Santos * Sabino Palma Salinas, quien se dice propietario del terreno donde está Punta Diamante, denunció que su detención está relacionada con acciones de intimidación perpetradas por el gobierno estatal para arrebatarle este predio, en las que incluso estuvo una oferta directa del gobernador René Juárez Cisneros, de pagarle cinco millones de pesos por el predio.

En su declaración preparatoria ante el Juzgado Quinto Penal, Palma Salinas aseguró que fue el gobierno estatal el que “le inventó” los delitos de despojo por los cuales le liberaron ya dos autos de formal prisión, según informaron familiares y abogados del inculpado.

Aclaró que tiene una escritura debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, desde el 29 de abril de 1998, así como recibos de pago del impuesto predial recientes que prueban la legal propiedad del terreno en pugna, sobre el cual está el hotel Quinta Real.

El detenido narró que previo a su arresto tuvo varios encuentros con funcionarios del gobierno del estado, como el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve; el director de la Promotora Turística de Guerrero, Virgilio Gómez Moharro; el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez.

Señaló que el 15 de diciembre de 2001, fue detenido a las 22:30 horas por judiciales y policías de seguridad del hotel Quinta Real, pero sin presentarle ninguna orden.

“Me esposaron, me subieron a la caja de seguridad de una camioneta aventándome como animal, me golpearon, me llevaron y me soltaron como a las 2:30 de la mañana del día siguiente, en un lugar que se llama Cumbres de Llano Largo. Me dijeron esos policías que me iban a soltar, pero que no anduviera de invasor”.

Consideró que si él no fuera propietario del terreno en Punta Diamante, denominado Loma del Varadero de La Charra, los policías lo hubieran detenido y llevado al reclusorio, “pero no tenían con qué justificar que yo estaba cometiendo algún delito”.

El 16 de diciembre, dijo que los ingenieros Francisco Rodríguez y Antonio Martínez (de Grupo Mexicano de Desarrollo) intentaron cercar el terreno y que lo impidió.

Posteriormente se dieron los encuentros con el gobierno estatal, el último el 26 de febrero con el gobernador, quien giró instrucciones a Miranda Añorve y Gómez Moharro para darle “apoyo económico y asesoría jurídica para abrir un juicio, y resolver lo de mi propiedad”.

La cantidad ofrecida por el mandatario había sido de cinco millones de pesos, explicó.

Dijo que luego de ello, Miranda Añorve y Gómez Moharro bajaron la cantidad a dos millones 500 mil pesos, y propusieron pagarlos en cinco partes, tras una supuesta conversación con el secretario de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade, pero que no aceptó y abandonó la reunión.

A pesar de la situación legal de Palma Salinas, sus familiares y seguidores continúan en el predio en pugna, bajo toldos y enramadas, y aseguran no estar dispuestos a dejarlos hasta que se aclare la situación de Palma Salinas.

Maricela Santos * A petición del alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, los ejidatarios de La Venta accedieron ayer a permitir seis inhumaciones en el panteón Jardines del Tiempo, que bloquean desde hace diez días.

El acuerdo fue tomado ayer a mediodía en la asamblea general de ejidatarios que celebraron afuera del cementerio privado, según informó el comisario ejidal, Servando Ozuna Ponce.

El representante dijo que, “como un gesto de buena fe”, los ejidatarios accedieron a permitir, a partir de hoy sábado, la inhumación de seis cuerpos en el panteón privado, pero que no van a desistir en la toma del cementerio, cuyo predio reclaman como suyo, y que exigen que sea pagado o devuelto por la empresa Jardines del Tiempo.

Comentó que personalmente el alcalde porteño les pidió demostrar disposición a dialogar con la empresa para destrabar el conflicto que tienen desde hace un año por la posesión de la tierra, y que incluso el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos, les envió un oficio para pedirles lo mismo, por lo que acordaron que –previa firma de una minuta– permitirán a partir de hoy el acceso de seis cortejos fúnebres para los cuales previamente se habían comprado criptas. “Pero nada más esos”, dijo.

Los ejidatarios acordaron permitir que visiten el panteón y dejen flores en él, y que a cambio el representante jurídico de Jardines del Tiempo, Arturo de la Rosa Santoscoy, ofreció que el lunes se reunirán con ellos y el ayuntamiento porteño accionistas de la empresa para negociar el pago del terreno en pugna.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El secretario general de la Sección 14 del SNTE, Job Bernache Guzmán, aseguró que en las negociaciones para el nuevo salario con el gobierno federal y estatal buscarán romper el tope del 5.5, pues exigirán un aumento del 10 por ciento, además de que desarrollarán un plan de acción paralelo al pliego petitorio que presentarán a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) el martes 19.

El dirigente sindical del SNTE también dio a conocer que en las elecciones de octubre para renovar ayuntamientos y las diputaciones del Congreso del Estado, promoverán las candidaturas de maestros para regidurías, alcaldías o diputaciones en las fórmulas del PRI.

Indicó que una de las propuestas –que tiene el apoyo de la nueva secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo– es comprometer a todos los partidos para que sean maestros los que ocupen las regidurías de Educación.

De esta manera, dijo, la educación jugará un papel preponderante en la formación de los ciudadanos desde los municipios. Rechazó en cambio que se trate de una condición del magisterio exigir posiciones políticas a cambio del voto, luego de la participación activa de los maestros en la elección interna de presidente nacional del PRI, en la que apoyaron la fórmula Roberto Madrazo-Elba Esther Gordillo.

Luego dio a conocer que el pasado miércoles, el secretario de Educación en Guerrero, Daniel Pano Cruz dio respuesta favorable a demandas laborales para el personal de apoyo y asistencia a la educación básica (intendente, secretarias, técnicos, bibliotecarios, de mantenimiento), para compensación temporal compactable, al estímulo por antigüedad y para el reconocimiento al mérito administrativo.

Esto es que en el caso de la compensación temporal compactable, la SEG aprobó el pago del incremento del 40 por ciento al personal de apoyo que se pagará a partir del 11 de este mes y que es retroactivo a septiembre.

Para el estímulo por antigüedad se pagará un aumento del 5 por ciento, es decir un aumento de 202 pesos a partir de una antigüedad de 10 años, y se incrementa cada cinco años doble o triple sucesivamente para aquellos que vayan sumando o tengan hasta cincuenta años de servicio, es decir que el que tenga esa cantidad de años trabajando obtendrá mil 898 pesos.

También la SEG pagará una ayuda anual de mil 875 pesos de ayuda para la adquisición de lentes; 3 mil 300 para compra de aparatos ortopédicos y auditivos; 3 mil 225 para impresión de tesis de trabajadores que se titulen a nivel licenciatura.

Además la SEG otorgará 250 mil pesos para equipar con aparatos electrónicos a los centros de actualización educativa, en donde los trabajadores comisionados o sindicalizados deberán acudir antes de regresar frente al grupo a dar clases.

Alfredo Mondragón * Detectives de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) detuvieron ayer al presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Acuícolas del Estado de Guerrero, Pablo Flores Emigdio, por la toma de las instalaciones de la subdelegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en diciembre del año pasado.

Flores Emigdio fue aprehendido ayer a las 15:30 horas, en las oficinas de la federación ubicadas en la calle Humbolt, del Centro, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la juez Cuarto de Distrito, María del Carmen Razo Soto.

Entre los delitos están despojo y privación ilegal de la libertad en agravio de funcionarios y de la Sagarpa, de lo que se integró la causa penal 41/2001, confiaron fuentes de la Procuraduría General de la República.

La orden de aprehensión entró en vigor luego de que Flores Emigdio perdiera un juicio de amparo ante el juez Cuarto de Distrito, Joel Carranco Zúñiga.

Trascendió que por esta misma causa fueron detenidos, la semana pasada, el líder de pescadores Noé Castillo Saldaña y Faustino González Pantoja, quienes salieron en libertad tras el pago de una fianza.

El cinco de marzo de este año, Flores Emigdio encabezó otra toma de las instalaciones de la Sagarpa, ubicadas en el Palacio Federal, de cerca de 200 buzos que demandaban el pago de 900 pesos que se comprometió el gobierno del estado por los daños ocasionados en su actividad, por la veda decretada en noviembre, la cual concluyó en febrero de este año.

El plantón concluyó al día siguiente tras haber recibido 300 mil pesos, luego de una reunión con el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Popoca Boone, y el delegado de la Sagarpa, Joel Dueñas Rodríguez.

Karina Contreras * Los policías preventivos de la patrulla 047, Ana Luisa Zúñiga Palma, Jorge Camacho Díaz, Heladio Hernández Cruz, Mario Heladio Guadalupe y Sabás Palacios García, acusados de golpear a tres jóvenes de la colonia Amadeo Vidales, serán “destituidos provisionalmente” mientras se hace la investigación administrativa.

Así lo informó el abogado de los agraviados, José Sánchez Sánchez, al salir de la reunión con el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos.

Este acuerdo tuvo lugar después de que vecinos de la colonia Amadeo Vidales irrumpieran ayer en el ayuntamiento, para exigir una audiencia con el presidente municipal  Zeferino Torreblanca.

Cerca de las 12 horas, más de 50 personas, encabezadas por el abogado José Sánchez Sánchez, se presentaron en el ayuntamiento para exigir castigo para los cinco policías que el 4 de marzo golpearon “salvajemente” a tres jóvenes.

Hubo un momento de tensión cuando los guardias intentaron cerrar las puertas principales del lugar, y los colonos enardecidos exigían a gritos que los dejaran pasar.

Después de varios minutos de forcejeos y empujones, los inconformes lograron colarse hasta la antesala de las oficinas de la Secretaría General, donde fueron recibidos por el director de Atención Ciudadana, Eduardo Sánchez del Río.

Allí reclamaron que “Zeferino nos cierra la casa del pueblo”, y después entre gritos exigían justicia para los tres jóvenes agraviados, Oliver Mendoza Matilde, César y Ramiro Manzano Luna.

Sánchez Sánchez acusó al alcalde de no querer recibirlos –en ese momento Torreblanca Galindo se encontraba en una gira por la zona urbana– y sólo hablaran con “líderes ligh”  que maicea el gobierno y que tiene en nómina, “esos líderes perredistas” que no protestan, reclamaron.

Sánchez del Río se retiró para hablar con  los funcionarios y ver quién atendía  a los inconformes en ausencia del Torreblanca Galindo.

Mientras esperaban, la mamá de Oliver Mendoza Matilde, Rufina Matilde Abarca, indicó a El Sur que los preventivos de la patrulla 047 golpearon a su hijo y a sus amigos porque una vecina denunció que “estaban tomando y quería que los calmaran”.

Dijo que ella está de acuerdo en que se aplique la ley, pero no “que los golpeen así de feo”.

Otra vecina, Angela Silverio Ríos, acusó a los preventivos de cortarle cartucho cuando intentó defender a los muchachos, al verlos “ensangrentados y casi desmayados”.

Dijo que la mayoría de los policías siempre andan “drogados” y maltratan al que se les pone enfrente.

La hermana de  Manzano Luna señaló que César se encuentra en el hospital Donato G. Alarcón, en la cama 12-C, “con derrame interno”.

Indicó que cuando llegó al hospital el doctor le dijo que su hermano estaba muy grave, y que empezaba a vomitar sangre por la misma hemorragia provocada por los golpes.

Añadió que a su otro hermano, Ramiro, le dieron cerca de 15 puntadas en la cabeza. Manifestó que ella al igual que sus hermanos también fue agredida cuando trataba de impedir que los siguieran golpeando.

En la conversación que sostuvieron con Ramírez Ramos se pidió ayuda para cubrir los gastos de César Manzano Luna, a lo que el funcionario accedió.

También se concertó una audiencia con la síndica Adela Román y la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava, para el próximo miércoles.

* “No se justifica pero se entiende; eran hombres armados, drogados, que cometieron un intento de homicidio”, explica la secretaria de Protección y Vialidad 

Alfredo Mondragón * La secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, aseguró que “no hubo exceso policiaco” en la detención de tres jóvenes de la colonia Amadeo Vidales (Los Lirios), quienes fueron golpeados por policías preventivos.

Negó también que fueran violados sus derechos humanos, porque, dijo, la ONU autoriza “el uso de la fuerza pública cuando tienes que someter a la gente o llevarla a los separos”.

El abogado defensor de los tres detenidos, José Sánchez, contradijo las declaraciones de Nava Rojas al indicar que “uno de ellos está internado en el hospital porque sufrió estallamiento de vísceras a causa de tanto golpe, además de que casi pierde un ojo. También la hermana de uno de ellos presenta lesiones en la matriz porque le pegaron con el rifle en el vientre”.

De ello, Nava Rojas insistió: “no se justifica pero se entiende, (porque) eran hombres armados, drogados, que cometieron un intento de homicidio. Derechos Humanos te autoriza”.

La funcionaria fue entrevistada el jueves por la mañana durante la firma del convenio con el gobierno del estado para profesionalizar a los policías municipales. La titular de la SPV se ha negado a conceder entrevistas a reporteros en sus oficinas, a pesar de que se han solicitado por medio de su jefa de Prensa, como lo pidió a su llegada a la dependencia. Hasta la fecha aún no da la conferencia que prometió al comenzar su administración, para dar a conocer su plan de trabajo, entre otros temas.

La encargada de la seguridad del municipio explicó que no puede sancionar a los agentes porque “no soy autoridad competente, no tengo capacidad legal. Será el Ministerio Público la instancia que castigará o deslindará la responsabilidad de cada uno; es mi opinión como ciudadana y como secretaria”.

Nava Rojas aseguró que los tres jóvenes detenidos “se comportaron agresivos”, e indicó que también los agentes “están lesionados; uno de ellos perdió un diente, y no sé si el público lo sepa, pero ellos también tienen derechos humanos, son personas sensibles, que se lastiman, que sangran, que van al baño”.

Agregó: “Hay información no muy puntual, porque precisamente esos detenidos son personas que intentaron cometer un asesinato. Golpearon a una señora, (a sus) parientes; se meten a un domicilio, acude la policía y también los golpean”.

Añadió: “Una actitud agresiva no se justifica, pero se entiende; eran hombres armados, drogados, ahí están la certificación médica y no creo que les hayan sembrado nada”.

Señaló que “los policías están lesionados y cumplieron con su función. Tú qué haces ante una persona que intenta matar a otra, que se mete a un domicilio, que golpea a otras personas, qué haces si no lo puedes someter; hay dos certificados que demuestran que estaban alcoholizados. No hubo exceso policiaco (…)”.

En tanto, el abogado José Sánchez informó que su cliente César Eduardo Manzano Luna tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de “urgencia” en el hospital Donato G. Alarcón, de la colonia Renacimiento.

“También Yesenia Manzano Luna fue llevada ante un especialista por el golpe que le propinaron en el vientre con un rifle AR15”, dijo.

El supuesto de que sus clientes hayan cometido un delito, dijo José Sánchez, “no autoriza a los policías a golpearlos brutalmente; entonces para qué sirven los gases lacrimógenos, los toletes, las chicharras eléctricas para inmovilizar. No era necesario pegarles con los rifles AR15 en la cabeza ni que le hayan metido el cañón de la pistola en la boca a uno; de qué sirven tantos cursos de capacitación si no tienen capacidad de someter a un individuo”.

José Sánchez criticó que “en esta administración democrática” del alcalde Zeferino Torreblanca Galindo nunca se ha sancionado a un policía por abusos contra ciudadanos. “Al contrario, todos están impunes y hasta los premian por reprimir a la gente. Ahí está el caso del comandante Contreras, quien golpeó a turistas; otros que asaltaron a vacacionistas y al que mató a una mujer en la colonia Alborada, del cual el gobierno pagó la fianza para sacarlo de la cárcel”.

Asentó: “No estoy de acuerdo con lo dicho por la secretaria de que la ONU les autoriza el uso de la fuerza pública para someter a los detenidos”.

En los artículos 5, 9 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo, “se estipula textualmente que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (…). Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (…). Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías”.

* Las urnas se colocarán en los sistemas abiertos de Iguala, Chilpancingo, Atoyac, Petatlán y San Jerónimo, confirma el miembro de la Comisión Electoral t Sin funcionarios el 40% de las casillas en Acapulco, dice * Ya se entregó el padrón a los representantes de los candidatos, indica * Prohiben propaganda en cien metros alrededor de las casillas

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * A cuatro días para que se lleven a cabo las elecciones de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el vocero de la Comisión Electoral del Consejo Universitario, Gregorio Fitz García reconoció que apenas se ha cubierto el 60 por ciento de los funcionarios de las casillas, y anunció que este sábado podrán votar mil 800 alumnos del sistema de enseñanza abierta en las preparatorias.

Explicó que el principal problema se presenta en Acapulco, donde el 40 por ciento de las casillas no se ha cubierto, “pero esperamos que antes del lunes se cubra puntualmente”.

Dijo que la Comisión Electoral visitará cada una de las escuelas para buscar a los consejeros universitarios y técnicos, que son los auxiliares para poder cerrar ese vacío.

Afirmó en entrevista que el padrón general completo será de 67 mil 800, entre estudiantes y trabajadores universitarios que podrán votar en las escuelas y centros de trabajo de la universidad.

Indicó que las urnas que se colocarán en los sistemas abiertos, en Iguala, Chilpancingo, Atoyac, Petatlán y San Jerónimo, se resguardarán en el Sistema Panamericano de Seguridad y se abrirán hasta el martes al concluir la jornada electoral.

Manifestó que la elección ya está en marcha y que ayer entregaron los padrones electorales a los representantes de los candidatos. Dijo que la paquetería electoral se está preparando para las votaciones del 12 de marzo.

Informó que el viernes a las 8 de la noche concluyen las campañas electorales y todo tipo de propaganda en la universidad. Sin embargo, ayer por la tarde se pudo observar a Rogelio Hipólito Tacuba, impulsor de la candidatura de Nelson Valle López subir a una camioneta cientos de carteles alusivos e inducir el voto a favor del candidato de la Alianza Estratégica Universitaria.

Aseguró que la CE solicitó a los representantes de los tres candidatos a rector que retiren toda la propaganda que esté en radio de cien metros a la redonda de las casillas electorales. “Los compañeros auxiliares electorales de cada una de las escuelas se van a abocar a retirar toda la propaganda”.

Respecto al padrón, explicó que los miembros de la Comisión Electoral fueron a cada plantel y a las dependencias a buscar la información, luego se publicó y los directores tuvieron cinco días hábiles para reportar anomalías.

Fitz García dijo desconocer si el candidato del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), presentó alguna impugnación ante la Comisión Electoral, a pesar de que ésta se hizo pública en una conferencia de prensa efectuada el miércoles pasado.

¿De qué es la demanda?, preguntó, y dijo que a la Comisión no le consta nada, y que no estaban facultados “al menos yo no conozco nada estoy sorprendido de lo que ustedes me dicen”.

Dijo que la posible nulidad del proceso electoral sólo se daría siempre y cuando, por ejemplo, no se establezcan las casillas en lugares en donde no se hayan acordado, que se presenten impugnaciones graves con relación a la votación, “pudiera ser que los representantes o auxiliares no permitan que estén presentes los representantes de casillas, el robo de urnas, la violencia”, por mencionar algunas, dijo.