Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Petatlán * En pleno centro de Petatlán, el lunes por la noche fue ejecutado de ocho balazos Ricardo Enrique Pineda Guillén, por dos desconocidos, quienes sin mediar palabra lo acribillaron en un centro recreativo, y huyeron sin ser molestados por los policías.

El presunto móvil del crimen es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

A las 21:30 horas del lunes 15, Ricardo Enrique Pineda Guillén se encontraba departiendo en el  billar Mi Oficina, a una cuadra del Palacio Municipal, cuando se llegaron dos hombres con armas AK-47, conocidas como cuerno de chivo, y preguntaron por El Quique. Al momento de identificarlo, uno de los individuos lo acribilló con su rifle de asalto y huyó.

Circuló la versión extraoficial de que Pineda Guillén, de 27 años de edad, fue ejecutado por un ajuste de cuentas entre un grupo de narcotraficantes y por rencillas familiares, porque hace aproximadamente un año y un mes, su hermano Ramón, de los mismos apellidos y conocido como El Ramocillo, fue ejecutado con cuernos de chivo, cuando provenía de la comunidad de La Calera hacia Petatlán. Hasta el momento se desconoce quiénes lo privaron de la vida.

De igual forma, trascendió que El Quique está relacionado con una emboscada ocurrida el pasado 1º de noviembre del 2001, en la comunidad de El Venado, en donde dispararon contra una familia, resultando muertas tres personas, entre ellas, una niña.

Asimismo, se le relaciona con la emboscada ocurrida el 4 de marzo, cerca de El Venado, en donde murió el subdirector de la Policía Preventiva de Petatlán, Nicolás Martínez Sánchez alias El Cuarterón.

Al  lugar de los hechos acudieron agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y del Servicio Médico Forense, quienes no pudieron trasladar el cadáver de Pineda Guillén para hacerle la necroscopia de Ley debido a que su familia se opuso, por lo que luego de realizar las prácticas de rigor, trasladaron el cuerpo hasta la comunidad de Murga, en donde le darían sepultura.

El presidente municipal de Petatlán, Jorge Ramírez Espino, señaló que el asesinato de Ricardo Pineda Guillén es un hecho asilado, “son cuentas pendientes, venganzas personales”.

Sin embargo, indicó que de nueva cuenta solicitará la interversión del Ejercito Mexicano para realizar una campaña de despistolización por todo el municipio, porque es alarmante que haya personas (delincuentes) portando armas reservadas para uso exclusivo del Ejército.

Recordó que pese a que solicitó al ex procurador Rigoberto Pano Arciniega el cambio del grupo de la Policía Judicial, éste aún no se ha llevado a cabo, y tampoco han presentado ningún avance en las investigaciones de los asesinatos de los últimos meses.

Por su parte, Armando Castro Buburrón, presidente municipal del PRD, manifestó que el asesinato cometido en pleno centro de la ciudad es un hecho aislado “porque tenía como ocho o diez años que no ocurría algo así, aunque sí es un foco rojo, porque el hecho de que anden por la ciudad delincuentes armados con cuernos de chivo, quiere decir que es urgente redoblar la vigilancia policíaca por parte de la Policía Preventiva y de la Policía Judicial.

Agregó que es responsabilidad de la PGJE intensificar la vigilancia, así como la intervención del Ejercito para que lleven a cabo una campaña de despistolización, “porque ahorita la está haciendo la policía preventiva, pero no es suficiente, además de que no cuentan con el equipo adecuado para actuar en caso de un enfrentamiento.

“Sí se me han acercado muchas personas para comentarme su preocupación sobre la inseguridad y sobre todo, porque ocurrió en un lugar tan céntrico, por lo que es urgente reforzar la vigilancia policíaca”, concluyó.

* Presentaron ayer el documento familiares de Clímaco y Simplicio Martínez Reza y de Pasito Hernández González, con el apoyo del Centro Prodh * Piden que se haga justicia, con base en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Familiares de tres de los 17 campesinos víctimas de la masacre de Aguas Blancas presentaron ayer en la Procuraduría General de la República una denuncia de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en la sierra de Coyuca de Benítez, y demandaron que la justicia federal abra la investigación, conforme a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Hunmanos (CIDH).

En la ciudad de México, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), presentaron la denuncia los familiares de Clímaco Martínez Reza, Simplicio Martínez Reza y de Pasito Hernández González, de la comunidad de Atoyaquillo.

Es la segunda denuncia de hechos que se presenta formalmente ante la PGR. En octubre de 2001, los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores (quien fue uno de los testigos de la masacre, porque se encontraba en el lugar, a pocos metros del camión que fue baleado) presentaron una denuncia a la PGR, para que abriera el caso de acuerdo a lo planteado por la CIDH, y se investigara al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a los principales funcionarios de seguridad pública y justicia de su gobierno.

En esa primera denuncia, que ya fue turnada a la Delegación en Guerrero de la PGR, pero los demandantes pidieron que se atendiera en una instancia de la ciudad de México, también participó con el apoyo jurídico el Centro Prodh.

En un boletín que dufundió ayer, el Centro Prodh informa que “familiares de los hermanos Martínez Reza y Pasito Hernández González presentaron el día de hoy, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que sea este órgano federal y no las instancias de procuración de justicia locales (de Guerrero), quien se haga cargo de investigar los hechos ocurridos el 28 de junio en los que perdieran la vida sus parientes, en el marco del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH”.

El Prodh recordó que en 1996, la PGR rechazó conocer el caso Aguas Blancas, “con argumentos políticos carentes de sustento jurídico”, a pesar de que “existen sobrados argumentos jurídicos que sustentan la competencia federal para conocer del asunto, como la configuración de delitos de carácter federal, por lo que resulta obligatorio jurídica y éticamente, que dicho órgano de procuración de justicia inicie la averiguación previa correspondiente”.

Igual que los dirigentes de la OCSS que presentaron la denuncia en octubre, el Prodh plantea: “resulta indispensable que las investigaciones que inicie la PGR sean dirigidas y efectuadas desde una fiscalía ubicada en la ciudad de México, de lo contrario, y como ha sucedido en otras ocasiones, cuando las indagatorias son turnadas a las delegaciones estatales, no se obtendrá ningún tipo de resultado ante la ausencia de imparcialidad e independencia existentes en los fiscales asignados a las entidades federativas, más aún en un estado como Guerrero, en donde la posibilidad de interferencia e influencia por parte de las autoridades estatales y de grupos políticos afines al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, redundaría en que la investigación no tuviera resultado alguno”.

También, como en la denuncia anterior, el Prodh hace referencia a los ofrecimientos del gobierno del presidente Vicente Fox: “El gobierno de Vicente Fox ha manifestado públicamente su disposición de castigar a aquellos agentes estatales que incurran en violaciones a los derechos humanos; en el presente caso, la investigación expedita, independiente y profesional, con el ejercicio de la acción penal en contra de aquellos funcionarios que en mayor o menor medida planearon y ejecutaron la masacre de Aguas Blancas, la debida reparación del daño y el establecimiento de adecuadas medidas de no repetición de los hechos, serían los indicadores mínimos para que lo expresado públicamente tenga un contenido que lo fundamente.

“De lo contrario el caso de Aguas Blancas permanecerá, como hasta la fecha, en total impunidad y con ello incumplidas la recomendaciones formuladas por la CIDH al Estado mexicano”.

En el boletín, hace referencia a la masacre del 28 de junio de 1995: “Varias personas, en su mayoría miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), a bordo de dos camionetas, se dirigían a Atoyac de Alvarez, Guerrero con el objetivo de manifestarse por la desaparición de un compañero y para exigir el cumplimiento por parte del gobierno estatal, de la entrega de diversos insumos agrícolas. Al llegar al vado de Aguas Blancas, miembros de la Policía Motorizada, Policía Judicial y Seguridad Pública del Estado de Guerrero los interceptaron, y sin que mediara motivo alguno dispararon a mansalva, provocando que 17 campesinos perdieran la vida y más de 25 quedaran heridos, algunos de suma gravedad.

“Los hermanos Clímaco y Simplicio Martínez Reza y Pasito Hernández González fueron de los campesinos privados de la vida el 28 de junio de 1995. Desde ese entonces a sus familias se les ha negado sistemáticamente la justicia. La subordinación a intereses políticos por parte de los órganos encargados de procurar y administrar justicia en el Estado, les llevó encubrir y justificar la masacre”.

Informa que en febrero de 1998, la CIDH emitió una recomendación al gobierno mexicano, en la que plantea que para que se haga justicia se debe continuar la investigación, incluyendo al ex gobernador Rubén Figueroa; al ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; al ex procurador Antonio Alcocer Salazar y al ex director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy, que fueron investigados conforme a la ley.

Plantea el Prodh que a cuatro años de haberse emitido la resolución de la CIDH, los órganos del Estado no han acatado las recomendaciones que de ella emanan.

Señala que “varios de los autores materiales de la masacre han sido absueltos debido a las deficiencias en la integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público del estado de Guerrero; y los altos ex funcionarios del gobierno estatal, o no fueron encontrados responsables al finalizar sus respectivos procesos, o ni siquiera investigados, como fue el caso de Rubén Figueroa”.

Recuerda el caso del director de la Policía Motorizada, que estuvo en prisión seis años: “A pocos días de haberse efectuado la misión de la CIDH para verificar el cumplimiento de sus recomendaciones, el mayor Manuel Moreno, uno de los que encabezaron la masacre, salió en libertad al ser beneficiado por una sentencia absolutoria de amparo”, y califica este hecho como “de desprecio hacia la sociedad mexicana, principalmente hacia los familiares y sobrevivientes de la masacre”.

 

 

 

Las conclusiones de la CIDH sobre la masacre de Aguas Blancas

 

 

El Centro Prodh explica que ante la impunidad y el nulo acceso a la justicia por parte de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas, diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe de febrero de 1998, la CIDH concluyó:

“Se ha demostrado la falta de voluntad hasta la fecha, tanto del Ministerio Público estatal para ejercer las acciones penales respectivas en contra del ex-gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el ex-secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán, el ex-procurador general de Justicia del estado, Antonio Alcocer Salazar, y el ex-director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, así como del Ministerio Público Federal, para ejercer su competencia de atracción, en base a la decisión de la Suprema Corte de Justicia; todo esto, pese al cúmulo indiciario que sindica a estos ex funcionarios del gobierno del estado de Guerrero con presuntas responsabilidades en los hechos ocurridos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995”.

 

La CIDH formuló al Estado mexicano las siguientes recomendaciones:

 

A. Completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 23 de abril de 1996.

B. Ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables.

C. Otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas; y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas  que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los referidos hechos de Aguas Blancas.

* En una reunión de diputados del PRI, Hércor Apreza alineó a los que se inclinaba por los otros dos propuestos en la terna

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Ayer los 25 diputados presentes de la fracción parlamentaria del PRI formalizaron la designación como procurador general de Justicia del ex director general de Comunicación Social del gobierno del estado, Jesús Ramírez Guerrero, mientras que los 12 diputados perredistas abandonaron la sesión, momentos antes de la toma de protesta con un grito de inconformidad: ¡Imposición, imposición!

De nada sirvió la oferta del PRD hecha por su coordinador, Sebastián de la Rosa Peláez, de compartir responsabilidad en la designación del nuevo procurador para dar certidumbre a los guerrerenses de que habrá procuración de justicia, combate a la delincuencia, cero impunidad y abatir la inseguridad pública.

Los priístas, antes de abordar en tribuna la designación de procurador, habían dividido su decisión, y unos estaban a favor del ex delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Acapulco y académico de la UAG, Manuel Amador Saavedra Flores, y de la ex magistrada del Tribunal de la Contencioso Administrativo, Violeta Parra Reynada. Pero se alinearon de último momento con la propuesta del gobernador René Juárez.

El tema del procurador fue el último punto del orden del día de la sesión ordinaria. Antes se aprobó un receso de casi una hora para que la fracción parlamentaria del PRI se reuniera y convencer a quienes no preferían a Jesús Ramírez como procurador.

No le llevó más tiempo a su coordinador parlamentario, Héctor Apreza Patrón, obligarlos a rectificar y hacer valer el mando del gobernador, René Juárez Cisneros. Este había hecho ya renunciar a Jesús Ramírez al cargo de director de Comunicación Social y nombrar en su lugar a Mario Pintos.

Se oponían a Jesús Ramírez Guerrero y preferían a Violeta Parra, las diputadas priístas Rosaura Rodríguez, Generosa Castro, Consuelo Ivancovichi, el diputado Roberto Torres Aguirre; y del PRD, Olga Bazán, por solidaridad de género.

Votarían a favor de Manuel Amador Saavedra, Ernesto Vélez Memije, Mario Moreno Arcos, Saúl Alarcón y Roberto Alvarez. Así lo dio a conocer a El Sur, el perredista Sebastián de la Rosa, a quien se le buscaba para buscar un acuerdo en favor de Manuel Saavedra.

El gobernador mostró su carta fuerte al cargo de procurador, y los diputados del PRI cumplieron. Antes, defendieron la forma de elegir al procurador y refutaron a los perredistas porque en Michoacán y la ciudad de México los gobernadores de su partido designan al procurador, reprochó el diputado priísta Roberto Torres Aguirre.

 

El debate, rechazo y defensa a la propuesta del gobernador

 

El debate comenzó cuando el presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza Patrón, llevó a tribuna el dictamen que sólo firmó él y el diputado del PAN, Angel Pasta Muñúzuri.

En ese dictamen se da por hecho que quienes fueron propuestos en la terna enviada por el gobernador son aptos para ocupar el cargo de procurador, porque además tienen capacidad y solvencia moral. No firmaron el dictamen el perredista Sebastián de la Rosa ni el del PRS, Demetrio Saldívar Gómez.

Así una vez invitados por el diputado Héctor Apreza a aprobar el dictamen, el perredista Sebastián de la Rosa recordó que se estaba en una oportunidad de elegir a la mejor alternativa en la PGJE. También dijo que desde la presentación de la terna expusieron los del PRD su rechazo a la “imposición” del gobernador.

Pero dijo que la designación va más allá de la forma de elegir al procurador, porque está de por medio la relación y credibilidad de la PGJE con la sociedad, aun y cuando el gobernador “les ha negado asumir la procuración de justicia como un asunto de Estado”.

Argumentó que si la designación la hacían sólo los priístas, se caería en lo mismo, luego de que los tres procuradores anteriores nombrados durante el periodo de René Juárez fueron vistos por el PRI en el Congreso local, como los de más capacidad pero que fracasaron como procuradores, “y eso en lugar de mejorarlo lo empeora”.

Anunció su rechazo a Jesús Ramírez Guerrero como procurador y dijo que los perredistas votarían por Manuel Amador Saavedra. Y así lo hicieron.

Del lado del PRD subió a tribuna también Misael Medrano para criticar el formato de designación de procurador y se refirió a Jesús Ramírez como falto de experiencia porque soólo una vez ha estado en la PGJE, en el cargo de agente del Ministerio Público en su natal Chilapa. Destacó la experiencia de Manuel Amador Saavedra que desde 1979 ha trabajado en la PGJE y pidió votar a su favor.

Demetrio Saldívar del PRS, dijo que el dictamen no debió presentarse debido a que no fue firmado por la mayoría de los diputados miembros de la Comisión de Gobierno.

Para defender las propuesta del gobernador, el priísta Ernesto Sandoval Cervantes se refirió a Sebastián de la Rosa como falto de responsabilidad por no cumplir con su trabajo en la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos y no aprobar la reforma a la ley para designar al procurador, porque decidió irse a campaña.

Juan Salgado reprochó a los perredistas que en los estados donde gobierna el PRD como Michoacán y el DF, sus gobernadores siguen nombrando al procurador, aunque acentúo que en este último lugar el presidente Vicente Fox es quien lo ratifica.

Roberto Torres, en su argumentación que causó la risa de todos, defendió el dictamen que fue firmado sólo por el PAN y el PRI, y dijo que el voto del diputado Héctor Apreza vale más que el del PRD y el del PRS, por tener el resplado de 30 diputados y que por eso, aunque hayan firmado sólo dos diputados de cuatro, por la mayoría del PRI era válido.

Se vino la votación del dictamen donde se reconoce a los integrantes contar con los requisitos para ser procurador. Aquí el PRD se abstuvo luego de que propuso regresar la terna al gobernador para que hiciera una nueva propuesta. El PRI, PRS y el PAN lo aprobaron.

Luego en la votación nominal, los 12 diputados del PRD más el voto del panista y el otro del PRS, sumaron 14 votos a favor de Manuel Saavedra Flores, mientras que los 25 diputados presentes votaron a favor de Jesús Ramírez Guerrero.

Entonces el presidente de la Mesa Directiva por el mes de abril, el diputado priísta Abel Echeverría Pineda, comisionó a las diputadas mujeres del PRI, Rosaura Rodríguez, Consuelo Ivancovichi y Generosa Castro Andraca para llevar al recinto a Jesús Ramírez Guerrero para la toma de protesta.

Justo cuando Abel Echeverría se disponía a iniciar el protocolo de toma de protesta, se le adelantaron los perredistas, quienes protestaron por la votación, se pararon de sus lugares y abandonaron el recinto lanzando la consigna: ¡Imposición, imposición!

 

No fue una imposición, es voluntad del Congreso: Ramírez Guerrero

 

Luego de la toma de protesta, acosado por los reporteros, Jesús Ramírez, ya procurador, respondió a los interrogantes.

–¿Se consumó la imposición como lo califica el PRD?– se le preguntó.

–Creo que lo que se consumó es la voluntad de un Congreso soberano.

–¿No inicia deslegitimado para asumir el cargo de procurador?

–De ninguna manera. Es el Congreso quien determina y así lo determinó; trataremos de cumplir todo apegado a derecho.

–¿Sus compañeros de la terna, irán a las subprocuradurías?

–Habrá que verlo.

* Acapulco, después de Tijuana, Baja California y Cancún ocupa el tercer lugar en esos ilícitos * En Guerrero, los mayores índices están en Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Por unanimidad, el Congreso local aprobó reformas y adiciones al Código de Procedimientos Penales de Guerrero en el que se tipifica la pornografía y prostitución sexual de menores, y despojo como delitos graves.

El dictamen señala que al que cometa el delito de pornografía y prostitución sexual infantil se le impondrán de siete a 12 años de cárcel y de mil a dos mil días de multa.

Y en los casos de aquella persona o funcionario o a través de terceros que financie, dirija administre y supervise estas actividades ilícitas, se hará acreedor de 9 a 14 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 300 días de multa.

El Código de Protección al Menor establece solamente sanciones administrativas a las personas que incurran en esta irregularidad.

En la fundamentación del dictamen que fue presentado ante el pleno del Congreso, se señala que en Guerrero el índice de este delito es alto y por ello es necesario establecer esta penalidad para evitar que gente sin escrúpulos siga ultrajando a los menores en su integridad, les roben su inocencia y también sus ilusiones, causándoles daños físicos y psicológicos irreparables.

Son las ciudades de Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo donde llevan el más alto índice de este ilícito en todo el estado. Y a nivel nacional, Acapulco, después de la ciudades de Tijuana, Baja California y  Cancún, Quintana Roo, ocupa el tercer lugar en índices de prostitución y pornografía infantil.

De igual manera, la misma legislación establece que se sancionara con de siete a 12 años de cárcel a las personas que cometan prostitución de menores e incapaces, y que a cambio de retribución económica, en especie o de cualquier índole, tenga relaciones sexuales con persona menor de 18 años de edad.

En la misma iniciativa de reformas y adiciones al Código de Procedimientos Penales se establece el despojo como delito grave y su aplicación será de siete a 18 años de prisión a la persona que cometa este ilícito.

Y en un mensaje para los dirigentes sociales que realizan invasiones de terrenos, la nueva legislación señala que a quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos o rústicos y se acredite su reincidencia en otras causas penales, se les aplicará de 15 a 30 años de cárcel.

En la fundamentación del dictamen aprobado, se señala que es en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco de Alarcón donde se registra el mayor número de este tipo de ilícitos, y que por ello es “necesario poner freno a las personas que se dedican a invadir predios e inmuebles con fines de lucro”.

* Buscan a una menor raptada, informa la OIPMT

* Denuncia la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos el robo de una menor en Ayutla * Una adolescente que fue detenida reveló que la pagaban mil 500 pesos por cada raptada * Hay varias pequeñas desaparecidas en la región, dice Arturo Campos

El robo de una niña de 11 años de edad puso al descubierto una red presuntamente dedicada a robar menores con el fin de venderlas para dedicarlas a la prostitución infantil.

El coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, informó que están en pláticas con la familia de la niña afectada, con el fin de apoyar la búsqueda de la menor que supuestamente se escapó de los robachicos que la raptaron.

Explicó que el 17 de marzo, la niña de 11 años de edad, Lorena Sierra Damián, de la comunidad me’paa de Tecruz, municipio de Ayutla de los Libres, fue robada en el zócalo de la cabecera municipal.

La responsable directa del robo fue la niña Paula Gálvez Jiménez, de 13 años, originaria de la comunidad de El Salto pero radicada en la ciudad de Ayutla.

Después, Paula confesó que es manejada por Cruz Maximino López, originario de Cozolapa, municipio de Acatepec, quien se dedica al robo de niñas, para dedicarlas presuntamente a la prostitución.

También dijo que el jefe de la banda le ofreció pagarle mil 500 pesos por cada niña que le llevara, y por eso se robó a Lorena.

La familia de Lorena pidió ayuda a la Organización Independiente, pero no quiso denunciar a la policía porque tenía miedo de que mataran a la niña, o de que la alejaran más.

Los primeros días, la familia trató de buscar en silencio a la niña robada. Sin embargo, la niña que se la llevó, Paula Gálvez, volvió a Ayutla, y ahí fue detenida por policías preventivos municipales, que la pusieron en manos del agente del Ministerio Público, quie la dejó en libertad.

Con la detención de Paula, supieron cómo había sido robada Lorena, y que los raptores estaban a punto de venderla pero ella se escapó, y actualmente se desconoce dónde se encuentra.

Arturo Campos Herrera planteó que actualmente la Organización Independiente se coordina con la familia para buscar a la niña perdida, sin la intervención policiaca.

También por declaraciones de Paula se supo que el hombre que la mandaba para robar menores tenía a otras niñas robadas en Ayutla recientemente, probablemente dos además de Lorena.

Asimismo, tienen conocimiento de que hay varias menores desaparecidas en la región, en los municipios de Ayutla, Tecoanapa y Acatepec, y se teme que sean víctimas de la misma red de robo de niñas y prostitución infantil.

* Javier Muñoz lleva 119 días cautivo

* No han podido reunir los cinco millones que les piden t Los captores no se han comunicado y temen que lo hayan matado

De la corresponsalía, Chilpancingo * El tío del menor secuestrado Javier Muñoz Basilio, solicitó a los plagiarios, a través de los medios de comunicación, que den un nuevo plazo para que puedan reunir el dinero y pagarles el rescate.

Ramón Díaz Tornez, familiar del joven secuestrado, dijo que los padres decidieron ya no solicitar ningún apoyo económico al gobernador René Juárez ni a ninguna otra autoridad.

Recordó que los familiares habían solicitado al gobierno un préstamo para poder pagar los cinco millones de pesos que exigen los secuestradores para liberar a Javier Muñoz Basilio, “pero no se encontró ningún eco”.

El menor fue secuestrado por individuos armados el 23 de diciembre del 2001 cuando conducía un taxi en la carretera Chilapa-Tlapa a la altura del crucero de Tlatlauquitepec. Los plagiarios solicitaron a los padres de su vìctima cinco millones de pesos de rescate.

“Hemos recurrido a todas las instancias oficiales para pedir apoyo pero no hemos reunido la cantidad, incluso abrimos dos cuentas en distintos bancos para que la gente depositara un apoyo económico y apenas se reunieron cuatro mil pesos”, expresó el tío del secuestrado.

Rechazó la versión que se dio a conocer hace unos días de que es un autosecuestro del menor y que éste fue planeado por su papá.

“Eso es mentira, si fuera un autosecuestro no se hubiera solicitado el apoyo económico a las autoridades estatales”, externó.

Indicó que ante la falta de comunicación de los secuestradores, los familiares temen que quizá el menor Javier Muñoz Basilio ya fue asesinado por sus captores.