* Promete el dirigente transportista no volver a bloquear calles en Acapulco, “porque vemos voluntad en las autoridades” municipales

Karina Contreras * El dirigente de la Coalición Mixta de Transportistas del Estado de Guerrero, Fortino Rodríguez Cruz, dijo que el bloqueo encabezado por él en la Costera el viernes no tiene tinte político, como lo señaló el presidente municipal Zeferino Torreblanca.

Entrevistado en su oficina de la organización en la colonia Morelos, Rodríguez Cruz dijo que las declaraciones del presidente municipal sí tienen tintes políticos porque él “tiene otras aspiraciones, como la de ser gobernador”.

Asimismo, el dirigente de los transportistas desestimó las órdenes de aprehensión que puedan ser giradas en su contra porque, dijo, “hay fianzas”.

Rodríguez Cruz agregó que “nunca se le ha castigado al funcionario que hace que nosotros, como líderes, nos manifestemos. En estos casos siempre hay que pegarle a los manifestantes para por quedar bien con la ciudadanía”.

Dijo que además de hacer declaraciones de que “me meterá al bote” también diga que “va a encarcelar a sus funcionarios que nos han llevado a las calles porque no dan solución a los problemas del transporte”.

Y volvió a decir que seguramente a esos no los toca porque le “están pasando dinero para la campaña de Carlos Alvarez”.

La coalición que dirige Fortino Cruz bloqueó parcialmente por más de cinco horas la Costera el viernes por una serie de demandas de nivel municipal y estatal.

Señaló que aunque reconoce el trabajo de su “amigo” Zeferino Torreblanca, éste no les resuelve nada en cuanto al transporte. Insistió en que los taxistas son objeto de hostigamiento por parte de los agentes de  Tránsito: “es muy palpable tanto en los taxistas como en los propios ciudadanos”.

Aseguró que no bloquearan más Acapulco pero que seguirán en su lucha para la destitución de los funcionarios, incluyendo a Reynaldo Echeverría, director de Transportes en el estado.

El líder transportista dijo, sobre las mesas de trabajo que sostuvieron el mismo viernes con el municipio y el lunes con autoridades estatales, que llegaron a varios acuerdos.

Sobre los acuerdos con las autoridades municipales dijo que hoy comenzarán operaciones para ver en qué puntos funcionan los discos de áreas restringidas, para retirar los que no funcionen, además de aplicar una operación de seguridad porque han sido robados, nada más en, abril cinco taxis.

Asimismo, señaló que en un mes se resolverá la cuestión de los más de 500 taxis foráneos, los cuales serán reubicados en la periferia, como la colonia Vacacional.

Dijo que no es aceptable que mientras a los taxis acapulqueños se les restrinje, a los foráneos se les permita el acceso sin ninguna restricción.

Por lo que respecta a la mesa de trabajo que sostuvo con el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, dijo que se ratificó el compromiso de la destitución de los delegados Jorge Cebrero Luviano, Juan Manuel Pachuca Domínguez y Mario Rodríguez, de Tecpan, de la zona suburbana de la Zapata y de Tlapa.

Indicó que el gremio aguardaría las 72 horas de plazo para que se dé la destitución de los delegados, y advirtió que si no se cumple emprenderán la lucha en los municipios.

Rodríguez Cruz rechazó que su organización sea priísta, como se le calificó en los medios de comunicación, ni que el bloqueo que realizó el viernes sea por objetivos políticos.

Luego ofreció disculpas a los acapulqueños y aseguró que Acapulco no se verá afectado por un bloqueo de la coalición que él representa porque han visto “voluntad en las autoridades municipales”.

Advirtió que seguirán luchando mientras para que el director de Transportes, Reynaldo Echevería Medrano, siga en el cargo, porque “es el protector del pirataje, porque él es el interesado en regularizar todo lo malo.

Rodríguez Cruz señaló que la inmovilidad del gremio en estos días no se debe al tempor por las represalias, sólo “estamos dando un tiempo prudente” para que se cumplan los compromisos, si no saldremos a manifestarnos en los municipios, pero en Acapulco ya no, “porque vemos  voluntad en las autoridades”.

* La esposa de Víctor González Benítez, Paulina Ríos, afirma que la juez no admitió la presentación de testigos de la detención en la comunidad de Campo de Aviación y no en Linda Vista como dice la Procuraduría 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Víctor González Benítez, uno de los copartícipes del asesinato del empresario Javier Ibáñez Sandoval, envió por medio de su esposa, Paulina Ríos Salgado, un escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde denuncia que las autoridades carcelarias locales lo mantienen incomunicado y que incluso le niegan los alimentos.

También relata la tortura de que fue objeto durante su detención por parte de policías judiciales del estado en la comunidad de Campo de Aviación, del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).

“Muchos judiciales vestidos de negro y encapuchados llegaron a mi casa en la madrugada en el poblado de Campo de Aviación, y sacaron con lujo de violencia a mi esposo que nada tiene que ver con este hecho”, relató Paulina Ríos Salgado, esposa de Víctor González Benítez, tío del jefe de la banda de secuestradores Pedro Barragán González.

La esposa de uno de los presuntos implicados echa por tierra la versión de la Procuraduría de Justicia de que el autor material del crimen de Ibáñez, Valentín Acevedo Ocampo y los otros tres copartícipes fueron detenidos en un operativo policiaco realizado en la comunidad de Lindavista.

Entrevistada luego de que se le negó el acceso al reclusorio, la señora Paulina Ríos Salgado manifestó que su esposo llegó en octubre a Guerrero luego de estar un año trabajando en Atlanta, Estados Unidos y que es materialmente imposible que haya participado en el plan para asesinar al empresario Javier Ibáñez Sandoval.

Indicó que la madrugada del martes en que su esposo fue detenido en forma ilegal los agentes judiciales se lo trajeron a la Procuraduría de Justicia donde fue torturado.

“Yo ese día estuve en la Procuraduría para preguntar por mi esposo pero me dijeron que no estaba, y horas más tarde lo presentan como uno de los que asesinaron a ese señor”, externó la señora.

“Ese día en la madrugada, muchos carros llegaron al pueblo y los agentes que iban allí roderaron mi casa y posteriormente tiraron una puerta para después sacar con violencia a mi esposo Víctor con quien apenas tenía dos meses de casada”, afirmó Paulina Ríos Salgado.

En la carta que va dirigida a la CNDH y que está firmada por Víctor González Benítez, relata que el pasado martes en la madrugada fue detenido por los judiciales cuando se encontraba en su vivienda.

“Me trajeron a Chilpancingo donde me mantuvieron incomunicado practicándome todo tipo de torturas, indicándome me hiciera copartícipe del homicidio del empresario gasolinero Javier Ibáñez Sandoval y finalmente fui obligado a firmar documentos que me presentaron”, dice en su escrito.

La esposa del inculpado acusó a la juez segunda de primera instancia del ramo penal, Rosalinda Sáenz Rodríguez, de haberse negado a aceptar testigos del poblado de Campo de Aviación que iban a dar su versión sobre la detención de que fue objeto Víctor González Benítez.

 

Inminente auto de formal prisión a inculpados

 

La juez Rosalinda Sáenz señaló que en las próximas horas va a resolver la situación jurídica de los cuatro inculpados, y que hasta el momento la defensora de oficio, Felícitas Hernández Tornez, solamente solicitó la recepción de algunas pruebas como la certificación médica de los presuntos homicidas.

También solicitó que se girara un oficio a la casa de empeño de Monte Pio para solicitar una información para comprobar que su defendido y presunto material del crimen, Valentín Acevedo Ocampo, había empeñado algunos objetos.

Según la juez, Acevedo Ocampo asegura que el día del crimen (el 11 de marzo) estuvo en esta negociación para empeñar algunos objetos personales.

“Aparte del retrato hablado que presentó la Procuraduría para dar con el responsable material hay otras pruebas que lo inculpan, pero que en estos momentos no se puede decir cuáles son, pero eso nos servirá para determinar la situación jurídica de los inculpados”, externó la juez entrevistada en sus oficinas.

Sobre la versión que dio la Procuraduría de Justicia de que el presunto asesino material, Valentín Acevedo, se presentó el día 12 de marzo (a otro día del crimen de Ibáñez) a un banco para cobrar con una orden de pago 150 mil pesos que supuestamente le envió Pedro Barragán González, Rosalinda dijo que “en el expediente que envió la Procuraduría no existe ninguna orden de pago del banco Bital”.

Indica que en su primera declaración, el inculpado refiere esos hechos de un pago en ese banco, pero que después en su declaración preparatoria niega esos hechos.

Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Petatlán * En pleno centro de Petatlán, el lunes por la noche fue ejecutado de ocho balazos Ricardo Enrique Pineda Guillén, por dos desconocidos, quienes sin mediar palabra lo acribillaron en un centro recreativo, y huyeron sin ser molestados por los policías.

El presunto móvil del crimen es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

A las 21:30 horas del lunes 15, Ricardo Enrique Pineda Guillén se encontraba departiendo en el  billar Mi Oficina, a una cuadra del Palacio Municipal, cuando se llegaron dos hombres con armas AK-47, conocidas como cuerno de chivo, y preguntaron por El Quique. Al momento de identificarlo, uno de los individuos lo acribilló con su rifle de asalto y huyó.

Circuló la versión extraoficial de que Pineda Guillén, de 27 años de edad, fue ejecutado por un ajuste de cuentas entre un grupo de narcotraficantes y por rencillas familiares, porque hace aproximadamente un año y un mes, su hermano Ramón, de los mismos apellidos y conocido como El Ramocillo, fue ejecutado con cuernos de chivo, cuando provenía de la comunidad de La Calera hacia Petatlán. Hasta el momento se desconoce quiénes lo privaron de la vida.

De igual forma, trascendió que El Quique está relacionado con una emboscada ocurrida el pasado 1º de noviembre del 2001, en la comunidad de El Venado, en donde dispararon contra una familia, resultando muertas tres personas, entre ellas, una niña.

Asimismo, se le relaciona con la emboscada ocurrida el 4 de marzo, cerca de El Venado, en donde murió el subdirector de la Policía Preventiva de Petatlán, Nicolás Martínez Sánchez alias El Cuarterón.

Al  lugar de los hechos acudieron agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y del Servicio Médico Forense, quienes no pudieron trasladar el cadáver de Pineda Guillén para hacerle la necroscopia de Ley debido a que su familia se opuso, por lo que luego de realizar las prácticas de rigor, trasladaron el cuerpo hasta la comunidad de Murga, en donde le darían sepultura.

El presidente municipal de Petatlán, Jorge Ramírez Espino, señaló que el asesinato de Ricardo Pineda Guillén es un hecho asilado, “son cuentas pendientes, venganzas personales”.

Sin embargo, indicó que de nueva cuenta solicitará la interversión del Ejercito Mexicano para realizar una campaña de despistolización por todo el municipio, porque es alarmante que haya personas (delincuentes) portando armas reservadas para uso exclusivo del Ejército.

Recordó que pese a que solicitó al ex procurador Rigoberto Pano Arciniega el cambio del grupo de la Policía Judicial, éste aún no se ha llevado a cabo, y tampoco han presentado ningún avance en las investigaciones de los asesinatos de los últimos meses.

Por su parte, Armando Castro Buburrón, presidente municipal del PRD, manifestó que el asesinato cometido en pleno centro de la ciudad es un hecho aislado “porque tenía como ocho o diez años que no ocurría algo así, aunque sí es un foco rojo, porque el hecho de que anden por la ciudad delincuentes armados con cuernos de chivo, quiere decir que es urgente redoblar la vigilancia policíaca por parte de la Policía Preventiva y de la Policía Judicial.

Agregó que es responsabilidad de la PGJE intensificar la vigilancia, así como la intervención del Ejercito para que lleven a cabo una campaña de despistolización, “porque ahorita la está haciendo la policía preventiva, pero no es suficiente, además de que no cuentan con el equipo adecuado para actuar en caso de un enfrentamiento.

“Sí se me han acercado muchas personas para comentarme su preocupación sobre la inseguridad y sobre todo, porque ocurrió en un lugar tan céntrico, por lo que es urgente reforzar la vigilancia policíaca”, concluyó.

* Presentaron ayer el documento familiares de Clímaco y Simplicio Martínez Reza y de Pasito Hernández González, con el apoyo del Centro Prodh * Piden que se haga justicia, con base en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Familiares de tres de los 17 campesinos víctimas de la masacre de Aguas Blancas presentaron ayer en la Procuraduría General de la República una denuncia de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en la sierra de Coyuca de Benítez, y demandaron que la justicia federal abra la investigación, conforme a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Hunmanos (CIDH).

En la ciudad de México, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), presentaron la denuncia los familiares de Clímaco Martínez Reza, Simplicio Martínez Reza y de Pasito Hernández González, de la comunidad de Atoyaquillo.

Es la segunda denuncia de hechos que se presenta formalmente ante la PGR. En octubre de 2001, los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores (quien fue uno de los testigos de la masacre, porque se encontraba en el lugar, a pocos metros del camión que fue baleado) presentaron una denuncia a la PGR, para que abriera el caso de acuerdo a lo planteado por la CIDH, y se investigara al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a los principales funcionarios de seguridad pública y justicia de su gobierno.

En esa primera denuncia, que ya fue turnada a la Delegación en Guerrero de la PGR, pero los demandantes pidieron que se atendiera en una instancia de la ciudad de México, también participó con el apoyo jurídico el Centro Prodh.

En un boletín que dufundió ayer, el Centro Prodh informa que “familiares de los hermanos Martínez Reza y Pasito Hernández González presentaron el día de hoy, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que sea este órgano federal y no las instancias de procuración de justicia locales (de Guerrero), quien se haga cargo de investigar los hechos ocurridos el 28 de junio en los que perdieran la vida sus parientes, en el marco del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH”.

El Prodh recordó que en 1996, la PGR rechazó conocer el caso Aguas Blancas, “con argumentos políticos carentes de sustento jurídico”, a pesar de que “existen sobrados argumentos jurídicos que sustentan la competencia federal para conocer del asunto, como la configuración de delitos de carácter federal, por lo que resulta obligatorio jurídica y éticamente, que dicho órgano de procuración de justicia inicie la averiguación previa correspondiente”.

Igual que los dirigentes de la OCSS que presentaron la denuncia en octubre, el Prodh plantea: “resulta indispensable que las investigaciones que inicie la PGR sean dirigidas y efectuadas desde una fiscalía ubicada en la ciudad de México, de lo contrario, y como ha sucedido en otras ocasiones, cuando las indagatorias son turnadas a las delegaciones estatales, no se obtendrá ningún tipo de resultado ante la ausencia de imparcialidad e independencia existentes en los fiscales asignados a las entidades federativas, más aún en un estado como Guerrero, en donde la posibilidad de interferencia e influencia por parte de las autoridades estatales y de grupos políticos afines al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, redundaría en que la investigación no tuviera resultado alguno”.

También, como en la denuncia anterior, el Prodh hace referencia a los ofrecimientos del gobierno del presidente Vicente Fox: “El gobierno de Vicente Fox ha manifestado públicamente su disposición de castigar a aquellos agentes estatales que incurran en violaciones a los derechos humanos; en el presente caso, la investigación expedita, independiente y profesional, con el ejercicio de la acción penal en contra de aquellos funcionarios que en mayor o menor medida planearon y ejecutaron la masacre de Aguas Blancas, la debida reparación del daño y el establecimiento de adecuadas medidas de no repetición de los hechos, serían los indicadores mínimos para que lo expresado públicamente tenga un contenido que lo fundamente.

“De lo contrario el caso de Aguas Blancas permanecerá, como hasta la fecha, en total impunidad y con ello incumplidas la recomendaciones formuladas por la CIDH al Estado mexicano”.

En el boletín, hace referencia a la masacre del 28 de junio de 1995: “Varias personas, en su mayoría miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), a bordo de dos camionetas, se dirigían a Atoyac de Alvarez, Guerrero con el objetivo de manifestarse por la desaparición de un compañero y para exigir el cumplimiento por parte del gobierno estatal, de la entrega de diversos insumos agrícolas. Al llegar al vado de Aguas Blancas, miembros de la Policía Motorizada, Policía Judicial y Seguridad Pública del Estado de Guerrero los interceptaron, y sin que mediara motivo alguno dispararon a mansalva, provocando que 17 campesinos perdieran la vida y más de 25 quedaran heridos, algunos de suma gravedad.

“Los hermanos Clímaco y Simplicio Martínez Reza y Pasito Hernández González fueron de los campesinos privados de la vida el 28 de junio de 1995. Desde ese entonces a sus familias se les ha negado sistemáticamente la justicia. La subordinación a intereses políticos por parte de los órganos encargados de procurar y administrar justicia en el Estado, les llevó encubrir y justificar la masacre”.

Informa que en febrero de 1998, la CIDH emitió una recomendación al gobierno mexicano, en la que plantea que para que se haga justicia se debe continuar la investigación, incluyendo al ex gobernador Rubén Figueroa; al ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; al ex procurador Antonio Alcocer Salazar y al ex director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy, que fueron investigados conforme a la ley.

Plantea el Prodh que a cuatro años de haberse emitido la resolución de la CIDH, los órganos del Estado no han acatado las recomendaciones que de ella emanan.

Señala que “varios de los autores materiales de la masacre han sido absueltos debido a las deficiencias en la integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público del estado de Guerrero; y los altos ex funcionarios del gobierno estatal, o no fueron encontrados responsables al finalizar sus respectivos procesos, o ni siquiera investigados, como fue el caso de Rubén Figueroa”.

Recuerda el caso del director de la Policía Motorizada, que estuvo en prisión seis años: “A pocos días de haberse efectuado la misión de la CIDH para verificar el cumplimiento de sus recomendaciones, el mayor Manuel Moreno, uno de los que encabezaron la masacre, salió en libertad al ser beneficiado por una sentencia absolutoria de amparo”, y califica este hecho como “de desprecio hacia la sociedad mexicana, principalmente hacia los familiares y sobrevivientes de la masacre”.

 

 

 

Las conclusiones de la CIDH sobre la masacre de Aguas Blancas

 

 

El Centro Prodh explica que ante la impunidad y el nulo acceso a la justicia por parte de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas, diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe de febrero de 1998, la CIDH concluyó:

“Se ha demostrado la falta de voluntad hasta la fecha, tanto del Ministerio Público estatal para ejercer las acciones penales respectivas en contra del ex-gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el ex-secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán, el ex-procurador general de Justicia del estado, Antonio Alcocer Salazar, y el ex-director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, así como del Ministerio Público Federal, para ejercer su competencia de atracción, en base a la decisión de la Suprema Corte de Justicia; todo esto, pese al cúmulo indiciario que sindica a estos ex funcionarios del gobierno del estado de Guerrero con presuntas responsabilidades en los hechos ocurridos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995”.

 

La CIDH formuló al Estado mexicano las siguientes recomendaciones:

 

A. Completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 23 de abril de 1996.

B. Ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables.

C. Otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas; y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas  que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los referidos hechos de Aguas Blancas.

* En una reunión de diputados del PRI, Hércor Apreza alineó a los que se inclinaba por los otros dos propuestos en la terna

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Ayer los 25 diputados presentes de la fracción parlamentaria del PRI formalizaron la designación como procurador general de Justicia del ex director general de Comunicación Social del gobierno del estado, Jesús Ramírez Guerrero, mientras que los 12 diputados perredistas abandonaron la sesión, momentos antes de la toma de protesta con un grito de inconformidad: ¡Imposición, imposición!

De nada sirvió la oferta del PRD hecha por su coordinador, Sebastián de la Rosa Peláez, de compartir responsabilidad en la designación del nuevo procurador para dar certidumbre a los guerrerenses de que habrá procuración de justicia, combate a la delincuencia, cero impunidad y abatir la inseguridad pública.

Los priístas, antes de abordar en tribuna la designación de procurador, habían dividido su decisión, y unos estaban a favor del ex delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Acapulco y académico de la UAG, Manuel Amador Saavedra Flores, y de la ex magistrada del Tribunal de la Contencioso Administrativo, Violeta Parra Reynada. Pero se alinearon de último momento con la propuesta del gobernador René Juárez.

El tema del procurador fue el último punto del orden del día de la sesión ordinaria. Antes se aprobó un receso de casi una hora para que la fracción parlamentaria del PRI se reuniera y convencer a quienes no preferían a Jesús Ramírez como procurador.

No le llevó más tiempo a su coordinador parlamentario, Héctor Apreza Patrón, obligarlos a rectificar y hacer valer el mando del gobernador, René Juárez Cisneros. Este había hecho ya renunciar a Jesús Ramírez al cargo de director de Comunicación Social y nombrar en su lugar a Mario Pintos.

Se oponían a Jesús Ramírez Guerrero y preferían a Violeta Parra, las diputadas priístas Rosaura Rodríguez, Generosa Castro, Consuelo Ivancovichi, el diputado Roberto Torres Aguirre; y del PRD, Olga Bazán, por solidaridad de género.

Votarían a favor de Manuel Amador Saavedra, Ernesto Vélez Memije, Mario Moreno Arcos, Saúl Alarcón y Roberto Alvarez. Así lo dio a conocer a El Sur, el perredista Sebastián de la Rosa, a quien se le buscaba para buscar un acuerdo en favor de Manuel Saavedra.

El gobernador mostró su carta fuerte al cargo de procurador, y los diputados del PRI cumplieron. Antes, defendieron la forma de elegir al procurador y refutaron a los perredistas porque en Michoacán y la ciudad de México los gobernadores de su partido designan al procurador, reprochó el diputado priísta Roberto Torres Aguirre.

 

El debate, rechazo y defensa a la propuesta del gobernador

 

El debate comenzó cuando el presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza Patrón, llevó a tribuna el dictamen que sólo firmó él y el diputado del PAN, Angel Pasta Muñúzuri.

En ese dictamen se da por hecho que quienes fueron propuestos en la terna enviada por el gobernador son aptos para ocupar el cargo de procurador, porque además tienen capacidad y solvencia moral. No firmaron el dictamen el perredista Sebastián de la Rosa ni el del PRS, Demetrio Saldívar Gómez.

Así una vez invitados por el diputado Héctor Apreza a aprobar el dictamen, el perredista Sebastián de la Rosa recordó que se estaba en una oportunidad de elegir a la mejor alternativa en la PGJE. También dijo que desde la presentación de la terna expusieron los del PRD su rechazo a la “imposición” del gobernador.

Pero dijo que la designación va más allá de la forma de elegir al procurador, porque está de por medio la relación y credibilidad de la PGJE con la sociedad, aun y cuando el gobernador “les ha negado asumir la procuración de justicia como un asunto de Estado”.

Argumentó que si la designación la hacían sólo los priístas, se caería en lo mismo, luego de que los tres procuradores anteriores nombrados durante el periodo de René Juárez fueron vistos por el PRI en el Congreso local, como los de más capacidad pero que fracasaron como procuradores, “y eso en lugar de mejorarlo lo empeora”.

Anunció su rechazo a Jesús Ramírez Guerrero como procurador y dijo que los perredistas votarían por Manuel Amador Saavedra. Y así lo hicieron.

Del lado del PRD subió a tribuna también Misael Medrano para criticar el formato de designación de procurador y se refirió a Jesús Ramírez como falto de experiencia porque soólo una vez ha estado en la PGJE, en el cargo de agente del Ministerio Público en su natal Chilapa. Destacó la experiencia de Manuel Amador Saavedra que desde 1979 ha trabajado en la PGJE y pidió votar a su favor.

Demetrio Saldívar del PRS, dijo que el dictamen no debió presentarse debido a que no fue firmado por la mayoría de los diputados miembros de la Comisión de Gobierno.

Para defender las propuesta del gobernador, el priísta Ernesto Sandoval Cervantes se refirió a Sebastián de la Rosa como falto de responsabilidad por no cumplir con su trabajo en la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos y no aprobar la reforma a la ley para designar al procurador, porque decidió irse a campaña.

Juan Salgado reprochó a los perredistas que en los estados donde gobierna el PRD como Michoacán y el DF, sus gobernadores siguen nombrando al procurador, aunque acentúo que en este último lugar el presidente Vicente Fox es quien lo ratifica.

Roberto Torres, en su argumentación que causó la risa de todos, defendió el dictamen que fue firmado sólo por el PAN y el PRI, y dijo que el voto del diputado Héctor Apreza vale más que el del PRD y el del PRS, por tener el resplado de 30 diputados y que por eso, aunque hayan firmado sólo dos diputados de cuatro, por la mayoría del PRI era válido.

Se vino la votación del dictamen donde se reconoce a los integrantes contar con los requisitos para ser procurador. Aquí el PRD se abstuvo luego de que propuso regresar la terna al gobernador para que hiciera una nueva propuesta. El PRI, PRS y el PAN lo aprobaron.

Luego en la votación nominal, los 12 diputados del PRD más el voto del panista y el otro del PRS, sumaron 14 votos a favor de Manuel Saavedra Flores, mientras que los 25 diputados presentes votaron a favor de Jesús Ramírez Guerrero.

Entonces el presidente de la Mesa Directiva por el mes de abril, el diputado priísta Abel Echeverría Pineda, comisionó a las diputadas mujeres del PRI, Rosaura Rodríguez, Consuelo Ivancovichi y Generosa Castro Andraca para llevar al recinto a Jesús Ramírez Guerrero para la toma de protesta.

Justo cuando Abel Echeverría se disponía a iniciar el protocolo de toma de protesta, se le adelantaron los perredistas, quienes protestaron por la votación, se pararon de sus lugares y abandonaron el recinto lanzando la consigna: ¡Imposición, imposición!

 

No fue una imposición, es voluntad del Congreso: Ramírez Guerrero

 

Luego de la toma de protesta, acosado por los reporteros, Jesús Ramírez, ya procurador, respondió a los interrogantes.

–¿Se consumó la imposición como lo califica el PRD?– se le preguntó.

–Creo que lo que se consumó es la voluntad de un Congreso soberano.

–¿No inicia deslegitimado para asumir el cargo de procurador?

–De ninguna manera. Es el Congreso quien determina y así lo determinó; trataremos de cumplir todo apegado a derecho.

–¿Sus compañeros de la terna, irán a las subprocuradurías?

–Habrá que verlo.

* Acapulco, después de Tijuana, Baja California y Cancún ocupa el tercer lugar en esos ilícitos * En Guerrero, los mayores índices están en Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Por unanimidad, el Congreso local aprobó reformas y adiciones al Código de Procedimientos Penales de Guerrero en el que se tipifica la pornografía y prostitución sexual de menores, y despojo como delitos graves.

El dictamen señala que al que cometa el delito de pornografía y prostitución sexual infantil se le impondrán de siete a 12 años de cárcel y de mil a dos mil días de multa.

Y en los casos de aquella persona o funcionario o a través de terceros que financie, dirija administre y supervise estas actividades ilícitas, se hará acreedor de 9 a 14 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 300 días de multa.

El Código de Protección al Menor establece solamente sanciones administrativas a las personas que incurran en esta irregularidad.

En la fundamentación del dictamen que fue presentado ante el pleno del Congreso, se señala que en Guerrero el índice de este delito es alto y por ello es necesario establecer esta penalidad para evitar que gente sin escrúpulos siga ultrajando a los menores en su integridad, les roben su inocencia y también sus ilusiones, causándoles daños físicos y psicológicos irreparables.

Son las ciudades de Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo donde llevan el más alto índice de este ilícito en todo el estado. Y a nivel nacional, Acapulco, después de la ciudades de Tijuana, Baja California y  Cancún, Quintana Roo, ocupa el tercer lugar en índices de prostitución y pornografía infantil.

De igual manera, la misma legislación establece que se sancionara con de siete a 12 años de cárcel a las personas que cometan prostitución de menores e incapaces, y que a cambio de retribución económica, en especie o de cualquier índole, tenga relaciones sexuales con persona menor de 18 años de edad.

En la misma iniciativa de reformas y adiciones al Código de Procedimientos Penales se establece el despojo como delito grave y su aplicación será de siete a 18 años de prisión a la persona que cometa este ilícito.

Y en un mensaje para los dirigentes sociales que realizan invasiones de terrenos, la nueva legislación señala que a quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos o rústicos y se acredite su reincidencia en otras causas penales, se les aplicará de 15 a 30 años de cárcel.

En la fundamentación del dictamen aprobado, se señala que es en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco de Alarcón donde se registra el mayor número de este tipo de ilícitos, y que por ello es “necesario poner freno a las personas que se dedican a invadir predios e inmuebles con fines de lucro”.