* El fideicomiso empieza funciones con un millón 300 mil pesos recabados durante enero y febrero * Héctor Pérez, Luis Peimbert, David Abarca, Marco Cardoso, Sergio Salmerón, José Cedano y Alfonso Salcedo integran el comité

Raquel Santiago * Para el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, el compromiso del nuevo comité del Fideicomiso Proturismo –que comenzará funciones con un millón 300 mil pesos– es mejorar la promoción nacional y extranjera de Acapulco, porque la OCVA hasta ha tenido deficiencias, por lo que propuso también su reestructuración.

Ayer en la inauguración de las flamantes instalaciones de la Dirección de Turismo Municipal (DTM), donde también sesionará el nuevo comité administrativo, se dieron cita algunos turisteros.

El fideicomiso empieza funciones con un fondo de un millón 300 mil pesos recabados por el impuesto proturismo durante enero y febrero.

Los integrantes del comité son el ex director de la OCVA, Luis Peimbert; el presidente del Comité de Cruceros, David Abarca Rodríguez; el gerente de la agencia de viajes Turismo Caleta, Marco Antonio Cardoso; el gerente general del hotel Playa Suite, Sergio Salmerón Manzanares; el ex director de Promoción Nacional de la Sefotur, José Cedano Galera; el gerente general del hotel Malibú, Héctor Pérez, y el presidente de la Canirac, Alfonso Salcedo Cobos.

Entrevistado al término del acto, Torreblanca Galindo dijo que el compromiso del comité es “hacer mejor las cosas”, porque la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA) “puso su parte pero faltó”.

Con esta apreciación, el alcalde sugirió que la OCVA “se debe reestructurar” y reforzar la participación de los particulares. Recordó que el ayuntamiento no era tomado en cuenta en las decisiones de la promoción. Esta omisión, dijo, era un problema de actitud y decisión.

Agregó que el presidente municipal “no puede ser convidado de piedra en la promoción turística, porque somos los generadores del impuesto y nos toca administrarlo”, además de que el fideicomiso “es un instrumento para hacer política turística, y lo vamos a ampliar de manera conjunta con el gobierno federal y estatal”.

Después el alcalde dijo que la constitución del comité es una respuesta a los que se oponen a la creación del Fideicomiso, como el presidente de la AHETA, Rafael García-Pimentel Caraza. Torreblanca Galindo en su discurso reiteró que el fideicomiso no fue integrado de manera unilateral “ni caprichosa” por la administración, sino para rescatar al puerto como lugar turístico.

El alcalde precisó que es necesaria una promoción agresiva, y las instituciones deben cumplir con sus propósitos porque “no puede haber enclaves de la federación y el estado en las organizaciones autónomas”.

Reiteró que también podrán participar las personas que lo deseen, porque los consejeros “no son un grupo de amigos ni invitados especiales”.

Como invitados de honor acudieron la titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Guadalupe Gómez Maganda, además de Jesús Radilla, asistente del director general de la OCVA, Carlos Velázquez Cerda.

Entre los turisteros asistentes hubo optimismo sobre el nuevo fideicomiso.

 Descendió casi 16 puntos la ocupación y se ubicó en 70.8 por ciento: Sefotur

 Jeanette Leyva Reus * Este lunes la ocupación hotelera tuvo descendió 15.8 puntos y se ubicó en 70.8 por ciento, según datos de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) del gobierno del estado.

Por su parte, la Dirección de Turismo Municipal informó que el índice se ubicó en 70.1 por ciento.

También, de acuerdo con el reporte de la dependencia estatal, en relación con la ocupación alcanzada el año pasado, ayer hubo un descenso de 4.8 por ciento en todo el destino.

La ocupación hotelera por zona fue: para el Acapulco Diamante, 54.1 por ciento; para el Dorado, 80.6 por ciento, y para la zona Náutica o Tradicional, 50.3 por ciento.

En cuanto a la ocupación generada en el Triángulo del Sol, la Sefotur reportó 72.1 por ciento.

De acuerdo con el informe Ixtapa-Zihuatanejo elevó su ocupación en comparación con el año pasado, al registrar Ixtapa 82.6 por ciento y Zihuatanejo 73.3 por ciento.

Por su parte, la ciudad platera de Taxco tuvo un descenso de 21.3 puntos respecto del domingo, al registrar este lunes 40.1 por ciento de ocupación.

En su informe de ayer, la Dirección de Turismo Municipal indica que 35 mil 399 turistas se hospedan en los hoteles de Acapulco, mientras que en la oferta extrahotelera hay 35 mil 752 visitantes.

Los hoteles de 5 estrellas registraron la ocupación más alta, con 85.9 por ciento. El Presidente, Acapulco Sol y Romano Palace alcanzaron 100 por ciento de ese indicador.

Camino Real y Pierre Marqués, de la zona Diamante, mantuvieron una ocupación de 69.4 y 64.2 por ciento.

En cuanto a la afluencia vehicular, este lunes disminuyó en comparación con el fin de semana, al registrar 7 vehículos de entrada cada minuto por la Autopista de Sol, por 4 de salida; mientras que por la carretera federal México-Acapulco ingresaban 3 unidades por 5 que salían, según el reporte de la Policía Federal de Caminos.

También la PFC informó que en el primer fin de semana de vacaciones de Semana Santa se han reportado nueve accidentes, sin que hasta el momento se tenga el monto total de los daños.

* Unos 40 mil pesos, la inversión, informa boletín

Con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa, la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa (PASP) reforzó su plantilla laboral y el mobiliario –con mil sillas– en las zonas con mayor demanda turística.

En un boletín de prensa, el titular de esta dependencia, Enrique Nava García, informa que se puso en marcha el programa de Empleo Temporal, por el cual se contrataron 30 trabajadores más con los que ahora suman 350 que se encargarán de la limpieza manual de las playas, limpieza marina y del servicio de guardavidas.

Agregó que con el apoyo de 60 miembros de diversas cooperativas de prestadores de servicios acuáticos, que colaboran como salvavidas voluntarios, se mantiene cubierto el litoral de playas de Acapulco, desde Revolcadero hasta Pie de la Cuesta.

Sobre la limpieza de playas y equipamiento, dijo que el organismo trabajará las 24 horas del día durante esta temporada.

Nava García indicó que al comenzar formalmente la Semana Mayor, una de las principales acciones fue colocar mil sillas nuevas en las playas, las cuales fueron adquiridas con recursos propios de la dependencia, equivalentes a 40 mil pesos.

En cuanto al equipamiento, sostuvo que funcionan 12 barredoras marinas y tres tractores habilitados como barredoras mecánicas, en apoyo a las brigadas de barrido manual conformadas por casi 300 empleados de la Promotora.

Informó que con recursos propios equivalentes a 150 mil pesos se adquirió una frecuencia y 25 radios de comunicación privada, a fin de eficientar las acciones de auxilio y de limpieza en las zonas más retiradas.

Con esto, afirmó, se termina con gastos extraordinarios por concepto de renta de equipo de comunicación y se tiene mayor cobertura las labores del organismo.

El funcionario estatal dijo que todo ello tiene como finalidad mostrar las playas como principal producto generador de divisas en Guerrero.

 * Las construcciones han sido vendidas o rentadas, en violación a la Ley de Vivienda Social, explica el asesor de la dependencia, Sabino Carbajal Vargas

 Maricela  Santos * La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno estatal emprendió una investigación para recuperar unas 300 casas para damnificados del huracán Paulina que han sido vendidas o rentadas, violando la Ley de Vivienda Social de la entidad.

Luego de que los mismos beneficiarios hicieran llegar en mayo del año pasado denuncias sobre la irregular asignación de las casas para damnificados, la SDUOP comenzó la revisión de 300 viviendas en Acapulco, de las cuales ya recuperó 20.

Las viviendas recuperadas han sido temporalmente entregadas a depósito a la Coordinación del Programa Emergente de Vivienda, luego de que se comprobó que había las causales de recuperación de las casas estipuladas en la Ley de Vivienda Social y de Fraccionamientos Populares del Estado de Guerrero, por ejemplo que el ocupante tuviera una o más casas al momento de la asignación, la falsedad de declaraciones para obtenerla, su desocupación y la venta o renta sin autorización del organismo.

Así lo informó el asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del gobierno estatal, Sabino Carbajal Vargas en entrevista con El Sur, luego de deslindarse de la denuncia por despojo y posterior venta de una casa para damnificados del huracán Paulina que hizo el 20 de marzo Alfredo Rodríguez Avila durante una conferencia de prensa que ofreció en Chilpancingo.

Observó que la recuperación de esa vivienda ubicada en la unidad habitacional Corett-Sedesol es uno de los 300 procedimientos administrativos que emprendió la SDUOP para recuperar las casas para damnificados que tenían irregularidades, según denuncias de los mismos habitantes de los complejos emergentes que se construyeron por el gobierno estatal o federal tras el paso devastador del huracán Paulina en 1997.

Las construcciones en proceso de revisión se ubican en las unidades Alejo Peralta, Sedesol I y II, y El Quemado, y aseguró que la misma ley da garantías de audiencia a los afectados para que eviten la recuperación de las viviendas “porque el objetivo es que no se pierda el móvil de interés social original con la que estas casas fueron construidas”, explicó Carbajal Vargas.

Explicó que existen excepciones a la venta o renta de las casas de interés social incluidas en la misma ley, como la notificación y oferta previa de venta al gobierno del estado mediante un juez, a fin de garantizar que el comprador sea también una persona de bajos recursos que necesite realmente una casa, pero dijo que de 1997 a la fecha el gobierno estatal no ha recibido ninguna notificación de este tipo, por lo que las transacciones hechas fuera de este margen resultas ilegales.

Señaló que a los compradores de casas para damnificados sólo les queda como recurso la demanda por las vías civil o penal contra el vendedor, y dijo que “tal vez hubo gente que sorprendió la buena fe de los funcionarios en turno o de los servidores públicos que les asignaron las casas, pero esto no quiere decir que el gobierno estatal reconozca que se hayan asignado las casas de manera irregular”.

* Cumplió sesis días la manifestación de la Renacid en la plaza de Chilpancingo * Los antorchistas llegaron ayer a la capital para pedir financiamiento para proyectos productivos, apoyo para casas de estudiantes, electrificación, vivienda, la construcción del Puente de Tlahuapa, y 18 permisos de transporte, informa su líder estatal

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El dirigente estatal de la organización priísta Antorcha Campesina, Raúl Jerónimo Jacinto, rechazó que la dirigencia de su organización, o militantes de ella, hayan presentado alguna denuncia penal en contra de miembros de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (Renacid).

Mientras tanto campesinos que pertenecen a Renacid cumplieron ayer seis días en plantón en la plaza Primer Congreso de Anáhuac en demanda de la libertad de Juan Pérez García de la comunidad de Santa Cruz Lomalapa, municipio de Ahuacuotzingo, acusado del presunto delito de robo por militantes de Antorcha Campesina, según dirigentes de la citada organización.

Entrevistado después de que encabezó una marcha de antorchistas en esta capital para demandar solución a diversas solicitudes que han hecho al gobierno estatal, Jerónimo Jacinto dijo que el campesino Bartolo Franco Tiburcio, vecino de la comunidad de Vista Hermosa, quien presentó la demanda penal en contra de Juan Pérez García “es priísta pero no es antorchista”.

Sin embargo el dirigente de Antorcha Campesina expresó su simpatía por la demanda que presentó el priísta Bartolo Franco Tiburcio, dijo que éste, es propietario del terreno en donde se encuentra el pozo de agua que fue cercado, y que “la gente del PRD, que también pertenece a la Renacid, fue y le destruyó el cercado para volverlo a cercar ellos y apropiarse del manantial”.

Agregó que con ello dejaron sin el agua a Franco Tiburcio, quien fue el que encontró el manantial, y que por ello se vio en la necesidad de presentar la demanda penal por la que ahora está preso Juan Pérez García.

Mientras tanto en un comunicado de prensa, la dirigencia de Antorcha Campesina denuncia que el grupo de perredistas de las comunidades de Santa Cruz Lomalapa y Temalacatzingo en “en lugar de buscar un acuerdo, como en los casos de los demás pozos de agua que sirven a todos, la emprendieron muy a su estilo, como en otras ocasiones en esa región, contra el terreno del señor y por su soberana voluntad, sin buscar un mínimo acuerdo amistoso, despojaron al señor Bartolo de su terreno y lo cercaron ellos poniéndose a declarar a los cuatro vientos que para los priístas no habría ni una gota de agua”.

En su mismo documento la dirigencia de Antorcha Campesina agrega que “por tanto, la demanda interpuesta por la cual hoy Juan Pérez enfrenta un proceso ante las autoridades, es un acto que los mismos perredistas buscaron y en el que la justicia de por sí tiene que actuar, y no un acto de contubernio de autoridades y antorchistas, porque además, el señor demandante Bartolo Franco Tiburcio ni antorchista es”.

Jerónimo Jacinto rechazó asimismo las acusaciones de la dirigencia de Renacid en el sentido de que Antorcha Campesina es un grupo paramilitar que está provocando hechos de violencia en los municipios de Olinalá, Huamuxtitlán y Cualac.

El dirigente antorchista dijo que esas son declaraciones “sensacionalistas” del dirigente de Renacid, Ramos Reyes Guerrero, quien, dijo, “busca hacerse notar porque quiere ser candidato del PRD para presidente municipal de Olinalá”.

Mientras tanto, los integrantes de Renacid continuaron ayer en plantón por sexto día consecutivo en la plaza Primer Congreso de Anáhuac en demanda de la libertad de Juan Pérez García, así como el desistimiento de la acción penal a favor de 29 campesinos más que tienen ordenes de aprehensión en su contra.

Los aproximadamente 100 campesinos de esta organización llegaron el 20 de marzo a esta capital y se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno en donde permanecían ayer sin que hayan recibido respuesta a sus peticiones.

La dirigencia de la organización denunció que son miembros de Antorcha Campesina quienes están promoviendo las demandas penales en contra de los miembros de Renacid, con el apoyo de las autoridades municipales .

Ramos Reyes Guerrero informó que hasta ayer el subsecretario de Gobierno para asuntos políticos, Jesús Vargas Vargas insistía en ofrecerles únicamente el pago de la fianza para lograr la libertad de Juan Pérez García.

 

Las demandas de los antorchistas

 

Mientras los de Renacid permanecían en plantón en un extremo de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, ayer llegó en marcha a la misma plaza un contingente de Antorcha Campesina, encabezado por su dirigente Jerónimo Jacinto, para demandar al gobierno del estado el financiamientos de tres proyectos productivos en la región de la Montaña.

Esos proyectos fueron planteados desde el inicio de la actual administración estatal y según el dirigente antorchista no se han resuelto. Además, demandan a la secretaría de Desarrollo Económico apoyo económico para dos casas de estudiantes en esta capital.

Por otra parte, los antorchistas piden a la secretaría de Desarrollo Social la programación de 15 obras de electrificación, un programa de vivienda para 800 familias, la construcción del Puente de Tlahuapa, municipio de Alcozauca, y a la dirección de Transporte y Vialidad le solicitan la autorización de 18 permisos de transporte para varias comunidades de la región de la Montaña.

Los antorchistas fueron atendidos por funcionarios menores de la subsecretaría de Asuntos Políticos quienes les informaron que el 17 de abril los recibirá el gobernador Rene Juárez Cisneros a quien plantearán de manera directa sus demandas.

* Este miércoles el abogado constitucionalista interpondrá el amparo, informa

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El dirigente del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Efrén Marmolejo Vega confirmó que ayer enviaron al constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, el expediente para interponer el juicio de amparo y con ello impedir por la vía legal la toma de protesta de Nelson Valle López el próximo 6 de Abril.

Explicó que el amparo se podrá dar antes del próximo 6 de abril, “será una prerrogativa del juez declarar la suspensión del acto que pudiera ser la toma de posesión, o bien darle entrada a la demanda y mantener el juicio de fondo, lo que significa que pudiera llevarse más tiempo, pero que no pararía la toma de posesión, de todos modos tendrá 72 horas de plazo para decidirlo”.

Entrevistado vía telefónica explicó que todo el expediente se le entregó a Burgoa Orihuela y dijo: “Esperamos que este miércoles se interponga el juicio de amparo, por lo que seguramente el juez estará recibiendo este documento lo más pronto posible”.

Señaló que la demanda de juicio de amparo se fundamenta en que no hubo observancia y apego la Ley Orgánica de la UAG donde hubo incumplimientos que hacen ilegales los resultados del proceso electoral: “Pedimos la reposición a la observancia de la ley y en consecuencia que se proceda estrictamente en apego a esta”.

Indicó que esto significaría el reinicio del proceso electoral en la universidad y “para ello le entregamos al licenciado Ignacio Burgoa, además de las leyes de la universidad, los alegatos que estuvimos mostrando desde el inicio del proceso, los correspondientes de la Comisión Electoral, y los resolutivos y dictámenes de la Comisión de Garantías”.

Todos estos datos, añadió el ex funcionario universitario, “junto con la legislación les permitió orientar el proyecto; el licenciado Ignacio Burgoa nos confirmó que el juicio de amparo procede, y que solamente se estaban cubriendo algunos aspectos, entre ellos el cómo dejar intocada la autonomía universitaria ante la resolución del juez exigiendo la reposición del proceso electoral”.

Burgoa Oriuela, reiteró, “nos comentó que es totalmente viable y que debe ser encausado ante el juez de distrito aquí en Chilpancingo, por eso estamos trabajando noche y día en esta demanda de juicio de amparo, en la que vamos a salir adelante”.

Por otro lado, Marmolejo Vega confirmó que todas las corrientes políticas del FAUG acordaron que el próximo 6 de abril le tomarán protesta al nuevo rector de la UAG, Rogelio Ortega Martínez: “No sabemos todavía si el acto lo realizaremos en el auditorio de la Rectoría o en el Edificio Docente, para que en los primeros días del regreso de vacaciones se lleven a cabo diversas movilizaciones en contra de la imposición y del fraude electoral”.

Denunció que los grupos de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), pretenden ahora invalidar el proceso de elección de directores, consejeros universitarios y de unidades académicas que se tenía previsto para el mes de mayo del presente año, pero ahora lo quieren trasladar al mes de octubre, pero nosotros nos vamos a oponer a esta medida.

Finalmente, con relación a la postura asumida por el gobernador René Juárez Cisneros, dijo que “en estricto apego a un respeto a la institucionalidad y a la autonomía universitaria, el gobernador tendrá que esperar a que transcurra todo el cause legal universitario en lo que se refiere a la determinación del nuevo rector”.

Si Juárez Cisneros reconociera a Nelson Valle, estaría también incurriendo en un acto de ilegalidad, por eso el Ejecutivo tiene que percatarse de que todas las denuncias que hemos hecho respecto a la ilegalidad en que han transcurrido los hechos en la universidad son o no lo son, de tal forma que le dé confianza para que de manera institucional como gobierno pueda actuar hacia la institución”.

* Han recibido amenazas quienes denunciaron la violación de una mujer me’paa, informa el coordinador Arturo Campos

La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos enviará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al presidente Vicente Fox un documento en el que pide la salida del Ejército de la región indígena, y que se haga justicia contra los militares que violaron a una mujer en Barranca Tecuani, que muy probablemente sean los mismos que el 16 de febrero cometieron una violación en Barranca Bejuco.

El coordinador de la Organización, Arturo Campos Herrera, informó que esta es la petición de 32 comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, y manifestó su desconfianza en que se logre hacer justicia, porque “los militares son el mismo gobierno”, y ellos controlan todo.

Dijo que después de que la Organización denunció ante la CNDH la agresión a Valentina Rosendo Cantú, de Barranca Bejuco, el comandante del agrupamiento militar que se encontraba en esa comunidad, que no quiso dar su nombre, se encontró en Chilpancingo al comisario, Ezequiel Sierra Morales, y le dijo que no iban a proceder las denuncias contra los soldados.

También lo amenazó, cuando le dijo que todo se iba a volver en contra de ellos.

Campos Herrera informó que este lunes le hicieron un examen médico a la indígena violada en Barranca Tecuani, Inés Hernández Ortega, en el Hospital General de Ayutla, donde le asignaron una doctora mujer, como ella lo había pedido, y esperan la entrega del centificado médico.

Sin embargo, Campos Herrera lamentó que el examen médico de la agraviada no se haya hecho dentro de las primeras 72 horas después de los hechos.

Además, señaló que temen que por presiones del Ejército, los exámenes no sean ojetivos, y señaló que tienen conocimiento de que después del caso de Valentina Rosendo Cantú, fueron militares al Hospital General de Ayutla para investigar quién dio la constancia del traumatismo que tenía la joven indígena por los golpes que recibió de los soldados.

Por otra parte, informó que la agraviada en Barranca Bejuco, Valentina Rosendo Cantú, y su esposo, Fidel Bernardino Sierra, no acudirán a declarar este miércoles 27 ante el agente del Ministerio Público Militar, que les envió un citatorio para que se presenten ese día a Chilpancingo.

Dijo que la decisión de no acudir se tomó con el apoyo jurídico de los abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, quienes enviarán un documento a la Procuraduría Gederal de Justicia Militar.

Señaló que la comunidad, las autoridades, la agraviada y su esposo y la Organización Independiente a la que pertenecen, pidieron la intervención de la justicia civil, no militar. Por otra parte, los citados no tienen recursos para viajar a Chilpancingo, y es un verdadero sacrificio el que hacen al bajar caminando durante muchas horas para ir a la ciudad. Además, el agente del Ministerio Público militar ya tiene la declaración completa de Valentina Rosendo Cantú, y su testimonio detallado de los sucesos del 16 de febrero, que el mismo agente del MP militar recabó en el arroyito de Barranca Bejuco el 6 de marzo.

Arturo Campos Herrera dijo que la demanda de la salida del Ejército de las comunidades indígenas y la denuncia de las agresiones cometidas por los soldados del 41 Batallón de Infantería será uno de los temas principales del Congreso de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, el 30 de marzo y 1º de abril.

Informó que siguen llegando denuncias de indígenas por atropellos cometidos por los efectivos del Ejército: “Ayer llegó un compañero, a decir que un soldado le apuntó con el rifle en Barranca Tecuani, sin ningún motivo”. Recordó que después de la violación y el robo en la casa de Inés Hernández Ortega, el viernes 22, el sábado un campesino reportó que los soldados le robaron una bomba aspersora.

“Son frecuentes las denuncias, porque los soldados que están en Yerbasanta van a los pueblos, y no respetan a nuestros compañeros. Por eso vamos a seguir pidiendo la salida de los militares y que se haga justicia, que no queden impunes los crímenes que comete el Ejército contra civiles”, dijo el dirigente.

Reconoció que hay muchos obstáculos para que se pueda hacer justicia, y recordó el boletín de prensa que envió la Secretaría de la Defensa Nacional a los medios de comunicación en la ciudad de México, el 7 de marzo, en el que niegan los hechos denunciados en Barranca Bejuco, dicen que en ese lugar no había tropas, y tratan de acusar a los indígenas que denuncian de dedicarse a sembrar enervantes.

Ese boletín de prensa, dijo, “se hizo para cinfundir a los medios de comunicación, para poner nuestra palabra contra la del Ejército, pero nosotros tenemos muchas pruebas de lo que denunciamos. Los indígenas no denunciamos lo que no es. Para nosotros, en nuestras costumbres indígenas, es muy vergonzoso decir que nuestras compañeras son violadas, y aparte de eso la gente no denuncia porque le tiene miedo al gobierno (al Ejército), pero ahora la gente está despertando”.

* Suspendieron pláticas ayer; las reanudan hoy * Para el secretario del comisariado ejidal, Miguel Fernández Escobar, la oferta de la empresa es “ridícula”

Maricela Santos * El director general de la cadena de cementerios Jardines del Tiempo, Manuel Valenzuela Alvarado, comenzó el mediodía de ayer negociaciones a puerta cerrada en el hotel Fiesta Americana con el comisariado ejidal de La Venta y Barrio Nuevo para que los ejidatarios terminen el bloqueo que empezaron hace 27 días en el panteón.

Pero en la reunión no se llegó a ningún acuerdo porque la empresa ofreció 3 millones de pesos por las seis hectáreas ejidales que ocupa el panteón, a razón de 50 pesos por metro cuadrado, mientras que los ejidatarios exigen los 30 millones 821 mil pesos que estipuló el Tribunal Unitario Agrario en octubre del año pasado.

Las negociaciones con Valenzuela Alvarado, quien se trasladó al puerto desde la ciudad de Torreón, Coahuila, continuarán hoy porque la empresa busca destrabar el conflicto lo antes posible.

En tanto, los ejidatarios, aun con la oscuridad de la noche, convocaron de manera urgente a una asamblea general en las afueras del cementerio para establecer acuerdos respecto a la posición de la empresa, en lo que fue ayer la apertura de las negociaciones con la cadena de panteones.

A las 13:30 horas de ayer empezó la mesa de diálogo en el salón Diamante del hotel Fiesta Americana de Acapulco, donde fungió como testigo del encuentro el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos.

A la junta no asistió el representante del gobierno del estado, Esaú Tapia Abarca ni hubo nadie del gobierno federal, como se había anunciado.

Sí estuvieron un par de asesores legales del ejido y de la empresa, Valenzuela; el director comercial en Acapulco de Jardines del Tiempo, Vicente Ponce de León Castañeda; Ozuna Ponce y el secretario del Consejo de Vigilancia, Zacarías de la Rosa Nambo. Afuera del lugar esperaba el dirigente de la CNC disidente, Evencio Romero Sotelo.

Durante el encuentro, Valenzuela Alvarado pidió de entrada el retiro del bloqueo al panteón.

Luego, de acuerdo a versiones de los asistentes, se negó a reconocer que el predio fuera de propiedad ejidal al argumentar que la empresa cuenta con la propiedad legal, pero dijo que pretenden resolverlo porque el conflicto es desgastante para la empresa.

Tras un receso que hicieron a las 16:00 horas, el empresario ofreció pagar sólo las tres hectáreas que tiene sin criptas ni mausoleos, pues les informó que les han ofrecido un terreno contiguo al panteón a razón de 10 pesos por metro cuadrado.

Ozuna Ponce, en entrevista con El Sur, dijo que los ejidatarios “sólo aceptarán una oferta justa”, y luego, a pregunta expresa, consideró que una oferta justa serían los 30 millones en que valuó las afectaciones el Tribunal Unitario Agrario en un primer dictamen en octubre del año pasado.

Para el secretario del comisariado ejidal, Miguel Fernández Escobar, la oferta de la empresa es “ridícula”.

* Hay 29 aviadores encontrados, entre ellos, el secretario general de la delegación sindical, Alvaro Juárez Radilla, quien fue promotor del voto priísta a favor del ex secretario de Educación, Miguel Mayrén Domínguez, dice Gutiérrez Niño

Ossiel Pacheco * En respuesta a la demanda que maestros de la Zona Escolar 60 hicieron en diciembre pasado para investigar a aviadores, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), pidió a la Contraloría Interna de la SEG, “una investigación exhaustiva” del caso, informó el supervisor Cipriano Gutiérrez Niño.

De acuerdo a documentos que envió el supervisor Gutiérrez Niño al titular de la SEG, Daniel Pano Cruz y al contralor interno, Marco César Peralta Hidalgo, se da cuenta de 29 aviadores encontrados, entre ellos, el secretario general de la delegación sindical, Alvaro Juárez Radilla, quien en las precampañas del PRI fue promotor del voto a favor del ex secretario de Educación, Miguel Mayrén Domínguez.

Gutiérrez Niño informó que dos de los aviadores encontrados en esa zona escolar: Cirilo Gallardo Romero y Francisco Olea Avellaneda, fueron incorporados a laborar en la subcoordinación de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, a cargo del ex secretario de Organización del SNTE en Acapulco, Raúl Vega Astudillo.

Señaló que el conflicto en la Zona 60 de Pie de la Cuesta, con la llegada de Vega Astudillo, “se va a empeorar”, porque éste es “el jefe político de los aviadores”, debido a que Olea Avellaneda, suplente del nuevo subcoordinador, a su paso por la secretaría de Organización del SNTE, “está siendo protegido”.

De acuerdo a dos oficios, se confirma que el titular de la SEG, Pano Cruz y el contralor interno de esta dependencia, Peralta Hidalgo, tienen conocimiento de los aviadores, entre los cuales se encuentra el líder sindical, Juárez Radilla, Olea Avellaneda, Salvador Hernández Martínez, Rogelio Vega Saavedra, Enrique González Barriguete y Rafael Bailón Armenta.

También cita a León Clemente Castro, Juancito Diego Escalante, Mario Hesiquio Sánchez, Adriana Velazco Salmerón, Adán Vargas Gálves, Lizve Vera Villanueva, Fredy Armando Nieves Aguilar, Itzel Quetzali, Julio Mejía, Socorro Reséndiz Lacunza, Dulce María Lima Castillo, Isabel Sánchez Nava, Agripina Carbajal Arizmendi y Arcadio García Castillo.

Asimismo, Emir Morales Pérez, Mireya Oms Jiménez, Gabriel Ramírez Calderón, Vianey Suaso Nava, Cipriano Zúñiga, María de los Angeles Hernández, Edgar Camacho García, Jesús Mota Rendón y Cirilo Gallardo Romero.

El supervisor señaló que el jefe de la Unidad para la Atención de Conflictos Político-Laboral de la SEG, Germán Espíndola León otorgó de manera extemporánea un oficio que acredita que el secretario general, Juárez Radilla, laboró durante dos años como auxiliar técnico de la dependencia a su cargo, a efecto que comprobar ese tiempo que cobró sin laborar.

“Quedo evidenciado que la SEG actúa en contubernio para proteger a los aviadores, supuestamente hay la intención del secretario Daniel Pano de recuperar los espacios que no son utilizados, pero en realidad no hay la disposición de cesar a los aviadores”, criticó.

Calificó al director general de Educación Primaria, Bonifacio García Pastrana, de incongruente y lo acusó de generar la anarquía en la zona al notificar en febrero pasado al entonces subcoordinador Servando Villanueva Perulero que el director Isidro Zúñiga Ramírez coordinara los trabajos técnico–pedagógicos de la Zona 60.

Aseguró que esto rompe con la normatividad vigente de la SEG, debido a que se está desconociendo al supervisor y propició que los directores Miguel Angel Villalba Benítez, Oscebely Galeana Ventura, Eduardo Radilla Vargas, Estanislao Suazo Díaz y Alicio Abad Vargas, que están usurpando funciones dado que llegaron a los cargos “por herencia y amiguismo”.

Por su parte, el maestro cetegista Héctor Moreno de los Reyes informó que una comisión integrada por los maestros de esa zona: Faustina López Méndez, Irma Estela Sánchez Solís y Luz María Fierros Sánchez, el pasado 11 de marzo, acudieron por segunda ocasión a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en la ciudad de México para entregar un expediente con pruebas de los aviadores de esa zona escolar.

Recordó que el caso de la Zona 60 desde diciembre pasado por primera ocasión fue llevado a la dependencia antes mencionada, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la SEP, a la Secodam y a las comisiones de Educación del Congreso de la Unión y de senadores, una vez que, “las autoridades educativas en Guerrero han hecho caso omiso a las denuncias que se han presentado”.

* El dirigente de comerciantes Gustavo Téliz ofreció ayer a los inconformes solicitar al gobierno del estado y al ayuntamiento atenderlos 

Maricela Santos * Empresarios del puerto solicitarán por medio de pancartas que pegarán en sus comercios que el gobierno del estado y el municipal resuelvan urgentemente las exigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a fin de que se disuelva el plantón que desde hace 15 días mantienen 30 de sus integrantes al pie del asta bandera del bulevar Papagayo.

El dirigente y fundador de la Unión de Comerciantes Establecidos del Centro (UCEC), Gustavo Téliz Hernández –quien se identificó como comisionado de los organismos empresariales del puerto–, se reunió a mediodía en el asta bandera con el fundador de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez, y con la treintena de plantonistas.

Allí, tras manifestarles la “solidaridad” del sector empresarial para con sus demandas, llamó al gobierno a no “hacerse pendejo” para atenderlos y evitar que se afecte la imagen turística del puerto.

Téliz Hernández, quien funge también como presidente del Consejo Consultivo para la Imagen Urbana de Acapulco, dijo a Guzmán Martínez y a Luis Olivares Enríquez que la protesta que mantienen afecta la imagen de Acapulco como destino vacacional, pero consideró que sus peticiones son justas.

Los manifestantes de la OCSS y de  la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) piden la reapertura del caso Aguas Blancas y castigo a los culpables, así como libertad para los presos políticos, la aprobación de una Ley de Amnistía y el desistimiento de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, entre otras demandas que difunden con mantas y volantes en un campamento que improvisaron junto al asta bandera, tramo conocido también como ventana ecológica.

Téliz Hernández dijo que los representantes locales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), de la Industria de la Transformación (Canacintra) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ya analizaron el tema y afirmaron que el plantón afecta la imagen de la ciudad.

Por ello, dijo, “Zeferino Torreblanca Galindo debe atender a los demandantes junto con el gobierno del estado”, y darles garantías de solución.

Señaló que el sector empresarial rechaza que las manifestaciones afecten la imagen de Acapulco y que no permitirán que siga el plantón, pero que entiende la posición y la necesidad que tienen los manifestantes de ser escuchados por las autoridades.

En los próximos días, dijo, el sector empresarial colocará una manta en en el punto de la manifestación, así como carteles de apoyo a los campesinos en algunos comercios de la Costera.

Marcelino Ménez Ojeda, de la Alianza Democrática Popular, y Guzmán Martínez, de la OCSS, señalaron que los gobiernos municipal y estatal “le están dando largas” a sus demandas” y que no les han dejado más camino que protestar.

Reiteraron sus peticiones del desistimiento de averiguaciones contra luchadores sociales, freno a la tala de bosques, electrificación de El Coapinolar, en Coyuca de Benítez, y créditos para proyectos productivos en beneficio de la gente de escasos recursos económicos”.

En un documento, el fundador de la OCSS, y el secretario general de la LARSEZ informaron que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, instruyó al cuarto visitador de este organismo, Rodolfo Lara Ponte, para que reciba y dé seguimiento a las peticiones de los manifestantes de ambas organizaciones.

Una comisión de las organizaciones guerrerenses será recibida en la ciudad de México el próximo 28 de marzo, a las 13 horas, debido a que Soberanes Fernández “se vio interesado por el plantón en el asta bandera del parque Papagayo, tomado por distintas organizaciones campesinas de Guerrero”, indican en el escrito.