Sentencia contra las policías comunitarias:

golpe de Estado contra el pueblo

 (Segunda y última parte)

 Los representantes que acudieron el 26 de febrero a la cita del director de Gobernación en Chilpancingo, además del informe que explica y justifica la necesidad de la Policía Comunitaria, entregaron a las autoridades de Guerrero su fundamentación jurídica en los siguientes términos.

Jurídicamente, la ley si nos reconoce tanto en la seguridad e impartición de justicia comunitarias con base en usos y costumbres de los pueblos, así como en otras distintas formas de organización social. Las normas en las cuales nos basamos son:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2, 27, 39, 115, y 133.

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales Constitución Política del Estado de Guerrero, Artículo 10.

Ley orgánica del municipio libre, artículos 115 y otros.

En un apartado III de su documento exponen la forma en que operan las policías comunitarias y los problemas por los que atraviesa sus sistema: tanto la seguridad y justicia comunitarias que ofrecemos los pueblos a la ciudadanía en general carecen de apoyo en recursos económicos y equipo necesario para su mejor funcionamiento. Los integrantes de la Coordinadora y el Comité Ejecutivo prestan un servicio social gratuito en sus funciones, porque es un compromiso (comunitario).

La delincuencia se siente protegida por la no aceptación por el gobierno del (sistema) de seguridad y justicia comunitarias y con ella se integran las (averiguaciones) demandas en contra de los integrantes de la seguridad y justicia comunitarias.

Es un gran sacrificio y desgaste de nuestros pueblos y comunidades, que no ven otra salida para protegerse de la delincuencia. Es una desgracia que combatir la delincuencia de manera eficaz sea considerada ilegalidad.

Ya lo dijo el Agente Titular del Ministerio Público de San Luis Acatlán: la ley protege al delincuente, y no podemos hacer más.

Pero en todo tiempo esta organización indígena ha mantenido informadas a las autoridades de sus acuerdos, ha reportado resultados, ha solicitado y a veces obtenido apoyos y promesas de ellos, han dado aviso al Ejército de algunas operaciones para evitar sorpresas.

Para la entrevista del 21 de febrero, entregaron al Gobierno de Guerrero una larga lista de acciones de coordinación con el Ejército y el propio gobierno, destacando, con el Ejército el 10 de noviembre de 1996, firman un minuta de acuerdos en la comunidad de Horcasitas, Guerrero, con el comandante Jaime Eduardo Castro Ojeda, representante de la Subsecretaria de Protección y Vialidad; el 27 de febrero de 1997 presentan una solicitud de capacitación de las policías comunitarias, al Coronel. Evaristo Chávez M., del 48 Batallón de Infantería y al día siguiente le entregan los datos de esas policías. Los días 4 de mayo, 22 de julio y 12 de agosto de 1998, invitan a una reunión al Coronel Juan Manuel Corona Armenta del 48 Batallón de Infantería y le presentan solicitudes de capacitación para las policías comunitarias. El día 14 de enero del 2000, hacen una invitación al mismo militar para que asista a su asamblea regional, cosa que también hacen con el mayor Luis León Aponte, secretario de Seguridad, de gobierno. En octubre de este año, vuelven a solicitar capacitación a personal del mismo batallón.

En vísperas de los últimos incidentes, el 15 de enero de este año, entregan una lista de las policías comunitarias solicitando impartan otro curso a un representante del General Adelfo Castillo López del mismo Batallón y el siguiente día 21 le reportan un recorrido de la policía por la comunidad de El Rincón. Todos estos reportes y buenas relaciones con el Ejército las hicieron con la conciencia de que estaban ejerciendo un derecho, reconocido de hecho, por el gobierno, con que tuvieron múltiples relaciones y también presentaron un listado de estas:

Relaciones con el gobierno: ya está dicho que para constituir su cuerpo de seguridad pública, según usos y costumbres, invitaron a su asamblea a las autoridades correspondientes, por tres veces sucesivas, sin ser atendidos. Como están seguros de ejercer un derecho, tomaron el acuerdo de instrumentarlo sin la presencia de esas autoridades, y no obstante en todo momento han buscado la coordinación y el buen entendimiento. En la documentación presentada refieren que el 14 de enero de 1997 solicitaron material para la policía al gobierno de Aguirre Rivero a través de sus secretarios de Gobierno y de Seguridad. El propio gobernador entregó armamento y prometió dotarlos de más. En abril de 1999, se giran órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias bajo el mismo esquema de denuncias presentadas por delincuentes aprehendidos y sancionados por las policías comunitarias, acusándolas de las sanciones recibidas como si fueran delitos de particulares. El día 16 de ese mes presentaron al gobernador Juárez Cisneros la solicitud de cancelación de esas órdenes de aprehensión.

En julio del 2000 se volvieron a girar órdenes de aprehensión contra miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades y de las policías comunitarias, se pide al gobernador su cancelación y se tiene una reunión en el Tribunal Superior de Justicia donde se firma una minuta de acuerdos. En octubre se solicita al gobernador apoyo económico y en noviembre se toman acuerdos para coordinarse con la PGJ y la Secretaría de Gobierno, al tiempo que se solicita al presidente del Congreso local su intervención para cancelar las órdenes de aprehensión. El 4 de noviembre de este año, las policías comunitarias, obtienen el reconocimiento público por parte del Cabildo de San Luis Acatlán.

En mayo de 2001 se vuelven a repetir las órdenes de aprehensión, nuevamente se negocia su cancelación y se solicita a Xóchil Gálvez la cancelación definitiva.

En resumen, han sido múltiples las gestiones y solicitudes que ha realizado la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, tanto para ser reconocida su función, como la de defenderse de las reiteradas órdenes de aprehensión emanadas de delincuentes que acuden al Ministerio Público, o que son inducidos por caciques y judiciales para denunciar a su eficiente sistema de procuración de justicia, muchos de ellos sin saber y ni estar de acuerdo con ello, han desistido de las demandas que mañosamente les hacen firmar. Con estos antecendentes, se presentó el último intento gubernamental por liquidar esa institución indígena. Ellos informaron al gobierno y a la opinión pública que: el día 11 de los corrientes aproximadamente a  las 12:50, con lujo de violencia, empujones e insultos y de manera arbitraria violando todos los derechos humanos seis agentes de la Policía Judicial adscritos a la Agencia del Ministerio Público aprehendieron en el interior de nuestras oficinas y sin mostrar orden de aprehensión y/o cateo a Leandro Calleja Natividad, Valentín Laureano Arellano, Efrén Cortés Clemente, Alfonso Bello González y Celestino Bravo Carvajal, quienes hasta el día 10 de febrero fungían como integrantes del Comité de Autoridades Municipales.

El día de sus detención realizaban la entrega formal de las oficinas a los nuevos integrantes del Comité. Su detención ocurrió (según les indicaron después de detenidos) en relación a la causa penal instruida en su contra por el supuesto delito de privación de libertad personal en agravio de Constantina Morán Ramírez y su esposo Silvino Encarnación, vecinos de Yoloxóchil.

Constantina presentó la denuncia en el Ministerio Público porque su esposo se encuentra en proceso de reeducación, en trabajo social a favor de las comunidades, por haber cometido los delitos de intento de homicidio, lesiones y amenazas en agravio de sus propios familiares María Bartola Francisco (Madre), Cecilia Gabino González (Tía), Leobardo, José Luis y Eloy Encarnación Gabino (hermanos), a este individuo se le denunció varias veces antes en el Ayuntamiento y nunca lo detuvieron hasta que la policía comunitaria procedió a detenerlo y se le informó al Ayuntamiento y ahí mismo nos dijo que era sujeto de alta peligrosidad.

El día 12 por la mañana siendo las 11:30 horas concentramos un gran número de personas de diferentes pueblos, 1000 aproximadamente, para exigir
la liberación inmediata y absoluta de los cinco ex comisarios ante la Agencia del Ministerio Público, de manera pacífica y respetuosa, una comisión de ciudadanos solicitó a su titular Felipe Quintero Campos que se presentara ante la asamblea a informar de sus actuaciones a lo cual se negó de manera prepotente y con un rotundo no y arribó un grupo de judiciales a provocar a esa comisión. La asamblea propuso que se les tomara una declaración pública a los detenidos y se ordenara su liberación (pero) el Titular, el secretario de acuerdos y el defensor de oficio acudieron al Cereso a tomar la declaración y aproximadamente a las 15:30 (los detenidos) salieron del reclusorio habiéndoseles decretado la libertad provisional bajo caución.

Los comisionados se presentaron entonces a la asamblea que estaba en espera de los resultados y esta volvió a pedir que el titular del MP y el juez le tomaran una declaración publica a los ex comisarios y de nuevo se negaron y el propio Agente del MP dio inicio a un enfrentamiento al empujar a un ciudadano y provocó un clima de tensión durante 20 0 30 minutos, los agentes de la Policía Judicial comenzaron a cortar cartucho y apuntaron sus rifles R-15 en contra de la gente e incluso hicieron un disparo en el interior del MP, estuvo a punto de generarse un enfrentamiento entre la Policía Comunitaria y la Policía Judicial ya que estos quisieron proteger la huida de los funcionarios, mientras los ciudadanos (la multitud) rodeaban toda la manzana para evitar la fuga.

En ese momento la población civil desarmó a un judicial quitándole un rifle R-15 dejándolo en poder de los comisarios. Cabe sañalar que la Policía Comunitaria en todo momento se mantuvo al margen, pero en ese momento intervinieron para mantener la seguridad y afortunadamente el incidente no pasó a mayores. Esta situación se destrabó aproximadamente a las 18:30 con la presencia del subprocurador de Justicia de la región de Costa Chica, Héctor Justo y el presidente de San Luis Acatlán, C. Abdías Acevedo Rojas con los cuales pudo lograrse una negociación, que se terminó hasta la 1:30 de la madrugada del día siguiente. Se levantó un acta y se determinó citar a los diferentes agraviados para ver si en verdad los detenidos han cometido los delitos. La cita fue para el día 15 de febrero.

Este escrito dado a los medios y a las autoridades termina con sus planeamientos: A) la justicia indígena es competencia de los comisarios que integran las Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, todos ellos electos en asamblea regional de pueblos.b) la seguridad indígena es competencia de la Policía Comunitaria, que también es electa en asamblea regional.

Conociendo estas funciones, el Congreso del Estado de Guerrero insistió en excluir a la Policía Comunitaria de la nueva ley de Seguridad Pública, argumentando que está fuera de la ley. Sin embargo estamos dentro de la ley al aplicar el Convenio 169 de la OIT que el Artículo 133 de nuestra carta magna erige como ley suprema de la nación.

Después de esos acontecimientos, el día 21 de febrero la Secretaría General de Gobierno dirige un citatorio a Bruno y Cirino Plácido Valerio y al Presbitero Mario Campos Hernández, titulándolos como asesores de la Policía Comunitaria, no lo dirige a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Montaña y Costa Chica de Guerrero, como debió hacerlo y señala el día 26 de febrero y el tercer piso del Palacio de Gobierno, en Chilpancingo, para una reunión con el propósito de definir la situación de la Policía Comunitaria. Se dice que deberán acompañarse de los integrantes del Consejo Regional de la Policía Comunitaria.

La coordinadora preparó este amplio informe con la idea sana de entregarlo al gobernador y al Congreso, con la idea de que se buscaría la forma de legalizar y concertar con esos pueblos su sistema de impartición de justicia.

Esperaban cuando menos la asistencia del secretario general de Gobierno pero se encontraron simplemente con el Director de Gobernación quien acompañado de un magistrado les explicaron lo ilegal que era su organización indígena y, en pocas palabras, que estaban violando la ley y que serían desarmados sus cuerpos de seguridad.

El magistrado les entregó sus razonamientos jurídicos por escrito. Días antes el Ejército realizó recorridos por la región, aunque no se atrevió a desarmar a las policías. El pasado sábado 1 de marzo, los pueblos realizaron asambleas para resolver que haría ante la amenaza del gobierno y resolvieron correr el riesgo a ejercer lo que consideran es su derecho. A este sistema de impartición de justicia indígena se sumaron dos municipios más.

Jeanette Leyva Reus * La titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, y el director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA), Carlos Velázquez Cerda, regresan hoy de Miami, Florida, donde participaron en el Seatrade Cruise Shipping Convention, donde expusieron los atractivos de este puerto, el cual el próximo año será sede de ese encuentro.

La convención internacional, que reúne a empresas navieras, se llevó a cabo del 11 al 15 de este mes.

Allí Gómez Maganda y Velázquez Cerda asistieron como invitados, al habérsele otorgado a Acapulco la sede del encuentro para el 2003, que será del 27 al 30 de abril.

Dicha convención atraerá a más de 500 expositores, de destinos turísticos y de empresas navieras, y la finalidad es que los cruceros vuelvan a tener al puerto en su itinerario.

La convención es organizada por la empresa Florida Caribean Cruise Association, la cual tiene entre sus miembros a varios grupos navieros.

Este día, la titular de Sefotur y el director de la OCVA confirmarán la fecha en que se llevará a cabo la convención en el puerto.

* La nueva tecnología servirá para resolver problemas viales, prevé el coordinador de asesores, Humberto Sarmiento * Para la instalación de 16 cámaras de video, el techo financiero es de 2 millones, indica

Nelly Bello * La primera quincena de abril  entrarán en funciones los nuevos semáforos inteligentes instalados en las avenidas costera, Cuauhtémoc, Ruiz Cortines, Bernal Díaz del Castillo y Niños Héroes.

La inversión total para este nuevo sistema de control vehicular fue de 15.2 millones de pesos, y su puesta en funcionamiento constará de tres fases para la instalación o rehabilitación de semáforos, así como la colocación del sistema de cómputo con programas de tráfico y flujo de vehículos en determinadas horas o áreas.

El coordinador de Asesores de la presidencia municipal, Humberto Sarmiento Luebert, quien visitó ciudades que manejan el mismo sistema, explicó que la primera fase del proyecto se aplicó en la Costera, donde el ayuntamiento instaló nuevos semáforos e invirtió 4.2 millones de pesos, y que la segunda fase fue la instalación de 22 controladores en la Costera y 11 en la Cuauhtémoc con un monto de 4 millones de pesos.

Actualmente está la última fase, que consiste en la rehabilitación de 15 semáforos en la Cuauhtémoc, cinco en la Ruiz Cortines, tres en la Bernal Díaz del Castillo y dos más en la calle Niños Héroes, con una inversión de 7 millones de pesos.

El semáforo inteligente opera a partir del programa instalado en la caja de control vial, mismo que es resultado del estudio de aforo vehicular que hizo personal contratado por el ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV).

El estudio lo hicieron jóvenes que se apostaron en cruceros para contar los vehículos que pasaban a determinada hora por la avenida.

Los semáforos instalados en una avenida son guiados por un semáforo maestro que tiene el programa por hora y día, y envía la orden al resto de distribuidores viales por medio de una antena. Cuando se suscite algún incidente que dificulte la circulación, como marcha o accidente, los agentes de Tránsito, por medio de los sistemas de radio que tendrán a partir de hoy, podrán ordenar a la computadora del semáforo maestro la suspensión por un tiempo determinado y después su continuación cuando se solucione el conflicto vial.

Las cámaras forman parte del programa de Seguridad Pública

Sarmiento Luebert vinculó el programa de semaforización y de radiocomunicación con la instalación de 16 cámaras de video en el municipio, pues dijo que sirven para inhibir el delito y controlar mejor el desempeño de los agentes policiacos.

Señaló que el sistema de video y monitoreo forma parte del programa de Seguridad Pública de la administración zeferinista, pero aún está en proceso de realizarse, pues el techo financiero de 2 millones de pesos –a utilizar en el proyecto– debe ser licitado de acuerdo con la Ley de Adquisiciones de bienes.

Informó que ciudades como el DF, Cuernavaca, Aguascalientes y Chilpancingo ya cuentan con sistemas de ese tipo, los que son utilizados para disuadir el delito, contribuir a mejorar la vialidad, vigilar el desempeño de los agentes y prevenir su corrupción.

Cinco de las cámaras serán emplazadas en las entradas y salidas del puerto, y las demás en cruceros de vialidades como Costera, Cuauhtémoc, Ruiz Cortines y Constituyentes, pero los sitios serán definidos cuando se escoja la empresa que las instalará, y no descartó el montaje de más aparatos.

Las imágenes serán recibidas por una o dos personas adiestradas en su manejo, en una central de monitoreo y grabación que estará en la misma oficina donde opera el sistema Vecino Vigilante en la SPV, en una plataforma de software para su manejo y control, por medio de una red de enlace. Pero aún no se decide si ésta será de fibra óptica, de ondas radiomagnéticas, o de una combinación de ambas.

El funcionario zeferinista consideró que la instalación de este tipo de tecnología logrará que el municipio no necesite muchos policías, y los que tenga estén mejor adiestrados y pagados.

Sarmiento Laubert informó que aún no se define el tiempo de vida de las cintas que grabaran las imágenes, pues será hasta que comience operaciones que se determine cuán necesario es guardar las cintas. Adelantó que en un principio el tiempo de duración podría ser una semana en el disco duro de la computadora y un mes en una cinta.

Un crimen en contra de la sociedad

La ejecución que privó de la vida al empresario capitalino Javier Ibáñez es un crimen que afecta al conjunto de la sociedad guerrerense, pues representaba el esfuerzo de este distinguido ciudadano nuestro anhelo y esperanza por vivir en una entidad en donde la seguridad estuviera dada para todos los que aquí habitamos, lo cual desafortunadamente no ha podido proporcionarnos el gobierno estatal, cuya primera responsabilidad es garantizarnos un clima de paz y tranquilidad social, en donde se pueda convivir armónicamente.

El asesinato del señor Ibáñez no es, como dice el subprocurador Barreto, un evento aislado; son, lamentablemente, hechos que sistemáticamente se repiten en todo el territorio guerrerense ante la omisión y, en ocasiones, la participación de los propios cuerpos policíacos, de manera señalada los miembros de la Policía Judicial del Estado.

Las tropelías cometidas por los judiciales en contra de los ciudadanos propiciaron la salida del anterior ocupante de la Procuraduría de Justicia del Estado, Carlos Javier Vega Memije. En su reemplazo llegó el licenciado Rigoberto Pano Arciniega, quien provenía de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pasando de ser titular del Poder Judicial a subordinado del Ejecutivo. Es a partir de este hecho que las cosas no empiezan bien ¿cómo se puede pasar de ser jefe a subordinado sin más? a menos que el tránsito haya sido de una a otra subordinación. Además, por otra parte, se sabe que la salud del procurador Pano no es la mejor para un desempeño tan estresante como el que tiene; tratar con las mafias enquistadas en la Procuraduría de Justicia, como el mismo lo ha reconocido no es precisamente un día de campo.

Si aspiramos a que la persecución del delito sea efectiva y la impunidad empiece a ser desterrada del suelo guerrerense, se debe comenzar por nombrar a un procurador cuyo perfil profesional, honestidad y amor por esta tierra sean las características principales para este quehacer, aunque no sea un amigo cercano del gobernador; y esta es una situación que al Ejecutivo estatal le debe quedar muy clara, lo esencial no es colocar a los amigos en los principales cargos, sino a quienes puedan servir  con pasión y lealtad a la sociedad guerrerense.

De nada sirve que al procurador de Justicia del estado lo nombre el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo, si la mayoría calificada con la cual cuenta el partido del gobernador en el Congreso local hace lo que éste dice. Los ciudadanos esperaríamos que los señores diputados, particularmente los priístas, asumieran sus responsabilidades a plenitud -se olvidarán un poco de sus intereses particulares-, para que se nombrara en la Procuraduría de Justicia a un profesional a la altura de nuestra exigencia de vivir seguros.

La demanda de juicio político en contra del gobernador Juárez que solicitarán al Senado de la República los dirigentes y socios de las organizaciones patronales de la capital del estado es el resultado del hartazgo que tiene la ciudadanía ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad.

No es solamente el asesinato de Don Javier Ibáñez lo que tiene preocupados y molestos a algunos sectores de la sociedad guerrerense, sino también la actitud del Ejecutivo al no atender reclamos sociales; asimismo, la obstaculización a la concreción de la Reforma Electoral para los comicios del 6 de octubre; el incumplimiento de acuerdos para apoyos económicos a los tecnológicos y a los proyectos de investigación; el uso de recursos públicos para elecciones internas de su partido; los problemas políticos irresueltos en algunos municipios; los secuestros atribuidos a los policias judiciales; el origen ilegítimo de su mandato constitucional, resultado de un proceso electoral muy cuestionado entre otros reclamos.

Por eso, sensibles ante estas demandas ciudadanas, se han sumado a la propuesta del juicio político al mandatario estatal, el candidato a la presidencia municipal de Acapulco por Convergencia Democrática, Luis Walton; los perredistas como el exsenador Cuauhtémoc Sandoval y el diputado local Juan García Costilla, quien ofreció llevar el asunto al Congreso local; el abogado del señor Ibáñez, José Ramírez Villalobos.

Tal vez por esto mismo, y siempre atento al acontecer guerrerense, el ciudadano mejor informado de México, el presidente Vicente Fox, no le dirigió la palabra al gobernador René Juárez, durante la comida realizada en este puerto con motivo del octagésimo quinto aniversario de la Concanaco, como lo consigna la crónica de Raquel Santiago  (El Sur, pág. 7, marzo 14, 2002).

Obviamente no todos cuestionan al gobernador Juárez, se cuentan entre sus defensores a los legisladores priístas Astudillo y Vicario, el primero incluso ofreció su respaldo en caso de que el asunto llegue al Senado. No podía ser menos el dirigente estatal priísta, Juan José Castro, quien llamó deshonestos y tendenciosos a los que ven la ingobernabilidad en la entidad.

Los bandos están bien definidos, por un lado los priístas para quienes los problemas de Guerrero sólo existen en la imaginación de los ciudadanos; y, por otro, quienes apreciamos que cada vez más los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza, rezago educativo, desnutrición y prostitución infantil, entre los más lacerantes, continúan en ascenso, ante la incapacidad del gobierno estatal para resolverlos o, al menos, atenuarlos.

Los medios de comunicación nacional, entre otros el periódico Reforma, en su primera plana de este 13 de marzo, la periodista Carmen Aristegui, el noticiero matutino de TV Azteca, han dado cuenta de lo acontecido en nuestro estado, reconociendo la gravedad de la situación que se vive en Guerrero. Aunque algunos reporteros de medios locales, amordazados por el recurso público, descalifiquen a quienes han pedido el juicio político en contra del Ejecutivo Estatal.

Karina Contreras * El director comercial de la empresa  D´vino, importadora de vinos europeos, Sergio Ynurrigarro, manifestó su interés en comercializar mezcal, y calificó el de Guerrero “como unos de los de mejor calidad, si no el mejor”.

Entrevistado al finalizar la cuarta reunión regional de productores y representantes de distribuidores manifestó que la idea de D´vino es impulsar el consumo de mezcal a nivel nacional e internacional. Señaló que ya han empezado a hacer gestiones con asociaciones gubernamentales para “crear viveros y garantizar que si detonamos un bum con el mezcal en el mundo garanticemos la producción”.

Señaló que antes de iniciar cualquier comercialización es necesario que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) inicie la reforestación con estudios “porque antes de crear una demanda hay que crear el abasto”.

Señaló que a nivel internacional están muy interesados en desarrollar la cadena del  mezcal y luego lo calificó al del estado como único. Señaló que el mezcal de Guerrero no le pide nada a nadie. Señaló que el mezcal es de “altísima calidad sólo hay que darle difusión”.

En la reunión realizada en la terraza del hotel Flamingos se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Rural del gobierno estatal, Héctor Manuel Popoca Boone, representantes de los estados que conforman el Consejo Regulador del Mezcal que es Oaxaca, San Luis Potosi, Zacatecas, Guanajuato y Guerrero.

El secretario de Desarrollo Rural, Popoca Boone, dijo en entrevista que el “gobierno ratifica el compromiso con la actividad mezcalera. Es una actividad muy importante del medio rural”.

Se mostró optimista al decir que más temprano que tarde se estará compitiendo con el tequila de Jalisco en cuanto al mercado, nacional e internacional.

Informó que Guerrero se encuentra en el segundo lugar de en la producción de mezcal –el primero lo tiene Oaxaca– pero que en estos tres años que faltan de gobierno se espera dar un gran impulso para estar al mismo lugar que Oaxaca.

Anunció también que a más tardar en un mes y medio se inaugurará una planta destiladora de mezcal en Zihuatanejo con la que se espera contribuir a darle presencia al mezcal guerrerense.

En la reunión de la cadena productiva de agave mezcalero se dieron las resoluciones de las tres mesas de trabajo: Investigación, transferencia de tecnología y fomento productivo; Industrialización, financiamiento y comercialización y Organización de productores.

Alfredo Mondragón * El titular de la agencia central del Ministerio Público (MP), Francisco Díaz Guzmán, consignó ayer al penal al único detenido por el asalto del hospital regional Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por los delitos de robo a mano armada y homicidio calificado en agravio de un vigilante del nosocomio.

Díaz Guzmán consignó ayer a las 12:00 horas a Ricardo González Ordaz, de 38 años de edad, originario del Distrito Federal, detenido cuando se ocultaba bajo un puente de la colonia Progreso.

El detenido rendirá declaración preparatoria hoy (sábado) ante el juez del fuero común en turno.

Al ser trasladado al penal, González Ordaz e insistía en que es inocente. Aseguró que sólo estaba “haciendo deporte con una llanta” bajo el puente del río El Camarón en la calle Chihuahua, cuando fue detenido por agentes de la Policía Preventiva, quienes localizaron un fusil AK-47 cerca de donde él estaba.

Mientras tanto, la policía aún no da con el paradero de los siete prófugos ni del segundo vehículo implicado en el asalto de custodios del Servicio Panamericano de Protección, que obtuvieron un botín de un millón 300 mil pesos.

* En esta primera fase el ayuntamiento invirtió 8 millones 41 mil pesos para una repetidora y 250 radios digitales, informa el vendedor del equipo * Con otros 8 millones se colocarán lectores de huellas digitales y pantallas digitales en las unidades policiacas, indica

 Nelly Bello * El nuevo sistema de radiocomunicación convierte al ayuntamiento de Acapulco en el primero del país y de América Latina en tener un sistema digital de seguridad avalado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El director general de Radiocomunicaciones Universales (RCU), distribuidor certificado de Motorola, Israel González León, informó en entrevista que esta tecnología “es de alta prioridad y máxima seguridad”, pues cuenta con sistemas diseñados especial y específicamente para seguridad pública.

Dijo que las antenas o repetidoras que entregó ayer el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo colocan al puerto al nivel de ciudades como Nueva York, Miami y Chicago, o estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal.

Explicó que este sistema es como el que normalmente usan los policías, pero la diferencia es que en lugar de radios analógicos –que tienen operación limitada– ahora utilizarán radios digitales, que cumplen con los estándares internacionales de seguridad Apco 25, con mayor capacidad de vida y transmisión de datos.

Explicó que incluso con la compra e instalación de un aditamento especial para entrar en contacto con el Global Position Sistem (GPS), los policías podrían por medio de un radio descubrir vehículos robados y huellas digitales de conductores o transeúntes sospechosos.

Dijo que sólo faltaría el pago de otros 8 millones de pesos para colocar lectores de huellas digitales y pantallas digitales en las unidades policiacas, pues el sistema está listo.

Luego de la llamada por medio de los radios digitales, la señal viaja a la repetidora y es enviada al centro de control –instalado en la misma oficina donde opera el programa Vecino Vigilante–, donde el encargado del área coordinará las operaciones.

Dijo que las antenas son como el CPU o el cerebro del sistema, y los radios como tarjetas para que funcione.

Además, agregó, la repetidora será útil para otros programas que utilicen el sistema de radio, como el de semaforización, pues ahí viajarán todos los servicios “para distribuir y tener un control inteligente”.

González León informó que en esta primera fase de la radiocomunicación digital el ayuntamiento invirtió 8 millones 41 mil pesos para la instalación de la repetidora y 250 radios digitales.

Falta una segunda fase, dijo, para la entrega de 400 radios portátiles y móviles para cubrir al total de los policías.

* Paula Garzón estaba comisionada en ese cargo desde 1999 y ha trabajado con todos los contadores de la UAG desde 1975 * Pide al ex rector Marcial Rodríguez que compruebe que ella pasaba información a El Sur * Lamenta la falta de apoyo del líder del STTAISUAG

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Porque votó por Rogelio Ortega en las elecciones del martes, el rector de la  Universidad Autónoma de Guerrero, Florentino Cruz Ramírez, despidió a su secretaria Paula Garzón Guinto, a quien también acusó de haber filtrado la lista con los nombres de 400 trabajadores académicos y administrativos que fueron beneficiados con recategorizaciones y nuevas plazas en plena campaña electoral.

Garzón Guinto, con 26 años de antigüedad en la institución educativa, explicó que ayer por la mañana cuando se presentó a laborar a su centro de trabajo el secretario particular del rector, Angel Carrillo Chora,  le dijo: “Mira Paulita, el rector está muy encabronado de que hayas apoyado a Rogelio (Ortega), y dice que eso es un acto de deslealtad”.

Recordó que llegó invitada como “comisionada con el rector” en 1999, una semana antes de que terminara la huelga de académicos de abril de ese año, y que desde entonces se dedicó “exclusivamente a trabajar incluso en vacaciones y días festivos, sin horario y saliendo en muchas ocasiones a las 2 o 3 de la mañana, y eso lo pueden constatar los directores de todas las escuelas de la UAG, y los mismos universitarios que conocen mi trabajo desde hace 26 años que llegué a la universidad”.

Garzón manifestó que desde los primeros días de febrero empezó a notar un cambio en la actitud de sus compañeros y sus jefes, y a pesar de que “nunca hice propaganda por el doctor Rogelio Ortega, ni asistí a ninguno de sus actos de campaña, de todos modos me empezaron a reprimir, primeramente me quitaron la nómina, luego las libretas de registros de la correspondencia, de los contratos de confianza, las basificaciones”.

Señaló directamente a Carrillo Chora de asumir una actitud represiva. “El me dijo que necesitaba todos los expedientes de los años 2001 y 2002, y a partir de ahí me dejaron de dar trabajo, y me tenían como si fuera un perro apestoso, ni siquiera me dieron por escrito mi destitución como comisionada en el cargo”, reclamó.

La trabajadora universitaria manifestó que nunca durante su estancia en la UAG desde 1975, había tenido un problema de ese tipo “ en el que se me acusara de indiscreción, y si alguien en la universidad conoció de cosas delicadas relacionadas con las finanzas soy yo,  y quienes han sido mis jefes en la Contaduría General desde Efraín Bermúdez Rivera, Alfonso Romero de la O, José Santos Maradiaga Ceceña, Fausto Solís Leyva con quien estuve en tres periodos, Jaime Fernández Vélez, Germán Cerón Silverio, Andrés Jiménez Tapia, y ahora el rector de la UAG Florentino Cruz Ramírez, saben que jamás faltaría a su confianza, y ellos me pueden desmentir si miento”.

Todo mundo sabe, insistió, que cuando se presentan procesos electorales “nunca me he prestado de porrista o que me salga de la oficina en horas de trabajo; pero el problema se presentó cuando el ex rector de la UAG, y me da mucha pena decirlo, Marcial Rodríguez Saldaña, le dijo al licenciado Florentino Cruz que tuviera mucho cuidado conmigo y que sería mejor que me destituyera porque yo estaba filtrando información a la prensa, sobre todo a El Sur, y de eso está de testigo el maestro Saúl López Sollano, secretario privado del rector, quien me pidió que no lo comentara, y así lo hice hasta ahora que me salen con esa acusación”.

En ese sentido exigió al ex rector Rodríguez Saldaña que presente pruebas de que filtró información a los medios de comunicación. “Yo pensé que como egresado de la Universidad Sorbona, de París, Francia, tenía otras cosas más importantes en qué pensar, en lugar de fijarse en una persona tan insignificante como yo, que soy una simple secretaria, pero él le machacó muchas veces al rector de que yo pasaba la información a la prensa”.

Por otro lado, lamentó que el dirigente del STTAISUAG, Nabor Sotelo Ortiz, se haya negado a intervenir ante las autoridades universitarias. “Cuando supo lo que me sucedió se concretó a decir que de todos modos tenía que regresar a mi base, y en eso estoy de acuerdo, pero tan siquiera me hubieran girado un oficio para decirme que ya no necesitaban mis servicios”, dijo del líder sindical que apoyó al candidato Nelson Valle.

Aurelio Peláez  * Hace cuatro años, en Barcelona, un grupo de académicos y funcionarios introdujo en su legislación local lo que se conoce ahora como la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos. Se trata de llevar los principios de la Carta Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 a la vida del ciudadano de la calle, y de que se incorporen a esta las ampliaciones a estos derechos. A cuatro años, cien ciudades han suscrito dicha carta, casi todas europeas, a excepción de una latinoamericana, Porto Alegre, Brasil.

A invitación de Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO, de la UNAM, una delegación de la comunidad de Cataluña, España, estuvo ayer en este puerto para comentar la particularidad de esta Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos.

El encuentro se realizó en el auditorio del Centro Universitario Hipócrates. En esta delegación estuvieron el presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, José María Bandrés; el director de Implementación de la Carta Europea, Ramón Miró, y el secretario de gobierno de la provincia de Barcelona, Joseph Marie Esquerda. Como moderador fungió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, y como comentaristas, la síndica Adela Román Ocampo y la propia Gloria Ramírez. Estuvo el rector de esa institución Moisés Hernández Torres.

En el acto, la síndica Adela Román dijo que a pesar de que el ayuntamiento de Acapulco era un “gobierno de transición”, promoverá la discusión de esta carta en el cabildo, con el fin de valorar la posibilidad de adoptarla.

Bendrés, el ombudsman de Cataluña, afirmó que a pesar de la Declaración de Derechos Humanos y la incorporación de esta en las constituciones de los países, estos ordenamientos no tienen una aplicación práctica, y menos en países de Africa, de Asia y de América Latina. Por ello, está el reto de introducir el concepto de derechos humanos en el ámbito local, en la vida de los ciudadanos.

Explicó que la carta introduce un nuevo concepto de ciudadanía y establece que la ciudad es un espacio que pertenece a todos, y que el respeto a los derechos humanos es uno de los derechos principales.

El ombudsman de Cataluña sostuvo que la carta busca crear un espacio de convivencia entre los ciudadanos, y sobre todo que a partir de esta se pase de una democracia representativa, a una democracia participativa, además de buscar un hábitat satisfactorio para los derechos humanos.

Contó que la misma cuenta con mecanismos de prevención y se procura que los derechos humanos sean respetados por los poderes públicos locales.

Joseph Marie Esquerda, secretario general de la provincia de Barcelona, en tanto, señaló que la carta promueve mecanismos de participación política de los ciudadanos, del derecho de información y mecanismos de salvaguarda de sus mismos ordenamientos.

Agregó que además de que se consolidan los derechos de los ciudadanos a participar en las elecciones, se integran mecanismos de participación democrática, con el referéndum, los consejos y las audiencias públicas.

Se reconoce además el derecho del ciudadano a obtener información y cualquier tipo de documentos de las instituciones públicas, y mecanismos legales para hacer valer estos principios. Como medios para la salvaguarda de estos derechos, se encuentran las figuras del ombudsman, el defensor del pueblo, el síndico de agravios y la figura del mediador.

Ramón Miró, el director de Implementación de esta carta, dijo que esta es una referencia a los clásicos de los derechos humanos, pero que la misma da una orientación hacia los ciudadanos.

Destacó en este programa lo que se llama Derecho de Proximidad, que son las diversas vías para que el ciudadano tenga una real posibilidad de participación en la vida de su municipio.

Esta es una garantía que le permite participar y buscar soluciones tanto a problemas vecinales como a los de índole urbana. En el capítulo de urbanismo, se garantiza a los ciudadanos tener una ciudad urbanizada, con el derecho de la racionalidad. “En Barcelona el municipio tiene la obligación de proporcionar al ciudadano los servicios de forma idónea y digna, y en su misma comunidad”.

* La instancia interna solicita apoyo al Comité Ejecutivo Estatal perredista para resguardar la papelería electoral y su distribución

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La tarde de este viernes hubo un intento de robo de boletas de la elección de la dirigencia estatal del PRD, del que se responsabilizó a simpatizantes del candidato a presidente estatal por la corriente de Nueva Izquierda (NI), Sebastián de la Rosa Peláez.

En el momento, los perrredistas que pretendieron llevarse las boletas que serán utilizadas en la elección interna del PRD de este domingo, fueron sorprendidos por integrantes del Comité Auxiliar del Servicio Electoral Estatal (CASE).

De los hechos se levantó un acta de denuncia que fue turnada al Servicio Electoral Nacional (SEN) y a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV).

Como a las 3 de la tarde del viernes simpatizantes del candidato a presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, y del candidato a presidente estatal Sebastián de la Rosa, llegaron al CASE a bordo de una camioneta Suburban azul con placas de Guerrero GZL-3391.

Afuera de la sede estatal del PRD en donde se instaló el CASE, los simpatizantes de Ortega y De la Rosa –conocidos como los chuchos, por su coriente en el ámbito nacional en este partido– estuvieron un hora. A las 4 de la tarde, uno de ellos, Juan Carlos Jiménez Santiago fue sorprendido por la funcionaria del CASE, Rocío Lataban Campos y Juan de Dios Hernández, cuando subían a la camioneta boletas de la elección de presidente estatal, donde su candidato Sebastián de la Rosa ocupa la fórmula número 1.

Minutos después llegó al lugar el representante ante el CASE de la candidatura de Hermilo Mejía Estrada, que también apoya la candidatura de Rosario Robles Berlanga a presidente nacional del PRD, Crescencio Almazán Tolentino.

El felixista Almazán Tolentino pidió al CASE que asumiera medidas de seguridad en la distribución de la paquetería electoral y que se ejerciera acción en contra de los simpatizantes de NI.

Ante la petición, el presidente del CASE, Francisco Javier Vergara Martínez accedió a demandar al Comité Ejecutivo Estatal (CEE) apoyo para resguardar la papelería electoral y su distribución para evitar el robo de boletas, como presuntamente lo pretendieron los simpatizantes del CASE.

Además dio a conocer que levantaría un acta en contra NI, por el robo de boletas. Dio a conocer que sólo resquemaron una de ellas, de la elección para presidente estatal, la número 084934, además de que ya tenía pegada una foto del candidato a presidente nacional del PRD por NI, Jesús Ortega Martínez.

Luego el presidente del CASE, Francisco Javier Vergara hizo un llamado a los candidatos, para que exhorten a la responsabilidad a sus simpatizantes para “no empañar” el proceso interno.