* No hay tales despidos, sólo se van a reconvertir las plazas, asegura la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas 

Alfredo Mondragón * Unos 200 agentes de Tránsito municipal, encabezados por el líder del Sindicato de Policías, José Alberto Solís Franco, efectuaron ayer una “suspensión provisional de labores” durante una hora, en protesta por el “despido injustificado” de 18 trabajadores administrativos y operativos de la dependencia.

Tras dialogar una comisión de cinco “líderes sindicales” con la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, durante una hora y a puerta cerrada , Solís Franco informó a sus seguidores que “quedaron sin efecto las suspensiones de los compañeros”.

Sin embargo, en entrevista, Nava Rojas aseguró que “no hay tales despidos; la suspensión se trata de una propuesta de reconversión de plazas”, de transferir personal del área administrativa al departamento operativo debido a que la dependencia necesita más gente que vigile las calles.

Los agentes aseguran estar inconformes por el nombramiento de nuevo subdirector operativo de Tránsito, Pablo Arreola Cabañas.

Además pidieron permiso para portar armas, solicitaron uniformes y equipo de radiocomunicación portátil, pero sus dirigentes sindicales dicen que sólo solicitan la restitución de sus 18 compañeros suspendidos.

Los agentes prosindicalistas, mediante un pliego petitorio que no dieron a conocer a los medios informativos, exigen el cambio del recién nombrado subdirector operativo de Tránsito, Pablo Arreola Cabañas, debido a que “proviene de las filas de la Policía Preventiva y pedimos que se seleccione gente de nuestras filas porque éste desconoce de los problemas viales”.

Los agentes también solicitan “un banco de armas” porque carecen de permiso para portarlas y en ocasiones han enfrentado desarmados a delincuentes, aunque reconocieron que no han sufrido bajas por esta situación.

Aseguraron que el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo entregó una dotación de pistolas hace un mes.

También reclaman la entrega de uniformes cada seis meses, como se había comprometido el alcalde, debido a que “desde hace un año no los han dado a pesar de que en la bodega hay uniformes completos”.

Otra exigencia es equipo de radio comunicación portátil, pues, afirman, sólo les entregaron radios para las patrullas.

El pasado viernes, los 18 trabajadores administrativos y operativos de la SPV recibieron un oficio del subsecretario de Finanzas del ayuntamiento, José Luis Zuzarregui Soberanis, en el que los citaba a las 4 de la tarde en su oficina, donde les notificó que entregaba un cheque por ocho mil pesos de “retiro” y que tendrían hasta ayer lunes para aceptarlo, lo que motivó la protesta de los agentes prosindicalistas.

Cerca de 200 agentes de Tránsito del turno matutino, al concluir su horario de trabajo a las 14 horas, apoyados de los del turno vespertino que en esos momentos ingresaban, efectuaron una “suspensión provisional de labores”, y amagaron con extender el paro laboral de no obtener respuesta positiva.

Luego de reunirse cinco líderes sindicales a puerta cerrada con Nava Rojas, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Policía y Tránsito, Conexos y Similares, Alberto Solís Franco, informó a los manifestantes que había “quedado sin efecto la suspensión”, y los conminó a mantener la unidad “para que vean que sí se puede”.

La comisión de agentes prosindicalistas estuvo conformada por el comandante Solís Franco; el jefe de Peritos y presidente de la Comisión de Honor y Justicia del sindicato, Guadalupe Daza Velázquez; el secretario general adjunto y comandante José Antonio Pérez Mendoza; el agente de crucero, Blas Salgado Magañón y el coordinador del sindicato, José Villegas Hernández.

Entre los suspendidos están la secretaria del director de Tránsito, María Guadalupe Miranda Beltrán, quien cuenta con 14 años de servicio; la trabajadora de la Coordinación Administrativa, Alma Hilda Herrera Agatón, con cinco años de servicio; Jesús Velázquez Avalos, del Departamento de Infracciones, con cuatro años; Héctor Pérez Ibarra, con dos años de labores en la Jefatura Administrativa y el jefe del Departamento de Grúas, Carlos Andraca Bravo, con un año y seis meses de funciones, entre otros.

En entrevista, luego de notificar a sus compañeros del acuerdo con Nava Rojas, Solís Franco dijo que motivo de la protesta era la baja de 18 empleados, pues les daban ocho mil pesos de retiro y “es ilógico porque en la academia ingresan 80 agentes para los cargos operativos y si hay gente nueva se supone que hay recursos. Es un acto arbitrario porque tenemos el derecho de trabajar dignamente para llevar el pan a nuestros hijos”.

Al preguntarle del resto de las demandas, señaló que la entrega de uniformes se “atrasó porque cambiaron a la persona encargada y porque los pantalones anteriores salieron pésimos; por ello se espera que en los próximos días den el uniforme completo”.

Sobre las armas, afirmó que “los jefes están viendo la licencia colectiva; en diciembre detuvimos a unos robacarros y un compañero sin arma detuvo a un asaltante que hirió una persona”.

Con respecto a la queja por la designación de Pablo Arreola Cabañas como subdirector operativo de Tránsito, Solís Franco indicó que “es una petición que hemos hecho el que nuestra gente ocupe esos cargos porque tienen la capacidad”.

Por su parte, María de los Angeles Nava Rojas, al ser entrevistada por reporteros de televisión, de entrada dijo: “No alcancé a ver ninguna protesta, yo sólo recibí una solicitud de audiencia, los recibí y me vinieron a preguntar qué pasaba en relación a la posibilidad de las suspensión de algunos compañeros”.

Aseguró que “no hay tales despidos, tal suspensión se trata de una propuesta de reconversión de plazas; que algunas áreas donde está muy abultado (transferirlos a otras) para beneficiar otras áreas de la corporación, eso fue todo”, es decir que algunos trabajadores administrativos pasarán al departamento operativo.

Consideró que hubo un mal entendido; “lo de siempre: no hubo comunicación oportuna entre todas las instancias; recibí el aviso el viernes y pensé que teníamos tiempo de platicarlo hoy mismo, pero vinieron muy inquietos a preguntarlos y a que los apoyáramos, pero es dar más agentes operativos, necesitamos más gente en la calle”.

* Denuncian el despido de seis empleados y el propósito de sustituir el objetivo cultural por el comercial * Demandan al gobernador y al Congreso que den apoyo al organismo de radio y televisión * Una comisión entregó el pliego petitorio al coordinador de enlace con las organizaciones sociales, Ezequiel Zúñiga 

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Unos 20 trabajadores de Radio y Televisión de Guerrero (RTG),  acompañados por medio centenar de periodistas de esta capital marcharon ayer para exigir que cese el hostigamiento laboral a los primeros y protestar por el cierre de programas que consideran “democráticos y abiertos a la sociedad”.

Con consignas como “René, entiende, RTG no se vende”, los trabajadores del organismo público descentralizado protestaron, asimismo, porque dijeron que existe un intento de la nueva dirección para comercializar los espacios tanto en radio como en televisión, lo que consideran ilegal porque se trata de un organismo de corte cultural y cuenta con permiso y no con concesión.

La marcha partió a las 12 del día de la Alameda Granados Maldonado y al pasar por la calle Ignacio Ramírez, atrás del Palacio de Gobierno, el contingente bloqueó la calle durante media hora mientras uno de los trabajadores, Patricio Vargas Bello, coordinador de Televisión en Chilpancingo, habló de los motivos de la marcha.

Denunció que los nuevos directivos del organismo, encabezados por Martha Patricia Toscano Suazo, “han venido a hacer despidos injustificados de trabajadores, han venido a violar la creación original por la cual fue hecha la radio pública estatal en el estado y en el país; la cual dice que se debe de llevar cultura a la gente y no comercializar, no vender los espacios”.

Hizo un llamado al gobernador René Juárez y a los diputados del Congreso local “para que fijen sus ojos en RTG, que se den cuenta que RTG existe y que está en espera desde hace muchísimos años de su apoyo, que se fijen en nuestras exigencias y que hagan algo por nosotros”.

Vargas Bello informó que muchos de los trabajadores llevan muchos años cobrando sueldos muy bajos, “somos gente que no tenemos muchas veces ni para darle de comer a nuestras familias. No tenemos ni siquiera despensas de las que el gobierno del estado otorga a todos los demás trabajadores estatales”.

Dijo que si los funcionarios del actual gobierno fueran sensibles no sería necesario que los trabajadores de este organismo salieran a las calles a manifestarse para resolver sus demandas, “pero nos vimos obligados a ello por la falta de atención”.

Durante el mitin atrás del Palacio de Gobierno, los trabajadores de RTG recibieron la solidaridad del dirigente de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Alfredo Ramírez García, de la dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de los Medios de Comunicación del Estado de Guerrero (Sutmeceg), Araceli Zamora Aguilar, y del dirigente del Frente de Periodistas Independientes (Frepi), José Luis González.

Posteriormente continuaron su marcha por varias calles y llegaron frente al Palacio de Gobierno. Más tarde una comisión de trabajadores de RTG fue recibida por el coordinador de enlace con las organizaciones sociales del gobierno del estado, Ezequiel Zúñiga Galeana, a quien le entregó un pliego petitorio.

El documento de 14 puntos y firmado por 30 trabajadores de RTG inconformes pide en primer término que “cese el clima de hostigamiento a los trabajadores que actualmente priva en este organismo por parte de la licenciada Toscana (Martha Patricia Toscana Suazo) quien ha despedido de manera injustificada a seis de nuestros compañeros”. Piden que éstos sean reinstalados con todos sus derechos laborales.

En otro de los puntos, los trabajadores demandan que se respete “cabalmente lo establecido dentro de la Ley Federal de Radio y Televisión no permitiendo la comercialización de espacios, ya que de ser así se puede afectar la fuente laboral de los que dentro de este sistema laboramos”. Requieren además la dotación del material y el equipo necesario para llevar a cabo sus funciones, “ya que actualmente el trabajo se hace con equipo propio y los materiales que se ocupan se compran con recursos propios sin que se nos reembolse ni un solo centavo”.

Demandan, asimismo, que la barra programática de Radio Guerrero Chilpancingo vuelva a contar con espacios y música que ofrezcan una alternativa cultural a los guerrerenses y que se equipen las cabinas de radio como el área de televisión ubicada en esta capital.

Exigen también la retabulación de sueldos, “ya que esto no se ha dado desde hace diez años, lo que ha provocado que nuestros salarios se encuentren muy por debajo de lo que cobran trabajadores de la radio y la televisión privadas”. Demandan además que se hagan efectivos los salarios generales “porque desde el año 2000 no hemos percibido aumento alguno y esto ha generado que tengamos a nuestras familias viviendo dentro de una estrechez económica total”.

Los trabajadores de RTG demandan que sus salarios sean pagados a tiempo, “porque se nos paga hasta con seis días de retraso” y la dotación de despensas que el gobierno entrega al resto de los trabajadores estatales.

Exigen asimismo que se les respeten las funciones para las que fueron contratados y no tareas que no van de acuerdo con la categoría de la plaza del trabajador.

El coordinador de enlace con las organizaciones sociales, Ezequiel Zúñiga Galeana, se comprometió con la comisión de trabajadores a entregar el pliego de demandas al secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, para que las analice y ofreció que el funcionario los reciba en las próximas horas para darles una respuesta.

* La administradora local de Atención al Contribuyente, Herlinda Gónzalez Navarro, dijo no tener información de acuerdo alguno entre la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) y la dependencia para suspender los cierres

Jeanette Leyva Reus * Después de más de dos horas de reunión, representantes del sector empresarial del puerto y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no alcanzaron acuerdos para suspender las clausuras a restaurantes por errores en los comprobantes fiscales.

Por el contrario, los empresarios fueron informados que la dependencia ya integra las demandas penales contra quienes impidieron el cierre de cinco establecimientos, pues la administradora local de Atención al Contribuyente, Herlinda Gónzalez Navarro, dijo no tener información del acuerdo entre la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) y Hacienda para suspender las clausuras hasta en tanto los restauranteros no sean adiestrados en la determinación y el manejo del impuesto suntuario.

A las 9 de la mañana, el presidente de la Canirac, Alfonso Salcedo Cobos, el presidente de los Restauranteros Unidos de Acapulco, Javier Reynada Carbajal, y el representante de los Comerciantes Establecidos del Centro, Gustavo Téliz Hernández, llegaron a las oficinas públicas en espera de ser atendidos.

También asistieron el representante de la Coparmex, Juan José Bajos Valverde, y el dirigente de la Canaco, Alejandro Martínez Sydney, quienes hicieron antesala por media hora para ser recibidos por la funcionaria, con la condición de que no entrarían los medios de comunicación, convocados por los representantes empresariales.

Un asistente de la funcionaria dijo a éstos que “al no tener cita previa, a ver si los recibe la contadora o les enviamos un boletín”, hecho que no ocurrió.

Al final de la reunión, que duró más de dos horas, la administradora local rehusó hacer declaraciones a los medios reunidos, para dar a conocer su versión del encuentro.

Operaciones y demandas, preocupantes: Canirac

“La delegada nos manifestó que van a seguir las clausuras, que no tienen ninguna orden de parte de México. Esto es preocupante porque el viernes se llegó a un acuerdo con la Canirac a nivel nacional, de que se suspendían las clausuras, y ella (Herlinda González) dijo no tener conocimiento de esto”, declaró en tono preocupado el presidente de Canirac, Alfonso Salcedo Cobos.

El dirigente agregó que durante la reunión la administradora local les dijo que los cierres temporales son parte de una operación nacional por errores en los comprobantes fiscales, no por el impuesto suntuario de 5 por ciento.

En entrevista con El Sur la semana pasada, la funcionaria aseguró que las clausuras eran por errores en los comprobantes fiscales y por el desglose inadecuado del referido impuesto.

Este es el segundo acuerdo del que la administración local dice no tener conocimiento. El primero se refería a la simplificación del desglose del impuesto suntuario. Salcedo Cobos indicó que ello es preocupante.

Herlinda González además les informó que respecto a los negocios considerados en rebeldía por la SHCP no sólo se procederá a la clausura correspondiente –que podría ser de 15 días–, sino que el área jurídica de la dependencia ya integra las denuncias penales contra los establecimientos que impidieron que los verificadores fiscales actuaran, lo cual para Alfonso Salcedo “es más preocupante”.

El representante mostró su temor ante la actuación de la dependencia federal, por lo que conminó a sus agremiados a no obstaculizar el trabajo de los funcionarios, “porque ella nos dijo que levantarán demandas penales contra los representantes legales o contra los líderes sindicales que resulten responsables de obstaculizar el trabajo de Hacienda, hecho que dicen ya hacen”.

Agregó: “Es difícil nuestra situación, porque si uno se pone en rebeldía ellos demandarán penalmente, dice que aplican la ley, pero no estamos conformes porque dice que no conoce el arreglo a nivel nacional entre Canirac y Hacienda”.

Añadió que la funcionaria se comprometió a avisarles en cuanto tuviera información de la ciudad de México para suspender las clausuras en los comercios, “porque a ella no le compete detener esto, porque ella no puede hacer nada”.

Hay que prepararse para las revisiones: Canaco

El presidente de Canaco, Alejandro Martínez Sydney, adelantó que los empresarios deben prepararse para las revisiones de Hacienda.

Indicó que no vio ningún cambio radical en la posición de la dependencia; “por eso hay que estar precavidos, porque no es una declaratoria de guerra, pero sí de que hay que estar preparados por una contingencia”.

Previó que “ya van a iniciar averiguaciones previas y eso es peligroso, buscaremos el amparo, ya los juristas de la Cámara de Comercio están preparando los machotes para ver esta situación, pero, sobre todo, nos preocupa la situación penal y hay que tener cuidado, darle un mensaje a todos de que hay que estar alertas”.

La reunión no sirvió de nada: UCEC

El representante de la Unión de Comerciantes Establecidos del Centro, Gustavo Téliz Hernández, en tono molesto declaró que prácticamente la reunión no sirvió de nada “porque no salimos con ninguna solución, sólo se hicieron algunas propuestas”.

Afirmó que la administradora local de Asistencia al Contribuyente les aseguró que las supervisiones continuarán; “no nos garantizaron nada de suspender las clausuras, al parecer la amenaza está vigente de parte de Hacienda”.

Convocó a todos los “comerciantes que se sumen, para hacer un frente y defendernos, porque no hay ningún compromiso serio de parte de ellos de suspender las clausuras, prácticamente fue una advertencia”.

Gustavo Téliz declaró que no están en contra de pagar impuestos, “pero que no nos clausuren, que no nos afecten los negocios, por eso invitamos no sólo a los comerciantes, sino a los ciudadanos, a unirse contra Hacienda, porque no hacen nada contra los ambulantes, con los piratas, los que evaden impuestos; el gobierno federal quiere recaudar recursos y ahí están los que han hecho grandes fraudes; que no quiera sólo con el ciudadano recaudar”.

Criticó a la dependencia federal por la falta de organización en la difusión en sus cursos y talleres; “no tienen poder de convocatoria, ellos tuvieron que clausurar para que nosotros viniéramos y ese no es el camino”

Suspender clausuras: Coparmex

El dirigente en Acapulco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Bajos Valverde, a diferencia de lo declarado por los otros dirigentes, dijo que la relación actual con la SHCP es “de esperanza”.

Entrevistado al final de la reunión, señaló que uno de los acuerdos con la administradora local es que los contadores de las empresas acudan a recibir orientación correcta “de la forma en que deben llevarse las cosas”.

Rechazó que los empresarios estén en contra de cumplir las disposiciones fiscales; “siempre hemos estado dispuestos en cumplir la ley, por lo que lo único que le solicitamos y ellos dijeron que investigarán en los altos mandos, es si la petición que hicimos de suspender momentáneamente las clausuras se podría dar. Estaremos en espera de su respuesta”.

Entre los puntos tratados en la reunión, según Bajos Valverde, estuvo el de las clausuras a los restaurantes. La funcionaria les reiteró que es un programa permanente de verificación de comprobantes fiscales, que no será suspendido.

Bajos Valverde dijo que solicitaron que sean suspendidas las clausuras en tanto los contadores y administradores de los negocios no reciben el curso o los talleres de capacitación, lo cual no fue resuelto por González Navarro.

Acerca de la protesta que harían este día, que consistiría en cerrar por tres horas los negocios, indicó que la decisión será tomada hasta después de recibir la respuesta oficial de la autoridad.

Los contadores tienen la culpa: RUA

Por su parte, el presidente de Restauranteros Unidos de Acapulco (RUA), Javier Reynada Carbajal, indicó que uno de los acuerdos suscritos con Herlinda González es la impartición de talleres y cursos a los empresarios, referidos “a la elaboración de notas y errores en los cheques”.

En la citada plática, González Navarro aseguró no estar facultada para suspender las clausuras o verificaciones, “pero nos dijo que después se comunicaría con nosotros para decirnos si se suspende el cierre de restaurantes, pero las verificaciones sí se seguirán haciendo”.

Javier Reynada excusó a los empresarios que no han participado en los talleres fiscales este año “porque nos confiamos en los contadores, que ellos llevan la información, y resulta que los que nos llevan nunca nos dijeron de los errores de las notas”.

Dijo que “los contadores son los que llevan la información al empresario. Para hacer bien nuestro trabajo, el empresario siempre anda ocupado y se confía todo el tiempo del contador, porque se supone que es la persona en donde recae toda la elaboración de cheques, comandas y el sistema que tenemos de cobros; no hicieron su labor correcta con nosotros, aunque ellos dicen que sí”.

Es por eso que acordaron llevar a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria las notas o facturas para que sean revisadas por los funcionarios y saber si cumplen todos los requisitos, y en su caso corregir los errores.

La postura del sector empresarial –que el pasado viernes adelantó que en caso de no ser atendido haría protestas públicas– en la reunión de ayer fue de “diálogo; ya se habló con la licenciada (Herlinda González) y dijo que está en la mejor disposición de apoyar al empresario, que no se trata de hacer cierre u hostigarnos, nos dijo que en dos días nos tiene la respuesta”.

MAREA ALTA

 * Valdés sigue en el PRI; plan para ganar Acapulco

El multidenunciado líder de vendedores ambulantes Antonio Valdés Andrade no ha salido del PRI.

Eso es lo que nos aseguran nuestros informantes. Todo se debe, nos explican, a la estrategia diseñada para que “a como dé lugar” el PRI recupere Acapulco. Es decir, para que su candidato Ernesto Rodríguez Escalona salga victorioso en lo que los priístas consideran como la revancha.

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En su tercera campaña por la presidencia municipal de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo “no levantaba” a dos meses de la elección de octubre de 1999, según reconocían entonces sus propios colaboradores más cercanos.

La de Rodríguez Escalona era una campaña festiva, vistosa, de contacto muy cercano con la gente en las colonias, donde bailaba con las mujeres al son de pegajosas canciones, con el intenso color rojo por todos lados. Con Zeferino, en cambio, al principio se notaba más solemnidad.

Pero el equipo zeferinista encontró la forma de explotar las debilidades del empresario de la Condesa y solamente con un exitoso spot comenzó a minar la imagen del adversario, buscando poner en entredicho su capacidad. “Ernesto, te reto a un debate”, decía Zeferino a cuadro con aquel criticado fondo blanco y camisa del mismo color.

Luego, los perredistas y frenteciviquistas acordaron enfatizar ante los ciudadanos que entre la planilla de la oposición y la del PRI había un abismo: por un lado, la empresaria conocida por honesta Gloria Sierra y la abogada respetada por independiente Adela Román, y por el otro los cuestionados Jesús Bernal, líder de transportistas, un gremio que no goza de estima social; y Rodolfo Escobar, dirigente de una sección de trabajadores de hoteles.

De ahí, un grupo de jóvenes de universidades privadas representaron sketches anti PRI. Las zetas amarillas avanzaban con rapidez por la ciudad en los medallones de los autos. El tono de la campaña perredista cambió y hasta Zeferino bailó.

A Torreblanca Galindo se sumaban hasta los empresarios que supuestamente firmaron un desplegado en su contra pagado por el gobierno del estado, mientras que a Rodríguez Escalona le organizaban actos encabezados por el ex comisario de El Treinta, Abel Arizmendi Flores y el dirigente de invasores de calles y terrenos, Antonio Valdés.

Un día después de perder la elección del 3 de octubre de 1999, todavía asimilando el resultado adverso, Rodríguez Escalona apareció ante los reporteros. Entonces dijo que sus planes eran “regresar, reorganizarnos y ver dónde fallamos”.

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Toño Valdés no anunció con anticipación su salida del PRI. Por ese hecho el asunto ya parece sospechoso. Dijo que se iba del tricolor en el momento mismo en que encabezaba la asamblea estatal constitutiva de Fuerza Ciudadana, la organización que aspira a convertirse en partido que encabeza el ex perredista Jorge Alcocer Villanueva, quien fue subsecretario de Gobernación a invitación del titular de esa dependencia federal, Francisco Labastida Ochoa, quien eventualmente sería el candidato presidencial del PRI, campaña hasta donde lo siguió Alcocer.

Pues resulta que en realidad, según nos cuentan, todo esto es puritito teatro. Y para ello, Valdés habría recibido la oferta de un millón de pesos, ahora que el “nuevo PRI” no piensa siquiera postularlo para algún cargo. Quinientos mil ahorita y el resto después de la elección del 6 de octubre.

Se trata, dicen los informados, de alejar a Ernesto Rodríguez Escalona de todo lo que lo hizo perder. Incluso –siempre de acuerdo con las versiones– el mismo plan considera mandar al PRD a otra joyita del PRI: a La reina de las banquetas Dalia Serna, a quien le pidieron que por allá de julio o agosto manifestara públicamente su adhesión al que quede como candidato del PRD, aunque nos dicen nuestras fuentes que la dirigente de ambulantes todavía no está muy convencida de aceptar su encomienda.

Pero tanto los valdecistas como los seguidores de Dalia no dejarán de ser ajenos a la campaña de Rodríguez Escalona. La idea es que los golpeadores de Valdés, sin que su líder aparezca, hagan como siempre la talacha de atacar a la oposición, borrando pintas, repartiendo volantes de la guerra sucia que viene contra Zeferino Torreblanca, mientras que los daliasernistas infliltrados en la campaña del PRD, tendrían la misión de destruir cuanta propaganda les encarguen repartir. Y a la hora de la hora, el 6 de octubre estarán obligados a votar por el PRI.

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Casi un mes después de que Valdés dejó el PRI, el gobernador René Juárez mandó al empresario César Bajos Valverde, de la Secretaría de Desarrollo Económico a la campaña de Rodríguez Escalona.

El Brother de la Condesa anunció el pasado miércoles, cuando presentó su plan de proselitismo, que tendrá “ocho meses de campaña”; lanzó el reto de que no quiere uno “sino dos, tres o quince debates”; comenzó sus actividades como virtual candidato del PRI en el Centro de la ciudad, donde Zeferino le ganó, saludando negocio por negocio a comerciantes de la Cuauhtémoc.

En su equipo de campaña se dice además que la planilla que lo acompañará en la elección se formará con presidentes de organismos empresariales y colegios de profesionistas. Chucho Bernal se conformará con ver el asunto de lejitos. El ex comisario de El Treinta, Abel Arizmendi fue asesinado. Y por un millón de pesos –eso se dice– Antonio Valdés Andrade tiene una importante misión que cumplir fuera del PRI.

A Ernesto pues, lo rodearán de otro equipo que venga de la clase media, con el propósito de dejar al PRD con sus dirigentes de invasores, sus taqueros que pelean las banquetas que el alcalde recupera, los disidentes que le bloquean calles y el Palacio Municipal a Zeferino, y que hasta desconocen a sus propios dirigentes partidistas.

¿Será posible que en el PRD se crean aquello de que Rodríguez Escalona es un candidato débil?

¿Acaso los perredistas están tomando en cuenta que de aquí a abril el priísta puede subir las décimas necesarias para empatar a Alberto López Rosas en las encuestas?

¿Qué tendría de malo adelantar la selección de su candidato como lo propuso Félix Salgado, ante un escenario de abierta guerra que los priístas se plantean?

¿Qué no saben que López Rosas puede pronto llegar a su porcentaje más alto y que si Ernesto sube en todo caso el perredista tendería a ir a la baja?

¿Por qué precisamente un día después de que el hijo del Rey Lopitos reunió en el Zócalo de Acapulco a casi siete mil personas, Carlos Alvarez decide en serio buscar la candidatura perredista y solicita licencia en el ayuntamiento?

¿Qué vida institucional de un partido es aquella en la que los militantes pueden deponer a sus dirigentes, ocupar las instalaciones del Comité Municipal y sólo pensar en su beneficio personal valuado en “pesos y centavos” como ellos mismos dicen?

¿Se preparan los priístas para recuperar el ayuntamiento metiéndose hasta la cocina de la administración zeferinista, como ocurrió con el operador electoral del tricolor que ahora es el juez calificador del Departamento de Infracciones de la policía municipal?

¿Y Zeferino lo permite? ¿Se le olvida que precisamente su administración será el principal blanco de ataque de la campaña priísta?

¿De verdad querrá ganar el PRD y mantenerse en el gobierno municipal?

Mientras encontramos respuestas, Toño Valdés sigue en el PRI y Ernesto y su amigo el gobernador vienen con todo.

* El diputado federal espera en un plazo de un mes la creación de un Fideicomiso Agrario del Estado, con aportaciones de 15 millones de pesos de la federación y 5 millones del gobierno del estado

Aurelio Peláez * El diputado federal Félix Castellanos Hernández, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, sostuvo que se requiere de una aportación extraordinaria de los gobiernos federal y estatal por unos 20 millones de pesos, para atender lo que llamó “la problemática de alto riesgo” que se presenta en unas 30 comunidades del estado, por diversos conflictos agrarios sin resolver. Algunos de ellos tienen hasta una década “y existe la posibilidad de enfrentamientos armados”.

En conferencia de prensa, Castellanos Hernández sostuvo que hay una “necesidad imperiosa” de que el estado dé respuesta a estos problemas agrarios”, y dijo confiar que en un plazo de un mes la federación aporte 15 millones de pesos, y el gobierno otros 5, para crear este Fideicomiso Agrario del Estado de Guerrero.

“Yo espero que el gobernador René Juárez Cisneros pueda actuar con responsabilidad y sensatez para atender esos problemas agrarios”, expresó.

Presentó en la conferencia una lista de pueblos con sus conflictos agrarios, así como el concepto y el monto de la inversión. Con los recursos, se integraría un fideicomiso tripartita, en el que participarían la federación, el gobierno estatal y los ejidatarios y los productores.

Castellanos Hernández dijo que estos recursos se entregarían en las asambleas en donde existan esos litigios, y en ello no intervendrían partidos ni diputados. De esta manera, “con estos recursos bien aplicados podremos darle respuesta a unos y a otros”.

Advirtió que lo que presentó ayer es “un primer bloque de núcleos agrarios de alto riesgo”, en donde se necesitan estos recursos en forma urgente.

En la lista aparece el caso de la Barranca de San Cristóbal, en Tlacoachistlahuaca, donde se presenta un litigio de límites con Cuananchinincha, por una superficie de 300 hectáreas. Ahí, se dictó una sentencia a favor de San Cristóbal, y es necesario apoyar al grupo perdedor con un proyecto ganadero por unos 350 mil pesos.

Otro es el caso de Buenavista, en San Luis Acatlán, donde hay un conflicto de límites por la posesión de 325 hectáreas con el ejido de Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc. Ambos núcleos reclaman como suyas las tierras ubicadas entre las mojoneras Cerro Prieto, Cerro Faisán y Encino Prieto. Ahí se propone realizar trabajos topográficos y otorgar apoyo a proyectos agrícolas por unos 530 mil pesos.

Existen otros conflictos de posesión en las comunidades de Pascala del Oro y el Mango de Jicamaltepec, en San Luis Acatlán. Para resolverlos es necesario participar con poco más de 2 millones de pesos.

Otras comunidades en las que es necesario participar con recursos para resolver diversos conflictos agrarios son Santa Teresa, en Iguala; Zintlanapa, en Mochitlán; San Cristóbal y Santa Bárbara, en Chilpancingo, Chacalapa, en San Marcos; Tecoanapa; San Pedro Cuitlapa, en Xochistlahuaca, y Chacalapa, en Igualapa.

Asimismo, Huixtepec y Piedra Labrada, en Ometepec; Barranca de la Concordia, en Ayutla de los Libres; El Refugio, en Olinalá; Xitopontla, en Ahuacuotzingo; Ahuatepec, Tlacuiloya, Cuachimalco y Axoxuca, en Tlapa; San Juan, en Ahuachutzingo; Aquilpa, en Atlamajalcingo; Santa Cruz del Rincón, en Malinaltepec;, Petlacalancingo, en Alcozauca, y Cochoapa, en Metlatónoc.

Para Castellanos Hernández, en el caso de Guerrero, “ojalá (y el gobernador René Juárez) los pudiera aportar antes de que arranquen las precampañas electorales, pues después nos damos cuenta de que se destinan para otra cosa”.

En cuanto al presidente Vicente Fox, “nos ha dicho que tiene mucho interés y yo espero que la secretaria de la Reforma Agraria (María Teresa Herrera Tello) pueda en los próximos días darnos una respuesta positiva”.

Añadió que “le demostramos a la secretaria de la Reforma Agraria, en su pasada visita, que la situación en Guerrero es tan o más complicada que la de Chiapas y por ello es pertinente que la federación voltee los ojos para acá. Por eso en la Cámara nosotros más allá de partidos, logramos incrementos sustanciales al presupuesto de Guerrero y por eso queremos que se apliquen bien”.

* Piden una reunión con el gobernador para proponer un acuerdo de respeto a la Policía Comunitaria

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Autoridades comunitarias de las once microrregiones mixteca, nahua, tlapaneca y amuzga exigieron ayer al gobernador René Juárez Cisneros los 86 millones 900 mil pesos en inversión para obras y desarrollo económico, como lo prometió 14 de septiembre de 2001 en el aniversario del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI). En lugar de ser atendidos, los representantes indígenas fueron contenidos en el acceso principal de Palacio de Gobierno por medio centener de policías antimotines.

Unos 30 comisarios municipales junto con los dirigentes del CG500ARI llegaron por la mañana a esta ciudad para acudir a la secretaría particular del gobernador René Juárez en Palacio de Gobierno, para solicitar una audiencia y presentarle sus peticiones, pero nadie los quiso recibir ni atender.

En lugar de ello fueron recibidos por policías antimotines quienes impidieron el paso a las autoridades mixtecas, nahuas, tlapanecas y amuzgas. Como en Palacio de Gobierno era imposible que fueran atendidos, decidieron trasladarse a la residencia oficial de gobierno estatal, Casa Guerrero. Ahí también, nadie les hizo caso.

El gobernador en ese momento estaba en Acapulco donde el presidente Vicente Fox Quesada realizaría una gira de trabajo.

Los dirigentes del CG500ARI, Cirino Plácido Valerio, Amador Cortés Robledo, Daniel Sánchez Néstor y Roque Nava Calvario entregaron a El Sur copia de la petición que harían al gobernador.

Las autoridades demandan una reunión entre el gobernador y la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Costa Chica-Montaña, que encabezan la Policía Comunitaria que funciona en las comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú, para la firma de un acuerdo de respeto mutuo y coordinación, como lo han hecho con los anteriores gobernadores.

Una de las propuestas de la Coordinadora Regional de Autoridades es que el gobierno estatal se desista de las órdenes de aprehensión liberadas en contra de sus dirigentes.

Para obras sociales requieren recursos por un monto de 55 millones de pesos para las once microregiones que ejecutarán los comités de desarrollo comunitarios.

Del Fondo para Fortalecimiento cultural requieren 5 millones de pesos.

Solicitan al gobierno estatal 5 millones de pesos.

Requieren de un Fondo para la compra de un terreno y la construcción de su oficina por un total de 3 millones. Además de un millón 700 mil para la compra de 11 camionetas 4 por 4 para cada microregión, y para reparar sus vehículos piden 200 mil pesos.

Para la construcción y rehabilitación de 100 viviendas, piden 22 millones de pesos.

El total de la suma requerida como proyectos de inversión y realización de obras es 86 millones 900 mil pesos.

En el documento que entregarían al gobernador las autoridades indígenas dan a conocer su preocupación por la detención “arbitraria” de los ex comisarios municipales en San Luis Acatlán, así como las órdenes de aprehensión que tienen liberadas miembros de la Coordinadora  Regional de Autoridades Indígenas.

Exigen al gobernador un espacio en su agenda para dar a conocer sus problemas generados con la figura de la Policía Comunitaria.

Y agregan en su documento lo siguiente: “Esperamos que usted y su gobierno, tengan sensibilidad política para contribuir a resolver los problemas de nuestras comunidades.

Le reiteran su disposición al diálogo “como instrumento de unidad y cohesión social”, y le dicen al gobernador: “Esperamos que en su gobierno  también exista la misma forma de entender la realidad social y que sea tangible en la práctica”.

Las autoridades indígenas y la dirección del CG500ARI dijeron que se reunirán para acordar un plan de acción para presionar al gobierno estatal a que cumplan.

* Los militares querían saber también sobre 20 armas de fuego que Angel Aguirre entregó durante su gestión como gobernador, de las cuales dos están ya inservibles, informó Meandro Castro, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas

Karina Contreras * Efectivos del 48 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano llegaron a las instlaciones de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de La Montaña y Costa Chica, en San Luis Acatlán, ayer al medio día, para presentarse y para saber sobre las armas que les entregó el ex gobernador Angel Aguirre Rivero, quién participa en la Policía Comunitaria y cómo hacen justicia.

Entrevistado vía telefónica, el miembro de la Coordinadora, Meandro Castro Marión, dijo que como a las 11:30 de la mañana llegó un mensajero del capitán del 48 Batallón, quien no dio su nombre, y avisó a los representantes de las autoridades indígenas que ahí se encontraban que en menos de media hora estaría el militar en las oficinas para tratar algunos asuntos.

Meandro Marión explicó que las armas a las que se refirieron los militares son las 20 que les entregó el gobernador Angel Aguirre en su periodo. Manifestó que de esas “sólo 18 sirven, las otras dos ya están inservibles”.

 

A las doce del día llegaron a San Luis Acatlan  el capitán del 48 Batallón  acompañado de dos camionetas militares y se estacionaron frente a la Coordinadora, al inmueble entraron solo el capitán y un cabo quienes se reunieron con Meandro Castro, el comisario del Chapulín Chocolate, Crisóforo Galindo González y parte del comité directivo.

Castro Maríon señaló que el Ejército llegó de manera pacífica y el capitán les dijo que “él era nuevo en el cargo y que por eso se presentaba ante ellos. Señaló que les pidió una lista del armamento con el que cuenta la Policía Comunitaria, una relación de los que la conforman y cual es su método de justicia”. El miembro de la Coordinadora descartó que sea  un acto de intimidación por parte de el Ejército.

Agregó que tal vez en próximos días bajaran los miembros de la Policía Comunitaria de las comunidades para que  presenten sus armas al Ejército “no las vamos a entregar solo pasaremos revisión”.

* Sale la nave a un viaje de instrucción de nueve meses con 250 tripulantes * Asisten a la ceremonia el gobernador René Juárez Cisneros, el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, y los secretario de Marina y Defensa Nacional, Marco Antonio Peyrot González y Ricardo Clemente Vega García

Raquel Santiago * Antes de que el buque-escuela Cuauhtémoc zarpara con destino a Balboa, Panamá, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, aseguró que se combate “con éxito” el narcotráfico, el contrabando de mercancías y la pesca ilícita, por lo cual reconoció la tarea de la Secretaría de Marina.

El primer mandatario llegó acompañado al muelle de la Base Naval –custodiado por un estricto dispositivo de seguridad– por el gobernador René Juárez Cisneros; el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo; el secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García.

En su discurso, tras un recorrido de 20 minutos por el buque-escuela, aseguró que gracias a la participación de la Secretaría de Marina se combate “con éxito” el narcotráfico, el contrabando de mercancías y la pesca ilícita, con lo que “se han cerrado los espacios a las organizaciones criminales en nuestro mar territorial”.

Fox Quesada mencionó que en los desastres naturales del año pasado los “soldados del mar” llevaron víveres, hicieron tareas de reconstrucción y dieron atención médica a 132 comunidades afectadas por lluvias, granizadas e inundaciones.

Ante más de 100 familiares y amigos de la tripulación, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas dijo que también gracias a las fuerzas navales las aguas mexicanas son un medio confiable de contacto con otras naciones, así como una vía de comunicación de uso intensivo entre muchas regiones costeras del país.

Mencionó su labor de salvaguardar el equilibrio ecológico de ríos, lagos, lagunas y océanos, necesaria para preservar los recursos acuáticos y proteger los yacimientos petroleros del país.

Así, Vicente Fox resumió que el área resguardada son más de tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, 11 mil kilómetros de costas y 200 millas náuticas de mar patrimonial.

Por ello, resaltó que su gobierno tiene el firme propósito de formar y capacitar permanentemente a “todas y todos los miembros de nuestra Marina”, para lo cual aseguró que miles de jóvenes estudian o se especializan en las escuelas navales del país, con el objetivo de “forjar fuerzas navales cada vez mejor preparadas”.

Fox dijo sentir “hasta envidia” de los tripulantes del buque, les deseó un buen viaje y aseguró que los 250 viajeros pondrán el nombre de México en un sitio honroso durante los nueve meses de su periplo por el mundo.

Por su parte, el capitán de navío Alfredo Lázaro Ortega Jaramillo solicitó la autorización del secretario de Marina para zarpar, luego de señalar que el crucero de instrucción Circunvalación 2002 es en México el primero del nuevo siglo y del “gobierno del cambio”.

Agradeció la presencia del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, al mencionar que “por primera vez en la historia del buque, un primer mandatario del país acude a una ceremonia de zarpe”.

Ortega Jaramillo aseguró que el Cuautémoc, también conocido como Caballero de los Mares, dispone de recursos materiales y humanos para desarrollar una exitosa travesía de instrucción, y confirmar que en el país “existe una gran cultura marítima”.

Reiteró el compromiso de la tripulación de dejar una positiva imagen de México en los doce puertos a visitar.

Después de la ceremonia, Vicente Fox presenció el zarpe del buque-escuela a bordo de la embarcación Justo Sierra. Allí, los reporteros fueron aislados del primer mandatario y del resto de las autoridades por marinos y personal del Estado Mayor Presidencial, que impidieron el paso a los representantes de los medios de información local y nacional.

Cuando finalizó el acto y tras bajar los reporteros, Vicente Fox, acompañado por la comitiva y resguardado por elementos de seguridad y decenas de marinos, sólo dijo que “todo (anda) muy bien”, además de que hay acuerdos con el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo estar “listo para trabajar”. Dio terminada la breve entrevista con “nada más”.

La diplomacia mexicana

Más allá de gustos sobre estilos y personalidades que llenaron el ámbito periodístico el primer año de gobierno, debemos entender que sí ha habido cambios y cuáles han sido. En un mundo intercomunicado es necesario entender que las relaciones diplomáticas tienen también que ajustarse a la nueva realidad global, que hay valores que predominan en un mundo global.

En este primer año se pueden observar dos tendencias muy claras que se han establecido como “el estilo personal de gobernar”, como dijera don Daniel Cosío Villegas. Una de ellas  es la de hacer presencia, subirse  al foro, participar, hacer ruido, en otras palabras hacerse sentir. Por otro lado el gobierno ha mostrado una mayor aceptación a los organismos internacionales y se han tomado medidas para mostrar esta característica del nuevo gobierno.

Ha habido una mayor actividad para mostrarse al mundo. La campaña diplomática para lograr los votos necesarios para llegar al Consejo de Seguridad de la ONU, la llegada de nuestro país a ese organismo, la cumbre de Monterrey y las múltiples giras al extranjero son muestras de estas tendencias. En parte gracias a esta política se ha logrado que la posición acordada a México por los órganos evaluadores haya mejorado y no se contaminara el ambiente con el “efecto Argentina”.

En cuanto a los organismos internacionales, se ha mostrado una mayor permeabilidad a sus observadores. En relación a los derechos humanos se liberó a los campesinos ecologistas, a los pescadores y ahora, el caso más notorio, el del general Gallardo. A este gobierno se le  puede definir como uno que tiene una mayor sensibilidad a las opiniones de los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales.

De hecho hay un cambio de actitud y de práctica de fondo. Si se revisan los casos en que ha habido observaciones al gobierno mexicano de estos organismos en el último cuarto de siglo, podemos ver que se utilizaba el concepto de buscar la forma de no afrontar los casos. Se buscaba encontrar algún paso no dado en el trámite nacional para responder que no se había cumplido con el proceso del país y que todavía había recursos legales que interponer, que  por lo tanto no se aceptaba la observación. El fondo era hacer tan engorroso y largo el proceso para desanimar a los mexicanos a utilizar la vías internacionales.

Aquí cabe una explicación, el gobierno mexicano firmó, y fue aprobado por el Senado de la República, el Protocolo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no firmó el Protocolo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hoy tiene su sede en San José, Costa Rica. Esto quiere decir que la Comisión solamente puede hacer recomendaciones, pero éstas no son de atención obligatoria. Si hubiera sido vía la Corte, sus resultados serían inapelables. Esta ambigüedad que viene desde la creación de estos organismos pienso que debe terminar. ¿Por qué no firmar el Protocolo de la Corte y aceptar sus decisiones?

En este sentido se han dado los primeros pasos, se han rectificado omisiones de otros gobiernos, pero esto no es suficiente. Pienso que el aceptar a la Corte y someterse a su arbitraje sería el paso definitivo y tanto el pueblo de México como las organizaciones no gubernamentales lo aplaudirían.

En los casos recientes hemos visto un híbrido, se acepta a medias la intervención de los organismos y luego se negocia internamente. Es una mezcla de buenas intenciones con los métodos del pasado. Arreglar las cosas tras bambalinas para que nadie pierda prestancia, como el caso del general Gallardo con el ejército, con la idea de que lo importante son los resultados y no el método. En cierta forma esto es cierto, los resultados hablan por sí solos, pero la verdad es que si estamos ante un cambio trascendente, la reforma del método es aún más importante. En estos momentos el prestigio del gobierno en este aspecto es solamente casuística, no es de fondo.

Se puede decir con certeza que se está reaccionando a las presiones de las organizaciones internacionales, pero pareciera que solamente es para tener una mejor presencia en el exterior. Muchos quedaríamos convencidos si esta actitud se transformara en una política de Estado.

Debate, no descalificaciones en el PRD

Por  segunda ocasión en Guerrero se llevarán a cabo elecciones internas a la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática. La primera fue ganada por René Lobato Ramírez, el 19 de diciembre de 1999, histórica por cierto, porque tuvieron que pasar 10 años de vida política desde la fundación del PRD para que los militantes ejerciera su derecho estatutario de votar y ser votados.

En este momento los ánimos se perciben muy fuertes, las expresiones se disputan la presidencia estatal y tienen que actuar con mesura, tienen que actuar en consecuencia con el discurso de hace algunos meses: la unidad por encima de los grupos y las corrientes.

En la práctica estamos en dos procesos internos rumbo a las dirigencias en los distintos niveles (nacional, estatal y municipal), así como la constitucional; los liderazgos de las personalidades del partido no pueden ni deben desgastarse en ningún momento en aras de privilegiar posiciones   de grupo o de corrientes. El sexto Congreso Nacional acordó que tenemos que asumirnos como un partido propositivo y no tan sólo hacia fuera, sino también hacia adentro, el refrán popular dice que el buen juez por su casa empieza.

Si no paramos a tiempo entre todos, (empezando por los líderes y las bases sociales) la descalificación y la diatriba estos personajes que descalifican se seguirán mostrando con poca madurez política; se  deben adoptar nuevas formas de hacer campañas que vayan desde los debates públicos así como garantizar la institucionalidad por parte de todos los presidentes de todos los comités ejecutivos municipales y asumir el compromiso de recibir a todos y cada uno de los candidatos y candidatas, y escuchar propuestas no descalificaciones.

En las bases se debe generar una cultura de respeto, de ética política y no permitir que a lo largo y ancho del estado se llegue con la técnica del rumor, de atajos para que el otro no llegue. Y esto lo digo porque en estos días se ha ventilado en los medios una serie de descalificaciones en contra de Hermilo Mejía candidato a la presidencia estatal del partido. Creo que muchos nos acordamos que él hizo pública su renuncia al PRI en 1998 y su adhesión al PRD cuando Félix Salgado Macedonio logró atraer el apoyo a su candidatura de varios priístas que se le desprendieron al Revolucionario Institucional. No fue cuestionado en ese momento, al contrario, la dirigencia estatal que encabezaba el diputado Octaviano Santiago Dionicio vio con buenos ojos a Hermilo para que fuera candidato a presidente municipal de Buenavista de Cuéllar, y no se equivocó fue un gran acierto, con él gano por primera vez el PRD esa alcaldía y Mejía repitió como presidente. Este es un elemento importante que debemos destacar, porque la gente de su pueblo lo reconoció con su voto y le otorgó la confianza para volver a administrar, la lectura que puede darse es que se le considera por los ciudadanos, que toman distancia de los grupos y de las corrientes partidistas, como un hombre honesto y trabajador.

Recordemos que varias de nuestras grandes figuras nacionales fueron priístas, que al no tener el país una opción de cambio tuvieron que desprenderse de grupos de poder caciquil, y para fortuna nuestra contribuyeron a la conformación de este partido.

Esta campaña interna tiene que ser un ejemplo de organización y democracia; las precondiciones de la aceptabilidad de la derrota están marcadas en el estatuto, en el reglamento de elecciones internas, en el reglamento del servicio electoral y  la convocatoria; solamente habrá un ganador o ganadora, preparémonos todos para ganar, pero también para perder. Las campañas de descalificación en nada ayudan a un partido de izquierda opositor que aspira a ser gobierno y que desea ganar la mayoría en el Congreso.

La ciudadanía en este momento tiene los ojos puestos en todos los partidos políticos y nosotros somos una verdadera opción de cambio. Di no a las campaña de descalificación. Un voto razonado es un voto ganado para la democracia interna.