* Que la medida no se aplique a nuestro gremio no quiere decir que no apoyaremos a los que ya fueron perjudicados, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de la Alimentos Condimentados, Alfonso Salcedo Cobos * Es necesario que los legisladores “no aprueben al vapor” este tipo de impuestos, señala

Raquel Santiago * La suspensión de las clausuras por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra a los agremiados a la Canirac, debe ampliarse al resto de las organizaciones del sector gastronómico, solicitaron los representantes de la ARBDA y RUA.

Esto tras informarse en diarios nacionales que la SHCP pospuso la clausura de los establecimientos que pertenecen a la Canirac, a fin de comenzar un curso de capacitación e información sobre las nuevas medidas fiscales.

Para el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de la Alimentos Condimentados (Canirac), Alfonso Salcedo Cobos, la suspensión de las clausuras contra sus agremiados no implica que la Cámara deje de apoyar al resto del sector que fue perjudicado por las acciones de la SHCP.

Confirmó que el viernes fue informado por la dirigencia nacional sobre el acuerdo de explicar las reformas fiscales para después aplicar la ley.

Salcedo Cobos informó que hoy que se reúnan los empresarios inconformes nuevamente con la SHCP local, se coordinará con las autoridades hacendarias para empezar a brindar información a los restauranteros, como se acordó.

Salcedo Cobos indicó que además de las pérdidas económicas por la falta de ventas debido a la clausura de algunos restaurantes como El Zorrito, Amigo Miguel y Carlos´n Charlies, los empresarios gastronómicos tuvieron también pérdidas por los egresos de operación, como el pago de la nómina laboral, materia prima, renta, energía eléctrica, agua potable, entre otras.

Criticó que las acciones derivadas en las clausuras se debe a un “impuesto transitorio”, pues el 5 por ciento del impuesto suntuario que entró en vigor en enero “el año próximo desaparecerá”, aunque “ahora nos causa dolores de cabeza”.

Reiteró la necesidad de que los legisladores “no aprueben al vapor” este tipo de impuestos.

Para el dirigente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Acapulco (ARBDA), Héctor Rodríguez Escalona, la nueva actitud de la dependencia federal es una muestra de acercamiento al diálogo, porque los empresarios “buscamos comprender la ley para aplicarla”.

Ahora “nos cambian los guiones (fiscales) que practicábamos desde hace 20 años, y quieren (la SHCP) que en sólo 15 días modifiquemos eso”.

Pidió a la Secretaría que los cursos de información se extiendan a todos los organismos, porque de no ser así aseguró que “no hay diálogo real” porque “deben asesorarnos a quienes pagamos impuestos y entendemos (los empresarios) que sólo con las aportaciones vamos a crecer, pero para hacerlo necesitamos que nos den días para corregirnos y avanzar”.

Héctor Rodríguez ejemplificó la situación actual de desinformación tanto del empresario como del cliente, al señalar que el sábado, el comediante Eugenio Derbez consumió en uno de sus restaurantes y al cobrarle el consumo argumentó que el 5 por ciento del nuevo impuesto debería ser desglosado al presentar como cliente su RFC, cuando el restaurantero le dijo que aún con la presentación de su clave hacendaria el impuesto no se podía desglosar, lo que causó molestia y confirma, dijo, que “cada quien interpreta de manera diferente esta ley”.

Mientras que el presidente de Restauranteros Unidos de Acapulco (RUA), Javier Reinada, dijo que “no es solamente la Canirac la afectada”, por lo que conminó a la SHCP a considerar en el diálogo al resto de las organizaciones.

También se dijo a favor del curso de información de las reformas fiscales, y propuso que la dependencia federal antes de clausurar debe realizar requerimientos a las empresas para que modifiquen sus errores.

Afirmó que ni el propio personal de la SHCP “sabe lo que hacen”, porque aseguró que también desconocen las nuevas leyes fiscales. Manifestó que se deben a errores de imprenta las omisiones en las facturas, y no precisamente la situación de adeudo de los establecimientos, lo que deriva “en el hostigamiento” de clausura.

Dijo que las posteriores acciones de los empresarios del sector gastronómico serán determinadas por los resultados que se logren obtener hoy, cuando se reúnan en el inmueble de la Secretaría.

* Intentan extenderla hasta que falten pocos días para la elección, señalan * Rechazan el intento de abortar el proceso electoral y la designación de un rector interino

Ossiel Pacheco * El Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), manifestó que el rector Florentino Cruz Ramírez “provocó y obligó a los trabajadores académicos a estallar la huelga, porque la candidatura de Nelson Valle López se encuentra estancada”.

Por medio de un comunicado que firman los dirigentes del FAUG: Efrén Marmolejo Vega y Confesor Díaz Terrones, exponen que la Rectoría de la UAG pretende utilizar y extender la huelga de los trabajadores universitarios hasta que falten pocos días para la elección a rector, con el fin de que la votación se lleve a cabo en medio de la coacción y el voto corporativo: “No sería extraño que pretendan la designación de un rector interino que les permita recomponer sus fuerzas”, afirman.

“El FAUG considera que las demandas del STAUAG son justas: incremento salarial similar al de los académicos de la UNAM, 90 días de aguinaldo, solución al problema de la seguridad social de los trabajadores y problemas laborales planteados por el sindicato”, exponen.

Señalan que el rector Cruz Ramírez y el senador Armando Chavarría Barrera optaron por el uso del aparato administrativo y los recursos institucionales para comprar alianzas cuando se dieron cuenta que al imponer a Valle López como candidato de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), “no conseguían adhesiones desinteresadas”.

Aseveran que la huelga fue provocada por la administración central en complicidad con el secretario general del sindicato, Jesús Álvarez  Hernández, porque desde el momento en que el STAUAG hizo públicas sus exigencias “la administración no expresó en ningún momento la justeza de sus demandas ni acompañó a los sindicatos en los reclamos ante la SEP y el gobierno estatal”.

Los representantes del FAUG, señalan que Cruz Ramírez y Álvarez Hernández sólo se han ocupado de resolver las peticiones de grupos de presión en la universidad, “basificando unilateralmente a trabajadores de los grupos aliados al rector, así como recontratando a personal de confianza de la administración anterior y promoviendo al personal de estos grupos a cambio del apoyo a su candidato”.

Por estos hechos, el FAUG manifiesta su solidaridad total con las demandas de los trabajadores, así como su repudio al rector y al secretario general del STAUAG por sus actitudes facciosas e irresponsables.

Piden solución al pliego petitorio del sindicato y apego estricto a la normatividad vigente en el contrato colectivo de trabajo.

Asimismo, rechazan el intento de abortar el proceso electoral y la designación de un rector interino afín al rector Cruz Ramírez y a Chavaría Barrera, “en un intento por mantener a la UAG como su coto privado de poder” y se pronuncian a favor de que el Consejo Universitario (CU), ordene de inmediato una auditoría externa a la UAG por un despacho no vinculado a la Rectoría y se suspenda la aplicación discrecional y facciosa de los recursos extraordinarios que recibe la institución.

Exigen que el rector Cruz Ramírez resuelva de inmediato el conflicto de huelga, que deponga su actitud facciosa, que cese las contrataciones y promociones al margen del contrato colectivo de trabajo que vulneran la situación financiera de la UAG y comprometen los recursos de la institución.

Finalmente, demandan la presencia de observadores electorales externos con autoridad moral reconocida, que impidan que “la alianza espuria” del rector con grupos interesados en perpetuarse en el poder mediante “prácticas fraudulentas”.

* Sin guardias, la mayoría de los planteles * En la Prepa 7 no se permitirá que Rectoría dé nuevas categorías al margen del contrato, ni los maestros lo aceptarían, dice su director

Ossiel Pacheco * Para maestros de la Preparatoria 7 y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAG la huelga del STAUAG que comenzó el viernes pasado “tiene tintes políticos” y por estar en un proceso electoral no era el momento para comenzarla, pues “no están dadas las condiciones para lograr un incremento salarial”, exponen.

Ayer sólo las banderitas rojinegras colgadas a la entrada de los desolados planteles de la UAG en Acapulco dan testimonio de la huelga que trabajadores académicos comenzaron el viernes de la semana pasada en demanda de que la SEP les otorgue un aumento salarial similar al que autorizó para los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este domingo sólo en la histórica Preparatoria 7 y la Facultad de Contaduría y Administración, los docentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), cumplieron con sus guardias, aunque eran pocos los que se dieron cita para protestar por la falta de acuerdo con la administración central, pero en los otros planteles sólo las banderitas.

En el plantel de la Prepa 7, estuvieron ayer la delegada sindical del plantel, Carmen Cruz Salgado y las docentes Mónica Guevara Rojo, Alma Delia Román Vela y Hortencia González Gracida; así como el director Magdaleno González Sándoval y los profesores Mario Palacios Ortiz, Jorge Corral Giles y Confesor Díaz Terrones.

Una bandera rojo y negro, colocada en la entrada del plantel anuncia la huelga, junto a ésta, una cartulina con las demandas de los sindicalizados: el reconocimiento a la antigüedad real, aumento salarial del 20 por ciento, no a la violación del contrato colectivo de trabajo, pago de salarios caídos de la huelga de 1998 y el pago de adeudos históricos.

Los maestros instalaron un improvisado periódico mural donde informan su preferencia por el candidato del FAUG a la Rectoría de la UAG, Rogelio Ortega Martínez, cuya fotografía luce a todo color en un cartel rayado por los alumnos. Y también exponen información publicada en los distintos diarios sobre la huelga.

La propaganda anti Nelson Valle López domina de cualquier forma en todo el espacio, mediante recortes periodísticos contrarios al abanderado de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), aunque también una escuálida fotocopia de la Comisión Electoral (CE) que anuncia que en la próxima elección a rector el voto es universal, directo, secreto, libre y sin coacción. Este mismo en letras grandes, dice: ¡Tú decides el futuro de la universidad!.

El director, González Sandoval no desaprovecha la presencia de los reporteros para retar –al calor de la contienda electoral que vive la UAG–, al rector Florentino Cruz Ramírez a otorgar un solo tiempo completo al margen del Contrato Colectivo a cualquiera de los docentes que respaldan a Valle López, y amenaza con cerrar el plantel de suscitarse un solo caso en ese plantel, al cual calificó “como el único decente dentro de la universidad”.

Comenta que en esta elección a rector, no se juega que Ortega Martínez o Valle López sea el rector, sino el “viejo proyecto democrático, eso es lo que está en juego, esa es la discusión”, por ello –dijo– en este plantel no se va a permitir que se otorgue un solo tiempo completo “ilegal” porque en la Prepa 7, los docentes que ahí laboran, “son gente decente, con dignidad y que no tienen precio”.

Así también, el profesor Jorge Corral Giles calificó a la huelga que comenzó el viernes pasado “como una huelga política” propiciada por el rector Cruz Ramírez para encubrir “sus tropelías” y cubrir con ella, “la poca influencia que ha tenido la candidatura de su candidato Nelson Valle”.

Señaló que la huelga es parte de la campaña de Valle López, y adelantó que este lunes el Consejo General de Huelga (CGH), se va a reunir en Chilpancingo para definir si realmente esta huelga “sirve a los trabajadores”, y deseó que la campaña a la Rectoría, “no afecte el movimiento sindical”.

Díaz Terrones indicó que otra de las demandas de la huelga es que el gobierno del estado otorgue a la UAG la parte correspondiente de los 320 millones de pesos destinados a seguridad social que el STAUAG ganó al participar junto con la CETEG en el movimiento sindical.

Precisó que están demandando un aumento salarial similar al que la SEP otorgó a la UNAM, que representa un incremento de .25 por ciento al salario base y 1.5 por ciento en prestaciones, pero “no hubo voluntad política, por eso fracasaron las negociaciones, el rector sólo argumenta que no está a su alcance resolver esta demanda, pero tampoco ha hecho un planteamiento para luchar en conjunto”, expuso.

No era el momento para una huelga

Por otro lado, en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), este domingo una comisión de trabajadores conformada por Francisco Barrera Villa, Benjamín Muñiz y Javier Cortés, estaban en el plantel en paro, aunque por la mañana estuvo presente el delegado sindical Gregorio Gómez García, quien viajó a Chilpancingo para participar en una reunión del CGH que se efectuó en el auditorio de la Facultad de Ingeniería.

Instalados en la cafetería del plantel, que estaba cerrada, los trabajadores mataban tiempo. Barrera Villa informó que los académicos de la FCA no estaban participando en la huelga, pues tomaban la protesta como periodo vacacional, “no tiene sentido esta huelga, puesto que deberían estar presentes unos 20 de los 80 docentes que hay”. Informó que por esto no tenían una rutina establecida para las guardias.

Opinó que la huelga “tiene tintes políticos, estamos en un proceso electoral, no era el momento para una huelga, pues no están dadas las condiciones para lograr un incremento salarial, la huelga no está fundamentada”, aseveró.

El académico dijo que la huelga afectaba a los alumnos porque el semestre comenzó el pasado lunes 11 y hoy se reanudaría de manera normal el periodo de clases, pero “la huelga vino a generar un gran problema y una enorme confusión entre los estudiantes”, indicó.

Los derechos del pueblo y las políticas de Estado    

El destino de todos los derechos que quedan establecidos en las normas constitucionales y aún internacionales queda en manos de los gobiernos.

Cumplirlos o no, ignorarlos o tergiversarlos, es una atribución de quienes manejan el poder, de los políticos. Es un derecho de su costumbre para la que no hay norma sino una siniestra y clandestina práctica. La lista de violaciones al derecho en nuestro país es inmensa y en nuestro estado bien nutrida.

Acaban por ejemplo de aprehender a cinco dirigentes o miembros de las Policías Comunitarias de los pueblos indígenas que habitan en los territorios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú, por miembros de la Policía Judicial del Estado y con una orden expresa emanada de las autoridades judiciales contra ellos porque ejercieron el derecho constitucional a conservar y desarrollar una institución propia, para la seguridad pública en sus territorios. Gracias a la movilización de cientos de indígenas ayer fueron excarcelados y por el desistimiento de la demanda quedaron libres de cargos, pero hay órdenes de aprehensión pendientes contra 16 miembros de esas Policías que cumplen su función apelando a derechos constitucionales que el gobierno no quiere reconocer en la práctica.

Con una ignorancia completa o con obvia mala fe, el secretario de gobierno Marcelino Miranda Añorve señaló a los medios que esas policías eran ilegales, que asumían papeles del Ministerio Público y de jueces a la vez, que no sabía si operaban con algún convenio desde el gobierno anterior, pero que van a intentar reducirlas a la legalidad. Este dicho se viene repitiendo durante todo el gobierno de René Juárez Cisneros y hacer valer una rutinaria orden judicial para aprehender a quien ejerce un derecho indígena, es un barbarismo burocrático. Existe un convenio internacional, el 169 de la OIT/ONU, firmado por nuestro país, que tiene validez constitucional, al cual apelaron las Policías Comunitarias parta constituirse. Si lo ignoran el Srio. Miranda, o el Sr. Fox, o la trilogía senatorial de Bartlett-Fernández-Ortega, ello no niega el derecho, que podrá ya por fortuna se reclamado en tribunales internacionales, cuando los gobiernos nacionales firman acuerdos que no cumplen.

Los artículos de esos acuerdos internacionales de la OIT-ONU, que por serlo tiene validez constitucional, y está por encima de leyes menores, dicen al respecto:

Art 2. I. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos (los indígenas) y a garantizar el respeto de su integridad.

II. Esta acción deberá incluir medidas:

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

Art. 5, al aplicar las disposiciones del presente Convenio: b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos.

Art. 8, I. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Art. 9, I. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

Que las Policías Comunitarias son una institución creada por pueblos indígenas es innegable, y con justa razón esos pueblos apelaron a ese Convenio 169 porque para nuestro país tiene validez jurídica constitucional.

Lo que falta, y que estaba previsto en la propuesta de ley de la Cocopa, era la inserción en el texto constitucional y que al final de largos años de discusión y consenso, bajo la forma de los Acuerdos de San Andrés, el Senado se negó a reconocer. Pero el hecho que el Senado por obstinación reaccionaria del panista Diego Fernández, del derechista priísta Bartlet y el burócrata perredista Jesús Ortega, de manera unánime lo hicieran, ello no borra el derecho que los pueblos indios han hecho reconocer en tribunales y los los foros internacionales de la ONU.

El hecho de que el sistema jurídico nacional, y por seguimiento el Congreso de Guerrero, no hayan insertado en sus leyes específicas, derivadas o reglamentarias, esos derechos reconocidos internacionalmente, no les niega el derecho a los pueblos. Si alguien está faltando al derecho internacionalmente obligado, si alguien está en la ilegalidad, en este preciso caso, es el Estado mexicano.

Si bien el gobierno de Juárez Cisneros, por medio de su secretario de Gobierno, no se ha atrevido a desaparecer esa institución indígena, tampoco la ha convalidado y estos barruntos de violencia, parecen encontrar, por voz de Marcelino Miranda, vías de concertación. Ojalá que la sombra de Aguas Blancas y El Charco no empañen esta posibilidad.

Las formas como el Estado mexicano, mengua o anula los derechos de la población y los subordina a la política, es parte de la historia patria. Los derechos indígenas, reconocidos en convenios internacionales y en organismos de la ONU, tuvieron ya el episodio de los Acuerdos de San Andrés y la iniciativa de ley de la Cocopa. El asunto está pendiente de solución y el carpetazo del Senado no acabó ya el problema. Pero hay otras formas como se menguan, escamotean y aún anulan otros derechos constitucionales que veremos a continuación: los derechos agrarios, los derechos humanos y la constricción de la misma impartición de justicia por vía de las agencias del Ministerio Público.

CRONICA MUNICIPALISTA

 

* En la bahía de Petacalco, rayas en vez de huachinangos

Desde antes se sabía que el resultado de los estudios de la UNAM sobre el impacto ambiental de la termoeléctrica de Petacalco dejaría inconformes a los pescadores.

Ellos desde hace un año lo manifestaron, cuando el estudio en cuestión estaba en proceso. En el  origen de la inconformidad estaban  los términos de referencia de los estudios encargados, pues mientras en éstos se planteaba conocer si el nivel de la contaminación del agua de la bahía de Petacalco se mantenía dentro de los parámetros contenidos en la Norma Oficial Mexicana, los pescadores, demandaban que se midiera el grado de contaminación y su impacto ecológico.

Si bien es cierto que el trabajo de la UNAM es impecable en cuanto a los términos de referencia del estudio, la inconformidad de los pescadores es atendible por cuanto a que la misma investigación reconoce que existe alto contenido de plomo en los peces de la bahía.

Si es cierto que los representantes de la Comisión Federal de Electricidad pueden utilizar el trabajo de la UNAM para zafarse de cualquier obligación legal de indemnización, no menos cierto es que se avecinan nuevas movilizaciones de los  pobladores que se sienten afectados por la termoeléctrica.

Para evaluar el problema ambiental de Petacalco debe juzgársele un poco desde fuera del viciado ambiente de clientelismo electoral,  de amenazas, presiones, indemnizaciones y manipuleos tan socorridos.

El impacto negativo de la termoeléctrica en la bahía de Petacalco y en la región es un hecho innegable y el estudio de la UNAM sólo vino a corroborarlo, aunque diga que la contaminación del agua no rebasa lo permitido por las leyes mexicanas.

La termoeléctrica usa millones de litros de agua de río para enfriar sus generadores. Ese líquido lo toma del  Balsas, para lo cual construyó un canal que atraviesa la planta y se prolonga hasta la bahía de Petacalco.

Los pescadores tienen razón al contradecir con sus conocimientos empíricos a las deducciones de los científicos: el mar no cambia tanto en condiciones normales de explotación pesquera, aunque en términos generales sea verdad lo que dice el Doctor Botello, de que toda masa de agua sufre un cambio constante.

Los hombres del mar lo dijeron muy claro y en tono convincente: “Ahora sacamos rayas en vez de los huachinangos de antes, y para sobrevivir tenemos que ir más allá de la bahía”

El contenido de plomo en los organismos del mar capturados en la bahía produce hechos como los que han vivido los 213 cooperativistas. “Cuando los compradores saben que el producto es de Petacalco nadie lo quiere comprar porque está contaminado”. De modo que los jureles que llegan a entrar a la bahía y que de suerte uno pesca, no hay quien se los coma, así que no hay de que vivir”.

Quien conoce la región sabe que el río Balsas no desembocaba directamente a la bahía, pero ahora, una parte importante de su caudal, sí.

El agua que sale de la termoeléctrica, es residual y su calidad así como la temperatura debieron ser valorados por el estudio, de manera que se pudiera conocer el impacto que tiene en la pesca.

Pero más allá del manejo que se le ha dado a los resultados del estudio de la UNAM, eximiendo a la CFE de toda culpa, el daño que ésta provoca debe ser conocido y difundido, porque no sólo los pescadores deben llamarse afectados.

Si los 213 pescadores han identificado a la CFE como la culpable del daño irreversible a su fuente de empleo y demandan por ello una indemnización, su atención no resuelve el problema de la contaminación.

Qué bueno que las 213 familias que viven  o vivían del mar puedan conseguir indemnización de quien los deja sin empleo, pero qué malo que no se esté haciendo nada por remediar el daño ecológico que la termoeléctrica provoca.

La termoeléctrica ha modificado el medio ambiente, cambió la desembocadura del río Balsas, impactó a la bahía de Petacalco y modificó drásticamente la vida del pueblo y su traza urbana. Contamina visualmente y afectó la calidad del aire.

En el campo ha dañado los cultivos y en general impactó y modificó el entramado social en la región.

Los pescadores no son los dueños de la bahía de Petacalco y puede que lo irracional de la explotación que hacen de la pesca explique parte de su escasez, pero insisto en que hay un daño ecológico incuestionable de parte de la CFE que no se está señalando en este conflicto que la termoeléctrica tiene con los pescadores.

Habrá quienes sostengan que el manejo político y electoral del conflicto debe parar y que nada justifica nuevos gastos del dinero público para saciar la demanda de quienes han aprendido a pescar en tierra indemnizaciones intercambiadas por votos, pero, ¿quién responde por los daños ecológicos que finalmente padecemos los que vivimos fuera y lejos de Petacalco?

Los representantes de los 213 pescadores verán a René. Muy bien. Quizá les responda como lo piden y el dinero fluya como financiamiento de nuevos proyectos de esos que nunca se traducen en algo concreto y viable, pero que son eficaces para neutralizar conflictos.

Pero en este asunto son dos los hechos más preocupantes: por un lado es la afirmación no sustentada pero creíble, de que el agua del Balsas,  cuando entra a la planta termoeléctrica de Petacalco, viene ya contaminada río arriba, y no precisamente de las hidroeléctricas de La Villita e Infiernillo, sino de más allá, quizá de los pesticidas que utilizan las empresas meloneras en la Tierra Caliente, o de la mina Rey de Plata allá en Apaxtla, quizá también de las recientes maquiladoras instaladas en el estado de Puebla y puede que de todos estos lugares. Por otra parte,  si somos memoriosos, la CFE no sólo está dañando el entorno ecológico de Petacalco, sino el propio bolsillo de cada uno de los consumidores de energía eléctrica que ahora tendremos que pagar como producto de lujo la energía que se genera en un proceso de deterioro ambiental y que por su costo no llega aún a todos los hogares de la zona.

No todo estuvo mal

Después de todo, la elección interna del PRI para nominar a sus candidatos a las principales alcaldías de la entidad tuvo, al menos, para la sociedad guerrerense un buen resultado: la salida de Miguel Mayrén de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). El desempeño del precandidato derrotado ha sido el más triste del que se tenga memoria de quienes han estado al frente de esta importante dependencia.

Ahora se empieza a ver que el trabajo del secretario Daniel Pano parece más relevante, al menos por las dos notas publicadas en El Sur, los días 8 y 9 de febrero, la primera relacionada con la reunión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES); y la segunda tiene que ver con el diagnóstico de la situación que guarda  la educación pública en la entidad, dada a conocer en la sesión de trabajo sostenida con los subcoordinadores regionales de la SEG.

En esta ocasión nos ocuparemos de los trabajos de la COEPES y en próxima colaboración lo haremos con el segundo tema, ambos relevantes para la educación de los niños y jóvenes guerrerenses.

Recordemos, en primer término, que la planeación educativa debe asegurarnos que nuestro sistema educativo contribuya a la edificación de una sociedad más justa y democrática. La planeación debe asegurarnos, por otro lado, la generación y difusión de cambios cualitativos, orientados a desarrollar en nuestra sociedad la creatividad, el sentido crítico, el talento; así, de esta forma, se establecen los cimientos para que nuestra población, particularmente la de edad escolar, pueda  iniciar y llegar a tener una convivencia civilizada.

Con relación a los cambios cuantitativos, la planeación debe impedir que éstos, al ser difundidos en el sistema educativo, incrementen las desigualdades sociales -tan arraigadas entre los guerrerenses-; por lo que ellos deben formar parte de un conjunto de estrategias dirigidas a la construcción gradual de un orden social más equitativo. Así mismo, la planeación, principalmente la relacionada con la educación superior, debe propiciar un desarrollo económico y social que contribuya a que Guerrero se integre al avance del país; que aprovechemos, entre otras cosa que nos faltan por hacer, los convenios comerciales firmados por el gobierno federal para vincularnos a lo que ha sido la locomotora del desarrollo nacional: el intercambio comercial con el exterior y el cual no hemos aprovechado los guerrerenses. Para ello será necesario que nuestro sistema productivo estatal tenga competitividad internacional, de lo cual hoy estamos muy alejados, y contar con recursos humanos altamente calificados, egresados de nuestras instituciones de educación superior, son el paso inicial para lograrlo.

A primera vista, se puede apreciar, por los planteamientos antes anotados, que no ha habido planeación de la educación, incluida la superior, en nuestra entidad por los resultados tan desastrosos que tenemos a la vista, entre otros, seguimos siendo una sociedad muy desigual y poco democrática con relación al resto del país; no se han desarrollado en nuestra población, a través del sistema educativo, cambios cualitativos como la adquisición generalizada de valores; la desvinculación entre la oferta educativa de las instituciones de educación superior, incluidas las universidades privadas, y nuestro aparato productivo, teniendo como primeros afectados a los jóvenes que estudian carreras sin demanda en el mercado.

Hace tanta falta y es urgente que funcione la COEPES, dada la repetición que encontramos en la oferta de las licenciaturas de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, las carreras de derecho, contaduría pública y administración, a pesar de ser las más saturadas de la matrícula de educación superior en el país, las encontramos, por citar a las instituciones más importantes de la entidad, en la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Americana de Acapulco, la Universidad Loyola del Pacífico, en el Instituto Tecnológico de Acapulco, en el Centro Universitario Español, en donde para variar son las carreras más demandadas; y los resultados son para preocuparse, ya que nada más en la UAG egresan cada año 2 mil jóvenes que no encuentran empleo o se dedican a actividades sin relación con lo que estudiaron. Además, como bien lo dice el secretario Pano: que las escuelas que tienen más egresados cada año sólo están acrecentando el subdesarrollo en el estado, “es un fenómeno que en lugar de orientar el crecimiento está generando una problemática social que el gobierno del estado tiene que enfrentar” (El Sur número1176, febrero 8, 2002).

Valdría la pena, para empezar como lo propone el señor rector de la Universidad Americana de Acapulco, Israel Soberanis, que las instituciones de educación superior privadas se pusieran de acuerdo y en lugar de tener grupos de 15 o 20 estudiantes en las mismas carreras, que hacen más caras las colegiaturas y los costos de operación, que cada una de ellas ofreciera licenciaturas diferentes, se incrementara la matrícula por grupo, seleccionaran los mejores catedráticos y la mejor infraestructura; y así, de manera coordinada, ofrecieran estudios de mayor calidad, en lugar de competir por la misma matrícula como sucede ahora.

En la creación de nuevas carreras y mejor oferta educativa, la Universidad Americana de Acapulco ha dado un paso adelante con el ofrecimiento de la carrera de ingeniero en telecomunicaciones; que, como se sabe, es muy demandada en el mercado laboral, pues es en el área de las telecomunicaciones en donde se están haciendo más inversiones y las empresas que se instalan en nuestro estado se ven obligadas a traer profesionistas de otros lugares del país por no encontrarlos aquí.

Por otro lado, la baja calidad de la educación superior por el incumplimiento de la normatividad para la creación y funcionamiento de escuelas privadas, cuyo único propósito de sus propietarios es el lucro desmedido, para ello han contado con la complicidad de los funcionarios responsables de la incorporación de la Coordinación de la Zona Sur de la UAG, pues la mayoría de estas instituciones privadas están reconocidas por ésta.

Saber que el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Guerrero está trabajando, es una buena noticia y por ello debemos congratularnos, pues estamos convencidos que sus esfuerzos serán en beneficio de las aspiraciones de superación de la sociedad guerrerense. Ojalá que en este mismo sentido viéramos esfuerzos serios de los integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Guerrero por salir adelante y no el espectáculo que se aprecia en la renovación de sus autoridades, en donde el rector Cruz parece haber perdido la brújula por prestarse a consolidar el cacicazgo del senador Chavarría, el cual traerá más perjuicios a una institución severamente dañada.

Con más de cincuenta representantes de organizaciones de productores agrícolas, de las regiones Norte, Costa Chica, Costa Grande, Acapulco y Tierra Caliente, quedó conformado el Consejo Estatal del Mango, se informó en un boletín de prensa del gobierno del estado.

En una asamblea en Chilpancingo, a la que asistió el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Popoca Boone, y el delegado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Joel Dueñas Rodríguez, los productores eligieron como presidente de la mesa directiva a José González Rivero, de la región Costa Grande.

Popoca Boone dijo que con este Consejo los campesinos tendrán mayores oportunidades de acceder a diversos programas y beneficios.

Expuso que Guerrero cuenta con una superficie establecida de 18 mil hectáreas para el cultivo del mango, con un rendimiento aproximado de 180 mil toneladas, y que en ella laboran más de 9 mil familias en la entidad, lo que permite ubicar a Guerrero en el cuarto lugar en producción de esa fruta a nivel nacional.

Agregó que el mango guerrerense es exportado a países europeos, Canadá, y Estados Unidos, que adquieren las variedades Tommy Atkins, Haden, Keitt y Ataulfo, mientras que la variedad Manila se envía a Guadalajara, Distrito Federal y Monterrey, y el mango criollo es la especie de mayor consumo en el mercado local.

El gobernador René Juárez Cisneros supervisó en Iguala los avances en el encauzamiento del río San Juan, la construcción del Centro de Comunicación, Control y Comando (C-4), la ampliación a cuatro carriles del Periférico Norte y la rehabilitación de la red sanitaria del centro de la ciudad, obras que representan una inversión total de 40 millones de pesos, se informó en un boletín de prensa del gobierno del estado.

Estas obras de infraestructura permitirán “resolver problemas que durante muchos años no se atacaron”, dijo el mandatario estatal durante una gira de trabajo junto con el alcalde, Juan Muñoz Caballero, y el senador Héctor Vicario Castrejón.

En la primaria Revolución Mexicana, anunció que para que los jóvenes de la Zona Norte de la entidad cuenten con una opción más de educación superior, este año se construirá la Universidad Tecnológica de Iguala, para lo cual su administración destinará 3.5 millones de pesos.

Como punto final de su gira de trabajo por este municipio, Juárez Cisneros inauguró la tradicional Feria de la Bandera, una de las principales festividades artísticas, comerciales y culturales de la entidad.

Se infiormó que con la construcción del C-4 se reforzarán las acciones en materia de seguridad pública, combate a la delincuencia y protección civil, ya que este centro –el segundo en su tipo en la entidad– albergará equipo con tecnología de punta para atender con oportunidad cualquier contingencia que pudiera registrarse.

* El secretario general de Gobierno instruyó al director de los Ceresos a pedir información sobre el estado de salud de Efrén Cortés Chávez

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, se reunió ayer con el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Pedro Nava Rodríguez, a quien informó que el gobierno del estado pedirá formalmente al gobierno federal que se agilicen los trámites para el traslado a Guerrero de los presos Efrén Cortés Chávez y Angel Guillermo Martínez González.

Nava Rodríguez se reunió a las 2 de la tarde con el funcionario estatal en la Secretaría General de Gobierno para tratar únicamente el caso de los dos presos políticos que están en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

Durante el encuentro el funcionario estatal dio instrucciones al director de los Centros de Readaptación Social en el Estado (Ceresos), José Luis Trujillo Sotelo, para que pidiera información del estado de salud de Efrén Cortés Chávez, que fue otro de los motivos de la entrevista de Nava Rodríguez con Miranda Añorve.

Entrevistado después de la reunión, el dirigente del FODEG informó que el secretario general de Gobierno le comentó lo mismo que ha venido diciendo, en el sentido de que el gobierno estatal ya cumplió con lo que le corresponde y que ahora toca hacer lo suyo al gobierno federal.

Explicó que durante la plática comentaron también las declaraciones de la comisionada de Readaptación Social y Seguridad Pública del gobierno federal, Celina Oseguera Parra –hechas a los familiares de los presos, Virginia Montes González y Jorge Cortés Chávez– que salieron publicadas en El Sur el 8 de febrero, en el sentido de que son las autoridades estatales las que se oponen al traslado de los dos presos por estar considerados como de alta peligrosidad.

Nava Rodríguez dijo que Miranda Añorve le aseguró que el gobierno estatal no se opone al traslado de los dos presos y que ya notificó al gobierno federal que existe cupo en los penales de Guerrero para que sean enviados a esta entidad.

Agregó que el funcionario se comprometió a que enviará un escrito a las instancias del gobierno federal pidiendo que se agilicen los trámites para el regreso de Efrén Cortés Chávez y Angel Guillermo Martínez.

El dirigente del FODEG informó que en la reunión con el secretario Miranda Añorve estuvo también el subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno estatal, Jesús Vargas Vargas, quien fue instruido para que se encargue de dar seguimiento al caso.

Nava Rodríguez dijo que el caso del traslado de los dos presos es un asunto prioritario para las organizaciones sociales por el estado de salud en que se encuentra Efrén Cortés.

Denunció que las autoridades del penal de Puente Grande, Jalisco, no permiten la atención médica al detenido pero que, además, a sus familiares no les es posible estar pendientes de él.

Por ello demandó que las autoridades estatales y federales agilicen “todo lo que se tenga que hacer para que nuestros compañeros regresen a Guerrero y sus familiares estén al pendiente de su estado de salud.

Nava Rodríguez señaló que el secretario de Gobierno le informó que entre martes y miércoles de la próxima semana le notificará del avance de las gestiones que harán para el traslado de los dos presos.