* Ediles declaran a Palma Sola zona de monumentos históricos * Aprueban reglamento para el recién instalado Consejo Municipal contra la Violencia Intrafamiliar * Aceptan exhorto del Congreso para emprender campañas permanentes para prevenir y atacar incendios forestales

Ossiel Pacheco * Con la abstención de la síndica Adela Román Ocampo, el encargado de despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno municipal, Enrique Pasta Muñúzuri, fue designado por la comuna porteña como nuevo titular de esa dependencia, y le tomó la protesta.

Pasta Muñúzuri sustituyó formalmente al ex titular de Administración y Finanzas, Carlos Alvarez Reyes, quien en enero pasado solicitó una licencia para ausentarse del cargo para buscar ser postulado del PRD a la alcaldía porteña, pero una vez que no logró su propósito, renunció.

Anoche, en la misma sesión ordinaria de cabildo a puerta cerrada en el Palacio Municipal del parque Papagayo, en la que participaron el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, las síndicas Román Ocampo y Gloria Sierra López, así como los regidores de PRI, PRD, PAN, FCA e independientes, la aprobación del reglamento para el control de la prostitución infantil no se concretó porque fue turnado a comisiones.

Encerrados en la sala de cabildos, por unanimidad los ediles declararon el sitio de Palma Sola como zona de monumentos históricos, con el propósito de que los jeroglíficos y vestigios arqueológicos ahí encontrados sean protegidos.

También dieron su aprobación al decreto 450 del Congreso del Estado para reformar el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero para sustituir el nombre del municipio de José Azueta, por el de Zihuatanejo de Azueta.

De igual forma, como mero trámite, pasó el decreto 455 del Congreso local para reformar el artículo 41 de la Constitución local para que cada año de ejercicio de una legislatura haya tres periodos de sesiones ordinarias.

Asimismo, aprobaron el reglamento interno mediante el cual va a operar el recién instalado Consejo Municipal contra la Violencia Intrafamiliar, y aceptaron el exhorto del Congreso para que se emprendan campañas permanentes para prevenir y atacar incendios forestales.

Debido al descontrol e incremento del comercio ambulante en las zonas turísticas del puerto, representantes de cámaras empresariales se reunieron con el fin de conformar un frente contra esa actividad.

En la sesión efectuada en el edificio de la Canaco estuvieron presentes el presidente de este gremio, Alejandro Martínez Sidney; el presidente y el secretario de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), Marco Antonio López Avila y Apolonio Ramírez Salinas; el dirigente de Fuerza Política Empresarial, Arturo Martínez Sánchez; el presidente de Restaurantes Unidos de Acapulco (RUA), Javier Reynada Carbajal; el representante de la Asociación Hotelera de Acapulco, Mario Lezama Hernández, y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Alfonso Salcedo Cobos.

Arturo Martínez mencionó que cuando el ahora gobernador René Juárez fue presidente municipal se logró erradicar el comercio ambulante, “y eso nos consta”, pero ahora, debido a su incremento, se debe hacer una investigación para saber qué personas venden mercancía en la Costera.

Por su parte, Imelda Paredes de Alvarez, de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET) y propietaria del restaurante La cabaña de Caleta, dijo que René Juárez como presidente municipal “logró controlar a los ambulantes, mas no erradicar totalmente el problema, y lo hizo al otorgar terrenos importantes en la Costera, los cuales ahora están descuidados y ya no son atractivos para los turistas, además que se han comercializado como restaurantes o misceláneas, y no pagan luz, agua, ni impuestos.”

Asimismo, Paredes de Alvarez propuso hacer un censo para regular los mercados de la Costera y de Caletilla; “así nos vamos a llevar una sorpresa de cuántos locales están vacíos”, señaló.

Por último, los empresarios acordaron buscar una estrategia con el gobierno municipal “porque nosotros no somos autoridad para decomisar a los ambulantes o llevarlos a otro lado”, y así se acordó invitar a una reunión a funcionarios municipales de las direcciones de Vía Pública, Reglamentos y Espectáculos, y Salud, así como de la Secretaría de Protección y Vialidad, y de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa ), la que tiene el control en las zonas de playa. (Cristina Sierra)

* Colonos efectuaron plantón en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Habitantes de Acapulco efectuaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, en esta capital, para exigir la regularización de 5 mil lotes en siete colonias de ese municipio.

Los manifestantes, de las colonias Amalia Solórzano, Vista Diamante, Villa Guadalupe, Sol Azteca, La Lajita, Ampliación La Lajita y Porvenir, pidieron que el gobierno del estado intervenga para la escrituración de sus lotes, pues denunciaron que los ejidatarios de El Cayaco, representados por Alberto Avila González, Eva Castro Quintero y Concepción Ramírez Chávez, pretenden obstaculizar el proceso que lleva a cabo la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett).

Durante el plantón, que comenzó a las 11 de la mañana, los inconformes también acusaron al candidato del PRD a alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, de apoyar a los representantes de los ejidatarios que se oponen a la regularización.

Allí, Zenaido Serrano Cruz, uno de los líderes de los inconformes dijo que “somos del mismo partido (con López Rosas), yo no sé por qué está contra nosotros, cuando debería apoyar nuestra demanda”.

Hace 12 años, el gobierno estatal expropió a los ejidatarios de El Cayaco el terreno donde se asientan las siete colonias, a fin de regularizar los cinco mil lotes que habitan igual número de familias, pero ahora, por problemas entre los ejidatarios y las autoridades debido al pago de la indemnización, los primeros obstaculizan los trabajos de escrituración.

“No quieren que regularicen porque el gobierno no les ha pagado lo que ellos piden; ellos quieren 10 pesos por metro cuadrado y sólo les pretenden dar 70 centavos por metro”, explicó Serrano Cruz.

Explicó que ellos ya pagaron sus lotes al fraccionador Julio García Estrada, “quien tiene constancia de que el ejido le vendió al precio que quiso”, pero –señaló– los colonos ahora tienen que pagar nuevamente el derecho de escrituración, proceso que no ha empezado porque los ejidatarios impiden el trámite.

Serrano Cruz señaló que en los últimos días los ejidatarios de El Cayaco les han cerrado los accesos a las colonias; “nos amenazan con armas, por eso queremos que el gobierno estatal intervenga”.

Fue después de las 12 del día cuando una comisión encabezada por Miguel Reyna  Urbano y Nicolasa Peláez se reunió con el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, quien les ofreció interceder ante la Corett para agilizar la regularización de sus lotes, asimismo indicó que los convocará a una reunión conjunta con los ejidatarios para encontrar una solución al conflicto.

* Se retracta el ex policía; fui torturado, reitera

Jorge Nava * En el primer careo entre Guadalupe Chávez Torres, esposo de la profesora asesinada, Miriam Rodríguez Cruz, y el ex policía judicial Juan Rojas Zorroza, éste se retractó de la afirmación previa de que el primero le pagó para cometer el crimen, y reiteró que fue torturado por agentes para declararse culpable.

Lo anterior, después de que el martes rindieron su declaración preparatoria Roberto Abel Figueroa, Fernando Téllez Alvarado y Emilio León de la Cruz en el juzgado tercero de lo Penal, ante el juez Leoncio Molina Mercado, tras siete días de haber sido detenidos por el delito de portación de armas de fuego.

En el careo efectuado en la segunda secretaría de Acuerdos entre Rojas Zorroza y Chávez Torres, éste aseguró que nunca le pagó 45 mil pesos para matar a su esposa, que lo conoce porque una vez acudió a su consultorio médico, localizado en la colonia La Mica, porque presentaba infección en la piel.

Dijo que entonces él estaba acompañado de su esposa y que no había tenido amistad con Rojas Zorroza más que en esa ocasión que se presento en su consultorio, mucho menos que le dio el arma.

El ex judicial dijo sentir dolor en el abdomen, lo que demostraba con quejas y muecas de dolor. Con frases entrecortadas le respondió al médico que no conocía su casa, que no es verdad que le haya pagado para matar, ni tampoco que le había dado el arma con que se le dio muerte a la profesora.

Tras la declaración, la secretaria de Acuerdos, María del Carmen Navarrete Meza, le recordó a Rojas Zorroza que en su declaración al Ministerio Público había dicho lo contrario y le preguntó si negaba la declaración rendida en la agencia del Ministerio Público. Quejándose, Rojas Zorroza le respondió que sí.

Dijo que sí declaró lo contrario, pero fue porque los agentes de la Policía Judicial lo tenían vendado y lo golpearon en el abdomen hasta abrirle una vieja herida por una intervención quirúrgica, que en ese momento le dolía.

La secretaria de Acuerdos asentó esa declaración en el expediente penal 078-2/2002, luego el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado hizo algunas preguntas en tono bajo que no alcanzaban a oír los reporteros, además de que el defensor de Chávez Torres, Javier González Salgado, solicitó la expedición de un certificado médico a Rojas Zorroza.

Por la tarde, Chávez Torres se carearía con los inculpados Roberto Abel Figueroa, el ex comandante Fernando Téllez Alvarado y Emilio León de la Cruz.

Hoy termina el plazo constitucional concedido a Chávez Torres, en tanto su abogado González Salgado adelantó que de negarle el juez la salida, promoverá un amparo.

* La zona rural, la más afectada, dice Rangel Miravete

* Las nuevas tarifas de la paraestatal “son una trampa del gobierno federal para abrir la industria eléctrica y la petrolera a la inversión extranjera”, asegura el diputado priísta

Karina Contreras * Habitantes de comunidades rurales del puerto, como La Estación y San Antonio, entre otras, se quejaron de los altos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la conferencia de prensa, en el café Astoria, los inconformes estuvieron acompañados por el diputado priísta Oscar Rangel Miravete.

Allí, una de las afectadas, Yolanda Vedalla Jaramillo, indicó que anteriormente su cobro llegaba de 69 pesos, pero que ahora llega de mil 530 pesos.

Explicó que ella subsiste de la venta de paletas de hielo, chicharrones y palomitas.

Por su parte, el diputado Rangel Miravete señaló que las nuevas tarifas de la paraestatal “son una trampa del gobierno federal para presionar a la población, y así abrir la industria eléctrica y la petrolera a la inversión extranjera”.

Señaló que los altos cobros los resienten todos los ciudadanos, pero en especial los de la zona rural. “Va a resultar imposible que esas personas paguen recibos de hasta dos mil pesos”.

Informó que ya acudieron a la CFE para buscar un arreglo, pero la respuesta fue negativa. Explicó que por medio de un escrito les dijeron que la única manera de llegar a un acuerdo era que tramitaran en la Comisión Nacional de Agua (CNA), de manera individual, una cuota por riego agrícola, “pero es imposible”.

Pidió que se revise esta medida, porque retirar el subsidio a la energía podría “provocar un conflicto de proporciones  que ni siquiera se habían previsto”.

En tanto, el presidente de la Confederación de Campesinos y Pescadores de Acapulco, Marcos Jiménez Suástegui, quien habita en la comunidad de La Estación, expuso que percibe un ingreso de casi 50 pesos diarios, y que su recibo le llegó de más de mil 500 pesos. Señaló que no puede pagar esa cantidad, porque “apenas tengo para mal comer”.

En un boletín de prensa de la CFE, el superintendente de la dependencia federal, Gabriel Pérez Pérez, señala que se han intensificado los esfuerzos para combatir los usos ilícitos o prácticas clandestinas que algunos ciudadanos hacen con la energía eléctrica, pues ocasionan daños y reducen los recursos financieros para nuevas inversiones.

Según el comunicado, esta declaración fue por los cuestionamientos de usuarios sobre el porqué no se eliminan estas pérdidas, antes de retirar el subsidio a los consumidores regulares.

También se informa que la CFE ha invertido más de 16 millones de pesos para evitar irregularidades.

Explica que se regularizaron 10 mil 225 servicios que anteriormente estaban “colgados”, y se corrigieron mil 780 medidores, con lo que se recuperaron 30 millones de pesos en energía.

Pérez Pérez señala que las pérdidas de energía aumentan con el crecimiento demográfico y económico del estado. Señaló que existen 49 mil conexiones clandestinas que faltan por abatir.

Indica que el año pasado se interpusieron 15 demandas por prácticas clandestinas, además de que hay 55 averiguaciones previas. También –agrega– fueron detenidas 10 personas por robarse la luz.

Karina Contreras * Transportistas de la asociación Lázaro Cárdenas AC, adheridos a la UTD, presentaron una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el director de Transportes, Reynaldo Eheverría, y el delegado de la misma en la zona Centro de Acapulco, Arturo Heredia, por haber detenido “ilegalmente” dos microbuses piratas.

Según la querella, el 3 de mayo las dos unidades de la ruta Mozimba-Caleta fueron detenidas por personal de la Dirección de Transportes y del propio Arturo Heredia Agatón, de manera “prepotente y arbitraria”, con lo que se violentaron las garantías constitucionales de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

Señala la demanda que el delegado “sólo detiene a unidades de la organización” con el pretexto de que las mismas circulan fuera de ruta. Argumentan los transportistas que las detenciones se hacen de manera parcial.

El dirigente de Transportes El Aguila, Francisco Zárate Andaluz, dijo que la detención de las dos unidades el pasado 3 de mayo “es abiertamente una represalia contra la asociación Lázaro Cárdenas” por haber acudido a Chilpancingo a mostrar su inconformidad contra el delegado de Transportes en la zona Centro, Arturo Heredia Agatón, por no cumplir para poner el orden.

El transportista reconoció que en la asociación hay dos unidades piratas, “pero (en Acapulco) hay muchas”, y que si va aplicar la ley que sea parejo.

Agregó que Heredia Agatón sólo los molesta a ellos, pero a los demás no.

Señaló Zárate Andaluz que el “caos que se da en el puerto no viene de los urbaneros; viene de unos cuantos vivales en contubernio con funcionarios del transporte”.

Dijo que con la llegada de Heredia Agatón  a la delegación de Transportes se ha incrementado el desorden con la invasión de rutas, ya que da protección a “algunos dirigentes”. El delegado protege grupos de invasores, aseguró, aunque no dio nombres.

Expuso que siempre que su asociación ha presentado una queja ante el gobierno “lo primero que hacen es encerrar los carros a la organización”. Además, dijo, si ellos tienen dos unidades piratas, los otros “tienen veinticinco”.

Por su parte, el presidente de la asociación, Domingo Leyva Ramírez, dijo que sus representados no “quieren que los protejan”, sino que saquen los invasores (a todos) y que cumplan los acuerdos y minutas que se han firmado.

Firme, dijo que el “enemigo numero uno de Acapulco es él (Heredia Agatón), porque protege a la piratería.