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Portada 15042002
León, con un pie en Primera A tras perder con Pumas; Celaya casi salvado
* Santos y Morelia lograron victorias y se aferran a un sitio en la ronda de repechaje * Nada está decidido en cuanto a la calificación a la liguilla * Abreu y Cardozo, en la lucha por el goleo individual
Adalberto Valle * León vió afectada aún más su salud luego de perder en su propia cueva ante los Pumas de la UNAM por marcador de 2-4, mientras que Celaya sumó un punto al igualar sin goles con Atlas y casi está dado de alta en cuanto a la lucha por evitar la promoción del descenso.Después de 17 fechas los cajeteros están en el sitio 18 con 108 puntos en 103 juegos que resultan en 1.0485 de porcentaje. Los esmeraldas tienen un partido menos pero se ubican 5 unidades abajo con 1.0098.La actividad dominical en la jornada 17 del Torneo de Verano 2002 también reporta el triunfo del América por 1-0 sobre Atlante, con el que las Aguilas vuelven al camino del bien, además de las victorias del Santos por 3-2 sobre Pachuca y del Morelia por 5-2 ante el Puebla que sigue siendo el sotanero del balompié nacional.Además, Necaxa y Cruz Azul empataron a un gol, en duelo de equipos caracterizados la inconsistencia, sello también del actual campeonato en México.Este lunes concluye la jornada 17 con el duelo entre Guadalajara y Veracruz a las 20:45 horas en el estadio Jalisco.
Monterrey descansó y de paso fue mandado al último sitio del primer grupo.
Con estos resultados Atlas con 26 puntos y Cruz Azul con 25 se despegan de forma momentánea del Guadalajara en el Grupo I.Toluca es el mejor de todos y del segundo sector con 34 unidades, tres más que La Piedad, mientras que Santos con 28 y Morelia con 25 no aflojan la marcha en este, el grupo más fuerte.Necaxa y América están cómodos en el Grupo III con 24 y 23 puntos, respectivamente, pero ambos pelean por entrar directo a la fiesta grande y evitar la etapa de repesca, lo que dificultaría mucho a las Aguilas porque el calendario se encima con la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores.Las recién nacidas gemelas del técnico de los Pumas, Hugo Sánchez, le trajeron suerte y obtuvieron 7 de 9 puntos en una semana para ponerse al frente del cuarto pelotón con 26 unidades, dos más que los Tigres y a cuatro del Pachuca.También el goleo individual se pone interesante ya que Sebastián Abreu tiene 16 tantos, dos arriba de José Cardozo. Jared Borgetti también levanta la mano y ya suma 13 anotaciones, aunque el delantero del Santos al igual que todos los seleccionados mexicanos jugaron su último encuentro en la liga este domingo, puesto que hoy se reportan con el equipo de Javier Aguirre para iniciar la aventura rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002.
Partidos del sábado
El sábado, los Diablos rojos del Toluca se consolidaron en el liderato general del futbol mexicano, después de dejarle en claro a La Piedad que son el mejor conjunto del actual torneo. El equipo de Ricardo Lavolpe se impuso 3-1 a los Reboceros con un trepidante inicio en el que se fueron arriba con tantos de Vicente Sánchez, José Cardozo y Carlos María Morales. El brasileño Almir de Souza marcó por los michoacanos.
En el otro duelo, Tigres dejó escapar dos puntos en los últimos momentos al ser alcanzados a un gol por los Tecos. Jesús Olalde anotó por los felinos, mientras que Pedro Reséndiz hizo el gol del empate.
Jaime Castrejón Diez
Los partidos y el gobierno
Después de los procesos internos de los tres partidos principales, lo que quede claro es que los tres están pasando por momentos críticos. Ninguno de ellos salió en posición de fuerza después de la selección de sus líderes. Si siguiéramos las ideas de Toynbee los tres han dejado de ser creativos y entraron en proceso de decadencia. Si aplicáramos las ideas de la teoría del conflicto llegamos a la conclusión de que se agudizaron las contradicciones y esto es lo que define sus crisis.
La alternancia que se logró en el año 2000 no era un fin en sí mismo, era el primer paso para definir un nuevo sistema, abandonar el ya viciado y establecer las bases para un mejor país. Sin embargo, el cambio de hegemonías, la nueva fuerza dominante no supo qué hacer, la situación era la de un partido que no había ganado, pero su candidato sí. ¿Cuál era la fuerza hegemónica? ¿El partido o el candidato? En esta dicotomía hemos visto un inicio de sexenio incierto que levanta más dudas de las que resuelve.
El cambio de liderazgo de este partido, el PAN se dio entre los procesos de selección del PRI y del PRD. Lo que le daba una ligera ventaja, porque después de los escándalos del PRI y de los casi seguros del PRD, trataban de significarse por su ecuanimidad y limpieza. Este proceso no era una elección interna, sino una elección por representantes, que a su vez eran electos por sus bases. Están por el mismo estilo del partido, son reducidos, y si bien no hubo escándalos por el proceso electoral, el proceso mostraba la realidad interna de este partido.
El partido muy elegantemente enfrentaba al presidente o al neopanismo con los tradicionalistas o el Jefe Diego. Ganaron estos últimos y el presidente quedó en la realidad que vive desde su elección. De hecho cuando nace el PAN, no aspiraban al poder, sino a ser un grupo de presión que impulsaba la legalidad y los valores tradicionales de la clase media, de hecho hasta su estructura mental no era para ejercer el poder, sino para ser el caballeroso participante que se convertía, por esa misma razón, en un buen negociador.
Al quedarse el presidente Fox sin un partido unido que le ayude a hacer realidad su agenda de gobierno, tiene dos alternativas: o un enfrentamiento permanente con el Poder Legislativo y ser un gobernante inefectivo o, por lo contrario, buscar la efectividad por fuera de su partido en una alianza pragmática. Pero, ¿con quién?
Las dos alternativas son los otros partidos. El PRD no es posibilidad porque tanto Cárdenas como López Obrador le apuestan al fracaso de Fox como gobernante para que se les abra su propia oportunidad. Además es un partido que también está dividido, por un lado el caudillismo de quién lo fundó y por otro lado, los que desean transformarlo en una institución que no dependa de una persona, pero estos están en minoría y además aparte de esa gran dualidad, hay la atomización de las tribus que forman ese partido.
La única otra alternativa viable pudiera ser el PRI, a pesar de estar en plena decadencia, pero con los números para poder ser factotum en el Poder Legislativo. En su proceso interno les fue mal, los que perdieron porque perdieron y los que ganaron porque nadie les cree y porque la imagen nacional de sus líderes es muy precaria. Sin embargo, es claro que pueden ser los que logren hacer que el gobierno pueda llevar adelante su programa.
Uno se puede preguntar ¿y la ideología? ¿Y los principios? La respuesta es que éstos son secundarios, uno de puede gobernar y su victoria puede anularse pero ser ineficaz, el otro no tiene ni el prestigio ni el poder, pero tiene los números y en esa alianza pueden salvarse los dos. Eso explica la cena misteriosa que tuvieron el presidente con los recién electos (¿) dirigentes del PRI.
Este nuevo equilibrio pudiera hacer funcionar un gobierno que todavía no lo es. Es natural que tendría sus críticos. Los fundamentalistas de la tradición, de la radicalidad y del caudillismo ven con horror este pragmatismo tan marcado, pero uno se debe preguntar ¿qué se espera de un cambio político? No se esperan milagros, pero por lo menos se espera que sea funcional.
Si todo mundo se mantiene puro, el primer paso a la democracia habrá fracasado. La división del PRI se ve en la posición de la fracción del PRI en el Senado de no dar el permiso al presidente Fox para salir del país por 48 horas. Esto pareciera contradecir la idea de una alianza con el gobierno. Lo más probable es que los líderes del PRI no tengan todavía un control total o que sus senadores no han sido incluidos en los planes del presidente de su partido.
María Luisa Garfías Marín
Procuración de justicia
Una de las principales funciones del Estado mexicano es la de proporcionar a los habitantes el servicio de seguridad, el cual significa la protección de sus bienes materiales y la vida. Lo anterior, lleva a la constitución de órganos encargados de la procuración y administración de la justicia. El primero bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia y el segundo, por el Poder Judicial.
En lo que se refiere a la procuración de justicia, esta tiene como función acercar la justicia a las personas, facilitar que ellas alcancen la justicia, para ello se encarga de perseguir los delitos, y el Poder Judicial con los jueces y magistrados (incluyendo a los ministros) impondrán las penas merecedoras, basadas claro está en el derecho.
Bueno, lo anterior está establecido en las leyes,, tanto en la Constitución General de la República, como en la Constitución del Estado de Guerrero. Sin embargo, en nuestro estado ninguna de las dos funciones se lleva acabo con plenitud, honestidad, transparencia y responsabilidad, ejemplo de ello es la serie de irregularidades cometidas por integrantes de la Procuraduría de Justicia, desde el jefe de la institución hasta la Policía Judicial; o el señalamiento por parte de la población de jueces o magistrados que han puesto en venta la administración de la justicia. Sólo recordemos el escandaloso caso de los dos magistrados y la jueza inhabilitados por el Congreso estatal por complicidad para la liberación de un secuestrador, el famosos Calilla.
La Procuraduría General de Justicia no ha cumplido ha cabalidad, porque se ha convertido en los últimos años en la instancia generadora de protección y venta de sus servicios a los habitantes detentadores de poder. El mismo ex procurador, Pano Arciniega, lo señaló en un principio, siendo obligado posteriormente a retroceder en sus manifestaciones, y por lo tanto, a actuar como si no pasara nada, llegando al extremo de no acatar las recomendaciones de la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos, protegiendo de esta manera a integrantes de la Policía Judicial señalada como responsables de secuestros y tortura. Por otro lado, el desvío de recursos humanos y económicos para la protección de funcionarios de gobierno, sus esposas e hijos, y alguno que otro segundo frente.
Es la podredumbre en el quehacer de la Procuraduría de Justicia y la presencia de jefes sin control de ella, lo que ha hecho que los resultados hasta el momento sean nulos. Por lo que de nada servirá continuar la pasarela de procuradores, si estos no ejercen totalmente el poder que les han conferido la Constitución Política y quienes lo han nombrado, el Poder Legislativo.
De continuar los procuradores –quien sea–, actuando como simples empleados del Ejecutivo en turno, y no actuar como responsables de la seguridad de las y los integrantes de la sociedad, haciendo que las autoridades que están bajo su responsabilidad funcionen, volveremos a observar a nuevos procuradores.
Creo necesario que ante la ineficacia del procurador, irresponsabilidad o actos de corrupción, sea el mismo Congreso local, encargado de nombrarlo y tomarle la protesta, quien lo destituya –previo análisis– y no el gobernador en turno, ya que esto permite que el Ejecutivo lo sostenga en el puesto, a pesar de los señalamientos anteriores, máximo si este mantiene compromisos de algún tipo con el funcionario.
Hoy la Procuraduría estatal carece de un jefe, por la renuncia de Jesús Ramírez Guerrero, a la Dirección de Comunicación Social, el puesto de procurador será de él, ya está decidido, la exposición de la terna de aspirantes ante la legislatura local fue nuevamente la burla. Para qué digo yo, pretenden tapar el sol, si este alumbra muy clarito. Esperemos su actuación en la procuración de justicia.
Silvestre Pacheco León
CRONICA MUNICIPALISTA
Los consejeros guerrerenses del CRDS
Como lo anuncié en este mismo espacio, los días 11 y 12 de abril nos reunimos en la ciudad de México los integrantes del Consejo Regional de la Semarnat para el Desarrollo Sustentable, representantes de la ahora quinta región sur-sureste que integran los ocho estados de la República comprendidos dentro del Plan Puebla Panamá, exceptuando Puebla que está en la región centro.
Con la presencia de la gran mayoría de los casi 50 consejeros, 85 por ciento de los cuales son nuevos en estos andares, y algunos de los funcionarios de la Semarnat que participaron como ponentes, la sesión agotó los temas de la orden del día contando siempre con el apoyo diligente del personal de la Secretaría adscrito a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia.
“Los guerrerenses vienen muy activos” fue uno de los comentarios recurrentes de las diferentes delegaciones en la hora de la comida. Y era cierto. Nuestra novatez no fue obstáculo para acometer el compromiso que llevamos de nuestros respectivos sectores.
Desde la fase de inscripción y registro, dejamos por escrito los acuerdos de nuestro Consejo tomados en reunión extraordinaria, y en el desarrollo de todos los trabajos los seis guerrerenses estuvimos aplicados apoyando las iniciativas correctas y dando nuestro propio aporte, ya para fijar la posición del Consejo, ya para recomendar y hasta para reconvenir a la Semarnat por el incumplimiento de determinados asuntos.
Aunque será en próximas entregas donde abordaré con detalle cada uno de los asuntos tratados, hoy adelantaré que prácticamente todas nuestras propuestas fueron asumidas como acuerdos por el Consejo Regional.
La postura que llevamos sobre el Plan Puebla Panamá, pasó, lo mismo la integración de comisiones de trabajo para atender a detalle los temas de la Cumbre Mundial de Johannesburgo, la reunión de los países de la Cuenca del Pacífico, el de la situación forestal y los suelos, la del café y los recursos naturales, las áreas naturales y los corredores biológicos, la difusión y la legislación.
A continuación transcribo el documento que me tocó presentar sobre la problemática ambiental de Zihuatanejo, respaldado por todos los consejeros del estado.
Con el respeto debido y por acuerdo de los consejeros del estado de Guerrero, a continuación expongo el siguiente asunto con la intención de que se aborde en el punto de Asuntos Generales de esta la 15 sesión ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, región sur-sureste.
Exposición del problema
Zihuatanejo es la ciudad cabecera del municipio de José Azueta en la Costa Grande de Guerrero. Como parte de las zonas prioritarias del país con potencial en recursos naturales aprovechables, vivió una etapa de inversiones públicas para el desarrollo de la infraestructura turística a partir de la década de los 70s.
En los últimos 30 años su población se multiplicó por 30 constituyendo un caso excepcional en cuanto a crecimiento demográfico. Por ejemplo, en la década de los 80 registró una tasa de crecimiento casi del 10 por ciento.
De 3 mil habitantes en 1970 ha llegado a cerca de 100 mil en el presente año sin que las inversiones públicas hayan sido sostenidas ni al ritmo del crecimiento.
Zihuatanejo y su zona turística, Ixtapa, son dos mundos diametralmente opuestos. En la cabecera se concentra la mayoría de la población que trabaja en los hoteles y también la problemática ambiental que se agrava por los déficit crecientes en servicios básicos como drenaje, alcantarillado, agua potable, pavimentación, recolección de basura.
En Ixtapa las cuantiosas inversiones federales que maneja el Fonatur dan cuenta de los servicios de primera para un turismo cuya tendencia es a la baja.
En Zihuatanejo la falta de inversiones y de atención oficial para combatir las fuentes de contaminación que han puesto en riesgo la viabilidad del turismo sustentable, están agravando cada día tanto la calidad del agua de la bahía como el nivel de vida de la población.
La ciudad consume 500 litros de agua por segundo que sus plantas tratadoras obsoletas no pueden limpiar.
Cerca del 40 por ciento de la ciudad carece del servicio de recolección de basura por falta de calles y de medios de transporte diseñados para ese fin.
El drenaje sanitario no llega al 40 por ciento de la población cuyos asentamientos irregulares han rebasado la cota 100 del anfiteatro de la ciudad.
Toda el agua residual mal tratada y gran parte de la basura que no se recoge, llegan a la bahía.
La ciudad sigue creciendo aceleradamente y de manera desordenada a pesar del Plan Director urbano aprobado y decretado.
Ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno actúa con responsabilidad para frenar el deterioro ambiental sistemáticamente denunciado por las 22 organizaciones de la sociedad civil que forman parte del Movimiento para el Rescate y la Preservación de la Bahía de Zihuatanejo.
Tanto los esteros, las zonas de mangles y la selva tropical, en el entorno de la bahía, están desapareciendo mientras las autoridades siguen sin actuar, paralizadas por una supuesta confusión en la esfera de sus atribuciones.
Los dueños del megaproyecto conocido como Puerto Mío siguen siendo protegidos por las autoridades a pesar de que se ha demostrado la inconsistencia de los estudios de impacto ambiental en que se basó la autorización que el INE les dio para que privaticen parte de la bahía con su terminal marítima y marina deportiva que han sido rechazadas por un amplio sector de la población.
Propuestas
Que el Consejo emita una recomendación a la Semarnat para que se convoque a la instalación de una mesa de trabajo con las organizaciones sociales y las autoridades ambientales estatales y municipales con el objeto de que se defina la responsabilidad de cada una en la atención y solución de los problemas que forman el complejo de la realidad ambiental de la ciudad.
Que se revalúe el impacto ambiental del megaproyecto de Puerto Mío y que se le apliquen las sanciones correspondientes por los delitos ambientales que ha cometido con la construcción el espigón de piedra, como son la desaparición de la playa del Almacén, la modificación de las corrientes marinas, el asolvamiento del lecho marino y como coadyuvante de la contaminación.
Que se analice el papel y la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales en la invasión del área de reserva ecológica del anfiteatro con los asentamientos humanos irregulares, en el fraccionamiento para la urbanización de humedales, esteros, manglares y selva tropical.
Que se evalúe la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión local de Agua Potable y Alcantarillado, en la irregular operación y mantenimiento de las plantas tratadoras de aguas negras así como su irresponsable vertimiento a la bahía.
Que se garantice el confinamiento ecológico de los desechos sólidos municipales que genera la ciudad.
Que el titular de la Semarnat cumpla con su compromiso de firmar con la asociación civil, SOS Bahía, el convenio para la ejecución del Programa de Desarrollo Sustentable de la Bahía de Zihuatanejo 2002-2006.
Xavier Carreto A.
Alberto Mojica candidato del PRS.
Si usted creía que los tiempos en los cuales existían partidos políticos al servicio del gobierno estaban concluidos, deberá reconocer, no sin asombro, que no es cierto. Hoy este ejemplo sigue vigente en el estado de Guerrero y lo tenemos a la vista: Una vez más los miembros del Partido de la Revolución del Sur (PRS) nos demuestran que están al servicio del gobierno del estado. La sociedad guerrerense tiene presente que los militantes y simpatizantes, no creo que haya muchos, de esta organización política le hacen el trabajo sucio al gobierno renejuarista.
Hagamos un recuento de eventos electorales recientes en la entidad, en los cuales el PRS ha venido haciendo este triste papel. Fue el partido que hizó coalición con el PRI para postular a René Juárez al gobierno del estado, en las elecciones del 7 de febrero de 1999. Es el mismo partido que impulso la candidatura de Proceso González Calleja, hace casi tres años para contender en contra del candidato de la coalición de facto PRD-PAN.PT PRT a la presidencia municipal de Acapulco, en los comicios que tuvieron lugar el 3 de octubre de 1999. Ahora tiene la encomienda de respaldar al diputado Alberto Mojica, el próximo 6 de octubre, ya que así lo dispuso su jefe y surtidor de apoyos; el gobernador Juárez, por supuesto, le atino usted, con recursos del erario público que, en una entidad tan limitada de los mismos como la nuestra, deberían tener un mejor destino.
Sería interesante conocer la opiniones de los legisladores priístas Héctor Vicario, Manuel Añorve, entre otros, al respecto, quienes se muestra muy preocupados por el anuncio de los recientes ajustes al presupuesto federal que, en desde sus puntos de vista, afectarán los programas sociales en la entidad y pueden propiciar conflictos sociales.
El crear partidos políticos sátelites no es, por supuesto, una idea original de este gobierno estatal; es, más bien, una práctica que creíamos superada; que pensábamos había quedado atrás; que los tiempos del Partido Popular Socialista (PPS), del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM, entre los casos más conocidos, formaban parte del pasado. Sin embargo, con tristeza y preocupación, vemos que siguen formando parte de la realidad política guerrerense.
Si a esto le agregamos darle “mochaditas” a grupos inconformes para que no se manifiesten públicamente, como no los recordó el secretario Popoca, en los eventos políticos importantes entre los cuales destacan los Informes de Gobierno, no nos quedan dudas de que en Guerrero vivimos no solamente en el atraso educativo, social, cultural y económico, sino principalmente en el rezago político, por las prácticas prehistóricas que en este ámbito siguen realizando nuestros gobernantes. No hay lugar a dudas, si estos grupos radicales exigen mochaditas es porque ha habido gente en el gobierno estatal que así los tiene acostumbrados. Y más que hablar de mochadas, lo que exigen es el reparto del botín en que los priístas han convertido el erario público que debería servir para financiar el desarrollo de la entidad y no para beneficiar a los gobernantes, sus cuates y grupos radicales, quienes reclaman su parte, es verdad, no siempre con buenas maneras. Por cierto, es oportuno recordarlo, a la entrega del Tercer Informe de Gobierno no fueron invitados los diputados del PRD y del PAN, como la institucionalidad manda, pero si los cuates como el legislador perresista Demetrio Saldívar y, por supuesto, los exgobernadores Figueroa y Aguirre.
También, por otra parte, el licenciado Popoca nos dice que hay resentimiento de los partidos de oposición al PRI, en contra de su jefe por no haberse concretado la Reforma Electoral que impidió, según él, que los opositores tuvieran más huesitos, diputaciones plurinominales. Lo que no dice Popoca es que el gobernador, los diputados locales priístas y el mismo se oponen a todo cambio que les represente el riesgo de perder su mayoría calificada en el Congreso local y las principales presidencias municipales, en los futuros comicios locales.
Volviendo al apoyo que el PRS le ha brindado al diputado Alberto Mojica, éste les debe una buena explicación a los militantes perredistas y a quienes, de buena fe, le han considerado un aspirante serio a la alcaldía porteña, sobre este respaldo que a sus aspiraciones le ofrecen los perresistas. El rumor de que Mojica es el candidato perredista de Casa Guerrero tiene una confirmación adicional con este hecho, pues antes ya se tenían pruebas de esto cuando el diputado local del quinto distrito fue nominado para presidir la mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso local el pasado mes de diciembre. No se puede presidir el Congreso local, en una legislatura de mayoría calificada priísta, sin la anuencia del Jefe del Ejecutivo Estatal, a quienes, muy a nuestro pesar, los legisladores le piden permiso.
La maniobra del gobierno estatal por querer impulsar al diputado Mojica abanderado por el PRS a la presidencia municipal, una vez que se conozcan los resultados de la encuesta para definir la candidatura perredista, parece burda y contraria a los intereses del Partido de la Revolución Democrática por la pretensión que tiene para dividirlos, lo cual no es muy difícil, y confundir a los acapulqueños.
Me parece que es el momento de que los perredistas, precandidatos incluidos, ante la maniobra descrita y el hostigamiento que ha sufrido su precandidato puntero, deben cerrar filas en torno a Alberto López Rosas, si no quieren poner en riesgo la posibilidad de seguir gobernando Acapulco.
Efrén Marmolejo Vega
Autonomía y Estado de derecho
Ante la circunstancia por la que hoy atraviesa la Universidad Autónoma de Guerrero, es más que conveniente comenzar el debate sobre la relación que guarda la autonomía universitaria y el Estado de derecho.
La definición de autonomía está contenida en el artículo tercero de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, que a la letra dice: “La Universidad tiene autonomía para gobernarse, organizarse, definir sus fines, atribuciones, estructura y funciones académicas; establecer sus planes y programas; administrar su patrimonio y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de sus trabajadores y estudiantes”.
Corresponde a la comunidad universitaria, pero en particular a sus autoridades ejercerla con responsabilidad, lo cual exige estricta observancia de las leyes que la rigen, las que conforme al artículo primero de la Ley de la UAG son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley de la UAG, su Estatuto y Reglamentos.
En la UAG, por tres décadas al amparo de la autonomía, se ha violentado la legalidad institucional, conculcados derechos colectivos y particulares de los universitarios, manejado las finanzas con arbitrariedad, discrecionalidad y ocultamiento de información, al grado de saberse de cuantiosas cantidades de dinero desviadas de sus fines y hasta supuestas responsabilidades de peculado, cuyos infractores gozan de increíble impunidad.
Así, la interrogante para miles de universitarios y ciudadanos guerrerenses es: ¿acaso por atributo de la autonomía de que goza la principal institución pública de la entidad, sus autoridades pueden infligir el Estado de derecho que rige a todos los mexicanos, perjudicar a particulares hasta el punto de dejarles en condición de indefensión?
Para fortuna de los individuos así perjudicados, el Poder Judicial de la Federación ha emitido jurisprudencia y tesis en la materia que reorientan y acotan los contextos de acción legal de las instituciones autónomas.
Hoy hemos escuchado que, por ignorancia o con intencionalidad política expresa, se afirma que las garantías constitucionales susceptibles de protegerse mediante el juicio de amparo, hacen sujetos de excepción a los universitarios, ya que según éste no aplica en la universidad en razón de la autonomía que goza, por lo que no es factible considerarlo y con ello deja en total estado de indefensión a la comunidad universitaria, sus colectivos o sus particulares.
A esta falsa concepción que en el fondo esconde que al amparo de la autonomía, entendida como “la universidad soy yo”, sin admitirse sujetarse a las leyes del Estado de derecho, contraponemos la tesis 616 de la Corte referida a controversias entre la Universidad Autónoma de México y sus miembros. En ella se expresa que: “La autonomía de que goza la universidad no la excluye de la aplicación de las leyes que conforman el Estado de derecho”.
Más adelante argumenta que la autonomía de que goza la universidad, significa que queda en libertad de nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, así como administrar su patrimonio sin la injerencia del Estado, pero tal albedrío no puede extenderse al grado de suponer que la institución no está sujeta al régimen jurídico del país, es decir, que pueda conducirse con absoluta independencia, ya que ello podría provocar anarquía y arbitrariedad (verbigracia lo prevaleciente en la UAG); por lo que si entre la diversidad de actos emitidos por las autoridades o funcionarios universitarios se encuentran aquellos que reúnen los atributos esenciales del proceder autoritario, dichos actos son susceptibles de ser analizados a través del juicio de amparo, y que la sentencia que se pronuncie, cualquiera que sea su sentido, dejará intocada la autonomía de la universidad, ya que ésta, obviamente, podrá continuar ejerciendo la libertad de autodirigirse, con la salvedad de que como ente integrante de nuestra sociedad deberá respetar los derechos constitucionales que rigen en nuestro país; consecuentemente, los actos de la universidad que ostentan las cualidades para considerarlos como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pueden ser examinados a través de éste, sin perjuicio de la autonomía de que goza tal institución.
Si bien, por otro lado, la elección de los funcionarios universitarios no puede ser cuestionada por el Estado, ya que la institución universitaria rige su vida interna de acuerdo a los postulados de su Ley Orgánica y de los Estatutos expedidos por el Consejo Universitario, la observancia de autonomía responsable por parte de sus autoridades no riñe con el sistema de derecho establecido en nuestro país, pues tal facultad, no libera a la entidad pública de regirse conforme a derecho.
Es así, que se violenta el Estado de derecho cuando la autoridad universitaria cualquiera que esta sea, actúa al margen de la ley, no observa con rigor jurídico los procedimientos derivados de la norma institucional y hace prevalecer en la universidad la anarquía y el autoritarismo, afectando con ello los derechos de la comunidad universitaria y de los particulares, como es el caso de omitir la puntual aplicación de la ley en la elección de rector, así como también, de manera sobresaliente, alienta la degradación académica y la corrupción entre sus miembros.
Por ello, la autonomía universitaria queda intocada al invocar el juicio de amparo, lo mismo que cuando la institución es sujeto de revisión en razón del manejo y destino de los fondos financieros públicos que se entregan a ésta por parte del Ejecutivo federal y estatal para que aquella cumpla a cabalidad la aplicación programada del gasto presupuestado y corresponde al emisor de las leyes operar su vigilancia (en artículo por separado ofreceremos al respecto mayor argumentación).
La autonomía universitaria, no debe ser en sí misma un mito, ni pretexto para autoritarismos, ni tampoco argumento para cobijar la impunidad.
Preservemos la autonomía ejerciéndola responsablemente, haciendo prevalecer el Estado de derecho que da certeza y garantía de estabilidad institucional. Sólo así se generarán las condiciones para construir la Universidad Autónoma de Guerrero que la sociedad, la entidad federativa y el país necesita.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
¿Hasta cuándo el Estado permitirá
la violencia contra las comunidades
indígenas de Guerrero?
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, indígenas mixtecas de la comunidad de Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, salieron de sus casas en busca de Evaristo Albino Téllez y del menor Antonio Mendoza Olivero quienes el día anterior habían ido a trabajar a su milpa.
Al llegar a dicho lugar fueron interceptadas por miembros del Ejército mexicano y con base en amenazas y violencia física, fueron violadas. Posteriormente se supo que Evaristo Albino y Antonio Mendoza habían sido ejecutados por el mismo grupo de soldados que agredió sexualmente a las mujeres; no sólo eso, Pedro Ramírez Santos, habitante de una comunidad mixteca cercana, también fue ultimado por los soldados.
A tres años de estos sucesos, que en su momento fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) y motivo de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la impunidad ha sido la característica principal en la investigación y esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.
Como suele suceder en delitos cometidos por miembros del Ejército, las investigaciones finalmente fueron enviadas a la Procuraduría de Justicia Militar, quien a escasos días de haberle sido turnada la indagatoria por dichos delitos, decidió que no había elementos para determinar la responsabilidad de miembros del Ejército Mexicano y archivó la investigación.
Por su parte, la CNDH hasta la fecha no ha emitido recomendación en el presente asunto a pesar de que en mayo de 1999 dos visitadores adjuntos de dicha institución, junto con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se trasladaron a la comunidad en cuestión y además de entrevistarse con las víctimas y habitantes de las comunidades mixtecas de la región, pudieron constatar el grado de vulnerabilidad, pobreza y nulo acceso a la justicia que padecen dichos pueblos indígenas. No obstante, el silencio de la CNDH a lo largo de estos tres años ha contribuido a que el olvido y la injusticia sean los factores principales de este caso.
Ha sido justamente este olvido producto de la impunidad, el que con toda seguridad ha fomentado el que hechos como el sucedido el 21 de abril de 1999 se repitan cotidianamente en distintas comunidades indígenas del país, sin que hasta la fecha haya política institucional estatal o federal alguna que ponga freno a estos actos propios de regímenes cuyo respeto a la vida y dignidad son inexistentes.
Para muestra un botón. Sólo en lo que va del presente año y en el estado de Guerrero, se han denunciado dos casos similares de agresiones a mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, producto del nulo control que el Estado mexicano tiene para con los cuerpos castrenses que continuamente acceden a las comunidades indígenas del estado.
El 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, indígena tlapaneca de la comunidad Barranca de Bejuco, municipio de Acatepec, fue violada por dos miembros del 41 batallón del Ejército mexicano, después de que dijo no conocer los nombres de las personas señaladas en una lista de presuntos guerrilleros que llevaban consigo los militares. Un soldado la golpeó en el vientre con la culata de su arma, otro soldado la levantó del pelo y la amenazó con ir a matar a todos las personas cuyos nombres aparecían en la lista. Fue golpeada nuevamente y violada por los dos soldados.
El 22 de marzo del presente año, 11 soldados del 41 batallón de infantería llegaron a la casa de Inés Fernández Ortega en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Le preguntaron por la procedencia de la carne que estaba colgada para secarse a las afueras de su domicilio y después la encañonaron tres militares quienes la violaron, mientras el resto robaba la carne que estaba colgada.
Este tipo de hechos, que ya por sí mismo son un agravio deleznable para el ser humano y sobre todo para la dignidad de la mujer, también tocan otros temas de suma importancia que han quedado rezagados de las políticas estatales de protección y promoción a los derechos humanos. Muchos de los mismos han sido externados por el relator sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su reciente informe emitido con motivo de su visita a nuestro país en mayo del año pasado y son los referentes a:
1. Articular programas para mejorar el acceso de la justicia para las mujeres, incluyendo el establecimiento de fiscalías especiales para atender delitos de violencia hacia la mujer y la sensibilización y capacitación de cuerpos policiacos y fiscales que atiendan delitos de violencia sexual.
2. Establecer mecanismos y criterios claros que permitan el acceso a la justicia para las comunidades indígenas.
3. Investigar por cuenta de las autoridades civiles los delitos cometidos por militares, incluyendo, de ser necesario, la modificación de la legislación actual para clarificar las competencias por cuanto hace a la intervención de los órganos de justicia castrense. Esta medida debe contemplar la posibilidad de retirar a los militares de sus funciones de seguridad pública.
La investigación, juzgamiento, sanción y reparación del daño a las víctimas de estos abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, son requisitos indispensables para el establecimiento de un Estado democrático.
Sin embargo, estas medidas deben de ser complementadas con otras de carácter general, tendientes a evitar que en lo futuro, sucesos como los narrados vuelvan a suscitarse. Para esto, la aplicación de las recomendaciones emitidas recientemente por el relator de Jueces de la ONU, así como las que ya con anterioridad otros relatores y organismos intergubernamentales de derechos humanos han señalado, pueden ser una base de la cual partir para ir estableciendo las medidas necesarias para tal fin.
Aunado a lo anterior, la participación de la CNDH como organismo garante y protector de los derechos fundamentales de los mexicanos, ha dejado mucho que desear. Se requiere una participación más activa y contundente de dicho organismos gubernamental de los derechos humanos, comenzando con la emisión de su recomendación por los sucesos cometidos en la comunidad de Barrio Nuevo San José y una expedita y eficaz investigación, en los otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra miembros de comunidades indígenas.
En Austria el presupuesto cultural es mayor que el destinado a la milicia: Rudulf Lennkh
Carlos F. Ortiz * “Austria es el país Europeo que gasta más en cultura y su presupuesto de cultura es mucho mayor al presupuesto de defensa” precisó el embajador de Austria Rudulf Lennkh.
El embajador de Austria –que estuvo en el puerto para dictar una conferencia sobre su país– dijo en una entrevista con El Sur, comentó que México es el país latinoamericano más interesante, por su legado cultural histórico.
“Tiene una enorme cultura prehispánica, además fue el máximo exponente de la cultura en el virreinato, y actualmente cuenta con una cultura contemporánea muy viva, fuerte, presente y con un enorme eco en Europa” señaló.
Rudulf Lennkh dijo que México en Europa no es tan conocido por su comercio, sino como país con una enorme trayectoria cultural.
Comentó que la Unión Europea no realiza una política cultural conjunta, sino que se encuentra más centrada en temas de colaboración en asuntos políticos y económicos: “La Unión Europea no tiene un plan o una política cultural común que englobe a todos los países que la conforman” sino que cada nación lo realiza de acuerdo a sus intereses y objetivos, dijo el embajador de Austria en México Rudulf Lennkh.
Por lo que toca a la relación entre México y Austria, precisó que “dos veces por año hacemos algo en común entre los dos países; solamente en la ciudad de México realizaremos un festival de Jazz la semana entrante y cada otoño realizamos una semana del cine europeo, que sería bueno llevarlo no solamente al centro del país, sino también a otros estados como Guerrero” dijo.
Los austriacos –expresó el embajador–tenemos buenas relaciones con muchas universidades en México, existe un intercambio de científicos, de estudiantes y trabajamos juntos con exposiciones que realizamos en las distintas ciudades del país “por otra parte cada año Austria se esfuerza en que venga a México una orquesta a realizar una serie de conciertos, eso son los puntos de la cooperación cultural que tenemos hasta el momento”.
En Austria, comentó, hay un instituto de cultura mexicano muy activo que hace el mismo trabajo, llevando a grupos mexicanos a Austria donde tienen una buena respuesta por parte del público austriaco.
Rudulf Lennkh dijo que no se cuenta con un programa especifico con México para becas, sin embargo señaló existe un buen contacto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ministerio de Educación de Austria.
“Colaboramos en muchos temas como educación para discapacitados, tanto físicos como los que tienen deficiencias mentales, donde compartimos las experiencias, los austriacos visitan México y al revés” agregó.
En Austria –comentó– hay instituciones públicas manejadas con fondos del Estado y mucha iniciativa privada, hay tanto museos públicos como museos privados; la educación en la cultura existe al lado del sector privado.