Ejidatarios y madereros afectan el bosque en Coacoyulichán: Profepa

Ossiel Pacheco * La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró irregularidades de todas las partes en el aprovechamiento de los recursos naturales como la inexistencia de un grupo de vigilancia, falta de reforestación, corte de árboles no autorizado o fuera del área permitida y ausencia del tratamiento silvícola adecuado en la tala del bosque en el ejido de Coacoyulichán, municipio de Cuautepec en la Costa Chica.

Lo anterior lo informó el dirigente Pedro Navarrete Victorino en la redacción de El Sur, quien dio cuenta que en una reunión efectuada el domingo pasado en ese poblado, Noel Cruz y Manuel Solís Méndez, inspectores de la Profepa, expusieron ante los comuneros, autoridades federales, estatales y municipales el resultado de la investigación sobre el aprovechamiento de recursos naturales realizada en ese ejido.

Navarrete Victorino denunció que el Comisariado Ejidal boicoteó la reunión al convocar a los comuneros a no asistir y de esta forma impedir el quórum para instalar la asamblea. Aún así, sin carácter resolutivo, los inspectores de la Profepa, en un pizarrón, dieron a conocer los resultados de las dos investigaciones realizadas respecto a la tala del bosque.

A esta reunión asistieron el diputado local y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, Esteban Mireles Martínez; el alcalde de extracción perredista de ese municipio, Miguel Angel Gallegos Pánfilo; en representación de la Procuraduría Agraria, Juan Manuel Ortiz Medina; por parte de la empresa maderera, Jesús Vallejo Salgado y las autoridades ejidales, y su contraparte los integrantes del Comité Pro Defensa del Bosque.

La Profepa les informó respecto al primer informe del pasado 14 de noviembre que consta en el acta 261, que la instancia federal calificó de extemporáneo dado que se realizó sin consultar a los habitantes del lugar, encontrándose además que no se constituyó el comité responsable de la vigilancia de los recursos naturales, no se reforestaron 50 mil 880 árboles, lo cual es responsabilidad de Industriales Garza, la maderera con quien convino el ejido le cesión del corte de los árboles y de la comunidad.

Asimismo, la dependencia señaló que no se realizaron las actividades propias de la rehabilitación de las áreas afectadas, ni se abrieron las brechas corta fuegos, y descubrió un excedente de aprovechamiento de 18.060 metros cúbicos de madera sin la autorización correspondiente, y que eso equivale a la carga de dos camiones madereros.

A este respecto, Navarrete Victorino informó que la Profepa responsabilizó a David Figueroa Ventura, Alfredo Ramírez Figueroa, y Pedro Navarrete Victorino, integrantes del Comité Pro Defensa del Bosque; así como al presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal, Narciso Soto Godínez, Pedro Prestegui Ramírez y Primitivo Navarrete Victorio, respectivamente; así como al presidente y secretario del Comité de Vigilancia, Bellarmino Cristino Carmona y Bernardino Carmona Castro.

Por otra parte, como resultado del segundo informe del pasado 20 de febrero, según el acta 200, se encontró que 89 metros cuadrados de terrenos boscoso se cortaron sin respetar el área de protección que llaman correntías, es decir que se cortaron árboles cerca de los ríos y arroyos, que está prohibido, y que no se dio el tratamiento silvícola adecuado al hacer el corte de los pinos.

También que los aparcelamientos se encuentran cerrados con alambres de púas, lo que indica que se utiliza el terreno boscoso para la cría de ganado; la limpia del monte se ha hecho al 80 por ciento, lo que significa que al cortar los árboles deben apilarse para evitar incendios y que los árboles no habían sido marcados por el técnico forestal como está establecido.

Los asistentes acordaron realizar una segunda asamblea el 15 de marzo para alcanzar acuerdos definitivos sobre la explotación del bosque en ese lugar, aunque quedó asentado que la Profepa está facultada para emitir una resolución definitiva, por encima de los acuerdos a los que lleguen los habitantes de ese lugar.

Fue protagonismo de Profeco el colocar sellos en las Torres Gemelas: gerente

Raquel Santiago * Tras asegurar que la empresa Nuevos Destinos “no existe” en el inmueble de Las Torres Gemelas, el gerente general del condominio, Francisco Regino de los Angeles, informó que su representante legal “está viendo todo y usará todas las medidas” para que no se repitan las acciones de la Profeco.

Esto porque el 1 de marzo se presentaron al edifico cuatro verificadores para colocar sellos alusivos a prácticas abusivas contra el consumidor, acción que desaprobó el ejecutivo.

Entrevistado en su oficina, Regino de los Angeles negó la existencia de la empresa Nuevos Destinos, a la cual la Profeco solicitó que presentara el contrato de adhesión, y al no hacerlo fue acusada de comercializar el sistema de tiempo compartido sin estar regulada.

Francisco Regino calificó la acción de la Profeco como “protagonista”, debido a la presencia de los diferentes medios de información, además de considerar que el número de engomados fue “exagerado”.

Al preguntarle cuál era el nexo con la empresa Nuevos Destinos –a la que también se le envió un requerimiento a sus oficinas en la ciudad de México–, el gerente dijo que tal vez era porque “aquí tenían sus instalaciones, pero desde hace un par de años ya no es Nuevos Destinos”.

Reiteró que Las Torres Gemelas “desde hace muchos años” no comercializa el tiempo compartido, porque como tal “nunca lo ha hecho” desde hace 20 años que se construyó el inmueble, que consta de 630 apartamentos.

Aseguró que la empresa Nuevos Destinos no existe en el inmueble, además de que la administración de los condominios no fue notificada del proceso legal porque –dijo– “no tuvimos ningún acto conciliatorio” aún cuando los quejosos son los propios condóminos del lugar.

Francisco Regino dijo que su representante legal “procederá apegado a la ley para contrarrestar la acción (de Profeco)”, aunque omitió dar detalles para no afectar los trámites.

Dijo que el despacho contratado por la administración “está viendo todo y usará todos los métodos para que esto no se repita a futuro”.

Precisó que no se pretende “atacar a la autoridad”, y que se analizarán todas las cuestiones legales, “no es nuestra intención llegar a una confrontación”.

Aseguró que desconocía el proceso ante la Procuraduría y la Comisión Técnica de Vigilancia del Tiempo Compartido de la Sefotur, en donde hay una queja similar, porque “ni nuestro abogado (José Jaimes Salazar) ni yo ni nadie tenemos conocimiento de que en la Profeco había tal caso”.

De la queja interpuesta en Sefotur, Francisco Regino aseguró que ignoraba si José Jaimes Salazar conocía del caso, lo mismo que el administrador Kim Grover. Esto a pesar de que el representante legal ha acudido a las audiencias en Sefotur.

Reconoció que tampoco el condominio tiene un control para descubrir la oferta extrahotelera, porque “como dueño de la propiedad puedo hacer lo que quiera de la puerta hacia adentro”.

Ejidatarios de La Venta piden amparo contra un posible desalojo del panteón

* El ejido podría pedir la restitución del terreno, y esto equivaldría a solicitar la exhumación de más de 14 mil cuerpos, dice el comisario Servando Ozuna

Maricela Santos * Mientras el alcalde Zeferino Torreblanca hizo un llamado para que no tenga que ser por medio de la fuerza pública que se destrabe el bloqueo de ejidatarios al panteón privado Jardines del Tiempo, el ejido de La Venta y Barrio Nuevo promovió ayer un amparo contra un eventual desalojo.

El presidente municipal dijo lo anterior en entrevista al inaugurar la colecta anual de la Cruz Roja en el Zócalo.

Mientras tanto, el comisario de La Venta, Servando Ozuna Ponce, advirtió que el ejido continuará defendiendo sus tierras, pues hay varias sentencias y documentos que reconocen que el terreno donde está el panteón Jardines del Tiempo es ejido.

El amparo contra un eventual desalojo “se interpuso previendo cualquier irregularidad que se diera en alguna esfera de gobierno, o mediante presiones a las autoridades judiciales” por parte de la cadena de cementerios, “que presenta una escritura apócrifa, que sólo requiere un trámite para anularla”, explicó.

En conferencia de prensa en las afueras del panteón, informó que la asamblea ejidal determinó que nadie entrará al cementerio, y pidió la comprensión de la población a la demanda del núcleo agrario, que lleva implícita una exigencia de seguridad jurídica a los que ya compraron criptas.

Los ejidatarios tomaron el cementerio privado el 27 de febrero, y a la fecha es al ayuntamiento porteño, por medio de la Dirección de Panteones, el que se ha hecho cargo de asumir en el panteón de Las Cruces los sepelios, según informó ayer el coordinador de Servicios Públicos Municipales, José Luis Bárcenas Aguilar.

Pero ayer, en conferencia de prensa, Ozuna Ponce dijo que debido a que los ejidatarios tienen derecho de hacer lo que quieran con sus tierras, podría llegarse a pedir la restitución del terreno, y esto equivaldría a solicitar la exhumación de los más de 14 mil cuerpos que están enterrados ahí.

“Esperamos no llegar a esos extremos y que impere la cordura en la gente que representa a la empresa Jardines del Tiempo”, confió el ejidatario, quien alegó que es incongruente la demanda por despojo que promovió Jardines del Tiempo porque no se actualizará el delito de despojo cuando la posesión del terreno en pugna es un bien sujeto al régimen ejidal, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley Federal de la Reforma Agraria.

Va a Chilpancingo una comisión de las educadoras que se mantienen en plantón

Ossiel Pacheco * Educadoras de la región Acapulco-Coyuca de la SEG siguen en plantón en la explanada de la Subcoordinación de los Servicios Educativos, donde tienen tomadas las dos jefaturas de sector de Preescolar, en demanda del reconocimiento por parte de la Sección 14 del SNTE de los cambios de adscripción realizados por las supervisoras.

Los docentes –mujeres en su mayoría– asimismo continuaron con el paro laboral en los 223 planteles de preescolar de la región Acapulco-Coyuca, en los cuales suspendieron clases desde el viernes pasado y a los que asisten 18 mil niños.

Este lunes, una comisión del Frente Unido de Preescolar integrada por la secretaria general sindical, Carmen Barajas Martínez; las supervisoras Belén Camargo Suárez, de la Zona Escolar 20 y Irlanda Gómez Rodríguez, de la Zona 31 y las profesoras Melita Ramírez Ayvar, Lilia Gutiérrez Cipriano y Angélica Chávez Mercado partieron a Chilpancingo.

En la capital del estado las educadoras antes mencionadas firmarían acuerdos alcanzados de manera verbal el pasado viernes con el secretario general de la Sección 14, Job Bernache Guzmán, la secretaria de Conflictos de Preescolar, Consuelo Sotelo Abarca y la subsecretaria de Educación Básica, Alicia Hernández Alonso y la directora de Educación Elemental, Lilia Yolanda Leyva Acevedo, quienes acudieron al plantón.

De acuerdo a una minuta que no ha sido firmada por las partes antes mencionadas, se acordó que las vacantes que se generen tanto de supervisoras, directivos, docentes, administrativos, asistentes y de apoyo en lugares preferentes serán sometidas a un recorrido en la Región Acapulco-Coyuca, de tal manera, que sólo las vacantes que nadie solicite serán reportadas por las jefas de sector a la Subcoordinación.

Asimismo que a partir de esta fecha se formará una Comisión de Vigilancia que velará por la transparencia del proceso de cambios de adscripción, recibirá copias de solicitudes de cambio de nivel, que las educadoras hagan llegar a la SEG como a la Sección 14 del SNTE.

Por su parte, la Sección 14 hace el compromiso de integrar el pliego petitorio que presenta el Frente Unido de Preescolar (FUP) a la mesa de negociaciones con la SEG que tendrá verificativo en mayo próximo.

Mediante un manifiesto del FUP rechazan que los espacios se asignen mediante la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, porque difieren los campos de competencia respecto a la Comisión Mixta de Cambios, aunque reconocen que ambos organismos de la SEG no han actuado con la transparencia que se requiere, porque se han beneficiado “gente allegada o aquellos que sin tener los derechos correspondientes se les otorgan claves de supervisor y director sin jamás concursar”.

En la explanada de la Subcoordinación, este lunes permanecieron unas 500 educadoras, mismas que montaron un equipo de sonido para dar a conocer el transcurso de los acuerdos y las noticias que genera el movimiento que desde el miércoles pasado iniciaron.

La supervisora de la Zona Escolar 19 de Preescolar, Teresa Maldonado Guerrero señaló que han encontrado disposición por parte de la SEG. Dijo, por ejemplo, que el nuevo subcoordinador Raúl Vega Astudillo, el viernes pasado con apenas dos horas de haber llegado al cargo participó en las negociaciones, junto con su antiguo adversario el actual secretario general de la Sección 14, Bernache Guzmán.

Precisó que este último mantuvo su posición en contra de otorgar los cambios de adscripción mediante cadeneo, aunque aceptó de manera verbal los recorridos para la asignación de las vacantes.

Formal prisión a Sabino Palma por el pleito de las tierras de Punta Diamante

Alfredo Mondragón * Por el despojo de 106 mil 200 metros cuadrados del desarrollo turístico Punta Diamante, en agravio de la empresa Bancomer, ayer el juez quinto de lo Penal, Emilio Ramos García, dictó formal prisión al líder priísta César Sabino Palma Salinas, quien asegura ser propietario de ese predio.

Durante el término constitucional de 72 horas –debido a que no solicitó ampliación–, Palma Salinas “no ofreció documentos o pruebas que lo acreditaran como dueño del predio en controversia”, valuado en tres millones de pesos, por lo que a las 10 horas de ayer se le dictó formal prisión, indicó el juez Ramos García.

El proceso por el delito de fraude que enfrenta Sabino Palma en el juzgado cuarto de lo Penal, a cargo de Leonor Arrojo Mojica, se resolverá el próximo jueves, debido a que en este caso la defensa sí solicitó la ampliación del término de 72 a 144 horas para desahogar pruebas.

El primero de marzo, el líder priísta fue detenido por agentes de la PJE, acusado de despojo violento de terrenos del complejo turístico Punta Diamante, propiedad de Bancomer, además del delito de fraude por vender lotes que no eran suyos.

El 18 de febrero, Sabino Palma encabezó un bloqueo con piedras en el bulevar de Las Naciones durante la gira del presidente Vicente Fox Quesada, bloqueo que el gobernador René Juárez Cisneros personalmete despejó.

También enfrenta un proceso por el delito de fraude en el juzgado cuarto, en agravio de María Esthela Romero Rangel y Edelmira Romero Valdovinos, a quienes timó con 35 mil y 10 mil pesos, respectivamente, al venderles dos lotes del predio en controversia.

Las obras en Punta Diamante acabaron con los bancos de almeja, denuncian

* Que el gobierno estatal pague un millón 300 mil pesos del apoyo para resarcir los daños en Puerto Marqués, otra de las demandas 

Maricela Santos * Los desarrollos turísticos que se construyen en Punta Diamante han acabado con la producción de almeja en la bahía de Puerto Marqués, sin que las autoridades ambientales demanden a las compañías constructoras que mitiguen los daños.

Así lo denunció ayer el presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buceadores de Puerto Marqués, Alfredo Arcineaga Cisneros, quien acompañado de unos 50 pescadores se manifestaron de nueva cuenta en la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para exigir que conmine a los desarrollos a no afectar al medio ambiente.

Solicitó además que la dependencia vigile la forma en que trabajan los desarrolladores, pues reveló que en la zona de Revolcadero han visto en las últimas fechas el uso de explosivos para abrir caminos.

Los inconformes también exigieron que el gobierno estatal les pague un millón 300 mil pesos del “apoyo institucional” que les adeuda, para “resarcir los daños ocasionados por las diversas construcciones y vialidades” de Punta Diamante, sobre la bahía marquesana.

Esto –explicaron– según un convenio firmado desde octubre del año pasado por la organización pesquera, el secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado, Héctor Manuel Popoca Boone, y el titular de la Promotora Turística de Guerrero, Virgilio Gómez Moharro, en donde fungió como testigo el delegado de la Semarnat, Octavio Klimek Alcaraz.

El convenio respondió a una evaluación del ecosistema marino que efectuó, en el 2001, el Centro Regional de Investigación Pesquera de Salina Cruz, Oaxaca.

En el documento se estipulaba que el desarrollo turístico Punta Diamante provocó que se dejaran de extraer –de 1993 a 1999– un promedio de 101 toneladas de ostiones y 16 toneladas de almeja, pero Arcineaga Cisneros aseguró que en lo que va del mes los pescadores ya no han encontrado almejas, y aclaró que eso no se debe a la depredación porque el número de agremiados no lo han incrementado.

Arcineaga Cisneros advirtió que ante la falta de respuesta de las autoridades estatales para evitar la afectación al lecho marino, enviará una denuncia al titular de la Semarnat, Víctor Líchtinger Waisman, y el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Campillo García.

Agregó que los agremiados de esta cooperativa pesquera han visto cómo los desarrollo turísticos han colocado explosivos para continuar sus obras en Punta Diamante, sin cumplir con medidas para evitar que los derrumbes afecten los bancos de moluscos de la bahía marquesana.

Ortega: acabar con el sectarismo; auditorías permanentes: Salgado

* Hablan de recursos, gratuidad, indígenas…

Ossiel Pacheco * En un encuentro que sostuvieron con la prensa los candidatos a rector de la UAG, el aspirante del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Rogelio Ortega Martínez, ofreció llevar la institución al 100 por ciento de la geografía de la entidad y “acabar con la política sectaria”.

En tanto, Alberto Salgado Rodríguez, del Movimiento Académico Independiente (MAI) se comprometió a someterse a un referéndum anual ante la comunidad universitaria, para que ratifique su confianza o destituya al rector, y ofreció impulsar que la declaración patrimonial del rector tenga carácter de obligatorio, así como de funcionarios de primer nivel y directores de facultades y escuelas.

El encuentro con Ortega y Salgado el domingo pasado a invitación expresa de los reporteros de la fuente universitaria de El Sur, Novedades, El Sol de Acapulco y Diario 17 en el restaurante La Fragata, donde expusieron sobre sus propuestas para allegar de recursos a la UAG, el uso y manejo de estos, su posición frente al gobierno federal y de qué manera van a acercar la educación superior a los grupos indígenas de la entidad.

Al calor de las campañas que terminan el viernes próximo, al encuentro se dieron cita dirigentes del FAUG que acompañan a Ortega Martínez, como el secretario administrativo de la UAG, Antonio Torres Montoro; el ex director Académico, Efrén Marmolejo Vega; el dirigente de la ACNR, Jesús Luna Contreras; la profesora de la FCA Irma Ferruzca Muñiz; el dirigente Confesor Díaz Terrones, entre otros maestros, así como dirigentes de la FEUG y estudiantes, que llenaron el restaurante ubicado en El Malecón del puerto.

Por separado, los candidatos opositores expusieron los temas antes mencionados, aunque se trataba de realizar una mesa de redonda. Esto no fue posible dado el retraso de Ortega, quien llegó al lugar proveniente de Tecpan de Galeana, cuando Salgado estaba por terminar su comparecencia ante los reporteros. 

Propuestas para allegar recursos a la UAG 

Salgado: Se va a implementar una política de rendición de cuentas, eficientaremos la administración universitaria, modernizaremos su estructura administrativa, a la UAG le cuesta mucho que sus procesos se den de manera improvisada, por ello, planificaremos sus acciones estratégicas. Las unidades académicas van a conocer sus techos financieros.

Se promoverá que el financiamiento provenga del Estado, para ello, se participará en los proyectos denominados: Promep, Fomes, Pronap, Coepes, donde participa para ganar fondos concursables por parte de la SEP, para tener más recursos tendremos que aumentar la producción académica.

Diversificaremos mediante la Fundación UAG, los ingresos, fomentaremos la creación de sociedades mediante la participación de los ex alumnos, crearemos –con apoyo de las instituciones– empresas universitarias, y la recuperación del patrimonio universitario, porque ha habido importantes desvíos de recursos del erario.

Ortega: El rector tiene que ser una persona con consenso y credibilidad, dentro y fuera de la UAG, para tener la confianza de la sociedad. Se debe recuperar la credibilidad social, porque se tiene que dar cuenta que los recursos que se les asignan. Debe haber un manejo transparente de los recursos. Esto va a permitir presentar al gobierno federal y estatal el proyecto de modernización de la universidad, tal como se aprobó en la reforma. Tendrá que ser innovadora, pertinente, humanista, comprometida socialmente con su entorno.

Se requiere del financiamiento del gobierno federal y estatal, y tal como se aprobó en la nueva ley se van a crear la Fundación UAG y el patronato universitario, para allegar recursos extras fuera del subsidio universitario. Se va a conformar con universitarios respetables.

Defensa de la gratuidad de la educación superior

Salgado: La gratuidad es un precepto consagrado en la Constitución, lo haremos valer en todo momento, haremos un frente común con las demás universidades públicas del país para la defensa de estos preceptos históricos. No cederemos un sólo milímetro para que la UAG sea privatizada.

Promoveremos programas académicos para capacitar a los profesores. Es importante la presencia y el liderazgo de la UAG en foros importantes como la ANUIES, para encabezar programas académicos acordes a la realidad del estado, programas académicos competitivos pero con contenido social.

Ortega: Estamos presentando una propuesta de lucha con la participación de todos. Es importante porque desde 1984 se estableció un tope para el nivel de educación media superior hace 18 años la UAG no puede oficializar escuelas preparatorias, hay más 5 mil estudiantes en grupos periféricos, con los cuales la universidad sólo tiene el 25 por ciento de la cobertura. Se va a romper el tope en el bachillerato.

Pretendemos cubrir la geografía de Guerrero al 100 por ciento, con programas, docencia, investigación, extensión universitaria que significa difusión de la cultura, ampliación de los servicios. Por ello ante un gobierno de corte neoliberal, que recorta la educación, lo vamos a hacer luchando, con la unidad de todos los universitarios.

Los pobres también tenemos derecho a aspirar a tener una universidad digna y decorosa. Este es el mensaje que estamos llevando a las inteligencias abiertas que hay entre los universitarios. Asumiremos la defensa de la autonomía universitaria, como forma de gobierno, teniendo presente el respeto a la pluralidad ideológica y la enseñanza libre.

Será importante la vinculación de la universidad con sectores productivos y proyectos gubernamentales para influir en el desarrollo del estado, en atención a los más necesitados, con la aplicación de programas pertinentes, de solidaridad y apoyo a los más marginados. Es lacerante para la UAG estar postrada en el penúltimo lugar.

Usos del dinero de la universidad

Salgado: Se promoverá una política de rendición de cuentas, bajo los siguientes aspectos: mediante la página de Internet de la UAG se hará pública de manera puntual y detallada el manejo financiero de la institución. Será obligatoria la declaración patrimonial del rector, funcionarios de primer nivel y directores de escuelas y facultades.

Estoy proponiendo someterme a un referéndum anual de continuación o revocamiento de mandato, tanto para el rector como para directores de escuelas y facultades, porque cuatro años son demasiados para un rector que resultara un inepto y un ratero. No podemos permitir más robos a la UAG.

Una independencia real entre la Rectoría y la Contraloría General, no más complicidades ni tapaderas. Estamos por impulsar un reestablecimiento del Estado de derecho en la universidad, mediante el castigo para los que han saqueado el patrimonio universitario. No más impunidad; si no castigamos se van a repetir los robos. Un programa permanente de auditorias a la administración central y direcciones.

Ortega: Se tiene que recuperar la credibilidad de la sociedad y de los gobiernos, para ello, es fundamental integrar en la administración central a personas que tengan un amplio consenso, que tengan el reconocimiento y la confianza. Líderes de opinión y dirigentes de los partidos políticos han expresado su simpatía por esta candidatura porque tengo el perfil académico adecuado, una trayectoria limpia, y el equipo que me rodea tiene esas características.

Somos garantes de la pluralidad de la universidad, de que esta institución no se va a entregar a persona, grupo o partido político alguno, no va haber una política sectaria por parte de la Rectoría, esto es garantía que los recursos que la sociedad mediante el gobierno otorga a la UAG se van a aplicar a las tareas sustantivas: al fortalecimiento de la academia, docencia y la investigación.

Necesitamos figuras que garanticen más allá de las palabras que los recursos se van a utilizar con pulcritud, transparencia, equidad y justicia. El Congreso Universitario aprobó la creación de la Contraloría General, por ello, su titular no va a ser nombrado por el rector, sino por el CU a través de una convocatoria, y mediante concurso, para vigilar el manejo de las finanzas y lo que compete a la vida universitaria.

Nunca más amparados en la autonomía universitaria se dejará de rendir cuentas claras a la UAG, a la sociedad y al gobierno sobre el destino de los recursos. Yo he estado muy cerca de los informes de varios rectores, y el Talón de Aquiles es que las cuentas no cuadran. Es una pena que se tengan que maquillar las cifras para entregar cuentas, además de que no hay un seguimiento claro y externo del dinero que se ejerce en la universidad.

Nosotros vamos a dotar de plena autonomía e independencia a la figura del contralor de la universidad. Si hace falta restablecer otra instancia por parte de la sociedad o por parte del gobierno que nos vigile el ejercicio de los recursos de la universidad, lo haremos.

Propuesta para acercar la UAG a indígenas

Salgado: Se va a contribuir a mejorar nivel de vida, preservación de la cultura. Hoy la UAG tiene olvidado a los grupos indígenas de la entidad, se ha olvidado su origen y está desvinculada de los programas sociales. Será prioridad acercar a la universidad a los grupos marginados y a todos los sectores de la sociedad.

Se va a echar a andar el programa de enfermedades endémicas, reforzamiento y mejoramiento de la calidad de las viviendas en la entidad, participaremos en programas de alfabetización y programas universitarios para la protección del medio ambiente y mejoramiento de la productividad agrícola. Participaremos en programas para lograr la preservación de la cultura étnica y de aprovechamiento pesquero, desarrollo sustentable y de preservación del patrimonio histórico.

Ortega: Vamos a apoyar a los jóvenes indígenas de nuestra entidad, porque en el recorrido que hemos hecho por la Universidad los vemos en las escuelas. Tuve la fortuna de recorrer La Montaña con un profesor muy querido que conoce mucho de la problemática que sufren lo jóvenes de las diferentes etnias guerrerenses.

El me proponía elaborar programas especiales para atender a estos jóvenes. La Universidad tiene que ayudarlos, protegerlos con programas especiales de educación. Para ello hemos hablado de que vamos a premiar a la excelencia, pero también vamos a apoyar con becas a los mejores (universitarios indígenas) deportistas y a los que desarrollen actividades culturales y artísticas.

No habrá observadores electorales en la UAG, lamenta Leoncio Domínguez

 

* Pide a la prensa estatal vigilar la elección

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * A una semana de la elección de rector de la UAG, el integrante de la Comisión Electoral, Leoncio Domínguez Covarrubias denunció que “el rector Florentino Cruz Ramírez tiene secuestrado el Estatuto General, con lo que peligra la legalidad de la elección del futuro rector de la UAG”.

Domínguez Covarrubias informó que la Comisión Electoral está trabajando con una copia del Estatuto General, pero dijo, a los consejeros no les quieren entregar el documento impreso. “Nos dicen que el secretario general académico Eduardo Pérez Rodríguez apenas lo mandó a editar y lo mismo está sucediendo con la Ley de la UAG y el Reglamento”.

Sin embargo opinó que “lo peor de todo esto” es que el rector de la UAG “violando la propia legislación universitaria” se niega a instalar la Comisión de Garantías que se integra con las comisiones de Honor y Justicia y la de Legislación, tomando en cuenta que la Comisión Electoral no puede ser juez y parte “esta Comisión se debió instalar desde el momento mismo en que sesionó el Consejo Universitario la última vez”.

Por otro lado, señaló que con fuertes discusiones, finalmente la Comisión Electoral del Consejo Universitario dio a conocer las actividades previas a la elección del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

Dijo que la reunión del fin de semana fue muy accidentada luego de “la actitud de cerrazón” que asumió el secretario técnico de la Comisión Electoral, Carlos Rubén Silva García. “Al menos un grupo de consejeros le manifestamos de la necesidad de que se diera a conocer a los medios de comunicación toda la documentación, pero ante la presión que se ejerció optaron por aceptar”.

Entrevistado ayer, señaló que el viernes y sábado de la semana pasada se reunió el pleno de la Comisión en donde se analizaron tres puntos: lo relacionado con la depuración del padrón electoral para que se entregue a los representantes de cada uno de los candidatos; la capacitación de los funcionarios electorales que fungirán como presidente y secretario de casillas, que inicia el próximo miércoles, y que en este caso serán el consejero universitario propietario y el suplente; además de lo relacionado con las boletas electorales, para lo cual se integró una subcomisión que las depositará en el Sistema Panamericano de Protección.

El funcionario electoral dijo que se sortearán a los funcionarios electorales, pues “ningún consejero universitario podrá ser funcionario de su escuela, necesariamente se tendrá que designar en otro plantel”.

Asimismo, expresó que “lamentablemente no fue posible la participación de observadores de la elección, por eso pensamos que la prensa estatal pudiera jugar ese papel”.

Por otro lado manifestó que los representantes de los candidatos a la Rectoría de la UAG tienen de plazo hasta este martes para que den a conocer los nombres de sus representantes de casilla.

Dijo que la elección será de 8 de la mañana a 8 de la noche, mientras que las campañas terminan el viernes por la noche “por lo que del sábado al lunes ya no habrá actividades, además de que el acuerdo es que se retire todo tipo de propaganda; cerca de la urna no debe haber propaganda de ningún candidato”.

Funcionarios “sin cola que les pisen”, en el panorama de Nelson

Ossiel Pacheco * Nelson Valle López, candidato a rector por la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), ofreció que de ganar la Rectoría de la UAG, los funcionarios que integren su administración, “serán nuevos, serán rostros nuevos y tendrán manos limpias, serán funcionarios que no tengan cola que les pisen”.

Asimismo, confió en ganar ampliamente para trabajar con estabilidad política, porque advirtió que de ganar con un margen cerrado, “se tiene que negociar, no sólo espacios de la administración sino prebendas, canonjías que colocan a la UAG en un estado de indefensión”.

Dijo que en lugar de utilizar los recursos para mantener la estabilidad a partir de cuotas de poder, “estamos pensando en comprar equipo de cómputo, mejor tecnología”.

El candidato de la AEU convocado por los reporteros de la fuente, en el Sanborns Centro respondió por separado a los candidatos del FAUG, Rogelio Ortega Martínez y del MAI, Alberto Salgado Rodríguez, las preguntas sobre el uso y manejo de los recursos del erario universitario, la posición de la UAG frente al gobierno federal, la defensa de la gratuidad de la educación superior y sus propuestas para acercarla a los grupos indígenas de la entidad.

Va por un subsidio de 23 mil pesos por estudiante 

Expuso que para allegar recursos a la UAG, van a realizar un diagnóstico acerca de los proyectos que se han desarrollado en la universidad, mismos que van a ser presentados en visitas que se hagan a los diputados locales de las diferentes fracciones partidistas y en particular con la Comisión de Educación del Congreso del Estado, con el fin de mostrar lo que se está haciendo.

También, indicó que mostrarán a los legisladores un comparativo del subsidio que reciben otras universidades del país, para demostrar que los 7 mil 200 pesos al año que se destinan a la UAG por estudiante, son insuficientes para su desarrollo: “Esperamos incidir en el señor gobernador para la asignación de un mayor presupuesto”, dado que en otros estados sus gobiernos asignan más del 10 por ciento.

Señaló que a la fecha, el gobernador René Juárez Cisneros, por ser egresado de la UAG, “ha sido sensible con las necesidades de la institución, pero necesitamos que mediante la intervención del Congreso quedé asentado un nuevo porcentaje de presupuesto para la universidad”.

Dijo que también acudirán a los diputados federales y senadores de la entidad para presentarles el mismo proyecto y solicitarles su intervención para que mediante el Congreso de la Unión y la Comisión de Educación de éste, “sean interlocutores con el gobierno federal a efecto de reclamar un trato igual que permita que a la UAG se asigne un subsidio que se coloque en la media nacional, es decir, de unos 23 mil pesos por estudiante”.

Estos recursos –dijo– con el fin de lograr mejorar la infraestructura física y académica, mejorar la capacitación de la planta de profesores y elevar la calidad de los servicios educativos en los diferentes planteles de la UAG.

Adelantó que en acato a lo aprobado en la nueva ley de la UAG se va a integrar una fundación social, con representantes del sector público, social y privado, “para allegarnos recursos mediante donativos, convenios que podamos celebrar, para buscar fuentes alternas de financiamiento. Esta es la estrategia que vamos a impulsar para mejorar las finanzas”.

La UAG no será elitista

Sobre la defensa a la gratuidad de la educación superior, Valle López destacó que la UAG a diferencia de otras universidades surge de un movimiento popular, “no surge por un simple decreto de un gobierno estatal, sino de un reclamo popular, que costó vidas, sangre para que esta universidad naciera para dar este servicio a la juventud guerrerense, por eso no podemos renunciar al sacrificio que guerrerenses hicieron, algunos hasta su vida ofrecieron”.

“No podemos renunciar a esto, no vamos a permitir que la UAG se convierta en una universidad elitista, porque vivimos en un estado pobre que es marginado por la federación, eso se refleja en las asignaciones que tiene, por ello nunca vamos a renunciar a la defensa de la gratuidad de la educación, porque representa la alternativa de estudios para los hijos de los campesinos, del obrero, del maestro, del pequeño comerciante y de prestadores de servicios”, asentó.

En cuanto al manejo de los recursos del erario universitario, el candidato de la AEU ofreció que el próximo contralor general va a ser nombrado por el Consejo Universitario (CU), de acuerdo a lo aprobado en la reforma, “para garantizar la transparencia de los recursos universitarios, también seremos cuidadosos en el manejo de los recursos, van a evitarse los dispendios, a organizar las finanzas”.

Preparatorias populares en zonas indígenas

–¿De qué manera la UAG va a acercar la educación superior a los grupos indígenas de la entidad?

–Hasta este momento sólo se ha contenido el índice de analfabetismo, pero se puede abatir, han faltado programas por parte del INEA, ni con el Conafe. Es un problema serio, porque a estas alturas no se ha podido llevar a los cuatro grupos étnicos la educación elemental, por ello, la universidad podría contribuir en los programas de alfabetización de las regiones indígenas.

Dijo que para ello se requiere el conocimiento de los diferentes idiomas y sus variantes que se hablan en la entidad, “se tienen que preparar los materiales en sus dialectos para dar una atención a los grupos indígenas. La UAG va a trabajar con la SEG, el IGEA, para que podamos constituir el programa de alfabetización para las regiones indígenas que los universitarios podrían realizar como servicio social”.

Dijo que los subsistemas de educación media superior en conjunto sólo atienden el 78 por ciento de los egresados de secundaria, “el resto no tiene una opción de estudios, sobre todo en las regiones indígenas, por ello, en las comunidades donde haya condiciones, se van a crear preparatorias populares mediante convenios tripartitas”.

Este proyecto –adelantó–, se va a presentar ante el gobernador Juárez Cisneros para que mediante un convenio junto con la UAG y los municipios puedan instalar estas preparatorias populares: “Nuestra propuesta es abrir nuevos centros de estudios”, y ejemplificó que la universidad podría aportar el reconocimiento de los estudios y algunos servicios, mientras el gobierno estatal podría destinar la compensación de los maestros y el municipio, podría aportar el espacio físico y su mantenimiento”.

Al ser interrogado sobre el caso del ex rector Hugo Vázquez Mendoza por el presunto desvío de recursos, respondió que no se otorgó el perdón a cambio de la participación de Acción Revolucionaria (AR), en la AEU: “No estamos por el solapamiento de la corrupción ni estamos a favor de la impunidad, pero tampoco estamos a favor de la irresponsabilidad, porque el que afirma tiene la obligación de probar”.

“Una vez que lleguemos a la Rectoría vamos a revisar los estados contables, analizar los resultados de las auditorías y que sea la Comisión Financiera de la UAG del CU, la que se encargue de elaborar, de revisar la situación financiera y en su momento aportar las pruebas suficientes que permitan sancionar, no es el rector el que sanciona, sino el pleno del CU”, indicó.

Precisó que en el caso del ex rector Vázquez Mendoza, “si existen las pruebas suficientes que indiquen claramente que hubo un desvío de recursos, el rector va a someter el dictamen al pleno del CU el que va a establecer la sanción correspondiente, si es interna o si habrá que turnarlo al poder público”.

De paso, Valle López señaló que su adversario Ortega Martínez, siendo coordinador de Asesores de la Rectoría gastó 553 mil pesos durante 10 meses que estuvo en el cargo en 2001, “es un exceso, cuando no visitó ninguna escuela, no podría decir que los utilizó en viáticos, nunca visitó las escuelas, por eso no sabemos en qué empleó esos recursos, que bien podrían haber sido utilizados para comprar una buena cantidad de computadoras para las escuelas”.

Y deslindó al rector Florentino Cruz Ramírez de lo anterior, porque “no puede responder por los actos de sus funcionarios, pero es el área contable la que autoriza los gastos por comisión, si ellos no comprueban será la instancia correspondiente la que los invite a hacer sus comprobaciones”.

Dijo que el hecho de que esté siendo respaldado por los ex rectores Hugo Vázquez, Gabino Olea Campos, Rosalío Wences Reza y Marcial Rodríguez Saldaña, “no significa que ellos vayan a ser parte de la próxima administración, agradezco su apoyo, pero voy a convocar a un cambio de actitud a todos, para cumplir con los maestros y los alumnos”.

Y comprometió a que los funcionarios que integren su administración, “serán nuevos, serán rostros nuevos y tendrán manos limpias, serán funcionarios que no tengan cola que le pisen, serán nombrados de acuerdo a los requisitos que marca la nueva ley, estén comprometidos con la transformación y de acuerdo a perfiles profesionales”.

También dijo que estaría dispuesto a invitar a sus adversarios en la contienda por la Rectoría, a colaborar en la próxima administración.

Secuestran a ganadero de El Platanillo y piden un millón de pesos, trascendió

* Discreción total sobre plagio

Isaac Flores Pineda, Coyuca de Benítez * El ganadero Abundio Morales Vargas fue secuestrado el jueves de la semana pasada en la comunidad El Platanillo, según ha trascendido entre los habitantes del lugar porque, hasta el momento, ni familiares ni la Policía Judicial han aceptado informar al respecto.

Morales Vargas es ganadero y entre diversas versiones se conoce que ha sido solicitado a los familiares un millón de pesos para liberar al cautivo

Se conoció también que la familia no ha dado parte a las autoridades sobre la desaparición de

Morales Vargas, de 45 años de edad, originario de la comunidad serrana El Platanillo que está ubicada a hora y media de su cabecera municipal, Coyuca de Benítez, y que el secuestro lo hicieron tres personas que portaban armas AK-47 -cuernos de chivo- cuando se dirigía a su potrero.

Asimismo, en la comunidad se conoció que Abundio Morales no ha llegado a su casa desde el jueves por la noche y, también según versiones extraoficiales, los plagiarios estarían solicitando a los familiares el millón de pesos mencionado.

Personal de la Policía Judicial informó por su parte que en este corporativo no tienen ninguna solicitud de los familiares de Abundio Morales relacionada con secuestro alguno.

El ganadero Morales Vargas, según lugareños, posee unas 30 cabezas de ganado y una huerta de cocos ubicada en las cercanías de esta población serrana El Platanillo.