* Comienza campaña de proselitismo en el auditorio de Rectoría de la UAG

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, por el Movimiento Académico Independiente (MAI) y el Blodese, Alberto Salgado Rodríguez denunció que el rector Florentino Cruz Ramírez aplica una campaña del terror “al comprar conciencias, otorgar nuevas categorías y becas para que los universitarios apoyen al candidato de la imposición, Nelson Valle López”.

El ex director de la Facultad de Ingeniería de la UAG, comenzó su campaña de proselitismo a la Rectoría de la universidad, en el auditorio de este plantel, al que asistieron decenas de estudiantes, trabajadores y profesores.

Afirmó que “quienes pretenden impulsar al candidato de la imposición (Nelson Valle), han clasificado a los universitarios en dos categorías, aquellos que tienen precio, como son una base, una beca, unas horas o una lana; y aquellos que tienen miedo: a quienes dicen que los sacarán de nómina o que los van a reprobar. Ellos creen que sólo hay estos dos tipos de universitarios”.

Advirtió que esta gente hizo un mal cálculo porque en la universidad la mayoría “no nos compraron, no tenemos miedo de enfrentar el poder”.

Salgado Rodríguez reiteró sus acusaciones contra el rector Florentino Cruz Ramírez, al señalar que “ya empezó la campaña del terror, ya empezó la campaña de si no votas por Nelson, estás reprobado; ya se le dice a los universitarios que ‘si te vemos con Salgado, te las vas a ver con nosotros’, y también empezó una sucia campaña contra profesores de limpia trayectoria que han trabajado por la UAG, y cuyo único pecado fue decir no a la imposición y sí a la academia”.

Aseguró que esto no les asusta porque están convencidos de que van a cambiar la historia de la UAG “en este equipo no estamos negociando ya la Secretaría General Académica, ni los puestos de la administración”.

Pero también criticó a sus ex compañeros del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG): “Nosotros de muy buen fe decidimos participar en un frente que suponíamos de gente comprometida con la UAG, y nos encontramos con una ‘velada política’, donde al interior del FAUG se formó otro frente para enfrentar al candidato independiente, y nos echaron montón en las tres etapas, mismas que ganamos”.

Y volvió a reiterar la misma denuncia: “No quisieron abrir las urnas y cancelaron la labor de la Comisión Electoral que no dictaminó quién era el ganador, evidentemente nos enfrentamos a la imposición oficial y a la externa, porque les da terror que llegue un académico a la Rectoría, que llegue alguien que no sea de la clase política universitaria, y que no tenga juego con los dinosaurios, porque ahí está el cambio verdadero de la UAG”.

Advirtió que de llegar a la Rectoría de la UAG “no habrá más cotos de poder ni el otorgamiento del 30 ó 40 por ciento de los cargos”.

Al acto que comenzó casi a las dos de la tarde, asistieron Pablo Sandoval Cruz; la secretaria de Extensión Universitaria, Liduvina Gallardo Suástegui; el director e la Escuela Superior de Ciencias Económicas, Delfino Malda Espinal; los profesores Octavio Nájera , Francisco Mayo, Angel Mercado y trabajadores de la Facultad de Ingeniería.

Por su parte, Pablo Sandoval dijo que con Salgado Rodríguez “se tiene un candidato de lujo, humilde, del pueblo y consciente, que se ha distinguido en la academia, la ciencia y la tecnología, y que sobre todo no se ha manchado las manos de dinero, además de que ganó justamente en unas elecciones internas”.

De igual forma, el director de la Escuela de Economía, Delfino Malda dijo: “Cómo se va resolver el problema de la universidad si ya desde ahora se están repartiendo las categorías, y los grupos políticos se están repartiendo la institución?, ¿cómo se va a garantizar en las urnas que ningún estudiante o trabajador vaya a ser coaccionado?”.

* No están capacitados para pasar con éxito la evaluación, afirman * Al lugar asiste Rogelio Ortega, se compromete a gestionar una reunión con el coordinador del Consejo Académico de la Región Acapulco, Rafael Trejo

Ossiel Pacheco * Cientos de alumnos de la Preparatoria 17 de la UAG tomaron este lunes el plantel, se declararon en paro indefinido e impidieron el acceso a los trabajadores docentes, administrativos y manuales, en protesta por la aplicación del examen departamental aprobado por el Consejo Universitario (CU).

A este plantel llegó a las 10 de la mañana el candidato a la Rectoría por el Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Rogelio Ortega Martínez y fue recibido por los estudiantes inconformes en el auditorio del plantel.

Acompañado de integrantes de su campaña, Ortega Martínez escuchó la inconformidad de los alumnos que se oponen a la aplicación del examen departamental por considerar que no están capacitados para pasar con éxito la prueba; se comprometió a gestionar una reunión con el coordinador del Consejo Académico de la Región Acapulco, Rafael Trejo Moreno.

El viernes pasado, un grupo de maestros encabezados por el director de este plantel, Rafael Boleaga Villareal, anunciaron la integración del Movimiento 13 de Marzo y manifestaron que respaldan a las acciones de los estudiantes en contra del examen departamental que tiene un valor del 50 por ciento de la calificación final y sería aplicado por un maestro diferente al que impartió la clase.

Francisco Miranda Torres, consejero universitario estudiantil, informó que el pasado miércoles cuando manifestaron su oposición al examen, acordaron con el coordinador de Educación Media Superior de la UAG, Flavio Manriquez Godoy de valorar en un 20 por ciento el examen, mientras que el restante 80 por ciento sería la evaluación del maestro que impartió la materia.

Sin embargo, estos acuerdos fueron desconocidos por la comunidad estudiantil del plantel, y este lunes 21, fecha en que sería aplicado el examen departamental en esta escuela de la UAG, el edificio fue tomado por los estudiantes que se declararon en paro de labores.

La acción tuvo el propósito de impedir el acceso de los docentes que ahí laboran, hasta que se acepte la propuesta estudiantil de posponer hasta el junio de 2003 la aplicación del citado examen o derogarlo hasta que estén las condiciones adecuadas para su aplicación.

Miranda Torres argumentó que de aplicarse el examen un alto número de estudiantes saldría reprobado porque los maestros en su mayoría no se apegan al nuevo plan de estudios ni al libro de texto del bachillerato, en el cual está basado la prueba departamental.

Carlos Alvarez Reyes presentó ayer al alcalde Zeferino Torreblanca Galindo una solicitud de licencia como secretario de Administración y Finanzas, para dedicarse a sus aspiraciones políticas en busca de la candidatura del PRD a la alcaldía.

A puerta cerrada, minutos después de la reunión de gabinete que todos los lunes tiene el alcalde para que los funcionarios presenten el reporte de actividades de la semana, Alvarez Reyes entregó el oficio a Torreblanca Galindo.

Extraoficialmente se menciona al actual subsecretario de Ingresos Enrique Pasta Muñúzuri para sustituir a Alvarez Reyes como secretario de Administración y Finanzas.

El ahora ex funcionario zeferinista ya no se presentó a su oficina al mediodía y su secretario personal Francisco Sanromán no contesto su teléfono celular. Más tarde, Alvarez Reyes confirmó por vía telefónica la versión de su solicitud de licencia y dijo que hoy al mediodía ofrecería una conferencia de prensa para formalizar su renuncia.

En tanto, el presidente del Frente Cívico de Acapulco (FCA) Fernando Donoso Pérez convocó a sus consejeros ciudadanos a una sesión a las 8 de la noche para presentar el registro formal para precandidaturas a la presidencia municipal.

Posiblemente en esa sesión Alvarez Reyes registre su aspiración oficial a la alcaldía porteña, como precandidato del FCA. (Nelly Bello).

* Pide Salgado Leyva a aspirantes suspender sus precampañas “para permitir” la consulta * Los precandidatos de la capital incrementaron sus actividades

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El presidente de la Comisión Estatal para el Registro de los Aspirantes a Candidatos a Presidentes Municipales del PRI, Raúl Salgado Leyva, dijo que los aspirantes de Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo, Coyuca de Benítez y Chilapa, en donde la empresa Mitofski debió haber empezado la encuesta el domingo, tendrán que suspender sus actividades de proselitismo “para permitir que los trabajos se desarrollen sin complicaciones”.

Sin embargo, a pesar de esta indicación, que según Salgado Leyva fue un acuerdo interno con los aspirantes, cuando menos en esta capital la actividad proselitista de los cinco aspirantes se incrementó en spots de radio, en carteles y pintas en las paredes y en anuncios en la prensa.

Salgado Leyva informó que los resultados en estos primeros cinco municipios estarán listos los primeros días de febrero. En Acapulco, comenzarán a levantar la encuesta a partir del próximo viernes 25, según informó el pasado día 10 el mismo director general de la empresa Mitofsky, Roy Campos y el PRI estatal.

Salgado Leyva reiteró ayer que la encuesta será apenas un instrumento “para que entremos a la construcción de consensos que permitan legitimar al que esté mucho mejor aceptado por la ciudadanía”.

Asimismo minimizó algunos señalamientos que han hecho algunos aspirantes de esta capital, como Víctor Manuel Martínez Toledo, quien ha cuestionado la falta de equidad en este proceso porque, dice, “algunos de los aspirantes” aprovechan sus cargos de diputados para realizar gestoría en beneficio de quienes se comprometan a votar por ellos. En este municipio participan como aspirantes los legisladores locales Mario Moreno Arcos y Saúl Alarcón Abarca.

Al respecto, Salgado Leyva señaló que en el PRI hay confianza de que las cosas van a salir bien y que el resultado de la encuesta va ha ser creíble, “el partido también está atento para que haya confianza de los aspirantes”. Pero además, dijo que las denuncias “son aisladas” y que no se han hecho llegar de manera formal a la dirigencia estatal o a la Comisión Estatal para el Registro de los Aspirantes a las Candidaturas de Presidentes Municipales.

Para el encargado de este proceso interno priísta, “esta es la oportunidad de garantizarle a nuestra militancia que no hay dados cargados; estamos demostrando de que no hay nadie que tenga metidas las manos y que se está dejando en libertad a los prisitas para que nos indiquen quién de los aspirantes es el mejor”.

Cuando se le preguntó su opinión con respecto a la postura que han asumido aspirantes como Reyes Betancourt Linares, de este municipio, quien ha dejado abierta la posibilidad de que si no resulta beneficiado por los resultados de la encuesta podría aceptar la candidatura por el PAN en alianza con el PRD, Salgado Leyva dijo que “quien esté pensando en otras opciones después de la encuesta, es porque nunca ha sido militante por convicción del partido” y aceptó que no existe garantía de retener en el PRI a los aspirantes que no resulten beneficiados con la encuesta.

Informó que la dirigencia del PRI y la Comisión Estatal que preside, mantienen una relación sólo institucional con la empresa Mitofski que realiza las encuesta, pero que no son informados de detalles. Aunque insistió que hasta ayer no se habían registrado irregularidades.

Mientras tanto los cinco aspirantes a la candidatura para presidente municipal por esta capital, Reyes Betancourt Linares, Saúl Alarcón Abarca, Generosa Castro Andraca, Mario Moreno Arcos y Víctor Manuel Martínez Toledo incrementaron sus actividades de proselitismo a partir de este mismo domingo, cuando inició la encuesta.

Los spots en radio, propaganda en la prensa, carteles, espectaculares y pintas en bardas son algunas de las formas para promover sus precandidaturas, a pesar de que, según Salgado Leyva hubo un acuerdo para disminuir sus actividades de proselitismo a partir de que se iniciara la encuesta.

Tres de los aspirantes –Betancourt Linares, Castro Andraca y Moreno Arcos– fueron entrevistados en un noticiero matutino, en donde expresaron su confianza en el trabajo de la empresa Mitofski.

Betancourt Linares dijo: “Yo espero que sea un trabajo limpio y transparente y acorde a las expectativas, para evitar conflictos en el PRI”. A unas horas de que se habían iniciado los trabajos reconoció que no se había enterado de irregularidades durante el levantamiento de la encuesta.

Mientras tanto Castro Andraca calificó la encuesta como un “proceso innovador; es un método confiable y eso es lo que le conviene al PRI. Tiene que resultar un candidato que sea de la confianza del pueblo”, dijo la única mujer aspirante por este municipio.

Moreno Arcos dijo que se trata de un mecanismo con el que prevalecerá la unidad del PRI. El legislador se dijo ajeno al reparto de dádivas aprovechando su cargo de diputado, “como lo denunció el domingo en algunos medios” Víctor Manuel Martínez Toledo.

De la corresponsalía, Chilpancingo * El ex comandante de la Policía de la Motorizada, Ignacio Benítez Carbajal, sentenciado a 18 años de prisión por la masacre de Aguas Blancas, se instaló este lunes en huelga de hambre en el penal de esta ciudad en demanda de que se le excarcele y que las autoridades reabran el caso, de la cual, según él, no disparó contra los campesinos que murieron en esos hechos.

El ex jefe policiaco, quien a través de sus familiares envió un escrito a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero(Codehum) para que a su vez lo remita a la CNDH en el lugar del penal conocido como La Aduana.

El reo a través de uno de sus familiares, señaló que, funcionarios estatales le dijeron que si aceptaba su culpa de la matanza de Aguas Blancas le iban a regalar una casa, dinero y solamente unos días estaría en la cárcel.

Sin embargo, ya han pasado casi siete años de su detención y continúa en la cárcel, y por ello, está exigiendo su libertad, porque, asegura, “yo no tuve que ver en esos hechos”.

En el documento que envió a las comisiones de derechos humanos a nivel local y nacional, así como al gobernador René Juárez Cisneros, el ex jefe policiaco refiere que la presencia de él y de sus elementos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, “se debió a que por instrucciones superiores se me ordenó que me trasladara a ese lugar para realizar un operativo policiaco de despistolización, más nunca se me informó que el operativo tenía como finalidad detener a los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur para evitar que se manifestara en la población de Atoyac”.

“Por lo tanto, al igual que los campesinos agraviados, los policías que acudimos a ese operativo por instrucciones superiores, fuimos engañados víctimas de decisiones políticas irracionales de funcionarios estatales”, señala en su escrito el ex policía.

Indica que los policías que dispararon contra los campesinos andan libres, y que fueron condenados con base en una prueba de Harrison-Gilroy, que no se practica en México.

Indica que en el video exhibido por el periodista Ricardo Rocha ninguna de las personas que están presas coincide con los rasgos físicos de él, y asegura que en esto existe una responsabilidad de las autoridades ministeriales.

Pide que se recomiende a la Procuraduría de Justicia del Estado que reabra el caso Aguas Blancas con el fin de que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables de la masacre.

Por la tarde, autoridades carcelarias tuvieron un diálogo con el reo que está en huelga de hambre.

Pese a que en varias ocasiones se trató de conseguir una entrevista con el director general del Centro de Readaptación Social, José Luis Trujillo Sotelo, para conocer su versión de los hechos, éste nunca se le pudo encontrar en sus oficinas ni vía telefónica aquí en Chilpancingo.

* Informa que repentinamente, la comisión de la PGJE que investiga el caso, lo llamó repentinamente para interrogarlo en Petatlán * Aquí, cuando alguien comete un asesianto lo hace a la luz pública para que compongan un corrido, expresa en entrevista

Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Petatlán * El presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Alvarez, fue llamado a conversar con la comisión especial de la fiscalía de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que investiga el caso Digna Ochoa, el pasado viernes 18.

Alba Alvarez declaró a los medios de comunicación que el pasado viernes, él se encontraba en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica, realizando actividades propias de la representación ganadera, cuando alrededor de las 13:00 horas recibió una llamada telefónica de parte de la sindicatura para que se presentara a las 17:00 horas en esa oficina “porque estaba la comisión ahí y que querían que viniera a declarar así, amistosamente”.

“Yo le dije al Ministerio Público que lo iba a hacer por atención, pero que yo no cargaba avión para trasladarme de donde andaba al lugar, pero que iba a hacer lo posible por llegar a las 5 de la tarde. Llegué y estuve media hora esperándolos en el ayuntamiento. Llegaron, me hicieron una serie de preguntas así nada más, ante ningún Ministerio Público, nada más una plática”.

El ganadero petatleco dijo que les comunicó a los agentes de la comisión especial que “había una señora de nombre Eva –su último apellido creo que es Ortiz– del PRD, que es esposa de Pedro Rojas, un ex presidente municipal. Que ella me acusaba en el periódico que yo tenía mucho que ver en el asesinato de Digna, entonces mandé llamar yo a la doctora Nava, con quien ella tuvo comunicación para decirle que ella no quería problemas, que quería sacar en un desplegado desmintiendo lo que me habían dicho por el periódico”.

Rogaciano Alba señaló que la doctora Nava hizo acto de presencia en la oficina del ayuntamiento de Petatlán, “ y a ella la interrogaron. Llegamos a la conclusión –y se lo comenté a ellos– que lo que quieren de Guerrero es un chivo expiatorio, en realidad les dije que aquí cuando se asesina gente, pues se hace a la luz pública para que compongan un corrido”.

“Y si no se sabe, quien lo hizo anda buscando que se sepa para se lo compongan, eso es lo oriundo de aquí de la región. Es un chivo expiatorio, así lo siento yo, que quieren que sea yo el chivo expiatorio”.

A pregunta expresa, Alba Alvarez dijo: “Yo nunca he sido maderero, como se los comenté a ellos. Jamás he andado yo en las comunidades, nunca en mi vida he andado en la comunidades donde anduvo Digna Ochoa. Una carpintería no la tengo ni en mi pueblo ni en mi comunidad”.

Reiteró que en la fecha en que Ochoa fue asesinada, él se encontraba ensilando en su rancho. “Yo le comenté a la comisión que si gustaban ir a mi rancho, que fueran sin mi presencia”.

Agregó que es por cuestiones políticas que quieren involucrarlo en el asesinato de Digna Ochoa, “y no se le puede llamar de otra forma, son cosas políticas”.

“Se trata de un gobierno perredista (el del DF) y aquí, cuando Rogaciano Alba rescató el municipio que estaba en manos del PRD y yo lo rescaté al PRI, desde entonces está ese resentimiento conmigo, es una venganza política”.

Sobre otros cuestionamientos que le formularon los agentes de la PGJDF el pasado viernes, Rogaciano Alba apuntó: “Me preguntaron que si tenía nexos con los dueños de los aserraderos, les dije que no y es la verdad; que si algún tiempo yo había bajado madera, les dije que yo nunca había ido a esas comunidades y no he ido, no conozco esas comunidades, no las conozco yo”.

Finalmente, el presidente de la Unión Ganadera señaló que desconoce si con el interrogatorio del pasado viernes quedan concluidas sus comparencias sobre el caso Digna Ochoa. “No sé y como le digo, no me comentaron nada cuando se fueron, si me iban a requerir otra vez, no me dijeron nada. Yo estoy dispuesto a declarar donde me llamen, pero ya con bases legales, porque eso de que me hablen por teléfono que vaya a México y esté yo en Petatlán, no es correcto”, concluyó.

* El presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas explicó que sus compañeros tienen temor a ser detenidos * Propuso que la comisión de la PGJDF que investiga el crimen de la abogada sea respaldada por representantes de organismos de derechos humanos

El presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Juan Bautista Valle, dijo que ha generado desconfianza entre sus compañeros la forma de trabajo de la comisión que investiga el caso Digna Ochoa, que se hace acompañar de agentes de la Policía Judicial del Estado y con la intervención del ayuntamiento de Petatlán.

El dirigente criticó además que los enviados de la Procuraduría capitalina se presenten intempestivamente a las comunidades, acompañados por policías judiciales, armados, y buscando a los campesinos ecologistas de manera imperativa.

Dijo que esta forma de trabajo se puede considerar intimidatoria, y entre los campesinos ecologistas que están perseguidos y que tienen órdenes de aprehensión despierta el temor a ser detenidos.

Dijo que sus compañeros de la Organización Ecologista no se oponen a declarar para contribuir a que se esclarezca el asesinato de la abogada, pero que sea en condiciones de confianza y no de temor.

Propuso que en lugar de llevar agentes judiciales del estado y funcionarios del ayuntamiento de Petatlán, los investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se hagan acompañar por representantes de organismos no gubernamentales de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, para garantizar que los testigos tengan confianza, garantizar el respeto hacia ellos, y evitar el temor a ser detenidos.

“Que suban a El Zapotillal los derechos humanos con ellos, y otras organizaciones, para que se tenga la confianza de que van a ser respetuosos”, expresó.

Señaló que tampoco es garantía la intervención de autoridades del ayuntamiento de Petatlán, como el síndico, José Salas Rivera, porque “no se sabe si él negoció para que persiguieran a los compañeros”, dijo.

Juan Bautista Valle, en entrevista telefónica, habló de la visita de la comisión que investiga el caso Digna Ochoa, a la cabecera municipal de Petatlán, el viernes 18, a El Mameyal y Banco Nuevo, en una ruta de la sierra, el sábado 19 y a El Zapotillal, en otra ruta, el domingo 20 de enero.

Reconoció que los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas que supuestamente estaban citados no se presentaron, como es el caso de Jesús Bautista, y explicó que su ausencia se debe a que teme ser detenido.

Cuestionó la llegada intempestiva de los agentes del MP y judiciales del DF a Banco Nuevo, el sábado. Dijo que llegaron primero a La Angostura, donde vive Albertano Peñaloza, y lo sacaron de su casa de repente, a pesar de que estaba descalzo, y por la premura no le dieron oportunidad de ponerse los huaraches porque tenía que llevar a los visitantes a Banco Nuevo a localizar a otros ecologistas.

En Banco Nuevo, localizaron al ecologista Perfecto Bautista, quien grabó el videocaset de la visita de Digna Ochoa a cuatro comunidades de la sierra de Petatlán, el 1 y 2 de octubre de 2001, dos semanas antes de su asesinato en la ciudad de México. Perfecto no había recibido algún citatorio para declarar ante los investigadores de la PGJDF, quienes se presentaron repentinamente ante él, en su comunidad, acompañados de judiciales del estado.

Dijo que el domingo, los enviados de la Procuraduría capitalina también fueron acompañados de judiciales, algunos de los cuales se quedaron en la comunidad de El Parazal, y otros llegaron hasta El Zapotillal.

Ahí, buscaban a Jesús y Servando Bautista, quienes no se presentaron porque pensaron que iban por ellos, debido a que desde 1998, cuando surgió la Organización, han sido perseguidos por efectivos del Ejército enviados por los caciques que se benefician de la explotación de los bosques.

* Maestros que respaldan a Piza Alday exhibieron un documento que supuestamente prueba que los docentes del Aspaconalep recibieron 150 mil pesos, lo que provocó enfrentamiento con los acusados

Ossiel Pacheco * Padres de familia del plantel Conalep Acapulco 1, ubicado en Las Cruces, esté lunes reclamaron al subdirector general de este subsistema educativo, Gerardo Robles Damaso, y al director Ezequiel Piza Alday, la pérdida de dos meses de clases a falta de solución al conflicto entre directivos y un sector de docentes.

Asimismo, se inconformaron con Piza Alday por la intervención de agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) dentro del plantel para aprehender a los docentes Carlos Morillón López y Yolanda Pineda Alvinez, “porque la acción policíaca puso en peligro la integridad de los alumnos”.

Asimismo, los alumnos acusaron al director general de los planteles en el estado, Cuauhtémoc Salgado Romero, ex diputado federal, de haberles negado una beca y de recibir amenazas de este.

“No lo creo porque todos los directivos del Conalep estamos para servirles a los alumnos, los alumnos son nuestros patrones”, reviró Robles Damaso a una alumna.

Sin embargo, los padres de familia denunciaron al enviado de Salgado Romero la falta de clases por parte de los maestros a raíz del conflicto.

La manifestación tuvo lugar en la explanada de la institución, a fin de buscar la manera para recuperar las clases perdidas porque, dijeron, el periodo de exámenes se ha retrasado debido a la falta de clases.

Posteriormente, el conflicto aumento debido a que algunos maestros, quienes respaldan a Piza Alday, exhibieron un documento que supuestamente prueba que los docentes del Aspaconalep recibieron 150 mil pesos, “por vender el movimiento”.

Lo anterior provocó que los aludidos discutieran contra sus acusadores y trataron de arrebatarles el documento, lo que devino a un forcejeo entre ambos grupos.

Ante ello, el director Piza Alday se levantó de la mesa y se introdujo a la Dirección, de donde padres y maestros inconformes intentaron sacarlo por la fuerza pero ya no se encontraba dentro del plantel.

Un parte del contingente de inconformes que asistieron en ese momento se retiraron de la reunión, pero amenazaron con no enviar a sus hijos al plantel hasta que las autoridades educativas solucionen el conflicto, se impartan clases con normalidad y garanticen la seguridad de los alumnos.

Sobre la reunión, Salgado Romero manifestó que “está preocupado” por la manipulación que hacen los maestros “a un grupo reducido de alumnos. Los utilizan como carne de cañón para lograr sus propósitos; no nos alejamos del diálogo, estamos abiertos, pero ya hay órdenes de aprehensión que nos son ajenas”.

Negó que lleven dos meses sin clases, como lo afirmaron los padres, “han sido dos semanas y tres días. Lamentablemente esto afecta porque debíamos terminar el semestre en esta semana, si afectará, pero no son dos meses”.

Se deslinda Salgado Romero de la acción penal

Por su parte, el director estatal del Conalep, Cuauhtémoc Salgado Romero, se deslindó de la acción penal que ejerció la PGR en contra de cinco profesores, quienes fueron acusados de despojo y daños a propiedad federal, pues, dijo, fue la Dirección Jurídica del Conalep nacional la que interpuso la denuncia ante el MP federal.

Entrevistado por teléfono sobre la situación que prevalece en ese plantel, lamentó la detención de los docentes, sin embargo justificó la acción ante “la presión que ejercieron al tomar el plantel. Lo único que hice fue informar a oficinas del Conalep nacional de la situación que prevalecía”.

Dijo desconocer la situación jurídica de los cinco maestros Julio César Morales Matadama, Rosendo Sánchez Jiménez, Pedro Fernández Zamora, Carlos Morillón López y Yolanda Pineda Alvinez, liberados tras pagar la fianza correspondiente.

“Me he mantenido ajeno a esta situación que le compete a la Federación, nos preocupa porque se interrumpe la labor de un plantel, los docentes están conscientes que son demandas inalcanzables debido a que el modelo del Conalep no permite la basificación, estamos por contrato de prestación de servicios profesionales, por la vinculación que debe tener el docente con el sector productivo”, señaló.

El también ex diputado federal priísta afirmó que en este momento no puede desistirse de continuar con la acción penal en contra de los docentes, debido a que el caso está en manos de la Federación, “hasta donde estoy enterado son 10 órdenes de aprehensión de 22 maestros que el apoderado legal del Conalep nacional acusó por despojo, delito que se persigue de oficio. Me deslindó de esta situación”.

 

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de la Asociación Civil Unica de Académicos del Conalep, encabezados por el secretario general delegacional del plantel 1 de Acapulco, Rafael Pineda Gutiérrez, ratificaron sus acusaciones en contra de los trabajadores que encabeza Alberto Huerta, a quienes acusan de haber cometido varios delitos.

En conferencia de prensa efectuada en Chilpancingo, el dirigente de la asociación aseguró que ya se libraron 6 de 23 órdenes de aprehensión en contra de estos trabajadores, quienes tomaron las instalaciones e impidieron la entrada del director del plantel, Ezequiel Piza Alday, y al personal.

Recordó que el conflicto en ese plantel comenzó desde el pasado 30 de noviembre, cuando se impulsó una lucha conjunta para la obtención de un bono anual que se dividiría en dos pagos, uno a través del bono, y el otro que sería una parte del aguinaldo. “Posteriormente, el 7 de enero, nos presentamos a laborar, pero 23 seguidores de Alberto Huerta nos impidieron la entrada a 21 compañeros, a pesar de que a nivel estatal somos 285 trabajadores en 8 planteles y dos extensiones, y ellos apenas cuentan con 30 seguidores en Iguala y Ometepec, uno en el plantel Acapulco 1, y el resto en el 2”.

Señaló también que el conflicto se debe al descuento de 10 horas promedio que se hizo a cada trabajador, pero ahora se niegan a pagarlas. “Ellos tienen grupos de choque, y dicen que tienen el apoyo del subsecretario de Educación, Efraín Flores Maldonado, y del diputado del PRS, Demetrio Saldívar Gómez”.

Sin embargo, Pineda Gutiérrez aseguró que ayer dialogaron con el diputador perresista, quien les dijo que eran falsas dichas acusaciones y, por el contrario, se comprometió a que este martes “ nos conseguiría una audiencia con el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, para de esa manera resolver nuestro problema”, concluyó.

* El alcalde Peralta Lobato pide ayuda al gobernador René Juárez * En esta semana cortarán el alumbrado público a 17 municipios de La Montaña y el centro del estado, anuncia la paraestatal 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Desde el fin de semana habitantes de esta esta ciudad se quedaron sin el servicio de agua potable debido a que el ayuntamiento que preside el alcalde priísta José Luis Peralta Lobato no ha pagado un millón y medio de pesos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que le cortaron el suministro a las dos plantas de bombeo que distribuyen el agua a esta capital del estado, informó el superintendente de la CFE, Marcos Ayala Ayala.

Según versión de las autoridades municipales, alrededor de 100 mil personas, habitantes de Chilpancingo, sobre todo de las colonias populares, están sin servicio de agua entubada.

Ayala Ayala reveló que en los últimos 12 meses es la segunda vez que la CFE ha cortado el servicio de energía eléctrica a las plantas de bombeo de Mochitlán y de Acahuizotla que se encuentran instaladas en las afueras de la ciudad y que suministran más de 250 mil litros por segundo de agua a los usuarios de la capital del estado.

“Nosotros tuvimos una plática con el presidente municipal (José Luis Peralta Lobato) el pasado viernes y allí le expusimos que cortaríamos el servicio de luz eléctrica si no pagaba el millón y medio de pesos que nos deben y que dicho adeudo viene arrastrando desde hace varios meses”, explicó el funcionario de la CFE.

Ayala Ayala señaló que el alcalde le dijo que el ayuntamiento no tiene recursos económicos para pagar el adeudo y que este lunes 21 iría a la residencia oficial de Casa Guerrero para pedirle al gobernador, René Juárez Cisneros, que ordene a la Secretaría de Finanzas del Estado que absorba el pago para que la CFE reconecte el servicio de luz eléctrica.

Peralta Lobato, regidores y el director de Capach van a Casa Guerrero para pedir ayuda económica a René Juárez

Hoy, el alcalde capitalino tuvo que acudir con el gobernador René Juárez Cisneros para pedirle un préstamo de un millón 500 mil pesos para poder pagar a la CFE.

Desde las 12 del día, Peralta Lobato, regidores priístas y el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), hicieron antesala para que Juárez Cisneros los recibiera. Allí estuvieron sentados tres horas, y fue hasta cerca de las 15 horas cuando los recibió.

Esta es la tercera vez, desde que Peralta asumió la alcaldía, que acude con el gobernador René Juárez para pedirle apoyo económico para pagar a la CFE la deuda del servicio de luz eléctrica que se le suministra a las plantas de bombeo de los sistemas de Acahuizotla y Mochitlán III.

Por la mañana, en una entrevista que dio a una estación radiofónica, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) Gerardo Nabor Ojeda de la Peña, reconoció el adeudo que se tiene con la CFE, y sostuvo que más del 50 por ciento de los usuarios se quedaron sin el vital líquido por la medida que tomó la paraestatal de cortar la luz eléctrica a las dos plantas de bombeo.

Según informes de la dependencia paramunicipal existe un padrón de más de 30 mil usuarios del servicio.

Nabor Ojeda dijo que una de las causas del déficit que tiene este organismo es porque cientos de usuarios “morosos” no quieren pagar puntualmente sus recibos.

El superintendente de la CFE, Marcos Ayala Ayala, también anunció que en breve se podría cortar el alumbrado público a Chilpancingo porque el ayuntamiento tampoco ha pagado un adeudo por este servicio, “pero estamos en pláticas con las autoridades y a lo mejor en esto hay un arreglo”, dijo.

Lo que sí es un hecho, sostuvo el funcionario de la CFE, es que en el trascurso de esta semana, empleados de esta paraestatal realizarán los cortes del alumbrado público a 17 municipios de las regiones de La Montaña y Centro del estado debido a que sus autoridades no han pagado más de dos millones de pesos de adeudos.

“Vamos a empezar (con los cortes) con los municipios de Metlatónoc, Malinaltepec, Alcozauca, Copanatoyac, Xalpatláhuac, Atlixtac, y otros de la región de La Montaña que no se han puesto al corriente con sus pagos”, advirtió el funcionario.

Propuso que el pago de este servicio a la CFE se realice como se hacía hasta hace dos años cuando el gobierno del estado hacía la liquidación y posteriormente a los ayuntamientos les descontaba ese dinero de sus participaciones federales.

“Creo que ese era el mejor método de trabajo con los 76 ayuntamientos, pero a raíz de que los municipios pidieron que ellos hicieran directamente el pago eso nos ha traído problemas muy serios”, expresó Ayala Ayala.