* Encuentro privado en Casa Acapulco; no hay información de los acuerdos

* También asistieron los ex aspirantes César Flores y Carlos de la Peña, el senador Héctor Astudillo y el diputado Héctor Apreza

Maricela Santos * Mientras los mayrenistas amagaban con convocar a movilizaciones como la del domingo en Coyuca de Benítez, el gobernador René Juárez Cisneros reunía al ex secretario de Educación, Miguén Mayrén Domínguez y a Ernesto Rodríguez Escalona.

Al encuentro, realizado ayer en Casa Acapulco –el despacho oficial del gobernador en el puerto–, también asistió el presidente estatal del PRI Juan José Castro Justo, los ex precandidatos César Flores Maldonado y Carlos de la Peña Pintos, el senador Héctor Astudillo Flores y el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Héctor Apreza Patrón.

El diálogo con Mayrén, que ya había intentado por vía telefónica con él Juan José Castro Justo, se concretó ayer y el gobernador le habría pedido que desista de su posición de exigir consulta en urnas y se sume a favor de Rodríguez Escalona, quien también ayer al medio día canceló varias reuniones y entrevistas porque de última hora estuvo en esta reunión en el puerto con el gobernador.

En la residencia oficial Casa Acapulco, donde desde el domingo se sabía que había programada una reunión, trascendió que el gobernador hizo contacto con los aspirantes y con otros dirigentes priístas por separado.

Del encuentro, dio cuenta un boletín de prensa del PRI estatal que llegó a la redacción de El Sur hasta las 21 horas, titulado: “La encuesta, semejante a la consulta directa a la sociedad”, en clara respuesta a la posición de Miguel Mayrén y sus seguidores.

Se destaca que “la reunión de unidad en torno a Rodríguez Escalona”, la encabezó Castro Justo y la “atestiguó” el gobernador. Enfatiza –como otra respuesta a la solicitud mayrenista de consulta en urnas– que los resultados de una encuesta son tan seguros y “semejantes a los de una consulta directa a la sociedad”.

Sin embargo, trascendió que por la noche todavía se negociaba la posibilidad de acceder a esta consulta para dar legitimidad a los resultados de la encuesta.

El boletín no abunda sobre el sitio del encuentro pero la foto delata que efectivamente fue en Casa Acapulco, como ya se rumoraba desde la noche anterior. Al encuentro no fue invitado Luis Walton Aburto.

Las negociaciones con Mayrén Domínguez para definir si aceptaba o no los resultados de la encuesta que aplicó Consulta Mitofsky, las encabezó Juárez Cisneros ayer por la noche, pero al cierre de esta edición no tenían acuerdos en concreto porque el ex secretario de Educación y sus operadores políticos argumentaban que el desistimiento de sus inconformidades podría no ser consultado ni apoyado por la estructura que lo sigue.

Lo anterior, porque fue un acuerdo de los mayrenistas exigir la consulta interna que la cúpula del PRI se negaba a valorar bajo el argumento de que dividiría aún más al PRI.

Mientras todo esto pasaba desde el mediodía, los mayrenistas del distrito 26 y el coordinador territorial de distritos de la precampaña de Mayrén Domínguez, Juvenal Añorve Pérez desacreditaban en conferencia de prensa los resultados de la encuesta porque piensan que Rodríguez Escalona no sería un buen candidato y se manifestaron por la elección en urnas.

Arñorve Pérez y una treintena de líderes seccionales y naturales del distrito 26 consideraron necesario que la dirigencia estatal del PRI presente los resultados completos de la encuesta para dar claridad al proceso de elección, pero que además debe de aceptar que el candidato a la alcaldía de Acapulco por el PRI sea legítimamente electo en urnas.

No descartaron la posibilidad de movilizarse y tomar calles como se hizo en Coyuca el domingo, como una forma de presionar para que el PRI estatal acepte la consulta en urnas, “pero le apostamos a que escuchen con sensibilidad los reclamos de la gente”.

Dijo que sólo con consulta interna se sumarán al resultado y apoyarán a quien resulte electo bajo esas condiciones.

El coordinador mayrenista del distrito 26, Simitrio Clavel Peña reclamó al PRI que se democratice, y llamó a los líderes inconformes a no permitir imposiciones como la que consideró se pretende hacer con la designación de Rodríguez Escalona como virtual candidato del PRI el viernes. “Vamonos poniendo cabrones, porque es el pueblo el que debe elegir a los que lo gobiernen” mientras que la presidenta de las organizaciones del distrito 26, Martha Hernández Valdivia dijo que ante los ánimos encendidos de los mayrenistas “no responderemos como dirigentes si la gente toma otras acciones, yo no sé su podría controlar las inconformidades de mis compañeros”.

Estuvieron ahí el representante de la Organización de Gestores Sociales de Acapulco José Francisco Ruiz Massieu, Rogelio Gómez García y Emigdia Luna de Tovar,quien dijo que sus seguidores no están dispuestos seguir a Rodríguez Escalona.

Ultimátum de Castro Justo, previo a la reunión con el gobernador

Minutos antes de estar en Acapulco para participar en el encuentro de los aspirantes priístas con el gobernador, Castro Justo había llamado a los precandidatos inconformes a definir su permanencia en el PRI.

Entrevistado en Chilpancingo, Castro Justo respondió tajante a los simpatizantes de los perdedores de Acapulco y Coyuca de Benítez: “Es una decisión del partido, no a la elección en urnas”.

Además hizo un llamado a los aspirantes en rebeldía a respetar los acuerdos suscritos de que aceptarían los resultados de la encuesta de Consulta Mitofsky porque indicó que en este momento el PRI requiere de la unidad “por el partido, por Guerrero y el país y de la lealtad y principios como militantes”.

Castro Justo respondió así a la movilización que anteayer realizaron en Coyuca de Benítez unos tres mil seguidores de los aspirantes perdedores a la candidatura priísta alcaldía, Alberto de los Santos y Miguel Guzmán, quienes se oponen a la designación del diputado local Ramiro Avila Morales como candidato.

Tanto en Coyuca de Benítez como en Acapulco, también el domingo seguidores del ex secretario de Educación Miguel Mayrén Domínguez, demandaron al PRI estatal consultar a las bases en urnas y definir las candidaturas.

Castro Justo pidió a Mayrén y Luis Walton que se definan para no abandonar las filas priístas, aunque dijo que son libres de decidir si se afilian a otras organizaciones políticas.

Luego informó que al igual que lo hace Ernesto Rodríguez Escalona con su Operación tejido fino, dialoga personalmente con cada uno de los aspirantes perdedores en las encuestas para pedirles que respalden al partido.

Descartó que por los esfuerzos que está haciendo de convencer a los aspirantes, en el PRI vaya haber un resquebrajamiento o una desbandada de militantes porque aseguró que en los priístas hay militancia de convicciones y principios “siempre fieles”.

Además dijo ser respetuoso de las declaraciones de todos los aspirantes, pero que en el PRI ya están definidas las precandidaturas esperando sólo que se formalicen. (Hugo Pacheco León / Chilpancingo).

Los derechos humanos y los acapulqueños.

 En días recientes el alcalde Zeferino Torre Blanca, firmó un convenio de coordinación y colaboración con el presidente estatal de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón, la finalidad de dicho convenio es establecer un vínculo entre las dependencias  “para planear, conducir y ejecutar acciones encaminadas a prevenir conductas que atenten contra los derechos humanos de los acapulqueños, así como promover su defensa y protección, incluyendo su calidad de ciudadanos y guerrerenses a los propios agentes”

Si bien dicho convenio significa un paso importante en el reconocimiento, defensa  y promoción de los derechos humanos en el estado, todavía queda mucho por hacer.  Un primer reto que tienen las autoridades del estado, es frenar la creciente práctica de la tortura; en un reciente informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con base a las denuncias recibidas y con base a las notas de prensa entre 1998 y el 2001 se encontró que  el estado de Guerrero, es el que mayor caso de torturas registra.

La tortura sigue siendo una práctica recurrente de los distintos cuerpos policíacos, militares y funcionarios públicos, quienes acuden a ella como un método de investigación policíaca principalmente, aunque también se aplica como castigo y como medida ejemplar en el contexto político. Es quizá la persistencia de una cultura en la que quienes ejercen la autoridad castigan y someten a sus detenidos.

A pesar de que el Estado mexicano ha ratificado y firmado diversos instrumentos de protección a los derechos humanos, como la Convención Contra la Tortura y Otras Penas y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y además de existir una legislación interna que prohibe y sanciona la tortura, ésta prevalece.

En el estado de Guerrero, existen distintos factores que alimentan y permiten la práctica de la tortura, tanto en el ámbito de legislación como en el ámbito de prácticas, por ejemplo en el estado de Guerrero, no existe una ley que prohiba y sancione la práctica de la tortura.

Para los organismos de defensa y protección a los derechos humanos, existen tres fuentes fundamentales de impunidad en torno a las violaciones a los derechos humanos cometidas en México: en primer lugar, la manera en las que las Procuradurías están estructuradas y gestionadas, en segundo lugar, el hecho de que los jueces sigan aceptando como prueba, aquellas confesiones obtenidas bajo tortura y; en tercer lugar, el hecho de que los casos de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos son remitidos y sancionados por el sistema de justicia militar.

Otros factores son la deficiente capacitación de los cuerpos policíacos, la sobrecarga de trabajo, la falta de metodología, técnicas y tecnología para la investigación, así como la inadecuada selección del personal encargado de la seguridad pública, los deficientes salarios y prestaciones, así mismo  la persistente corrupción entre los cuerpos policíacos y funcionarios encargados de garantizar el orden y la seguridad pública, pero sobre todo la creencia de que una mayor dureza contra la delincuencia o el descontento social permitirá la disminución de los índices delictivos o la protesta. La participación militar en tareas de seguridad pública y procuración de justicia también ha favorecido la práctica de la tortura.

Un auténtico compromiso con los derechos humanos tendría que reflejarse de manera inmediata, investigado y sancionando a todos los responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos, dichas investigaciones, además, tendrían que garantizar una correcta aplicación de la justicia de manera imparcial y pronta, así como la reparación del daño causado a las víctimas y sus familias. La difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos, la atención a las recomendaciones de los organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, así como el reconocimiento a la labor que desempeñan los defensores de los derechos humanos serían un ingrediente más a considerar en los convenios y compromisos asumidos por  las autoridades.

[email protected]

* Pide dirigente sindical una investigación alterna

Ossiel Pacheco * El dirigente de la Asociación del Personal Académico del Conalep (Aspaconalep), Alberto Huerta Valdovinos, señaló que el proceso legal abierto por el director general de ese subsistema educativo, Cuauhtémoc Salgado Romero, es una estrategia para cancelar la posibilidad de lograr el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

En conferencia de prensa de ayer, el dirigente pro sindicalista, rodeado de los maestros del plantel Conalep Acapulco 1, ubicado en Las Cruces, Fernando Casarrubias Llanos, Miguel Angel Gómez Rodríguez, Pedro Fernández Zamora y Jesús Gervasio Jiménez –mismos que han sido detenidos por parte de la Policía Judicial Federal o tienen órdenes de aprensión– demandó una investigación sobre los delitos de despojo y daños a propiedad federal que el apoderado legal les imputa.

Lo anterior debido a que argumentan que en diciembre pasado nunca se posesionaron del plantel, sino que sólo impidieron el acceso al director Ezequiel Piza Alday.

Sobre los hechos del pasado 8 de diciembre, cuando destrozaron oficinas administrativas del plantel, indicó que “fue una acción planeada y prefabricada por el director general”.

Acompañaban a Huerta Valdovinos, los maestros Edith Flores Orozco y Enrique León Tabares, así como el dirigente de la CETEG, Román Meynardo López Pachuca, quien manifestó que el Comité Democrático de la Sección 14 del SNTE va a respaldar “con todo” a los docentes del Aspaconalep, asimismo responsabilizó a Salgado Romero de las acciones represivas emprendidas en contra de los maestros prosindicalistas.

Huerta señaló que las autoridades no tienen la menor disposición para reconocer los derechos laborales de los trabajadores del Conalep, como la basificación, principal demanda de su movimiento, establecida en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Educación, “el trabajador de este subsistema educativo es merecedor de que sea reconocida su permanencia laboral”.

Dijo que durante los 22 años que tiene este subsistema educativo han exigido que se reconozca su calidad que tienen como trabajadores, pero sólo son considerados prestadores de servicios profesionales por honorarios, “cuando es evidente que somos docentes. Con estos hechos se pretende evitar que el Conalep incumpla el compromiso que tiene con sus maestros”.

“Es el único subsistema educativo de todo el país en que los empleados no tienen su reconocimiento con tal, y está marginando a sus docentes de todas las prestaciones a las que por ley tiene derecho. En Guerrero, así como en Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Michoacán, hemos luchado de manera pacífica, privilegiando el diálogo para que sean reconocidos nuestros derechos”, asentó.

El dirigente señaló que los docentes afines a la Aspaconalep “hemos sido víctimas de la política represiva vertical” del director general Salgado Romero, ex secretario privado del ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayfet, “cuando somos profesionales en diferentes ámbitos del sector productivo del estado, no somos lo que las autoridades pretenden informar, nos sentimos afectados”.

Al respecto agregó: “El director general desconoce lo relacionado a la educación profesional técnica, está acostumbrado a utilizar las artimañas de los gobiernos priístas de antaño, pero hemos de conservar la tranquilidad para enfrentar el proceso judicial que ha siendo promovido por él”.

Dijo que tanto la SEG como el Congreso local no han cumplido con la minuta de acuerdos firmado el pasado 18 de diciembre, del que uno de los puntos es la realización de una investigación para conocer la verdad de los daños al plantel. “No se ha cumplido con esto” pese a que la Contraloría Interna de la SEG tiene conocimiento del caso.

Informó que el ex diputado federal Alberto López Rosas, precandidato del PRD a la presidencia municipal de Acapulco, interviene ante la Cámara de Diputados a favor de los docentes del Aspaconalep, pero no han tenido respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, donde presentaron queja por las detenciones de cinco docentes.

López Pachuca, quien expresó el respaldo de la CETEG al Aspaconalep, aseguró que en el proceso judicial que se le sigue a los docentes del plantel Acapulco 1, “es una maniobra donde las corporaciones judiciales del estado tienen metidas las manos, pero estos hechos han puesto en entredicho la aplicación de justicia en la entidad”.

* En mi gestión he dado de baja 67 agentes, aclara

Alfredo Mondragón * La secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, aclaró que “cesó definitivamente” al promotor del programa Vecino Vigilante, Andrés Eduardo Pozos Vagas, detenido en flagrancia el pasado 22 de enero cuando se robaba un vehículo.

Entrevistada al término de la sesión de la Barra de Abogados de Acapulco del sábado, a la que asistió como invitada de honor, Rojas Nava aclaró que Eduardo Pozos Vargas fue “suspendido definitivamente”, y advirtió que todo funcionario policiaco que cometa algún delito será dado de baja inmediatamente.

Rojas Nava dijo que en lo que va de su gestión han dado de baja a 67 agentes de la SPV “por diferentes faltas”, y quienes se han visto involucrados en algún delito han sido puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público.

La madruga del  22 de enero, Andrés Eduardo Pozos –quien es hijo del jefe administrativo de la misma dependencia, Ricardo Pozos López, encargado de dar las altas a los policías en el IMSS– fue detenido en la colonia Progreso, por el propietario de un vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, y entregado a la PJE, pero fue liberado por el agente del Ministerio Público, Iván Luna Morlet, luego de que supuestamente pagó 20 mil pesos, lo que no ha sido desmentido.

Eduardo Pozos Vargas, de 23 años de edad, fue detenido el 22 de enero a las 23:30 horas, en la Progreso, cuando ponía en marcha el vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, color blanco, modelo 2002, sin placas de circulación.

Fue el propietario de la unidad, Abimael Salgado Morales, quien evitó el robo.

Tras la detención Eduardo Pozos fue entregado a la Policía Judicial del Estado (PJE) debido a que la Policía Preventiva no lo quiso aprehender, y lo consignaron a la agencia del Ministerio Público donde quedó registrado en la averiguación previa TAB/AESP/068/02, por el delito de robo de vehículo.

Allí fue liberado por el MP Iván Luna Morlet, a quien se dice que pagó 20 mil pesos.

Anteriormente, el 1 de agosto de 2000, guardias privados del centro comercial La Gran Plaza detuvieron a Pozos Vargas y a su hermano, el policía Preventivo, Ricardo Pozos Vargas, cuando tenían en su poder el vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, propiedad de la empresa Tridex de Oriente.

El arresto fue luego de que al intentar huir los hermanos chocaron la unidad contra un vehículo Volkswagen con placas GZKQ374.

Los hermanos Pozos Vargas, con domicilio en calle Bernal Díaz del Castillo, número 320, de la colonia Progreso, fueron consignados por el entonces agente del Ministerio Público de Asuntos Especiales, Juan Manuel Reyes Galeana, al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces, donde estuvieron ocho meses procesados hasta que pagaron una fianza. En la averiguación previa TAB/AESP/701/00, por el robo de vehículo en la Gran Plaza el pasado primero de agosto, están las huellas dactilares y fotografías de ambos hermanos con placas de su detención.

En sus declaraciones dijeron que “sólo íbamos pasando por el carro y estaba la puerta abierta, pero no lo robamos”.

En noviembre de 2001, Eduardo Pozos fue detenido por el propietario de la refaccionaria y taller mecánico Mejorada, Jaime Mejorada, debido a que saquearon su negocio y varios vehículos habían sido desvalijados, pero uno de sus trabajadores logró identificar a los ladrones.

Tras la intervención de su padre, Ricardo Pozos López, su hijo regresó las partes automotrices y equipos de audio a cambio de no ser entregado a la policía.

Guillermo Pozos López, hermano de Ricardo Pozos López, fungió como asesor particular del ex secretario de Protección y Vialidad, Fernando Rodríguez Trujillo. Ambos hermanos fueron también ex comandantes del Grupo Tigre de la PJE, e identificados como gente cercana al general Mario Arturo Acosta Chaparro, detenido en el Campo Militar número 1 por vínculos con el narcotráfico.

* Hay que encontrar al universitario que aprenda y no que memorice, afirmó el autor del texto, el profesor Rafael Bonilla

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Con el llamado del maestro Rafael Bonilla Romero a terminar con la simulación y a emprender realmente la transformación de la UAG, se presentó el viernes pasado el libro Crisis de la educación superior desvinculada de la realidad caso Universidad Autónoma de Guerrero.

Lleno de anécdotas, el maestro Bonilla, como se le conoce en la universidad, platicó algunos aspectos que se incluyeron en el texto, el cual forma parte de su visión sobre el acontecer universitario de las últimas cuatro décadas, en el que en todo momento privó la crítica a lo que sucede en estos momentos en la máxima cada de estudios de la entidad.

Bonilla Romero dijo que no espera que la obra se tome como una verdad sacralizada “sólo que al tener diferentes formas de pensar, que urge encontrar al universitario que aprenda y no que memorice,

propongo que la realidad la reflexionemos de distintas concepciones; traigo la visión de hace 39 años, cuando en 1964 ofrecí mi primera clase; ahí empezó un proceso de querer entender el por qué era un descalificado intelectual, y en segundo lugar pensar que quienes trabajan no sufren los mismos traumas, como sucedió desde que me formé en el convento de las monjas hasta que fui agrónomo”.

Dijo que Rosalío Wences Reza con sus pláticas le empezó a despertar su curiosidad del por qué hacía las cosas, “después de esto y en un discurso que en los hechos no me convencía, por aquello de ser crítico y reflexivo; pero la vigencia de la UAG redujo el fenómeno crítico y lo llevó a ser denunciante y reivindicador”.

Agregó: “Todo lo que hacíamos y decíamos en las manifestaciones, al regresar a las aulas, sobre todo los compas que eran más radicales hacían todo lo contrario a lo que se estaba demandando. Entonces vivir en esa situación me picó más la condición para ayudar a los demás, a partir de que la deformación del proyecto tuvo confusiones mayores que las mías que estaban a nivel de grupo para lavarles el cerebro a los muchachos y salieran sumisos”.

Expresó que la UAG sufrió un golpeteo duro “y al interior nos fuimos degenerando al grado de que quedó un proyecto de vida muy importante como institución educativa. Muchos planteamientos académicos se convirtieron no en planteamientos políticos, sino en propuestas raras y degeneradas; de buenas a primeras se dejó la seriación de las materias, pues se dijo que se suprimieran porque era una actitud imperialista; se permitió que el alumno que reprobara pudiera cursar el siguiente curso”.

Esta situación, añadió, llevó a la universidad a situaciones pavorosas, al grado que en las escuelas la mayoría de los alumnos son irregulares, “al querer ayudar a los alumnos sin revisar la esencia se hicieron cambios superficiales que ocasionaron pavorosos trastornos; no se hicieron los cambios de raíz, tal vez por flojera, lo que me llevó a publicar el libro La universidad deseada y la real”.

Cuando se realizó el Tercer Congreso General Universitario, recordó, “ la mayoría de los universitarios estábamos hartos de esta serie de circunstancias que tienen ahogada a la UAG, por lo que se trató de aportar algo que pudiera ponerle orden al caos y ratificar que la universidad volviera a ser crítica y reconociera la calidad primigenia de los seres humanos; la manzana es el símbolo de criticidad, la Biblia dice que ahí perdimos la inocencia, yo digo que ahí nos volvimos hombres”.

En ese momento de su plática, ejemplificó lo que sucede en la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG). “Debemos permitir que quienes busquen en la UAG la oportunidad de desarrollarnos  como seres humanos encuentren el espacio correcto, yo les digo a los de la FEUG que tiene mucho tiempo que huele a muerta, la FEUG necesita rescatar la esencia del movimiento estudiantil”.

Y a manera de chascarrillo narró una anécdota que una estudiante platicó en una de las sesiones del Tercer Congreso: “La joven preguntaba si antes para pasar una materia se tenía que acostar con un maestro, que ahora con la reforma y lo que pretende  ¿con cuántos me tengo que acostar?; la verdad en ese momento al escuchar eso sentí que me jalaban el pescuezo, y en vez de que se reflexionara se convirtió en una cosa lastimosa; la UAG tiene que romper con esto”.

La razón de la UAG, planteó Bonilla, es el estudiante, pero en otro concepto porque los maestros no somos dueños de la verdad, “la escuela que el mundo de hoy necesita es diferente, antes había poca producción en el campo del saber porque memorizábamos las preguntas que el maestro nos hacía, pero hoy los avances tecnológicos son impresionantes, pero todavía como maestros si llegamos crudos a la clase queremos justificarnos, y les decimos a los alumnos saquen una hoja para hacer examen aunque las preguntas estén pésimamente redactadas”.

Seguimos, dijo, con estudiantes que memorizan libros del año de “la canica”, por eso el sujeto de las aulas no debemos verlo como estudiante, sino como un aprendente; “hay que encontrar el para qué educamos, porque todos tenemos a quien educar, la clientela la tenemos asegurada, pero tenemos que enseñar”.

El texto, editado por Fomento Universitas y prologado por Rogelio Ortega Martínez, se presentó el viernes pasado en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAG, y fungieron como comentaristas Felicidad Bonilla Gómez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAG, y el magistrado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, quienes estuvieron acompañados en el presidium por Max Arturo López Hernández, en representación de la SEG; Francisco Guerrero Flores, representante del rector de la UAG, Florentino Cruz Ramírez, y el autor Rafael Bonilla Romero.

Previamente, Felicidad Bonilla indicó que es imposible entender a (Rafael) Bonilla sin escucharlo en defensa de la universidad, porque a pesar de su salud se la pasa leyendo y escribiendo, “y así son todos los días de la semana, aunque su pasión es coordinar grupos académicos”.

Señaló que el libro –que consta de 297 páginas– forma parte de su compromiso real al grado de que se  ha responsabilizado de sus propios cambios, y que representa largas jornadas de trabajo a lo largo de sus 40 años de labor docente interrumpida, a través de infinidad de reuniones en donde se debatieron sus experiencias al buscar que la UAG diera el salto.

Expresó ante unos cien universitarios que abarrotaron el auditorio, “la gran esperanza de mi padre, a la vez mi maestro, es que se tomen en cuenta sus propuestas en lo que será la segunda etapa de la reforma universitaria”.

Por su parte, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, el segundo comentarista, señaló que el texto de Bonilla es su autobiografía y permite la múltiplicación de los conocimientos, reconstruir el significado de las ideas; en términos generales es el trabajo denso y fundamental. “En cualquiera de los párrafos o páginas nos vamos a encontrar referentes muy importantes entremezclados.

Agregó que se puede apreciar diversas propuestas de cómo sería el modelo teórico hacia el cual pudiera llegar la UAG, de manera reflexiva, propositiva y crítica; el currículum en cuanto a categorías de universidades, y de los actores universitarios resumidos como instrumentos pedagógicos, y sobre todo la evaluación que hace de la UAG.

En la obra de Bonilla, continúo, la crítica objetiva es real, no es visceral, como sucede actualmente en la UAG, lo que la ha llevado a una gran crisis y a la posibilidad de que llegue al colapso, como lo ha advertido Max Arturo López Hernández: “Bonilla propone que la UAG haga algo para que puedan egresar sujetos propositivos que lleven soluciones a los problemas de la entidad; a cambiar en serio y a fondo, para luego corregir y solucionar lo más complejo”.

Consideró además que su trabajo marca un hito en la historia de la universidad, porque plantea una reforma integral, una educación crítica desde desarrollo del currículum hasta el aula. “La UAG debe de constituirse en agente de cambio para poder realmente vincularse a los problemas; los supuestos en su propuesta es la teoría de sistemas y la acción participativa que incluye a todos los sectores”.

Después, el magistrado y ex funcionario de gobierno volvió a criticar la situación que impera en la UAG en estos momentos. “Desde los 70 la intolerancia en la UAG sentó reales, pues los universitarios se adjetivaron como marxistas de la izquierda infantil, a quienes pretendió callar la crítica”.

* Las otras cuatro fueron enviadas a los alcaldes perredistas de Metlatónoc, Rutilio Vitervo Aguilar; de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, y de Tixtla, Jorge Vargas Alcaraz, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, informa el visitador general

De la corresponsalía, Chilpancingo * Durante enero de 2002, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) del Estado de Guerrero ha emitido diez recomendaciones, seis de las cuales fueron contra policías estatales y municipales por cometer abusos contra la ciudadanía.

Las otras cuatro fueron enviadas a los alcaldes perredistas de Metlatónoc, Rutilio Vitervo Aguilar; de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, y de Tixtla, Jorge Vargas Alcaraz, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez.

En la recomendación 001/2002, este organismo le pide al alcalde perredista de Tixtla, Jorge Vargas Alcaraz que emprenda un procedimiento administrativo y una denuncia penal contra el comisario municipal de Almolonga, Carlos Ramírez Portillo, porque agredió y amenazó a las ciudadanas Teodora Hernández García y Cenobia García Tejeda.

En el caso del alcalde de Metlatónoc, Rutilio Vitervo Aguilar, la Comisión le exige que sancione al comisario municipal de Atzompa, Pablo Barrera Basurto, porque detuvo en forma abitraria y despojó de dos motosierras al ciudadano Maurilio Vargas Rosete.

En el paquete de recomedaciones que envió esta semana la Coddehum se encuentra una que remitió al presidente municipal de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, a quien le pide que abra una investigación a los policías preventivos Porfirio Villalobos y Darnelio Ortiz García, quienes privaron de su libertad y lesionaron a Felipe de Jesús Muñoz García.

De la misma manera, la Comisión envió una recomendación al citado edil porteño y al procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, en la que les solicita abran un procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al tercer turno del sector Garita, porque en forma ilegal, junto con un grupo de policías municipales, allanó la vivienda de la señora María de Lourdes Alvarez Loaeza.

A Zeferino Torreblanca también le recomienda que en sesión de cabildo se analice la conducta del comandante de la Policía Preventiva Luis Camino Rojas y de los policías rasos Euardo Jiménez Nicolás, Habet Hernández Morales, Omar Meza de la Rosa, Carlos Sánchez Catalán, Juan de Dios Mata Bernal y José Juan Benítez Arrollo.

Al procurador de Justicia del Estado le pide que aplique una sanción contra los elementos de la Policía Judicial del estado, Guadalupe Sánchez Mateos y José Angel Sánchez Corona, según señala la recomendación número 002/207/2001-IV.

Otra recomendación que envió la Coddehum es para el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, a quien pide que emita una sanción a la juez de paz del municipio de San Marcos, Miriam del Carmen Lagunas, porque incumplió una función administrativa en agravio del ciudadano Francisco Hernández Agustiniano.

Las otras cuatro recomendaciones van dirigidas al procurador Pano Arciniega, a quien le pide que abra juicio administrativo contra dos agentes del Ministerio Público del fuero común, tres comandantes, un jefe de grupo y cinco agentes de la Policía Judicial del estado que, según denuncias de los quejosos, los detuvieron y lesionaron.

En uno de los casos, el ciudadano Delfino Salvador Cortés señala al comandante Javier Juárez Pérez, al jefe de grupo Karim Berdeja Delgado y a los agentes Ricardo Reza García y Juan Carlos Miranda, de haberlo detenido en forma ilegal y de torturarlo.

Otro caso es el de los elementos de la PJE con destacamento en Taxco de Alarcón Jesús García Díaz, Fermín Meneses Meneses y René Cruz Barayda, quienes lesionaron al ciudadano René Reyes Salas.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, dijo que estas diez recomendaciones que emitió el organismo en los primeros 30 días de este año ya las tienen en sus manos las autoridades correspondientes, y que todavía no han contestado en forma oficial si van a acatarlas.

Indicó que las corporaciones policiacas siguen ocupando el primer lugar en recibir el mayor número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía guerrerense.

* También se indaga a dos ex comandantes de la PJE

* Se refiere al expediente aabierto con la denuncia del ex agente Cortés Pastenes, contra Figueroa Velázquez, Zamora Paz y Castro Valente

De la corresponsalía, Chilpancingo * El procurador de Justicia del estado, Rigoberto Pano Arciniega, declaró que se investiga al ex director de la Policía Judicial del Estado, Jaime Figueroa Velázquez, y a dos comandantes de esta corporación por su presunta vinculación con bandas de secuestradores, y que estas pesquisas se realizan con base en una denuncia que interpuso un agente judicial que ya fue dado de baja.

“Nosotros no vemos que haya caso dar nombres de las personas a las que se les investiga, simplemente la averiguación previa se está perfeccionando y las indagaciones siguen su curso”, expresó.

Reveló que el agente judicial Francisco Cortés Pastenes que fue el que interpuso la denuncia contra los comandantes Fortunato Zamora Paz, Víctor Castro Valente, Juan Nicolás Castro y el ex director Jaime Figueroa, ya fue dado de baja “por incumplimiento a sus labores”.

Sin embargo, refiere que la investigación contra los jefes policiacos sigue su curso e incluso, mecionó que los implicados en el asunto ya comparecieron ante el director de Averiguaciones Previas quien fue que los interrogó.

Mencionó que los excomandantes Zamora Paz y Víctor Castro Valente se encuentran prófugos de la justicia ya que se les libró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y extorsión.

En el historial de Castro Valente se encuentra un dato de que tiene en su contra 30 recomendaciones que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).

Cuando fue avisado por varios de sus ex compañeros de la corporación de que tenía una orden de aprehensión en su contra, huyó del estado de Guerrero y desde un lugar donde se encontraba amenazó vía telefónica al subprocurador de Justicia del estado, Miguel Barreto Sedeño.

Sobre este caso, el procurador Rigoberto Pano Arciniega señala que aún cuando Barreto Sedeño no interpuso ninguna queja contra el ex comandante Víctor Castro Valente, esto ya se agregó al expediente que se encuentra en la dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría.

El procurador dijo que porque esto (de la investigación a los ex comadandantes y al ex director de la PJE) es un asunto del cual solamente tienen acceso a la información las partes involucradas, “no se puede dar detalles de la investigación, porque cometería una irregularidad”.

Recientemente, el ex agente judicial Francisco Cortés Pastenes presentó una segunda queja ante la Codehum para solicitar que la Procuraduría de Justicia lo reinstalara en el cargo.

Además, afirmó el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, que “solicitó protección porque teme por su vida”.

Este organismo también lleva una investigación sobre el ex director de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez y otros jefes policiacos que han sido denunciados por abusos y de estar involucrados en bandas de secuestradores.

“La denuncia que presentó el agente judicial Francisco Cortés Pastenes es una línea de investigación que estamos siguiendo para armar el expediente y en su momento enviar una recomendación a la Procuraduría de Justicia del Estado”, expresó el visitador general de la Codehum.

* Familiares de los detenidos Luciano Farías Guillén y Mateo Pérez Adrián dan a conocer que el secuestrado, Dagoberto Espino Zúñiga, no cursó demanda contra los señalados como culpables por la PJE

De la corresponsalía, Coyuca de Benítez  * Familiares de dos implicados por la Policía Judicial del Estado en el secuestro del 11 de noviembre contra el ganadero de El Zapote, Dagoberto Espino Zúñiga, denunciaron ante la Comisión de los Derechos Humanos Mahatma Gandhi,  de este municipio, que los están utilizando para cubrir a los verdaderos secuestradores.

Los parientes de los campesinos Luciano Farías Guillén y Mateo Pérez Adrián detenidos en el cereso de Acapulco, denunciaron ante el organismo que las detenciones que realizó la judicial fueron de manera arbitraria y sin bases.

El presidente de la comisión Gandhi en Coyuca de Benítez, Francisco Díaz González, informó que el caso ya se turnó a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y apelarán por los dos ante la Procuraduría de Justicia del Estado, para que intervengan y cese el clima de hostigamiento que se está dando en contra de los familiares de los acusados.

El presidente de ese organismo declaró también que las detenciones fueron de manera arbitraria y violando los derechos humanos de esos campesinos.

Ofelia Quintana Mandriles, esposa de Luciano Farías Guillén, expresó que lo detuvieron los judiciales el pasado 22 de noviembre en la cabecera municipal y lo tuvieron por seis días incomunicado en los separos de la comandancia de Coyuca de Benítez. Ahí lo golpearon y torturaron obligándolo a que plasmara su huella en un papel para  hacer parecer que él había aceptado su culpabilidad de participación en el plagio en agravio del ganadero de la comunidad de El Zapote.

Quince días después, continuó narrrando Ofelia Quintana, el campesino declaró ante las autoridades que lo habían hecho firmar por medio de torturas y golpes. En su declaración también informó que le preguntaban si él había participado en el secuestro del ganadero. Y su contestación era negativa lo que causaba el enojo de los agentes.

La judicial afirma que capturaron a Farías Guillén en el poblado de Mogollón, expresa la esposa del implicado, cuando él recibía el rescate por un monto de 85 mil pesos (el que pagó la familia Espino Zuñiga). Esta afirmación es desmentida por Ofelia Quintana Madriles  y también por el hijastro, Isidro Guillén Quintana, ya que ellos sostienen que el campesino fue detenido en la cabecera municipal en la tienda de abarrotes La comercial la cual esta ubicada a un costado de la comandancia.

“ Era como la una de la tarde de 22 de noviembre  cuando  mi esposo fue a comprar unos cigarros a la tienda, entonces lo agarraron los judiciales y lo metieron a la comandancia donde lo tuvieron incomunicado”. Agregó la mujer: “mi esposo me contó que los judiciales lo sacaban para golpearlo”; y prosiguió: “él oía cuando los agentes se comunicaban por radio y le preguntaban a sus superiores si lo mataban y estos les indicaban que no”.

Farías Guillén  está actualmente preso en el cereso de Acapulco por el delito de participación en un plagio en agravio de Dagoberto Espino Zuñiga. Pero los familiares se dieron cuenta del traslado hasta el 27 de noviembre por medio de la nuera del detenido, Gladis Caballero Cortés, ya que a su padre, Constantino Caballero, le dijeron los judiciales que tenían detenido a Farías Guillén.

Respecto a  las anomalías de las acusaciones hechas en contra de los campesinos, Francisco Díaz informó que: “entre las cosas que no coinciden está el que la detención del campesino fue efectuada el 22 de noviembre del año pasado y el plagiado fue soltado hasta el 25 de noviembre también del año pasado, por lo que se evidencia que el campesino fue capturado antes de la liberación del ganadero”.

Por lo tanto, continúa el defensor, pedimos que la investigación sea analizada y revisada de manera minuciosa. Adelantó que si se consigue lo demandado; “es seguro que se vayan destapando las anomalías que encierra este proceso.

Ofelia Quintana Mandriles complementó que: “Esos días que lo mantuvieron incomunicado fue con fin de implicarlo en el secuestro de Dagoberto Espino Zúñiga.Por eso cuando preguntábamos por él en la comandancia nos decían que no estaba ahí”.

Afirma  la cónyuge de Farías Guillén haber hablado con Dagoberto Espino y les dijo que “no ha puesto ninguna denuncia en contra del campesino ni de nadie”.

En una carta del acusado enviada a los familiares afirma que el comandante Gustavo Maldonado lo señala y acusa de que lo agarraron recibiendo el dinero del rescate. Acusó que la judicial hizo el acta a su modo y beneficio ya que le vendaron los ojos y lo obligaron a que pusiera su huella dactilar en un papel. También dice el documento, que los judiciales le decían que si no ponía su huella me matarían. Todo esto fue (dice la carta) “dentro de los seis días los cuales me tuvieron en cautiverio sin querer dar razón a mi familia de mi paradero, porque cuando ellos preguntaban en la comandancia les informaban que no estaba, ahí que buscaran por otro lado”.

Lorena Rebolledo Almazán, cuñada de Mateo Pérez Adrián, quien es acusado participar en el secuestro del ganadero de El Zapote informó que Pérez Adrián originario del rancho Piedra Lisa (a una hora de El Zapote)  fue detenido el 10 de enero en El Zapote, mientras realizaba compras. Ahí lo agarraron sin previo aviso y lo trasladaron al puente del Zapote donde los agentes le pidieron dos mil pesos por su liberación, pero como les dijo que no tenía dinero lo llevaron al Ministerio Publico para posteriormente vendarlo de los ojos y trasladarlo al cereso de Acapulco donde actualmente se encuentra.

Mientras tanto la hermana de Mateo Adrián informó que: “por medio de su representante legal  solicitaron la apelación del caso y se dictaminó que tienen diez meses para presentar las pruebas que lo desvinculan con la acusación” y agregó  “ Mateo Pérez pide carearse con las personas que lo acusan que en este caso es la familia Espino Zúñiga, para que sirva en demostrar su inocencia”.

Indicó que el afectado Espino Zúñiga no se ha presentado a declarar ya que se encuentra en Lázaro Cárdenas, fuera del estado, además de que  padece diabetes Los días en que supuestamente participó en el secuestro  de Dagoberto Espino se la pasó cosechando maíz en su parcela.

* Rodríguez lleva el signo de perdedor: Sandoval

 Nelly Bello * Para los aspirantes perredistas a la alcaldía de Acapulco Alberto López Rosas y Benjamín Sandoval Melo el diputado federal priísta Ernesto Rodríguez Escalona no es oponente pues el PRD ganaría la contienda electoral el 6 de octubre contra cualquier candidato del PRI.

Ambos precandidatos no descartaron a la empresa Consulta Mitofski como la encuestadora a levantar el sondeo del PRD en Acapulco para definir a quién prefiere el ciudadano como candidato.

López Rosas, entrevistado durante un recorrido por la zona rural, dijo no estar sorprendido por el resultado de la encuestadora pues “había el propósito de que fuera Ernesto (Rodríguez) el que encabezara al PRI en la contienda, era visto y anunciado”.

Consideró que la encuesta fue una forma del PRI para modernizar el “tapadismo” pero “en el fondo y la forma” sigue con “la proyección caduca” del sistema priísta que “se resiste a desaparecer”.

Dijo que Rodríguez Escalona no es un candidato cómodo porque el representante perredista no se enfrentará con personas sino con aparatos y sistemas con vicios enraizados de manipulación, coptación, con “un aparato de gobierno al que nos enfrentamos, si es Mayrén o Ernesto o el que sea no importa porque a lo que nos enfrentamos es al aparato”.

Advirtió que en Acapulco la sociedad tiene la intención madura de continuar con los cambios y seguir avanzando en la transformación democrática de la ciudad con el manejo honesto de los recursos. “Esta sociedad madura va a impedir que regresen los que por años detuvieron el progreso de Acapulco”.

Sobre la confianza en Mitofsky dijo que no podría calificar la honestidad de la empresa pero “creo que encuestar 500 personas es un número limitado y si se hizo de forma inducida en ciertas áreas que despierta suspicacias, el universo debió rebasar por lo menos los mil 500 encuestados, no considero que haya sido una encuesta convincente me reservo hasta conocer la metodología para dar opinión sustentada”.

Sandoval Melo entrevistado vía telefónica primero expresó su respeto por el proceso interno del PRI pero recordó que los ciudadanos demostraron en 1999 –primera participación de Rodríguez Escalona en la contienda por la alcaldía– que “no fue del todo un candidato que diera a los priístas una victoria”.

Aseguró que para el PRD, el diputado federal priísta “es un candidato que lleva el signo de perdedor”.

Sobre la posibilidad de que Mitofski realice la encuesta al PRD indicó que por acuerdo unánime los aspirantes de ese partido decidieron que fuera una compañía confiable inscrita en el catalogo del IFE. “Se había hablado de Mitofski o de otra empresa de ese nivel de profesionalismo, metodología, y por el cumplimiento en el procedimiento. Como académico creo en el método científico”.

–¿No descartan a Mitofski?

–No, no es el momento.

Informó que otro de los acuerdos es que elegirán a dos o tres empresas encuestadoras que presenten propuestas y a partir de ello decidirán quien se encargara de la encuesta.

* Mitofsky disfrazó con encuestas el reparto de parcelas políticas, opinó acerca de los resultados en el PRI

Nelly Bello * El diputado federal perredista Félix Salgado Macedonio llamó a los aspirantes y a la dirigencia de su partido a adelantar la encuesta para definir a su candidato a presidente municipal de Acapulco a fin de “cerrar el espacio que pudiera quedar para que el gobierno estatal manosee el proceso y amarre navajas”.

Entrevistado vía telefónica, consideró que “el que temprano se moja, temprano se seca” por lo que febrero y no abril podría ser el mes para la realización del sondeo.

Rechazó que la empresa Consulta Mitofski –a la que llamó “Pritofski”– realice la consulta del PRD y también que él busque la candidatura por la alcaldía de Acapulco: “Voy a apoyar al que vaya arriba, mi proyecto es la gubernatura, porque la tercera es la vencida”.

Insistió en que “es oportuno e inteligente hacer la evaluación cuanto antes para lanzarnos con el que está arriba y cerrar el espacio que pudiera quedar para que el gobierno manosee y amarre navajas, no debemos permitir eso”.

Salgado Macedonio consideró que la empresa Mitofski hizo un papel al servicio de los caciques priístas, sin información precisa o metodología específica y con tendencias de aplicación con favoritismo a candidatos que responden a intereses de caciques.

“Se trató del reparto de parcelas políticas disfrazadas con la encuesta, y la empresa se prestó, todos sabemos que Ernesto (Rodríguez) esta con René; Eduardo Marroquín en Iguala está con Rubén Figueroa. No nos chupamos el dedo, el candidato del gobierno es (Rodríguez) Escalona”.

Indicó que Rodríguez Escalona es un candidato cómodo “y hasta comodín” para el PRD y “lo vamos a lanzar sin amarrar, sin ligas del bungy político para que se hunda y se vaya de cabeza”.

Insistió en el llamado a la unidad interna para refrendar el triunfo en Acapulco y en una alianza con las fuerzas políticas afines al PRD con el mismo fin.

Deslindó al PRD de la contratación de la encuestadora Mitofski porque será, dijo, una empresa seria que dé a conocer los resultados, el campo de investigación, personas encuestadas, y “no nada más que nos digan el resultado”.

Frenar la represión de René Juárez contra luchadores sociales

Salgado Macedonio recibió en su casa al dirigente estatal del Partido Alianza Social (PAS), José Luis González Suástegui, y a simpatizantes del mismo partido que le pidieron la solidaridad del PRD y sus legisladores federales para parar represión política que padecen.

El diputado federal expresó al líder pasista el apoyo del PRD a través de su dirigencia estatal presidida por René Lobato Ramírez con quien Salgado Macedonio se reunió y coincidió en frenar la embestida renejuarista.

Actualmente González Suástegui espera al miércoles por la resolución del juez que determine su situación jurídica y otros siete campesinos siguen en el Cereso y ocho más huyeron con orden de aprehensión en su contra.

Salgado Macedonio aseguró que la represión al PAS es el inicio de una escalada sistemática del gobierno estatal contra luchadores sociales. “René Juárez asoma su rostro fascista para reprimir a los cuadros políticos y nos puede alcanzar”.

Indicó que González Suástegui fue apresado por los delitos comunes en luchadores sociales, como sedición y motín, “yo tengo 20 averiguaciones por eso, no me avergüenzan porque es por la lucha”, dijo el diputado federal.

Consideró que “las cárceles deberían estar llenas de rateros y asesinos como Rubén Figueroa Alcocer padrino de René Juárez”.