* Las nuevas disposiciones nos llevarán a la quiebra, afirman 

Raquel Santiago * Integrantes de la Federación de Restauranteros del Estado de Guerrero se manifestaron ayer en contra de la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de este año, al considerar “exagerados” los cobros por la apertura y licencia de funcionamiento de los negocios.

Aseguraron que con esa medida “varios de los establecimientos irán a la quiebra”.

En una reunión en el restaurante Nachos, el presidente de la federación, Santos Godoy Mena, fue acompañado por el asesor jurídico Rubén de Jesús Suástegui y la asesora Adela Solís Martínez, quien hace meses fuera directora de Ingresos de la administración zeferinista.

Allí, alrededor de 25 microempresarios rechazaron también el Proyecto de Reglamento de Licencias de Funcionamiento para el municipio, por lo que redactaron un documento que harían llegar hoy al alcalde Zeferino Torreblanca Galindo.

El documento fue leído por Solís Martínez, en el cual la Federación de Restauranteros del Estado de Guerrero manifiesta su desacuerdo con la recién aprobada Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco.

En el texto se especifica que “solamente el IMSS es la única autoridad con derecho a saber cuántos trabajadores tenemos los restauranteros, así como los sindicatos”.

Califica de “exagerado” el cobro de la cuotas por la apertura y licencia de funcionamiento de los negocios, así como para los espacios de oficinas, baños y estacionamientos.

En el documento se ejemplifica que quien cooperaba por servicio de limpia daba sólo 500 pesos, pero ahora supuestamente la federación tendrá que pagar 5 mil pesos por la licencia de funcionamiento.

Además de la inconformidad por el supuesto doble cobro, el microempresario por abrir un negocio deberá pagar por obtener la licencia de funcionamiento, además de las horas extras de actividad adicional, lo cual, dicen, “pretende llevar a la quiebra a los restaurantes del puerto”.

Respecto al proyecto de Reglamento de licencias de funcionamientos mercantiles, también aseguraron estar en desacuerdo por la propuesta de horario en la que debe estar abierto un restaurante, que es de 7 de la mañana a la una de la madrugada, según el artículo 68 del capítulo octavo que corresponde a De los horarios de funcionamiento.

Dentro de las dudas que hay entre los integrantes de la federación se encuentra el incremento del cobro por las zonas distribuidas en el Centro, Caleta-Caletilla, Acapulco Dorado, Pie de la Cuesta, Puerto Marqués y Barra Vieja, para lo cual solicitaron mayor información, pues desconocen el área que comprende.

El documento lo firman el presidente de la organización, además de los representantes de la federación en Playa Bonfil, Revolcadero, Pie de la Cuesta, Caleta-Caletilla, Barra Vieja y de la zona urbana.

De la corresponsalía, Coyuca de Benítez * El representante legal y la encargada del albergue de niños huérfanos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) de Pénjamo, población del municipio de Coyuca de Benítez, José Sánchez Sánchez y Virgilia Galeana García, enviaron un documento a Marta Sahagún de Fox y a Mirna Acevedo de Juárez Cisneros para solicitarles apoyo urgente para mejorar la vida de los pequeños habitantes del asilo.

Informaron que este lunes murió quemada la niña Balbina Pita Nava, que se acercó a una fogata, y atribuyen el accidente a las condiciones precarias y la inseguridad en que viven en el campamento 55 hijos de militantes de la OCSS de la sierra de Coyuca de Benítez asesinados por encauzar luchas sociales.

En el documento enviado por fax e Internet piden a las primeras damas servir de gestoras para que sus respectivos esposos concedan una audiencia para tratar el problema que están viviendo los huérfanos.

Explican que la pequeña Balbina Pita se quemó más de la mitad su cuerpo en una fogata donde se había quemado basura un día antes. La pequeña fue trasladada al hospital general, donde murió.

Entrevistados Virgilia Galeana y José Sánchez señalaron que han pedido material para que los niños vivan en una forma más decorosa, pero el gobierno ha hecho caso omiso a sus demandas.

Entre sus solicitudes están la dotación de un microbús para trasladar a los pequeños a sus escuelas ya que “es un gasto considerable pagarles el camión que los lleva a las escuelas las cuales se encuentran a más de 6 kilómetros de donde se ubica el campamento.”

También, la presencia de terapeutas para atender a los infantes, así como a sus abuelos y madres sobre los problemas psicológicos que han presentado a raíz de la muerte de sus padres y de la persecución a la que han estado sujetos sus familiares.

Sin orden de aprehensión y con “prepotencia”, agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) detuvieron el miércoles 23 al comisario municipal de El Mezoncillo, municipio de Ayutla de los Libres, y dirigente del Consejo de Pueblos Indígenas (CPI), Catarino Petra Antonio y ayer a su padre Antonio Marcos Catarino, a quienes luego acusaron de homicidio sin darles a conocer el nombre del agraviado, informó el presidente del Consejo, Benito Narciso Morales.

Exigió la “inmediata liberación” de sus dos compañeros detenidos, y denunció: “Nosotros consideramos que es una agresión al Consejo de Pueblos Indígenas porque bajaron a Ayutla para acompañarnos a Chilpancingo a una reunión de trabajo con autoridades del gobierno del estado y federal para gestionar obras sociales para la comunidad y esta fue la respuesta”.

El comisario municipal de El Mezoncillo, Catarino Petra, de 28 años de edad, fue detenido en Ayutla el miércoles a las 16:30 horas por agentes de la PJE que viajaban en dos camionetas cuando estaba sentado en la terminal. Al día siguiente, a las 14:00 horas, fue detenido su padre, Marcos Catarino, de 50 años “sin orden de aprehensión y con prepotencia, pero luego en la comandancia dijeron que tenían la orden por homicidio sin decir quién es el agraviado”.

Vía telefónica, el presidente del CPI, Narciso Morales, agregó que sus compañeros Antonio Roberto Lorenzo, Andrés Marcos Catarino, Félix Ramírez, Marcelino Margarito, Martín Aurelio y Tomás Julián Morales, están siendo hostigados por agentes de la PJE y esto “es una agresión demandamos su libertad”. (Alfredo Mondragón)

Maricela Santos * Marquesanos opositores al proyecto de construcción de una Marina en la playa Majahua de Puerto Marqués, enfrentan un proceso para desalojarlos de la zona federal y denuncias ante el Ministerio Público Federal promovidas por el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD).

Esto porque se oponen a que se privatice esta ribera y a que el consorcio haga obras que afecten el entorno ecológico del lugar.

Así lo manifestaron en la reunión que sostuvieron ayer con el diputado federal del PVEM, José Rodolfo Escudero Barrera, quien es secretario de la Comisión de Transporte y la Subcomisión de Puerto y Transporte Marítimo encargada de emitir un dictamen sobre la viabilidad de la marina, y los impactos ambientales y sociales que tendría la autorización del proyecto.

Para lograr la emisión de un dictamen imparcial que ni frene el desarrollo ni permita el deterioro ambiental de esta playa, Escudero Barrera, los marquesanos y el diputado federal petista Félix Castellanos Hernández acordaron hacer pronto una reunión entre GMD, los inconformes, legisladores y representantes del gobierno municipal, estatal y federal en la Cámara de Diputados, el 12 de febrero, para dar una solución urgente al conflicto.

En el encuentro los marquesanos agremiados en torno al Consejo General de Defensa de Puerto Marqués (CGDPM) denunciaron sus inconformidades y los desencuentros que ya han tenido con el consorcio por las obras que ha realizado en el poblado, como la supuesta introducción de un drenaje que no les sirve, la construcción de locales que ya se oxidaron, los deslaves hacia la bahía por la apertura de carreteras  y la “obsoleta” planta tratadora que, según ellos, vierte aguas crudas a la laguna negra del lugar.

Pero para probarle todo al legislador encargado de presentar el dictamen lo llevaron a un recorrido de tres horas para mostrarle estos detalles en las obras que hizo GMD en Punta Diamante, y les dejó entrever su desagrado con las escenas de vertimiento de aguas residuales, según comentó a El Sur, el priísta Eduardo Román Guzmán, quien es uno de los miembros del CGDPM.

Desde el mediodía de ayer efectuaron una mesa de trabajo bajo dos toldos sobre la playa, frente a las oficinas que tiene GMD en el lugar.

Allí, el comisario del poblado, Iván García Jiménez, expresó la inconformidad con el proyecto debido a que “se construye en medio de irregularidades porque el consorcio no está respetando la ley”, y porque “quieren hacerlo sobre una tierra que nos expropiaron a los marquesanos y que ni siquera han podido pagar”.

La ex comisaria municipal del lugar y dirigente de los comerciantes de la zona, María del Carmen Ramos Olea, dijo que es injusto que trate de promover desarrollo turísticos “sacrificando a la gente de Puerto Marqués” .

Reveló que los habitantes de la zona son hostigados a raíz de su oposición al proyecto que deterioraría esta playa de aguas claras, “porque ya tenemos actas donde nos notifican desalojos y un problema legal federal porque hemos tenido compañeros órdenes de aprehensión y demandas federales, y eso se llama acoso”.

Advirtió que defenderán su patrimonio hasta las últimas consecuencias.

Expuso las inundaciones de aguas negras que sufren los habitantes por el desbordamiento de aguas negras de un drenaje “deficiente e inoperante ”, construido por GMD.

Román Guzmán dijo que la anomalías en que incurre GMD, en este caso, se debe a que fue un grupo privilegiado por anteriores administraciones gubernamentales a pesar de que su proyecto “pone en riesgo la bahía”.

Urgió a que el gobierno considere sus demandas y no destruya los tejidos sociales, sino que promueve un desarrollo sustentable y sostenible que permita que los lugareños convivan con la naturaleza, y puedan aprovecharla para mantener a sus familias como por tradición se ha hecho en el lugar.

“Que GMD cumpla con la ley sin afectar a los marquesanos”, sentenció.

Luego, la dirigente de vendedores de artesanías, Juana Morales Serrano y el perredista Eulogio Niño Pineda pidieron que no los hostiguen para quitarles sus tierras, en aras de favorecer a empresarios que podrían provocar una contaminación en Majahua similar a la que hay en el Club de Yates.

Ante esto, el legislador federal del PVEM observó que las posiciones se han radicalizado tanto entre GMD y los marquesanos, que le han retrasado la emisión del dictamen que tiene que presentar ante la Comisión de Transportes para que se analice y lleve al pleno un acuerdo, a fin de destrabar el conflicto de la forma más imparcial posible y sin frenar arbitrariamente el desarrollo.

Castellanos, sin embargo, observó que existen irregularidades e incumplimientos de fondo en la concesión para la Marina porque les falta entregar varios requisitos y ya feneció el tiempo que les dieron para ello, sin que GMD promoviera alguna ampliación de prórroga.

* De aplicarse esta evaluación la mayoría de los estudiantes saldrán reprobados porque las academias no funcionan, afirman dirigentes estudiantiles

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Siguen tomadas las preparatorias 1, 9 y 33 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), por estudiantes que exigen al rector Florentino Cruz Ramírez la no aplicación del examen departamental y piden que se integre una mesa de negociación

El dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG),Marcos Zurita explicó que se tomaron las instalaciones por acuerdo de los jefes de grupo de las tres preparatorias.

El dirigente estudiantil aclaró que no se está rechazando el examen departamental al cien por ciento, sino que la postura de los estudiantes es que por el momento no se puede aplicar porque se enmarcó dentro del proceso de reforma, “pero no en las condiciones en que se quiere aplicar porque lo único que va a provocar es la deserción entre los estudiantes”.

Manifestó que de aplicarse el examen como se pretende “la mayoría de los estudiantes saldrían reprobados, porque las academias no funcionan, por esa razón los alumnos han manifestado su oposición”.

Marcos Zurita señaló que los directores de las tres preparatorias han mostrado una cerrazón total a la protesta contra la citada evaluación: “Ellos plantean que el examen representará el 50 por ciento y el otro porcentaje para la evaluación de cada profesor; además la Coordinación del Nivel Medio Superior se declaró incompetente para resolver esta situación”.

Es necesario –dijo– que el rector Florentino Cruz resuelva directamente el problema porque de lo contrario los estudiantes tomarán las instalaciones de la Rectoría de la UAG, “ya estamos en pláticas con jefes de grupo de la mayoría de las preparatorias de la universidad para organizar mejor el movimiento”.

Indicó que el examen se presenta en cada una de las materias “y esto constituye un problema grave porque los alumnos tendrán que presentar dos exámenes finales de una misma materia, y al final el resultado que se obtenga se va a promediar; es decir, que el estudiante se encuentra en completa desventaja, y eso provocará deserción”.

Por otro lado, Gabriel Santos Santos, también dirigente de la FEUG, afirmó que a pesar de la manifestación que se llevó a cabo el miércoles pasado en demanda del pago más de un millar de becas del Programa Nacional de Becas (Pronabes), el gobierno del estado no dio ninguna respuesta favorable.

Informó que el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve se negó a recibirlos en audiencia argumentando que no podía hacerlo porque tenía que atender tres entrevistas.

Por último, dijo que la Federación Estudiantil analizará esta negativa para resolver el problema, pero mencionó que por el momento no impulsarán ninguna movilización debido a que no hay clases, “será hasta dentro de una semana cuando se reanuden y entonces sí vamos a impulsar nuestro plan de acción”.

A consulta estudiantil la aplicación del examen en Prepa 2

En una reunión en la biblioteca de la Preparatoria 2 de Acapulco en la que participaron unos 80 entre maestros, jefes de grupo, consejeros técnicos y alumnos, se propuso realizar una consulta entre la comunidad universitaria para analizar si se aprueba o no el examen académico.

Lo anterior, lo informó el director de ese plantel Tomás Higuera Fuentes, quien además dio cuenta que el encuentro fue para informar en detalle en qué consiste el impugnado examen, porque “tenían la falsa idea de que era para reprobar a todos, pero quedó claro que es para hacer un diagnóstico, ver el grado de aprovechamiento y de enseñanza del profesor”.

El directivo expuso que en ese plantel se generó la oposición al examen derivado de la intervención de alumnos de la Prepa 17 que salonearon dentro de la institución, por ello, este miércoles que pasó, el examen no pudo ser aplicado de manera total, debido a que estudiantes de la mañana se opusieron, pero este jueves se acordó reanudar el periodo de aplicación del examen el próximo miércoles.

Entre los acuerdos alcanzados está el de efectuar cada fin de mes una reunión para evaluar los contenidos por academia. Los jefes de grupo expresaron la negativa a pagar el costo de dos pesos por el examen, “por eso se va a elaborar una minuta para explicar el acuerdo de los estudiantes” y se va a dar un margen para estudiar las materias más difíciles, como matemáticas, química y física.

En la reunión, los alumnos propusieron también que los maestros sean evaluados de acuerdo a sus áreas, porque “algunos profesores no dominan la materia que imparten” y pidieron que éstos asistan a tomar cursos de capacitación para su actualización.

En este plantel se conformó una comisión entre docentes, alumnos y directivos para vigilar la aplicación del examen académico, que se aplicará a partir del próximo miércoles y culminará el próximo 8 de febrero.

Sigue tomada la Prepa 17

Por otro lado, la Preparatoria 17 continuó este jueves en poder los estudiantes inconformes, informó el estudiante Iván Rojas Vázquez, quien adelantó que está por firmarse el documento que anula la aplicación del examen en ese plantel por el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros y que de ser así el lunes próximo se reanudará el periodo de exámenes semestrales que comúnmente se aplicaban.

* Propone el coordinador del Consejo Académico de la UAG en Acapulco atender las protestas contra el examen departamental antes de que la coyuntura electoral lo polarice * El rector debe apersonarse pensando en la universidad, no en el grupo al que pertenece, expone 

Ossiel Pacheco * El coordinador del Consejo Académico de la Región de la UAG en Acapulco, Rafael Trejo Moreno pidió al rector Florentino Cruz Ramírez atajar de “manera mesurada, pensando en la universidad, no en el grupo al que pertenece” la inconformidad que hay en las preparatorias, donde alumnos se oponen a la aplicación del examen departamental, antes de que la coyuntura electoral “polarice esta situación y se expanda como un cáncer al resto de las prepas”.

La semana pasada alumnos de la Preparatoria 17 tomaron el plantel y se declararon en paro indefinido en demanda de cancelar la aplicación del examen departamental.

Esta inconformidad llegó también a las Preparatorias 2 y 27, de Acapulco y la 1, 9 y 33 de Chilpancingo, donde este miércoles no se aplicó la evaluación, como estaba programado en el calendario escolar.

Trejo Moreno fue entrevistado en la dirección de la Prepa 7, donde también estuvo el director de ese plantel, Magdaleno González Sandoval. Allí aclaró que no se trata de un examen departamental sino académico que tiene la finalidad de evaluar tanto a los estudiantes como el desempeño de los maestros, así como establecer si los tiempos marcados en el calendario de clases se ajustan al plan; es una evaluación de carácter institucional.

Explicó que la UAG necesita “ejercer sus propias formas de evaluación a diferencia del examen del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) que lo aplica una empresa privada, cuyos contenidos se refieren a la cultura urbana, de dudosa efectividad para ser aplicadas en un estado como Guerrero. Se necesitaba crear nuestra propia forma de evaluación”.

Dijo que este examen es resultado de la discusión que se dio dentro del proceso de reforma en los foros internos de cada una de la preparatoria, en el Congreso General Extraordinario y del Consejo Universitario, donde se aprobó por unanimidad, “en su momento se debieron expresar las dudas que en particular se tenían”, expuso.

Rafael Trejo justificó la oposición de los estudiantes, porque no hay condiciones en los planteles de la UAG dado el “connotado ausentismo” de maestros y porque aún persiste el autoritarismo del profesor frente a los alumnos, y no se ajustan al programa, al nuevo libro de texto; por ello, los alumnos no deben pagar las carencias de otros. Los maestros temen ser evidenciados, los alumnos temen salir reprobados”, indicó.

“Me parece justo reducir el porcentaje del valor de la evaluación, el 20 por ciento para los alumnos y en un 80 por ciento para calificar al maestro”, tal como se acordó en una reunión que sostuvieron el pasado miércoles 16, el coordinador de Educación Media Superior de la UAG, Flavio Manríquez; el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros; el coordinador del Nivel Medio Superior de la Zona Sur, Antelmo Sotelo Albarrán en la Prepa 17, sin embargo, no fue respetado el convenio que se alcanzó con los alumnos inconformes y que se hizo extensivo al resto de las Prepas.

Reconoció que hizo falta información respecto al examen por parte de los alumnos, pero que a estas alturas el director Rafael Boleaga Villareal, está enterado de la disposición del rector Cruz Ramírez de no tomar en cuenta el examen para la calificación de los alumnos, pero tendrá que aplicar el examen a partir del lunes próximo para tener un diagnóstico de la situación en la que están.

Trejo informó que tanto la Prepa 2 como en la 27, el examen se aplicó de manera parcial, “quedó sin valor el examen, pero los resultados que arrojen servirán para tener información sobre los programas que están aplicando como el calendario escolar, en que están fallando, porque hay una discordancia terrible entre estos dos elementos”, dijo.

Alertó sobre la posibilidad de que esta inconformidad pueda ser utilizada en la coyuntura electoral por los candidatos a la Rectoría como por algunos directores, “aprovechan para convertirse en un líder para atraer el voto para determinado lado, pero con la consecuencia de anular toda la reforma, esto pone en entredicho la reforma, que sus impulsores se conviertan en sus detractores, debemos enfrentar el reto a pesar de la coyuntura electoral”.

Aunque consideró que la inconformidad en las preparatorias “todavía no está totalmente contaminado por la coyuntura. El rector debe apersonarse, no como miembro de una organización, sino pensar en bien de los maestros y de los alumnos para buscar una salida con base a los resolutivos del Congreso General Ordinario”.

“Urge detener la polarización en las escuelas. Cancelar el examen por razones de orden político es aceptar que las cosas sigan como han estado. Sería un error por parte de los candidatos (a rector) no enfrentarse a la realidad, porque el examen es para definir que tan enfermo estamos, y a un cáncer no se le puede tratar con grilla”, asentó.

El coordinador del Consejo Académico manifestó que el actual calendario escolar de la UAG, aprobado por el CU en el periodo del rector Javier Reyes Carreto, “es obsoleto, no se ha actualizado” está diseñado para cubrir 17 semanas de clases, es decir, alrededor de 100 días hábiles, cuando el actual calendario de la SEP es de 200 días, estamos por debajo de la media nacional. Ahora agregando los paros y el ausentismo de los docentes…”.

Afirmó que el calendario de clases de la UAG, “está imposibilitado para competir con la oferta de otros subsistemas educativos. Esto es preocupante, porque ante la opinión pública nuestras escuelas no están siendo atractivas, por la imagen que proyectan de ser escuelas en constantes conflictos; con estrategias de enseñanza llenas de fracasos. Todo lleva a fortalecer la educación privada”, expuso.

Lo anterior lo sustentó en las bajas solicitudes de alumnos para ingresar a las preparatorias de la UAG en Acapulco, debido a que los planteles en el puerto “son vistos como una reserva electoral, no tanto por el desempeño académico, sino por los votos que representan, por eso no quieren actuar, porque se encuentran en la disyuntiva o aplican los exámenes por mandato del CU o se impone la coyuntura electoral, donde lo más importante es mantener los votos”.

Informó que para la aplicación por primera ocasión del examen académico se imprimieron 50 mil exámenes para los alumnos de preparatorias de Acapulco, que tiene un costo de dos pesos y consta de 30 a 50 preguntas, de acuerdo a la materia y una hoja de respuestas para facilitar su calificación.

Llamó al rector Cruz Ramírez a atajar de “manera mesurada, pensando en la universidad, no al grupo al que pertenece. Es urgente su intervención. Debe evitarse la polarización” de la inconformidad desatada en las preparatoria, o de lo contrario “la llamada reforma va a quedar en el papel”.

– Al parecer los policías de la PGR discutieron con algunos ciudadanos afuera de la discoteca Prince, indicaron testigos presenciales * “Desconocemos del asunto”, afirman fiscales y comandantes entrevistados

Alfredo Mondragón * La madrugada de ayer, tres agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) protagonizaron una riña y balacera en la Costera, afuera de la discoteca Prince, en la que una mujer resultó herida.

Los agentes fueron detenidos por policías municipales, pero puestos en libertad por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV).

Por la tarde, el titular de la Cuarta Agencia del Ministerio Público Federal (MPF), Abelardo Camacho Reyes, acompañado de tres agentes de la Contraloría de la PGR, acudió a la SPV, a la Tercera Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Costa Azul y a la comandancia de la PJE a investigar los hechos.

Al ser entrevistado, señaló que “estamos investigando el caso y buscando a los agentes, pero no son de Acapulco; no tenemos conocimiento a grandes rasgos porque la SPV no dio parte a la PGR”.

Por su parte, el jefe del Departamento Jurídico de la SPV, José Salgado Sotelo, aseguró “no tener conocimiento de la situación, pero de haber habido errores seguramente se le pasaron al encargado del turno”.

Mientras que el coordinador general operativo, Jaime Delgado Moreno y el jefe operativo Ricardo Salinas Saldoval, aseguraron que desconocían del caso.

El agente del MP de Costa Azul, Jesús Estrada Soto y el comandante de la PJE, Alfredo Camacho Millán, señalaron que “no tenían información al respecto y que no había denuncia de hechos”.

Testigos presenciales señalaron que a las 3:30 de la madrugada de ayer en la Costera, a la altura de la discoteca Prince, tres agentes de la UEDO a bordo de un vehículo Jetta, color azul marino, protagonizaron una riña callejera con ocho personas y efectuaron disparos de arma de fuego calibre .9 milímetros, e hirieron de un rozón de bala en la cadera a Guadalupe Rubio Villega.

Los rijosos fueron sometidos por agentes de la Policía Preventiva Turística, de las patrullas 001, 002 y 003, y trasladados a los separos de la Secretaría de Protección y Vialidad, informaron.

Los tres agentes de la PGR, pertenecientes a la UEDO –que se encuentran comisionados en Acapulco para investigaciones de narcotráfico– José Armando Pozos Mireles, Mario Reynoso Aguirre y José Irineo Paredes Miranda, tras la balacera y riña pretendieron huir a bordo de un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, color azul marino, placas de circulación AGJ3316, de Baja California.

Empero, al ser detenidos por los policías preventivos se les decomisó una pistola calibre .9 milímetros, marca Pietro Beretta,

Durante el arresto, los agentes manifestaron a los preventivos que “ocho personas pretendieron agredirlos” y que por ello “se vieron en la necesidad de desenfundar sus armas de fuego”.

En tanto que otros policías municipales aprehendieron a otras personas involucradas en la riña, quienes fueron trasladadas a los separos de la SPV, pero tras una plática a puerta cerrada con “un comandante” de la municipal fueron puestas de disposición del encargado de turno del Departamento Jurídico, Jesús Morales Flores, pero no con los mismos cargos.

A pesar de que los testigos afirmaron que en los hechos hubo disparos de los agentes de la PGR, una persona herida de bala y una riña, el encargado del Departamento Jurídico, Morales Flores, no los consignó a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común por el cargo de lesiones ni a la agencia del Ministerio Público Federal (MPF) por la portación de arma de fuego. Empero, dejó en libertad a los otros rijosos porque el supuesto agraviado les “otorgó el perdón”, y al federal lo liberó tras el pago de una multa ante el juez calificador, “por su participación en la riña”.

Los policía preventivos Enrique Gómez Chávez y Melitón Terrazas Bustos pusieron a disposición de Morales Flores a Arturo Hernández Radilla y José Luis Miranda Tenorio, bajo el cargo de daños en agravio del agente de la PGR, Armando Pozos Mireles, pero con los apellidos de Pérez Miguel, debido a que “ocasionaron daños en el parabrisas de mi vehículo” y supuestamente le “otorgó el perdón a los demás detenidos, “al igual que a la señora Magnilia Rubio Villegas”.

En la puesta a disposición los preventivos registran los hechos a las 3:11 horas de la madrugada de ayer, pero afirmaron que Armando Pozos, con domicilio en calle Malpica número 309, de la colonia Costa Azul –sin mencionar que es agente de la PGR ni la presencia de las armas de fuego– les solicitó el auxilio porque “unos taxistas lo quisieron agredir físicamente” y detuvieron a los civiles Hernández Radilla, de 23 años, y Miranda Tenorio, a bordo del taxi número económico 1228.

Señalaron que el federal “los amenazó, arrojó una lata de cerveza en el parabrisas del taxi y los retó a golpes, por eso le quebramos el parabrisas”.

Otra de las irregularidades asentada en el expediente de la SPV, registrado con el oficio número 374, expediente XV, indicó que “se realizó la comparecencia a las 2:10 horas de ayer” ante el encargado del Departamento Jurídico de la SPV, Morales Flores, del agraviado Armando Pozos, de 26 años de edad, con domicilio en avenida Venustiano Carranza, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, y concedió el perdón a los ciudadanos detenidos, quienes “aceptaron no molestarlo física, verbal y en ninguno de sus bienes”.

Por la tarde, a las 15:30 horas, el titular de la Cuarta Agencia del MPF, Abelardo Camacho Reyes, acudió a la SPV, a la Tercera Agencia del MPFC y a la comandancia de la PJE de Costa Azul a investigar los hechos.

Al ser entrevistado allí, indicó que “estamos investigando el caso y buscando a los agentes, pero no son de Acapulco; no tenemos conocimiento a grandes rasgos porque la SPV ni dio parte a la PGR; es más creo que ustedes saben más de esto que nosotros, mejor platíquenos qué pasó”.

Alfredo Mondragón * Tres personas, dos de ellos ex militares y uno también ex agente de la Policía Auxiliar del Estado, fueron detenidas por agentes de la Policía Judicial del Estado de Costa Azul, luego de “secuestrar” a un taxista y asaltar la gasolinera Servicio Costera, ubicada frente al Wal Mart.

A los detenidos se les decomisaron dos pistolas y fueron puestos a disposición de la Tercera Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

El ex militar Jaime Leopoldo Viviano Gallardo –liberado el 17 de enero del penal de Las Cruces, por el juez primero Esteban Saldaña Parra, al ser remitido por el delito de violación–, el ex militar y ex agente de la PAE, Jesús Cayetano Hernández, así como Alfredo Iván Pérez Ozuna, fueron aprehendidos bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, asalto a mano armada, asociación delictuosa y portación de armas prohibidas.

Tras una operación de la PJE al mando del comandante Alfredo Camacho Millán y el segundo comandante Miguel Morales Chávez, se aprehendió a tres de los cuatro asaltantes –el prófugo está identificado como Mario Basilio Meza–.

Entre las armas decomisadas están una pistola calibre .38 Especial, matrícula 55348; una pistola escuadra calibre .22 matrícula 553186, además de recuperarse el dinero robado, cuya cifra fue de siete mil 450 pesos.

Una vez aprehendidos los asaltantes, el comandante Camacho Millán buscó antecedentes de cada uno y descubrió que el ex PAE, Cayetano Hernández o Mendoza, tenía una orden de aprehensión girada por el juez Séptimo de lo Penal, Margarito Avila Serrano, por el delito de lesiones en agravio de Rolando Carmona Narváez y que Viviano Gallardo.

Del hecho, fue el taxista José Angel Miranda Calvo quien explicó que ayer llevó a dos pasajeros al cuartel militar de Llano Largo, y que al regresar, aproximadamente a las 3 de la tarde, los cuatro asaltantes le hicieron la parada para pedir un servicio a la Costera.

Dijo que en el trayecto sacaron sus pistolas y lo obligaron a que se pasara al asiento trasero, donde lo llevaban sometido.

Señaló que uno de ellos portaba una gorra de Policía Auxiliar del Estado y a bordo de su taxi marca Volkswagen, color azul y blanco, número económico 2355, llegaron a la gasolinera Servicio Costera y asaltaron a los despachadores Paul Bustos Viviano y Paul Efraín Manzo Arias, despojándolos de seis mil 800 pesos.

Indicó que también tomaron como rehenes a los despachadores y los trasladaron a todos hasta Cumbres de Llano Largo, cerca del cuartel de la Novena Región Militar, donde los revisaron y despojaron de 350 pesos producto de sus ingresos por propinas.

Posteriormente fueron liberados junto con el taxista, en tanto los captores huyeron hacia el monte.

Por su parte, el despachador Bustos Viviano narró: “Estabamos sentados cuando llegó el taxi y se bajaron dos sospechosos. Vi que traían al chofer secuestrado y apuntándole con las pistolas; quise correr pero tenían sometido a mi compañero; a mí me quitaron cuatro mil pesos y 200 míos, a él (Manzo Arias) dos mil 800 pesos, 150 de sus propinas y 20 dólares; nos llevaron a Cumbres de Llano Largo, nos soltaron y pedimos auxilio a la PJE”.

Los agraviados abordaron el taxi y acudieron a la comandancia de la PJE a solicitar el auxilio.

Allí, el segundo comandante Morales Chávez los acompañó al lugar de los hechos y tras una persecución a pie y en vehículos lograron detener al ex militar Leopoldo Viviano, de 28 años, con domicilio en Las Vigas, quien se ocultaba en una obra en construcción en Llano Largo.

En tanto, el grupo de la PJE encabezado por el comandante Camacho Millán detuvo al ex policía estatal Cayetano Hernández o Mendoza, en la calle Fernando Magallanes y esquina con Niños Héroes de Veracruz, cerca del condominio Castillo Azul, así como a Pérez Ozuna, en la misma calle, pero afuera de un taller mecánico. Ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Costa Azul.

* Informó el director del organismo, Gerardo Nabor Ojeda de la Peña, que hay 14 mil usuarios morosos, entre ellos políticos, empresarios y dependencias de gobierno, que deben 8 millones de pesos

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) inició ayer jueves cortes del servicio del agua potable a empresarios del centro de la ciudad que tienen fuertes adeudos y se han negado a pagar.

El director de la CAPACH, Gerardo Nabor Ojeda de la Peña, dijo que se les suspendió el servicio de agua potable a dos hoteles, pozolerías y a un centro comercial ubicados a un costado del Palacio de Gobierno.

“Nosotros les avisamos desde el pasado noviembre que realizaríamos el corte en caso de que no se pusieran al corriente con su pago, y en virtud de que no entendieron la advertencia tuvimos que sancionarlos”, aseveró el funcionario.

En la lista que llevaban los trabajadores de CAPACH iban los nombres de dos negociaciones a quienes no se les cortó el servicio porque los dueños hicieron una llamada telefónica al alcalde José Luis Peralta Lobato a quien le pidieron que se les diera una oportunidad más para ponerse al corriente o bien realizar algunas aclaraciones respecto al excesivo cobro del recibo.

Se trata del ex diputado federal perredista Pioquinto Damián Huato y del ex integrante del Consejo Ciudadano para la Vigiliancia de la Obra Pública, el priísta Gustavo Morlet Berdejo, este último hermano del subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Adolfo Morlet. Tanto Morlet como Damián Huato tienen negociaciones en el primer cuadro de la ciudad y enfrentan problemas por fuertes adeudos por el servicio de agua potable.

Gerardo Nabor Ojeda de la Peña señaló que en estos momentos los 14 mil usuarios “morosos”, entre ellos políticos, empresarios y dependencias de gobierno, deben un total de 8 millones de pesos por servicio de agua potable.

“Luego de que advertimos que daríamos a conocer públicamente los nombres de los usuarios morosos, varias dependencias del gobierno federal se pusieron al corriente con sus pagos”, externó el funcionario.

Insistió en que el próximo lunes 28 va dar a conocer los nombres de los deudores y esa lista será publicada en los diferentes medios de comunicación de esta localidad.

Mencionó que pese a que este martes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconectó el servicio de luz eléctrica a las dos plantas de bombeo que surten a los habitantes de Chilpancingo, el servicio no se ha restablecido al cien por ciento.

“Yo creo en unos dos o tres días más el servicio se va a restablecer con normalidad, pero esperemos que los usuarios morosos paguen lo que deben para que no tengamos problemas a la hora de pagar a la Comisión Federal de Electricidad en el próximo mes”, sostuvo.

Y es que, el pasado fin de semana la CFE cortó el servicio de luz debido a que el ayuntamiento que preside el alcalde priísta José Luis Peralta Lobato no pagó con puntualidad un millón 500 mil pesos de adeudo. El gobierno del estado tuvo que hacer un crédito puente al ayuntamiento para que pagara su deuda.