Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Después de dos días de ataques a balazos y con explosivos que lanzan desde drones a las comunidades de Tula, Acahuahuatlan y Xicotlan, presuntamente por el grupo delictivo de Los Ardillos, pobladores de al menos 16 comunidades del municipio de Chilapa cerraron la carretera Chilapa-Hueycantenango, para exigir a los gobiernos federal y estatal la protección de los pobladores.
Asimismo, en una carta enviada a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pidieron la intervención de soldados del Ejército Mexicano y de agentes de la Guardia Nacional “para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades” y el “cese inmediato de los ataques armados y de las agresiones con drones”.
Mientras tanto, el gobierno estatal, informó en un boletín de prensa que emitió después del mediodía de ayer, que la Policía Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), “realizan patrullajes y recorridos por tierra en las localidades de Colotepec, Tula y Alcozacán, municipio de Chilpa.
En respuesta, los vecinos informaron que a las 4 de la tarde se intensificaron los tiroteos en Tula.
Mediante mensajes de voz y videos, denunciaron que los militares les dijeron a los pobladores que mejor se salgan y se vayan a donde puedan, porque ellos “ya no van a meter mano”, dijo una mujer en un mensaje de audio.
Agregó que a las 4 de la tarde los soldados y policías ya se habían retirado del pueblo y que se encontraban en el crucero de El Jagüey, cerca de Atzacoaloya, ya fuera de la zona que estaba siendo atacada.
En otro audio que mando a las 5:30 de la tarde, otra mujer denunció que los civiles del grupo agresor intensificaron la balacera, “se oye que están disparando con metralletas y que están aventando bombas”, dijo, y en su voz se percibía pánico.
Desde el miércoles en la noche el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo informó que desde las cuatro de la tarde habían comenzado los ataques a las comunidades de Tula, Acahuahuatlan y Xicotlan, mismos que continuaron durante el transcurso de la mañana de ayer jueves, cuando todavía no habían llegado las fuerzas federales y estatales.
Para presionar a los gobiernos federal y estatal a que les enviaran el apoyo con soldados del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, los pobladores cerraron con piedras la carretera Chilapa-Huecantenango en el crucero de Ahuixtla, entre las comunidades de Alcozacán y Paraíso de Tepila.
El dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo, informó por teléfono a El Sur el mediodía de este jueves que desde las cuatro de la tarde del miércoles no cesaban los ataques a los tres poblados.
Informó que hasta antes de las 12 del día sólo los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) estaban repeliendo las agresiones.
En un comunicado que la CRAC-PF envió a los medios de comunicación la media noche del miércoles, informó que a las ocho de la noche se reunieron en Alcozacán las autoridades de 16 comunidades, “para analizar el problema que están generando Los Ardillos en contra de las comunidades de Tula, Acahuahuatlan y Xicotlan”.
Se informó que desde el martes empezaron las amenazas de disparar contra los pueblos, amenazas que cumplieron a partir de las cuatro de la tarde del miércoles, “por lo que la policía comunitaria tuvo que desplazarse a dichas comunidades para proteger a la ciudadanía mientras esperamos que las autoridades de Gobierno actúen, a las cuales se les dio conocimiento desde el primer momento del día de ayer (miércoles)”.
Sin embargo, la CRAC-PF denunció que, “como siempre”, el Gobierno negó que haya habido ataques “y dice que no está pasando nada”.
Están sin gasolina y sin productos básicos; hay dos asesinados, informan
La organización informó en su escrito enviado por WhatsApp que debido a que las autoridades, “no han hecho nada para impedir la agresión, las autoridades comunitarias acordaron cerrar la carretera Chilapa-Hueycantenango, hasta que el Gobierno detenga a los agresores, ya que desde hace 15 días nos han dejado sin gasolina y sin productos básicos para nuestras comunidades porque han prohibido a los transportistas que levanten pasaje en nuestro territorio”.
Denunció que quienes se arriesgan a ir a comprar a Chilapa son asesinados. Informó que el 2 de mayo fueron asesinados Daniel Tolentino Pérez y Victorino Limpia Cuapango, de la comunidad de Alcozacán, ya casi llegando a Tiomatatlán, cuando iban rumbo a Chilapa.
La CRAC-PF advirtió que la carretera permanecerá cerrada hasta que las autoridades desarmen y detengan a los integrantes del grupo agresor.
“No es la primera vez que nos atacan y el gobierno no ha hecho su trabajo para detener a los agresores, lo que da a entender es que hay complicidad porque hacen lo que quieren sin que haya consecuencias para ellos, y le erigimos el Gobierno que deje de mentir, para lavarse las manos diciendo que son problemas de cárteles, aquí son pueblos que no se dejan someter por ese grupo criminal denominado Los Ardillos”.
En su documento exigieron la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), “para que detengan a estos delincuentes, ya basta de que nos sigan engañando”.
“Familias enteras se encuentran en situación de extremo peligro”
Después del mediodía de ayer en otro comunicado enviado por el Cipog-EZ a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la organización denunció que desde la tarde del miércoles que comenzaron los ataques no había llegado el apoyo de los gobiernos federal y estatal.
“Los ataques han sido perpetrados con armas de fuego y también mediante el uso de drones, poniendo en grave riesgo la vida de la población civil; mujeres, niñas, niños, personas mayores y familias enteras se encuentran en situación de extremo peligro”.
La agrupación exigió la intervención “inmediata” del Ejército y de la Guardia Nacional “para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades”, el “cese inmediato” de los ataques armados y de las agresiones con drones.
Asimismo, reclamó garantías de seguridad para la población civil de las comunidades integrantes del Cipog-EZ y la atención inmediata de las autoridades federales y estatales, “ante esta situación de emergencia”.
Responsabilizó “al Estado mexicano y al Gobierno del estado por cualquier daño que pueda sufrir nuestra población ante la falta de intervención inmediata”.
Las organizaciones no habían reportado personas muertas o heridas tras dos días de ataques a las tres localidades que se encuentran en la ruta de Chilapa a Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquin de Herrera.
Después del mediodía de este jueves, el Gobierno estatal informó que “la Policía Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), realizan patrullajes y recorridos por tierra en las localidades de Colotepec, Tula y Alcozacán, municipio de Chilapa”.
Mediante un boletín de prensa, se informó que estas acciones operativas “se mantienen con el objetivo de prevenir la comisión de actos delictivos, así como brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía en la zona”.
El dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo informó que a las dos de la tarde de ayer los ataques habían cesado, pero que la carretera continuaría cerrada hasta que hubiera acuerdos con las autoridades federales y estatales.
