Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década contra la Impunidad denunció que el Estado mexicano “incumplió su obligación” de proporcionar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “detención arbitraria, tortura y prisión preventiva” del defensor social, Antonio Barragán Carrasco.
Informó que la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a la que pertenece Barragán Carrasco solicitó mediante su dirigente Norma Mesino, a la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que asumiera el litigio internacional del caso Barragán Carrasco, y que la Red llevó el asunto ante la CIDH el 24 de marzo de 2025.
Derivado de ello, el 9 de septiembre del año pasado la CIDH notificó al Estado mexicano la petición P-587-25, presentada en nombre de Antonio Barragán Carrasco, “víctima de detención arbitraria, tortura y prisión preventiva”.
En un comunicado de prensa, la Red Solidaria informó este martes que conforme al artículo 30(3) del Reglamento de la CIDH, el Estado mexicano contaba con un plazo máximo improrrogable de cuatro meses para presentar sus observaciones, plazo que venció el 9 de enero pasado.
Sin embargo, añadió que “el Gobierno de México guardó silencio absoluto ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el caso de Antonio Barragán Carrasco, dejando vencer el plazo improrrogable establecido por el reglamento de la CIDH”, denunció la Red Solidaria.
Para la Red, “el silencio del Estado mexicano no fue un accidente procesal, sino una decisión”.
Agregó que seis meses después de la notificación, la CIDH confirmó a la parte peticionaria, Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que el Estado mexicano no ha remitido observación alguna, y que la propia CIDH se ha visto obligada a reiterar la solicitud ante la comisión gubernamental.
Para la Red Solidaria Década contra la Impunidad, la negativa del Estado mexicano a responder ante la CIDH no es un mero incumplimiento burocrático, “sino que constituye una señal alarmante sobre la disposición del gobierno para rendir cuentas por las violaciones cometidas contra sus propios ciudadanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Advirtió que conforme al reglamento de la CIDH, el silencio del Estado no detiene el proceso y que el organismo internacional puede continuar el análisis de admisibilidad con los elementos aportados por la parte peticionaria, e incluso aplicar la Resolución 1/16 sobre Medidas para Reducir el Atraso Procesal, que permite diferir el examen de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo del asunto.
“Esto significa que el Estado podría enfrentarse a un pronunciamiento de la CIDH sin haber ofrecido ningún argumento en su defensa”.
Pero por lo pronto, alertó que México “envía así un mensaje preocupante a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad exigió que el Estado mexicano comparezca y responda ante la CIDH en el caso P-587-25 con plena transparencia. Además, que se garantice el acceso a la justicia de Antonio Barragán Carrasco y se investiguen de manera efectiva los actos de tortura, detención arbitraria y prisión preventiva de los que fue víctima.
También pide que las autoridades mexicanas asuman su responsabilidad internacional y cesen la cultura de impunidad que caracteriza a las violaciones graves de derechos humanos en México.
Barragán Carrasco, es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas e integrante de la OCSS, fue detenido en el 2001 por los presuntos delitos de secuestro y homicidio y se encuentra preso en el penal de Atlacholoaya, Morelos.
Sin embargo, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales han denunciado que su detención fue ilegal, y que se declaró culpable bajo tortura y lo consideran un preso político.

Ante la presión y queja de familiares de la doctora del IMSS asesinada, Adela Rivas Obé, y el Comité de Justicia integrado por organizaciones sociales se logró una reunión de seguimiento del trabajo por el caso en la ciudad de Atoyac con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que se les había negado.
En el encuentro se les informó que la Fiscalía General de la República ya investiga el caso como desaparición forzada.
El hijo de Adela, Bolívar Darío Rojas Rivas informó que fueron atendidos en las oficinas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, que forma parte del Comite de Justicia, integrado por organizaciones sociales, se logró una reunión de seguimiento del trabajo por el caso en la ciudad de Atoyac con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Agregó que uno de los acuerdos es que se van a atender todos los aspectos que se han investigado por la Fiscalía General de la República sobre la desaparición forzada de la doctora.
Dijo que durante los 26 días en que el cuerpo de la doctora no fue localizado, desde el 22 de septiembre del 2016 hasta el 17 de octubre del mismo año, serán revisadas las diligencias.
Agregó que son 26 días que se están investigando como desaparición forzada, y la reunión del trabajo es en esta ocasión de seguimiento.
Expuso que el comité y los familiares están pidiendo que primeramente se haga una debida diligencia, en segundo lugar que asistan jurídicamente y la familia les informe de todos los procesos que se llevan a cabo.
Expuso que la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República), por razones que desconocen los activistas, no investigaron la desaparición forzada, se inicia la investigación hasta el 2021, “es que inician ya formalmente ellos una investigación como institución de esta investigación”.
La FGR inicia la investigación y nunca entregó el expediente completo, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “tampoco se había molestado en solicitar el expediente para que la familia tuviera acceso a las investigaciones”.
Es hasta el 2026 que por primera vez la familia tiene acceso real a la información que ha hecho la Fiscalía General de la República sobre la desaparición forzada.
Dijo que confían en que en la pactada reunión se tengan resultados, tanto de la Fiscalía como un acompañamiento efectivo de la Comisión, “porque esta fue nuestra exigencia el día de ayer, en la cual nosotros sostuvimos una conferencia de prensa aquí mismo en la ciudad de Atoyac, en donde denunciamos este tipo de anomalías de graves incidencias en las que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no nos da la asistencia jurídica pertinente ni el acompañamiento”. (Francisco Magaña / Atoyac).

Alejandro Guerrero

Iguala

Autoridades estatales emplazaron este martes a 12 personas para que desalojen, en un plazo de diez días, un área común de la colonia María de los Ángeles, la cual invadieron, donde se construiría una primaria de nueva creación que busca beneficiar a niños de al menos diez colonias.
Cerca de las 10 de la mañana, los delegados de Gobierno y Gobernación de la zona Norte, Rodolfo Martínez Menez y Felipe de Jesús Adán Ramírez, se reunieron por separado en esta colonia irregular con los habitantes de este asentamiento, que han gestionado la escuela primaria, y con las familias que invadieron el terreno destinado como área de equipamiento.
Según los habitantes, en una sesión de Cabildo el municipio autorizó la donación de este terreno de 3 mil 559 metros cuadrados al gobierno estatal y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), como parte del proceso para la construcción de una primaria de nueva creación.
Los funcionarios estatales se reunieron por separado con los vecinos que solicitan la escuela, a quienes les informaron que el predio ya había sido donado por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo. Mientras que al grupo de precaristas les informaron que tienen como plazo el 10 de abril, para desalojar el terreno invadido.
De acuerdo con uno de los vecinos, que son apoyados por miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, los invasores del terreno, quienes ya construyeron viviendas de lámina y madera, son familiares de vecinos de este mismo asentamiento, quienes al ver el terreno libre decidieron invadir el área de uso común.
La fuente consultada informó que la petición de la primaria se debe a que los niños de esta colonia, como otras diez, entre ellas su ampliación, Linda Vista, Heberto Castillo, Manantiales, Renacimiento, Campos, Altos del Valle y Morenitas, deben caminar más de un kilómetro y medio para poder llegar a las escuelas más cercanas, que están en las colonias Insurgentes y Mirador.
Luego de la donación del terreno al gobierno estatal por parte municipal y la SEG, así como el desalojo de invasores, se deberá hacer un censo de los niños que necesitan esta escuela, después se espera que se otorgue la clave de centro de trabajo, y en su caso, iniciar la construcción de galeras para iniciar las clases luego de la asignación de docentes por parte de la SEG.

 

En 45 días se aplicaron 261 mil 985 dosis de la vacuna contra el sarampión en Guerrero, informó el subsecretario de Integración y Desarrollo, de la Secretaría de Salud federal, Eduardo Clark.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario señaló que del 12 de febrero al 30 de marzo se aplicaron 17.2 millones de dosis en el país, de las cuales, 261 mil 985 correspondieron a Guerrero.
“Hemos aplicado 17.2 millones de vacunas, en siete semanas hemos llegado a este número y por esta razón, hoy la transmisión del sarampión está a la baja en todas y cada una de las 32 entidades federativas”, dijo.
Dentro del periodo en cuestión, Guerrero es el décimo estado con menor aplicación de vacunas contra el sarampión, por encima de Querétaro, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Campeche y Baja California Sur.
En el último reporte diario del sarampión, con corte al 30 de marzo, Guerrero se posicionó como el sexto estado con mayor número de casos de la enfermedad en el país, con 96 casos confirmados acumulados en lo que va de 2026.
Los datos de Salud federal muestran que Guerrero tiene 223 casos probables acumulados de sarampión, una tasa de incidencia de 2.66 casos por cada 100 mil habitantes, así como una defunción registrada en el estado.
En el combinado de 2026 junto a 2025, Guerrero tiene 357 casos confirmados acumulados durante el periodo en el estado, la principal entidad con mayor número de casos confirmados acumulados es Jalisco con cinco mil 531 casos. (Juan Luis Altamirano / Ciudad Altamirano).

Yee Trujillo

Hasta este lunes, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) había confirmado que en Guerrero hay 716 casos de gusano barrenador en diversas especies, 92 más en una semana, y este martes la Secretaría de Salud federal notificó cuatro nuevos casos en humanos, con los que suman 11 en la entidad.
Con base en las cifras del Boletín Epidemiológico de la semana 11 de la Secretaría de Salud, por los 11 pacientes, confirmados de manera oficial desde el 5 de febrero al corte del 21 de marzo de esta vigilancia, Guerrero se sitúa en cuarto lugar nacional y en quinto si se toma en cuenta el número total desde 2025 en una docena de estados.
En el país, este año van 101 personas enfermas y desde 2025 suman 219. Los 11 casos en Guerrero representan el 10.9 por ciento del total nacional de este año y el 5 por ciento de los notificados desde 2025. De los 219, Chiapas concentra el 54.3 por ciento, con 119 pacientes; en segundo lugar está Yucatán, con 23; les siguen Oaxaca con 18, Quintana Roo con 12 y Guerrero, mientras que en la lista de 101 casos de 2026 el estado sólo es superado por Chiapas con 28, Oaxaca con 14 y Yucatán con 13.
En el documento, la dependencia cambió el formato y ya hace un desglose por municipio de notificación, de residencia, sexo, edad y lugar de la lesión del paciente; comorbilidad o condición y evolución.
Como informó El Sur, en el corte del Senasica al 23 de marzo, los 624 acumulados desde el inicio de la plaga en noviembre se reportaban en 64 municipios, pero en el nuevo informe ya se habían propagado a 68, al agregarse al listado Chilapa, Florencio Villareal, Tlalchapa y Taxco.
La información actualizada indica que los tres municipios con más casos acumulados confirmados por la dependencia federal son Ometepec, con 57; Acapulco, con 52, y Chilpancingo con 48, mientras que los casos activos pasaron de 64 el lunes anterior a 85 y se encuentran en 28 municipios.
Chilpancingo y Ometepec encabezan los municipios con infestaciones activas de la larva de mosca, con 12 casos cada uno; en Acatepec y Tlacoachistlahuaca hay seis en cada uno; en Acapulco, La Unión, San Luis Acatlán, Tecpan y Zihuatanejo cuatro; en Benito Juárez y Zapotitlán Tablas tres; dos en Chilapa, Florencio Villarreal, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Tlacoapa y Tlalchapa; y uno en Alcozauca, Alpoyeca, Ayutla, Cuajinicuilapa, Cualac, Las Vigas, Marquelia, Petatlán, San Marcos, Taxco y Tixtla.
Por especies, de los 716 casos, 538 han sido bovinos, 56 suinos, 51 caninos, 43 equinos, 15 caprinos, seis humanos, pese a que la Secretaría de Salud ya confirmó 11, cuatro ovinos, dos felinos y uno aviar.
En todo el país se han registrado 19 mil 279 casos de gusano barrenador, 6 mil 290 de ellos en Chiapas, y hay mil 377 activos. Guerrero ocupa el séptimo lugar por el total y también por la cifra de activos.

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Secretaría de Protección Civil del gobierno estatal reportó este martes nueve incendios forestales activos, cuatro en lotes suburbanos y baldíos, así como en un basurero municipal.
El informe de la temporada de incendios 2026, con corte de este martes 31 de marzo, registra 94 incendios forestales con daños en 12 mil 440 hectáreas.
Dicho informe señala que la región Costa Chica es la más afectada, con 23 incendios y 5 mil 146 hectáreas siniestradas, lo que representa el 41 por ciento de las afectaciones totales a la fecha.
En Cuautepec, región Costa Chica, se mantiene activo un incendio en El Pabellón, que comenzó el lunes de la semana pasada, donde se reportan daños en mil 45 hectáreas.
En este mismo municipio hay otro incendio, en los predios El Llano y Limón Grande, donde se reportan 77 hectáreas siniestradas desde el jueves 26 de marzo.
También en Costa Chica, en el municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), sigue activo el incendio en rancho La Esperanza, después de cinco días de siniestro, sin atención, sólo con monitoreo, debido a conflictos sociales en la zona.
En Tecoanapa se reportan dos incendios forestales, con daños en 765 y en 810 hectáreas, al parecer, sin atención desde el 10 de marzo.
Asimismo en Acatepec, región Montaña, se reportó un incendio que inició el lunes, en el poblado Coxcomatepec, con daños en 113 hectáreas, y donde se estima con 40 por ciento de control y 30 por ciento de liquidación, por la atención de los mismos propietarios.
Se reportaron incendios en Coyuca de Benítez, región Costa Grande, con daños en 117 hectáreas; así como en Coyuca de Catalán, de la Tierra Caliente, en 12 hectáreas, que comenzó ayer. Otro activo que se encuentra en Paso Texca, Acapulco, desde el domingo, en 16 hectáreas, que es atendido por militares y la Comisión Nacional Forestal.
Por otro lado, en Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, señalan un incendio en el basurero municipal desde el domingo, controlado en un 30 por ciento, que está siendo atendido por el municipio.
Señalan que hay otros tres incendios en Acapulco, de arbustos en el poblado La Venta que sigue activo desde el lunes, y dos sofocados, que iniciaron ayer mismo, en el corralón de autos en San Antonio, y en un lote baldío en el parque ecológico Los Viveristas.
En general, reportan en lo que va de la temporada, 208 incendios suburbanos con daños en 2 mil 363 hectáreas; 89 en lotes baldíos en 75 hectáreas y nueve en basureros municipales.

Aproximadamente 700 vehículos “chatarra” fueron consumidos luego del fuerte incendio que ocurrió la mañana de ayer en un corralón de autos privado, ubicado en el poblado de San Antonio, en la zona rural de Acapulco.
Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado no reportaron víctimas humanas, e informó que las autoridades correspondientes hacen las investigaciones sobre las causas que originaron el incendio, que consumió 80 por ciento del corralón, además de cuatro hectáreas de pastizales.
Después de siete horas de “intenso trabajo” por bomberos del estado y municipio para sofocar el incendio que se produjo a las 10 de la mañana de ayer, según el llamado de auxilio que se recibió al número de emergencia 911.
Ante las maniobras para sofocarlo en el poblado San Antonio ubicado a pie de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, entre los poblados de Amatillo y Cerro de Piedra, fue cerrada a la circulación y se reabrió después de las 4 de la tarde para evitar riesgos de accidentes, ante la densidad del humo que generó el incendio.
A las 5:25 de la tarde de ayer se informó por parte de las autoridades del estado y del municipio que el incendio estaba “totalmente controlado” y que se habían consumido un aproximado de 700 vehículos “chatarra”.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Raúl Noyola Rocha, informó que recibieron la alerta a las 10 de la mañana de ayer martes que había un incendio en un corralón, y que se ignoraban las causas que produjo el siniestro.
Hasta el lugar, detalló, que acudieron 20 bomberos a bordo de cuatro vehículos para ayudar a sofocar las llamas, el cual también fue atendido por bomberos de la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil del estado.
Según los datos proporcionados a las 13:30 horas por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado informó que se reforzaron las maniobras para sofocar el incendio, que a esa hora se tenía un control y sofocación de 50 por ciento y que ya había consumido 80 por ciento de la capacidad del corralón.
Para las maniobras el estado desplegó 10 bomberos, que en coordinación con bomberos del municipio trabajaron para contener el fuego y evitar la propagación hacia otras áreas del corralón.
A los trabajos se sumaron integrantes de la Secretaría de Marina, con tres pipas con agua, Policía del Estado, Guardia Nacional, el Ejército y también trabajadores de Protección Civil de San Marcos. (Aurora Harrison).

Redacción

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) respondió que es “sorprendente” que el gobierno municipal, por medio de la Dirección de Vía Pública, desconozca las atribuciones legales que tiene sobre el comercio irregular en la Costera, en referencia a la regulación de vendedores en esa avenida, y lo exhortó a retomar sus facultades de inspección y vigilancia para garantizar el orden legal en la zona turística más importante de Acapulco.
“La seguridad jurídica de los comerciantes y la tranquilidad de los turistas deben ser la prioridad”, afirmó la dependencia federal.
“Hacemos un recordatorio respetuoso, pero firme, a las autoridades locales: es obligación ineludible de quienes ostentan un encargo público conocer la ley y el marco normativo que delimita sus funciones. El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento ni justifica la falta de coordinación interinstitucional”, indicó Fonatur en una ficha informativa.
Agregó: “exhortamos al gobierno municipal a retomar sus facultades de inspección y vigilancia para garantizar el orden legal en la zona turística más importante del puerto. La seguridad jurídica de los comerciantes y la tranquilidad de los turistas deben ser la prioridad”.
El director de Vía Pública, Genovevo Pozas Mejía, afirmó el lunes en entrevista con El Sur que no le queda claro todavía si Fonatur se hará cargo de los vendedores ambulantes y semifijos que hay en la avenida Costera, como se dijo desde un principio o seguirá siendo responsabilidad de la dependencia y que le gustaría que hubiera un acercamiento para ir aterrizando los temas y ver “cómo le vamos a hacer” para disminuirlos.
Al respecto de las competencias y responsabilidades sobre el comercio en vía pública en la Costera, Fonatur “en su calidad de entidad responsable de la coordinación institucional” en una ficha informativa afirmó que “resulta sorprendente que el director de Vía Pública, Genovevo Pozos Mejía, manifieste desconocimiento sobre las atribuciones legales que rigen el actuar en la zona”.
Indicó que las facultades y responsabilidades están claramente establecidas en el convenio específico para establecer las bases de colaboración para el otorgamiento del uso y aprovechamiento respecto a los bienes muebles e inmuebles del polígono de intervención que constituye al Centro Integralmente Planeado (CIP) Acapulco-Coyuca, en el que se fundamenta el traslado de facultades al Fonatur en materias críticas como el mantenimiento de áreas verdes, alumbrado público y la recolección de residuos sólidos, entre otras tareas de servicios urbanos.
Sostuvo que la dependencia federal ha cumplido a cabalidad con cada una de las obligaciones establecidas en el Decreto por el cual se crea la Comisión Intersecretarial para la Atención, Reconstrucción y Recuperación Económica para la Atención de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, así como el decreto por el que se delimita el Polígono de Intervención para el desarrollo de un CIP a cargo del Fonatur.
Indicó que los trabajos de mantenimiento, limpieza y preservación de la infraestructura bajo la responsabilidad de Fonatur se mantienen vigentes y operativos, “con los más altos estándares de calidad, en beneficio de residentes y visitantes”.

Aurora Harrison

Unos 50 vecinos de más de ocho colonias se manifestaron y cerraron el acceso principal de las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), en el centro, para exigir el servicio de agua y que atiendan los drenajes colapsados; luego de una hora fueron atendidos por el director, Antonio Lorenzo Rojas Marcial, que se comprometió a dar seguimiento a sus demandas.
Ayer martes a las 9 de la mañana los vecinos de colonias como: la unidad habitacional El Coloso, y la unidad habitacional Colosio, Mozimba, Hogar Moderno, Emiliano Zapata, Progreso, La Postal y Santa Cruz, Ciudad Renacimiento dijeron que tienen problema de agua, y drenajes que están colapsados, y pidieron dar atención al pliego de peticiones que hicieron en diciembre del año pasado.
Encabezados por el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Jaime Luis Colón García, dijo: “no es un tema de confrontar al gobierno, no es un tema de irresponsabilidad, es una manifestación libre que hacemos los ciudadanos, que estamos hartos por el abandono que hay en las colonias, porque no hay agua, y no se puede minimizar”.
“No es un tema de que el PRI esté lucrando por una causa injusta, nosotros vamos a estar de lado de la gente y de sus causas, créamenlo que creo que hay un mal entendido con el director porque he pedido una mesa de trabajo, porque nosotros necesitamos agua, la gente está pagando pipas, y porque viven entre los escurrimientos de drenaje”, indicó.
Recordó que el año pasado estuvieron en tres ocasiones solicitando mesas de trabajo, reiteró que la protesta no es por un asunto político, sino porque “estamos cansados de pedirlo a la buena, cansados de no ser escuchados, por eso se bloquean las calles, porque la gente está cansada de pagar su agua con pipas desde mil 500 a 2 mil pesos; un tinaco rellenado vale 250 pesos. La gente vive entre la caca, en drenajes colapsados a flor de pavimento”.
Hasta el lugar de la protesta llegó el jefe de Atención Ciudadana, Alejandro Sotelo, quien le pidió a los manifestantes ingresar a una mesa de trabajo para atender la demanda, pero los vecinos dijeron que esperarían a que los recibiera el director y fue hasta después de las 10 de la mañana, una hora después de la protesta, que entraron a dialogar con el director de la paramunicipal.
Durante la reunión que se efectuó en la sala de juntas, los vecinos expusieron que en la unidad habitacional El Coloso pidieron una obra de rehabilitación del drenaje, “la obra es viable, CAPAMA hizo un dictamen técnico y dijo que costaba aproximadamente 281 mil pesos, sin embargo funcionarios señalaron que no contaban con dinero para llevar a cabo la obra”.
Por ello solicitaron “que se haga, no queremos escuchar que no hay dinero”.
Al finalzar la reunión, la paramunicipal en un comunicado de prensa informó que se acordó con los vecinos que se harán reorridos técnicos en las colonias afectadas, con revisión de tanques, vávulas y líneas de distribución a fin de identificar las fallas que afectan la llegada del servicio de agua.

A 13 días que arrancó el programa de limpieza de canales, presas gavión y desarenadores, los trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos han retirado 6 mil 600 toneladas de desechos sólidos en 35 cauces, informó el coordinador de esa dependencia, Gustavo Radilla Callado.
En declaraciones a reporteros, el funcionario recordó que 220 trabajadores están distribuidos en brigadas en diferentes zonas de la ciudad para limpiar unos 80 cauces pluviales, “tenemos 40 por ciento de avance”.
“Son más de 80 canales, llevamos 35 intervenidos, en un programa de dos a tres meses, llevamos 6 mil 600 toneladas, es un procedimiento que se va haciendo, y llevamos una programación”, dijo el funcionario que indicó que en estos días se empieza con el río Camarón.
Explicó que ya se atendieron el Canal del Perro, Del Muerto, Palma Sola, en la zona de Pie de la Cuesta, La Venta y Aguas Blancas, por mencionar algunos en los que ya se intervino y en donde además de sacar maleza, desechos sólidos, retiraron colchones.
El funcionario explicó que en algunas zonas de la colonia Progreso, donde pasa el cauce pluvial del río del Camarón no se ve maquinaria porque no entra. (Aurora Harrison).