Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
En una ríspida audiencia, una jueza federal vinculó a proceso a la ex subprocuradora de Guerrero, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, indagada en el caso Ayotzinapa, por la posesión de cinco cartuchos de arma de fuego y tres cajas de medicamentos controlados.
Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó a la ex funcionaria por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de psicotrópicos con fines de comercio, y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Por los mismos delitos, procesó a Margarita Anguiano Castro, a quien también le aseguraron 21 cajas de medicamentos controlados.
García Peralta además estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y les ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.
La noche del pasado martes la Fiscalía General de la República (FGR) cateó el departamento de la ex funcionaria, ubicado en Retorno 53 de la Avenida del Taller, en la Unidad ISSSTE-6, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.
En el inmueble, detuvo a Estrada y Anguiano, de 73 y 83 años de edad respectivamente, además de que la última es diabética, hipertensa y tiene una fractura de tibia y peroné que le impide caminar, por lo que ayer compareció con un bastón en la audiencia.
La FGR allanó legalmente el departamento, debido a que en la investigación del caso Ayotzinapa un testimonio señala a Estrada de presumiblemente estar relacionada con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Según fuentes allegadas al caso, en el momento en que ocurrieron esos hechos, Estrada trabajaba para el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, cuya titular de ese entonces, Lambertina Galeana Marín, hoy se encuentra en prisión.
Estos registros visuales habrían grabado el momento en que policías locales interceptan a uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
Con base en ese testimonio se solicitó el cateo al departamento de Estrada y, una vez detenida, la FGR ejercitó la acción penal por los cartuchos y los medicamentos controlados hallados en el inmueble, pero no por el caso Ayotzinapa.
La ex subprocuradora de Guerrero la noche del miércoles pidió clemencia para su amiga y coprocesada, debido a su frágil estado de salud.
“Solamente solicito su clemencia por la edad de Margarita, de 83 años; Margarita está lesionada de una pierna, no puede caminar no puede resistir”, dijo.
“Si en este momento los señores fiscales pidieran pena de muerte para mí y me colgaran de la Catedral, mucho serviría a los delincuentes, pero la señora Margarita tiene 83 años, es diabética, hipertensa y requiere de una alimentación adecuada. Estamos durmiendo prácticamente en el suelo, con un colchón para cuatro personas y ella tiene fractura de tibia y peroné”.
Al término de la audiencia, la juzgadora acordó que las trasladaran en silla de ruedas y giró oficios al Reclusorio Norte y el Penal de Santa Martha para que se les dieran las atenciones necesarias, aunque dijo que es un juez de ejecución y no ella quien debía resolver sobre las condiciones de las internas.
Se acusan jueza y abogados
La jueza de elección popular y los abogados cruzaron acusaciones de incompetencia, deficiencias técnicas y hasta corrupción, durante una audiencia en la que al final la impartidora de justicia ordenó a un policía retirar de la sala judicial a uno de los litigantes.
Todo empezó porque la juzgadora Nora Ileana García Peralta no admitió los datos y medios de prueba con los que la defensa pretendía rebatir la imputación contra Estrada y Anguiano. Habían ofrecido declaraciones de vecinos, documentos y videos del cateo al inmueble.
Con los videos, un total de 8 que entregó la SSP capitalina, los abogados pretendían demostrar dos cosas: que la FGR actuó de mala fe, porque dijo que dos de ellos eran ilegibles y, sin embargo, sí pudieron abrirlos en una computadora del Centro de Justicia.
La otra es que en las imágenes se observan agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR entrando al inmueble cateado con bolsas tácticas y de plástico, lo que hizo suponer a los defensores que los cartuchos y medicamentos, materia de la imputación, fueron “sembrados”.
Si bien los abogados también pidieron a la jueza reconsiderar su negativa y admitir las pruebas, García Peralta respondió que no iba a cambiar de opinión y luego, sin debate de por medio, decidió pasar a la siguiente etapa procesal para resolver la vinculación a proceso.
Fue allí cuando uno de los abogados pidió a la FGR que le iniciara una investigación a la jueza, por impedirles responder la imputación.
“Le doy vista a la Fiscalía por el actuar deficiente (de la jueza)”, dijo el litigante Pablo Ramírez García.
“No traten de adjudicarme una falta de debida diligencia (de la defensa)”, reviró la juzgadora.
La jueza dictó la vinculación a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa. Y, como previamente la defensa había anticipado el ofrecimiento de pruebas para debatir el cambio de medida cautelar, el abogado Ramírez volvió a cuestionar a la juzgadora.
“Mis representadas padecen problemas de salud extremadamente graves, están hacinadas en una celda con 8 personas; se solicita que estudie su situación con perspectiva de adulto mayor, ya que padecen hipertensión y pueden tener un alto grado de mortandad”.
“Esta defensa la hace responsable a usted de lo que le suceda a nuestras representadas y cualquier situación que les llegue a suceder es responsabilidad de usted”, le advirtió Ramírez.
En la audiencia, la jueza García Peralta hizo una manifestación inusual: que debía resolver la situación jurídica de las imputadas en un plazo de 166 horas, no obstante que el plazo máximo para emitir esa decisión es en realidad de 144 horas.
La diligencia además se interrumpió durante cinco horas y media para que los abogados revisaran los ocho videos del cateo que, hasta la mañana de ayer, desconocían.
Luego, cuando se reanudó, escuchó el ofrecimiento de pruebas y volvió a decretar otro receso para analizar y resolver el ofrecimiento de pruebas. A su regreso, decidió no aceptarlas.
La defensa además había pedido que la ex subprocuradora rindiera una declaración, antes de que resolviera su situación jurídica.
“Solicito que gire oficio al Tribunal de Disciplina Judicial para que revise la actuación de esta juzgadora y gire oficio a la CNDH para que, atento a las violaciones (de derechos) intervenga”, dijo Ramírez.
“¿Cuáles violaciones? Si usted considera la necesidad de un oficio a la CNDH, diríjalo usted o tendría usted qué decirme cuáles violaciones”, reviró la impartidora de justicia.
“Desconocimiento del sistema jurídico porque señaló un término de 166 horas para resolver; violación del debido proceso, violentando el principio de continuidad, por interrumpir la audiencia cada vez que tenía que resolver; la imposibilidad de que declararan mis representadas antes de la vinculación a proceso”, siguió Ramírez.
“Sólo quiero decirle que cuando lleguemos a nuestras casas, nos diremos que hemos cumplido con nuestro trabajo”.
“Qué bueno, pues hágalo cuando llegue”, respondió la juzgadora.
“Acaba de vincular a proceso a dos personas sin oportunidad de defenderse”, le dijo Andrés Peralta Vargas, otro de los defensores, y Peralta agregó: “vi su currículum y ejercer un cargo para el que no está capacitada es también corrupción”.
Fue la gota que derramó el vaso, ya que en ese momento la jueza de elección popular ordenó echar de la sala de audiencias a Peralta.
“No me quiera adjudicar sus deficiencias. ¡Oficial! -se dirigió a uno de los agentes de protección federal en el recinto- ¡haga salir al abogado de corbata verde! Alguien me falta el respeto y se sale de la sala”.
García Peralta se desempeñó en los últimos cinco años como visitadora adjunta de Apoyo en Investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y enlace de la Dirección de Vinculación y Reparaciones Colectivas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En junio pasado ganó su distrito judicial para convertirse en jueza de elección popular, cargo que asumió en septiembre.
Denunciarán a jueza
Al término de la audiencia, el abogado Pablo Ramírez García dijo que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial y una denuncia penal ante la FGR contra la jueza de control Nora Ileana García Peralta.
El litigante dijo que el procesamiento dictado por la impartidora de justicia a la subprocuradora de Guerrero, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, y Margarita Anguiano Castro, se hizo con violación a sus derechos fundamentales, ya que no les permitieron defenderse.
“Totalmente penoso, muy lamentable que se manche la reforma judicial, con una juez que denota su desconocimiento abiertamente, con una opinión y un criterio totalmente sesgado, en donde señaló situaciones que denotan un total desconocimiento, particularmente, que tiene 166 horas para resolver dentro de un término constitucional (cuando son 144 horas)”, dijo.
“Se presentarán las quejas en derechos humanos. Se presentarán las quejas ante el tribunal de disciplina y se presentarán en su caso, las denuncias correspondientes por el desaseo y todas las irregularidades que se presentaron para que un fiscal estén actitud de determinar si esto puede constituir un delito”.
Afirmó que la captura y la “siembra” de evidencias contra la ex funcionaria no contribuyen a la verdad del caso Ayotzinapa.
“Esto por supuesto que no abona de ninguna manera al impartición de justicia, pero sobre todo al derecho que tienen esas víctimas que son madres y familiares de los desaparecidos de conocer realmente lo que sucedió”, agregó.
