La Comisión Disciplinaria publicará hoy las sanciones contra el club Guerreros de Autlán, luego de que el pasado domingo el alcalde de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, y sus guardias de seguridad, invadieran la cancha para amenazar y agredir a los árbitros del partido contra Los Cabos United, de la Liga Premier (Segunda División).
El organismo de la FMF analiza el veto para el club que juega en la Unidad Deportiva Chapultepec, que incumplió las garantías de seguridad al permitir que personal ajeno a los equipos ingresara a la cancha y vestidores.
Autlán de Navarro es zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De 2000 a 2008, los Guerreros de Autlán fueron presididos por Raúl Flores Hernández, “El Tío”, quien en agosto de 2017 fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el cabecilla de una red de más de 30 empresas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Club Deportivo Morumbi A.C., razón social de aquellos Guerreros de Autlán, era una de esas empresas; desde 2008, quedó desvinculada de la FMF.
En 2023, los actuales Guerreros de Autlán reaparecieron al comprar la franquicia del Atlético Colula. Hace un año, ascendieron a la Segunda División.
Su presidente es José Luis Rentería Barreto quien, además, en marzo de 2024 fue identificado como cuñado del alcalde priista de Autlán de Navarro, Gustavo Salvador Robles Martínez.
El periódico Mural, de Grupo Reforma, documentó entonces que durante su administración en Autlán, Robles Martínez había beneficiado con programas de tenencia de la tierra a sus familiares; uno de los títulos de propiedad fue para su cuñado Rentería Barreto.
Se contabilizaron 536 espectadores que acudieron al duelo de Guerreros de Autlán en el que se produjo la agresión a los árbitros.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México no tendría inconveniente en que la Selección de Irán dispute sus partidos del próximo Mundial 2026 en el país, la respuesta de la FIFA es que el calendario de la competencia sigue como está planeado.
Irán está programado para jugar sus cotejos de la justa mundialista en Los Ángeles y Seattle, pero la nación asiática se encuentra en conflicto bélico con Estados Unidos, lo cual ha puesto en suspenso su presencia en el torneo.
El pasado lunes, la Embajada de Irán en México externó la posibilidad de que el combinado iraní pudiera trasladar sus juegos a México.
“Lo están viendo con la FIFA si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México, lo están viendo. En su momento lo informaríamos, México tiene relación con todos los países del mundo, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí, informaríamos”, comentó Sheinbaum al ser cuestionada al respecto.
Sin embargo, la FIFA también dio su postura a través de su departamento de comunicación.
“La FIFA mantiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní de Futbol. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado”, sentenció.
Un mínimo de siete y un máximo de 15 regidurías, es la propuesta que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Plan B de la reforma electoral que será enviada a la Cámara de Senadores.
“En el caso de los municipios, la reducción del número de regidurias será de siete hasta un máximo de 15. Esto es muy importante porque ya no se puede, a partir del año próximo, pasar a un número de 16, se tiene que mantener en 15”, reveló la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.
En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este martes, la funcionaria federal explicó la disminución y tope de regidurías en los municipios como parte de la propuesta de reducción de costos.
“Los municipios del país deben responder a la nueva realidad nacional, establecer límites en las regidurías que permitan y garanticen la representación política y el buen funcionamiento”.
En la propuesta de la presidenta la cantidad de regidores se definirá con base en el número de habitantes de cada municipio. Los rangos propuestos son que hasta 50 mil habitantes será entre 5 y 7 regidores, de 50 mil a 200 mil habitantes entre 7 a 9 regidores, de 200 mil a 500 mil habitantes entre 9 y 11, de 500 mil a 1 millón de habitantes entre 11 y 13 y más de un millón de habitantes hasta 15 regidores.
En Guerrero la asignación de ediles se realiza por el número de habitantes de cada municipio y en la última elección del 2024 se asignaron 23 para Acapulco, 20 regidores, dos síndicos y la alcaldesa porque de acuerdo al censo del 2020 la población en el municipio fue de 779 mil 566 habitantes
Con estas cifras y con la propuesta de la presidenta, a Acapulco le tocarían entre 11 y 13 regidores.
Apenas la semana pasada, la presidenta criticó el alto número de regidurías en municipios, concretamente el caso de Acapulco, que cuenta con 20.
Sheinbaum afirmó que el ahorro sería destinado para la obra pública municipal.
“Aquí presentamos cuántos regidores hay por municipios, en algunos municipios 20 regidores, 25 regidores. No importa el tamaño de la población del municipio, en algunos lugares es un exceso de regidores”, expuso la presidenta en la conferencia de prenss de este martes (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).
El gobierno y los ayuntamientos de Guerrero pagan los intereses de deuda más elevados del país, tiene el menor plazo para liquidar la deuda contratada y el 81 por ciento de sus participaciones federales se ven afectadas por estos créditos, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ifigenia Martínez de la Cámara de Diputados.
El estudio se denomina Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2025. Fue publicado el pasado 6 de marzo con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En cuanto a la deuda del estado de Guerrero, incluye la contratada por la administración estatal y los ayuntamientos, que es 4 mil 256.4 millones de pesos y está entre las diez entidades del país con menor deuda en comparación con otros estados. Del total, el 96 por ciento de la deuda pública es del gobierno del estado y el 4 por ciento es de los municipios.
La deuda de la entidad equivale al 5.1 por ciento de los ingresos totales que recibe la entidad y los municipios; el promedio nacional es del 20.8 por ciento.
El reporte señala que la entidad es la segunda en la lista de los estados que mayor interés paga por los créditos contratados, 8.1 por ciento, en comparación con San Luis Potosí, que su tasa de interés es de 3.8 por ciento.
Sobre el vencimiento de las obligaciones de deuda contratadas por el estado, Guerrero también está en la lista de las entidades con menor tiempo para liquidar los créditos, un plazo de dos años.
Asimismo, está entre las cinco entidades del país que más afectan sus participaciones federales por contratar deuda, con el 81.7 por ciento, cuando el promedio nacional es de 54.1 por ciento.
Otro detalle que se informa es que el 88 por ciento de la deuda del estado, contratada por la administración estatal y los municipios, es con la banca comercial, y el 12 por ciento con la banca de desarrollo.
La deuda per cápita, que es el monto de deuda que correspondería a cada habitante del estado, Guerrero se ubica entre los cinco estados con los niveles mas bajos con mil 179 pesos con 90 centavos en comparación con Nuevo León, donde a cada ciudadano le corresponde 18 mil 180 pesos o Tlaxcala, entidad que no acumula deuda. Mientras el promedio nacional es de 4 mil 938 pesos.
También se informó que en 2025, Guerrero redujo su deuda en 110.7 millones de pesos.
El secretario de Seguridad del estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna, el presidente del Tribunal Súperior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval y la gobernadora Evelyn Salgado Pinedal escuchan a la subsecretaria de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina en Casa Guerrero, donde se instalaron los Consejos Estatal y Municipales de Paz y Justicia Cívica con 22 alcaldes Foto: Gobierno del estado
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la subsecretaria de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, instalaron en Casa Guerrero los Consejos Estatal y Municipales de Paz y Justicia Cívica, con 22 alcaldes, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, de la iglesia, el gabinete estatal y el rector de la UAG.
En la sesión que se transmitió en línea no hubo alusión a los ataques al transporte público y choferes este lunes en Acapulco, ni los siete asesinatos del fin de semana en cuatro municipios, pero sí a los bloqueos totales a la Autopista del Sol, los que afectan a la economía y alejan al turista, dijo Rocío Barcena.
El último de los cierres de la Autopista del Sol fue de nueve horas al norte de la capital del estado, el jueves pasado, por demanda de obras de caminos y carreteras para comunidades de la sierra.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social reconoció a quienes acudieron a la convocatoria para una tarea que no es fácil: resolver los conflictos antes de que afecten a terceras personas, la economía y alejan al turismo.
Reconoció que “todos” ahí habían participado en manifestaciones, y ahora esperan que la movilización no afecten a terceros mediante estos consejos de paz “como herramientas que van a permitir, a quienes conocen el territorio, que son ustedes, prevenir que un conflicto social no siga creciendo; atenderlo a tiempo”.
Convocó a servidores públicos, funcionarios y representantes de la sociedad civil a fortalecer la confianza en las autoridades y en las fuerzas de seguridad, para que haya justicia en todas las vías.
Explicó que en los Consejos también estarán representados empresarios, maestros, amas de casa, para buscar la solución a los conflictos sin afectar a terceras personas.
Si no hay confianza en las autoridades de gobierno, indicó que en los Consejos de paz los ciudadanos ayudarán a la resolución de conflictos.
El mediados de febrero pasado, el ayuntamiento de Acapulco aprobó en sesión de cabildo la creación del Consejo de Paz y Justicia Cívica, para sumarse a la estrategia nacional de seguridad que atiende las causas de la violencia.
La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez fue una de las asistentes a la reunión en Casa Guerrero, junto con el edil de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera. En el presídium también estuvieron el presidente de Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, y la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Glafira Meraza Prudente, entre otros
La paz es más que ausencia de violencia: Evelyn
En su mensaje, la gobernadora insistió en los resultados “extraordinarios” en materia de seguridad pública que se han alcanzado en Guerrero, como la reducción a mínimos históricos del homicidio doloso, con el apoyo de la federación.
Añadió que el objetivo de los Consejos van más allá de las cifras. “Significa bienestar para las familias, oportunidades, desarrollo, que los programas sociales lleguen a todos los rincones, que haya presencia institucional en el territorio, más que en el escritorio, que la gente sienta la presencia de su gobierno”.
Aclaró que las autoridades no pueden delegar su responsabilidad en la seguridad, que se atiende de manera prioritaria todos los días.
Salgado Pineda consideró que será criticada por ser mujer y hablar de amor en la familia como herramienta para cambiar el estado y el mundo.
“Sí se puede, con principios, con valores, con amor. Cuando hay ausencia de amor, ausencia de cariño, ausencia de muchas cosas, pues cómo vamos a estar educando a las futuras generaciones, cómo van a crecer esos niños, esas niñas y esos jóvenes si no existe ese acompañamiento, esos valores que se inculcan desde el hogar”.
Celebró este nuevo esfuerzo de la federación para alcanzar la paz, que Rocío Barcena está impulsando en los estados.
Atender problemas de forma diferente, pide a alcaldes
La subsecretaria Rocío Barcena señaló que en todo el país hay conflictos y los alcaldes no están pensando en resolver los problemas de una manera diferente
“De qué sirve cerrar una carretera siete, ocho horas, y afectar la economía de todos los municipios, a los turistas, provocar un desgaste y un mal, en el término de que se pierden los turistas, las economías, los trabajos, etc.”.
Indicó que la comunidad de convivencia parte del respeto a la dignidad de la otra persona, “y bajo el principio de la corresponsabilidad todos somos tenemos un papel en esta conjunción de esfuerzos”.
Si no hay confianza en las autoridades de gobierno, indicó que en los Consejos de paz los ciudadanos ayudarán a la resolución de conflictos.
Desde ahí la Segob impulsará acciones importantes que sólo se explican con una frase: “amor con amor paga”.
Explicó que Guerrero le ha dado vida a luchadores, a ideas, a sentimientos, “a esta lucha de compañeros que todos los días; en las mesas de construcción de la paz todos los días hacemos análisis de que nuestra población pueda vivir mejor”.
Recordó a su esposo, César Núñez Ramos, quién la trajo a vivir a Guerrero, y falleció en la pandemia del Covid-19, contagiado durante su servicio en el gobierno federal como delegado de Acapulco de Bienestar:
Contó que aquí aprendió las mejores cosas de la vida, “porque tuve un marido maravilloso guerrerense, que ustedes conocieron, el maestro Núñez Ramos, que por cierto, nunca fue funcionario, siempre fue luchador social”.
Asimismo, mencionó como una lección de amor del ex presidente López Obrador que no haya combatido la violencia con más violencia.
“Muchos años fue el principio de los gobiernos neoliberales. A nosotros nos tocó llegar con otra visión del mundo que significa ‘yo te respeto para que tú me respetes, yo te entiendo, y vamos a hacer juntos de nuestra vida un espacio de comunidad’. De eso se trata los consejos”.
Uno de los principios que orienta estos consejos es una corresponsabilidad diferenciada de los gobiernos y los ciudadanos, y la máxima de su trabajo es el respeto a la dignidad del otro.
“Si yo no no respeto la dignidad de la otra persona no voy a poder establecer una comunidad de convivencia, de conjunción de esfuerzos”.
Llamó a los alcaldes, autoridades y actores sociales que aceptaron crear los consejos de paz, que más que una instancia formal, representan una oportunidad para dialogar, objetivo común para que las diferentes se resuelven en el diálogo y no con la violencia.
Enfatizó que Guerrero es un paraíso que merece vivir en paz, “en todo el mundo, hoy, el planeta grita queremos paz, porque eso es lo que más falta hace. Los problemas económicos, la diplomacia, de alguna manera se resuelve, pero la paz es lo más difícil porque no se alcanza por decreto ni por imposición ni se puede comprar; la paz se construye”.
La diputada local por Morena, Luissana Ramos Pineda, propuso una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para garantizar la paridad y la alternancia de género en las presidencias de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva del Congreso local.
“Mi propuesta es un llamado a la inclusión, a lo justo y al equilibrio. No se trata de desplazar, sino de armonizar. La diplomacia parlamentaria nos enseña que el poder compartido es un poder más estable y legítimo”.
La propuesta de la morenista es que la presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política sea ocupada bajo el principio de alternancia, es decir un hombre y una mujer de manera simultánea para garantizar la participación de las mujeres en los espacios directivos del poder Legislativo.
“Es decir, si un hombre preside la representación legal del Congreso, una mujer debe encabezar la dirección política. En ningún caso, durante un mismo periodo la presidencia de ambos órganos podrá recaer simultáneamente en personas del mismo género masculino”.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación correspondiente.
A la propuesta se adhirieron para acompañarla las diputadas Ana Lilia Botello Figueroa, Violeta Martínez Pacheco, Marisol Bazán Fernández, Leticia Rodríguez Armenta, Claudia Sierra Pérez, Guadalupe García Villalva, Citlali Calixto, Araceli Ocampo Manzanares, Glafira Meraza Prudente, Citlali Yaret Téllez, y el diputado Héctor Suárez Basurto, de Morena, así como la perredista Erika Guillén Román.
Exhorto al ISSSTE y Hacienda para construir hospital en Chilpancingo
En la sesión de este martes, la diputada Beatriz Vélez, del PRI, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, propuso un exhorto dirigido al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que en coordinación con las autoridades federales y estatales construyan un hospital de segundo nivel en Chilpancingo, en sustitución de la actual clínica-hospital.
De acuerdo con la priista, la construcción de un nuevo hospital garantizará “el derecho fundamental a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias”. Fue turnada a la Comisión de Salud.
Un exhorto aprobado por el pleno del Congreso fue dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en coadyuvancia con los ayuntamientos prepare estrategias para el retiro de cableado en desuso en los postes.
De acuerdo con la diputada Violeta Martínez Pacheco, en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dichos cables generan “contaminación visual, daños a la infraestructura y condiciones de inseguridad para los peatones”.
Otro exhorto fue para los ayuntamientos de Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Petatlán, Iliatenco y San Luis Acatlán, para que dentro de sus capacidades presupuestales destinen presupuesto para actividades encaminadas a la preservación del jaguar.
Por enésima vez, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, no se presentó a la audiencia condenatoria programada a las 11 de la mañana de ayer como parte del proceso que se le sigue al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, por los delitos de robo agravado y violencia política en razón de género.
En declaraciones al salir de Ciudad Judicial, donde se esperaba el careo, Chávez Adame informó que esta vez pidió que se elaborara un acta y que va a pedir en la próxima audiencia que se citó para el próximo martes 24 de marzo, que se le aplique una sanción administrativa.
Chávez Adame informó que con la de ayer son seis o siete audiencias que han sido acordadas por el juez y la servidora pública no se ha presentado.
Recordó que, igual, el Ministerio Público pidió un periodo de conciliación de las partes y de las cuatro veces que se convocó a reuniones Narciso Gaytán no se presentó a ninguna.
“Hoy es más delicado porque la ser-vidora pública no se presentó a la audiencia que ya era condenatoria, incluso el juez dio un receso de 10 minutos esperando que se presentara, pero no llegó, por lo que volvió a aplazar para el próximo martes 24 de marzo, para que, definitivamente en, esa audiencia, ya se vea la manera de cómo se va a solucionar el caso”.
Chávez Adame comentó que le preguntaron si quería tener otro acercamiento con ella, pero les respondió que no, “porque no es cualquier ciudadana, tiene una representación delicada y debe asumir su responsabilidad, porque al no presentarse violenta la justicia y desacata la orden del mismo juez que le ordena que se presente”.
Declaró que de su parte no tiene por qué estar dialogando en las audiencias con los abogados, ni con otras personas que manda Narciso Gaytán “porque es ella la que tiene que dar la cara”.
Explicó que la presidenta de la Codehum se justifica que no puede asistir “por sus muchos compromisos de carácter institucional, pero como ciudadana que denuncia tiene la obligación constitucional de presentarse”, declaró.
Agregó: “No se le tiene que olvidar que antes que servidora pública es ciudadana y tiene que hacer valer los derechos de los demás ciudadanos”.
El dirigente de la APPG aclaró que la servidora pública no sólo le violenta sus derechos a él, sino los del juez y del Ministerio Público, e incluso el de sus propios asesores, al no presentarse a las audiencias.
Chávez Adame reprochó que Narciso Gaytán, al no presentarse a seis o siete audiencias que ha convocado el juez, incurre en una falta “muy grave”.
Explicó que no es justificable que diga que por su función de presidenta de la Codehum no tiene tiempo para asistir a las audiencias, “porque si tuvo tiempo para interponer su denuncia en mi contra, tiene que tener tiempo para presentarse al careo”.
Calificó el desacato de la servidora pública, como “soberbia, prepotencia y altanería”.
Adelantó que desconoce si el juez vaya a proceder con una sanción en contra de ella, “pero nosotros sí vamos a solicitar que la sancionen, cuando menos que le llamen la atención para que quede un antecedente”.
Informó que, por lo pronto, ayer pidió que se elaborara un acta para hacer constar que nuevamente no se presentó. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
La diputada local de Morena, aspirante a la candidatura por Morena a la gubernatura, Guadalupe Eguiluz Bautista, consideró que quienes aspiren deben separarse del cargo para que haya piso parejo para todos.
En entrevista en el Congreso local, Eguiluz Bautista dijo que ella solicitará licencia en mayo para poder participar en el proceso de selección de candidaturas de Morena y ser integrada en las encuestas.
“Todos los aspirantes, los que tengan un cargo de representación, si son funcionarios, que tengan un cargo en el partido, en los programas sociales, todo mundo debería de separarse”.
La morenista consideró que “la transparencia, la equidad y la claridad” serán los elementos que rijan el proceso interno de Morena para definir a su candidato a la gubernatura, con el fin de preservar la unidad del partido.
Eguiluz Bautista consideró que la claridad en las reglas será fundamental para evitar inconformidades y garantizar la cohesión interna, incluso en temas sensibles como el del nepotismo, que podría afectar a algunos aspirantes como el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Consideró no obsyante que todos los aspirantes acatarán los lineamientos en la convocatoria para la selección de candidaturas, incluyendo requisitos, procedimientos y tiempos para el registro.
La legisladora morenista indicó que, tras la sesión del Consejo Nacional de Morena realizada el pasado 7 de marzo, hasta ahora lo único que se ha definido son las fechas para el registro de aspirantes.
“Será en la convocatoria donde venga absolutamente todo bien especificado”.
Respecto a si existe “piso parejo” para quienes buscan participar en el proceso interno, señaló que por el momento las condiciones parecen equitativas, aunque será hasta el periodo de registro cuando se pueda evaluar con mayor claridad el desarrollo del proceso.
A pregunta de si respetará los lineamientos de Morena, que incluye la prohibición de anuncios espectaculares y bardas, Eguiluz Bautista dijo que sí. Y referente a los anuncios con su imagen, contó que ninguna ley es retroactiva y que lo aprobado en el Consejo de Morena hace 15 días aplica a partir de entonces y no previamente.
“La ley en ningún aspecto se aplica de manera retroactiva, y entonces aplicará a partir del Consejo que se llevó a cabo y quien siga haciendo ese tipo de actividades pues se le va a sancionar”.
El diputado local del PVEM, Jhobanny Jiménez Mendoza, reiteró su demanda de investigar y en caso de hallar irregularidades sancionar a los responsables de la adquisición de los tableros electrónicos y las 46 tablets, que forman parte de un sistema de votación en desuso desde hace tres legislaturas.
En conferencia de prensa en el Congreso local, Jiménez Mendoza explicó el sistema de votación electrónico, conformado por dos tableros electrónicos y 46 tablets con su respectivo lector de huella dactilar, fue comprado “con el objetivo de modernizar el trabajo parlamentario, particularmente para agilizar y transparentar las votaciones en el pleno, evitando el método tradicional de mano alzada”.
Afirmó el sistema no funcionó y terminó almacenado en bodegas del poder Legislativo, sin que hasta hoy exista una explicación clara sobre su situación o el motivo por el cual no se consolidó su uso.
Ante dicha irregularidad consideró grave que no se haya esclarecido qué ocurrió con el tablero electrónico adquirido con un costo superior a los siete millones de pesos, el cual nunca operó de manera adecuada y permanece en desuso.
Jiménez Mendoza consideró que el tablero aún puede ser rehabilitado y puesto en operación, o en su caso, analizar la posibilidad de adquirir un nuevo sistema que cumpla con las necesidades actuales del Congreso.
Aseguró que el uso de herramientas tecnológicas permitiría un más eficiente trabajo legislativo y ofrecería mayor transparencia a la ciudadanía.
“Un sistema digital de votación permitiría registrar con precisión el sentido del voto de cada diputado, ya sea a favor, en contra o en abstención, información que la población tiene derecho a conocer. Además actualmente se generan grandes cantidades de copias impresas en cada sesión, lo que podría reducirse significativamente con la implementación de este tipo de tecnología”.
El diputado advirtió que se han detectado inconsistencias entre el número de legisladores presentes y el resultado de las votaciones, situación que podría corregirse con un tablero electrónico funcional, por lo que dijo: “No se trata de modernización, sino de fortalecer la rendición de cuentas y la certeza en los procesos legislativos”.
La semana pasada Jiménez Mendoza propuso en tribuna la creación de una comisión especial que investigue la compra del equipo, ya que en su momento no hubo claridad en el proceso de licitación, aseguró.
El consejero estatal de Morena, Galdino Nava Díaz, entregó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) un escrito en el que demanda que revoque la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) que valida los actos de promoción personalizada en que incurrió el dirigente estatal de ese partido Jacinto González Varona.
La semana pasada en conferencia de prensa en Acapulco, acompañado por la secretaria general del CEE$ Yesenia Salgado Xinol y el secretario de Organización Jonathan Márquez Aguilar, y con el respaldo de 56 consejeros, anunció que recurriría al TEE para inconformarse por la resolución de la CNHJ.
La Comisión declaró infundadas las acusaciones de promoción anticipada, utilización de recursos partidistas y posicionamiento de imagen en contra del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena Jacinto González Varona.
En el juicio promovido ante el TEE, solicita revocar la resolución de la CNHJ de Morena y que el Tribunal determine que “dicha propaganda sí se relaciona con el acusado, al ser el único beneficiario de la misma”.
Demanda que se acrediten las conductas infractoras y por tanto debe estar sujeto a las consecuencias legales que prevé la normativa interna del partido o que revoque la resolución emitida por la Comisión y ordene una nueva en la que se valide que la propaganda denunciada sí está relacionada con Jacinto González.
La propaganda a la que el Nava Díaz hace referencia es a las pintas, pega de calcomanías y lonas que se registraron en Acapulco y en diversos municipios del estado con la frase “Es Jacinto”, la cual, sostiene, fue desplegada por los Coordinadores Operativos Territoriales (COT’s), que fueron los trabajadores operativos que empleó Morena para recorrer colonias casa por casa para su campaña de afiliación que se realizó de enero a diciembre de 2025 y fueron pagados con el partido, quienes estuvieron uniformados con chalecos guindas, el color que identifica a Morena.
