Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
La propuesta de reforma electoral enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió diferencias dentro de la alianza de Morena-PVEM-PT, que llevó a la presidencia a Claudia Sheinbaum. “La postura del partido es que en esta ocasión no acompañamos a Morena y vamos en contra de la reforma”, explicó el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, al referirse en particular a dos puntos de la iniciastiva: la eliminación de senadores de lista nacional y los cambios al sistema de representación proporcional.
La iniciativa presidencial, llevada al pleno de la Cámara de Diputados este miércoles, no obtuvo la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron contra la reforma, al igual que Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ante el previsible resultado, Sheinbaum reiteró que cumplió con su compromiso de campaña y que ya alista su “plan B”, con cambios en leyes secundarias cuya aprobación no requiere la mayoría calificada y el bloque de Morena puede aprobar solo.
La iniciativa presidencial planteaba eliminar los 32 senadores de lista nacional, modificar el mecanismo de las diputaciones plurinominales para privilegiar la elección directa y reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Asimismo, presentaba cambios en la fórmula de distribución de prerrogativas y ajustes al modelo de representación en el Congreso.
Parte de esas propuestas estarán en el plan b del Ejecutivo. Los aliados de Morena –PVEM y PT– han expresado reservas sobre los efectos que podrían tener modificaciones de esta magnitud en la pluralidad y el equilibrio entre las fuerzas políticas.
Núñez Aguilar sostiene –en entrevista con El Sur realizada horas antes de la votación de la iniciativa presidencial en el Congreso– que su partido coincide en la necesidad de discutir ajustes al sistema electoral, pero advierte que la eliminación o modificación de la representación proporcional puede afectar la expresión de las distintas corrientes políticas que conforman el Poder Legislativo.
“Ya el Partido Verde no es un partido pequeño; hoy somos la segunda fuerza política en el Congreso de la Unión y somos de los que más representantes tenemos por elección popular”, apunta el diputado federal por el distrito 8 de Morelia, Michoacán. Insiste en que la representación proporcional sigue siendo un mecanismo relevante para garantizar la presencia de diversas fuerzas políticas.
“El tema es que, bien que mal, el Partido Verde, como Morena, como Movimiento Ciudadano, como muchos partidos, crecimos con la representación proporcional. Entonces lo que queremos nosotros es que siga habiendo esta representación de las minorías, que sigan expresándose todas las diferentes ideologías en este Congreso”, dice.
El legislador también cuestiona uno de los principales ejes de la propuesta presidencial: el ahorro presupuestal. “El ahorro del que tanto se argumenta no es emblemático, no es algo que realmente perjudique a la economía del país”.
El financiamiento a
partidos, a debate
Otro de los puntos de mayor debate –y que se espera sea parte del plan b de la presidenta Sheinbaum– es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. De acuerdo con Núñez Aguilar, el Partido Verde no se opone a un recorte, pero considera que el mecanismo de distribución debe modificarse para garantizar condiciones equitativas: “Lo que hemos planteado es que se reduzca a todos los partidos, pero que a todos se nos dé lo mismo”, señala.
El diputado detalla que, con el esquema propuesto por Morena, el ahorro estimado sería de alrededor de mil 500 millones de pesos anuales entre todos los partidos políticos. Sin embargo, el PVEM propone un modelo distinto.
“Si hoy el partido que menos recursos recibe es el PT, con 650 millones de pesos, que se parta de 650 millones para todos de manera pareja; eso sí generaría un ahorro de alrededor de 3 mil 500 millones”, plantea.
Según el legislador, ese esquema permitiría reducir el gasto público y, al mismo tiempo, establecer un punto de partida más equilibrado para la competencia electoral: “El partido que más recursos tiene (Morena) arranca con mucha ventaja”, dice.
Retoma un ejemplo ilustrativo utilizado por dirigentes del PVEM. “Es como si fuera una carrera de caballos: Morena, con el presupuesto que tiene actualmente, parte del metro 90 en una carrera de 100 metros. Luego los demás partidos partimos del metro 20, del 15, del 10 o del 5. Pues ¿cómo los alcanzas?, ¿cuándo les ganas? Es prácticamente imposible”.
Por ello, resalta, la propuesta que mantendrá el Partido Verde es que todos los partidos arranquen desde el mismo punto presupuestal: “Si partimos todos de 650 millones, entonces ahora sí arrancamos del metro cero y a ver hasta dónde llega cada quien”.
En contraste, esta propuesta no fue aceptada por sus aliados, ahí “no están de acuerdo” y por eso la postura fue ir en contra de la iniciativa.
Ernesto Núñez también cuenta que también había dudas sobre el nuevo esquema planteado para elegir a parte de los diputados mediante listas por circunscripción. A su juicio, el modelo podría resultar incluso más costoso y complicado de realizar. “Los países que lo tienen así tardan hasta 10 o 12 días en dar resultados”, menciona.
Por otra parte, señala que la dimensión territorial de algunas circunscripciones haría prácticamente imposible que los candidatos realicen campañas reales: “Por ejemplo, en la tercera circunscripción hay más de mil municipios. Imagínate un candidato a diputado por lista visitando más de mil municipios en 60 días: es humanamente imposible. Y además, ¿cuánto cuesta eso?”.
Frenar la infiltración
del crimen organizado
Durante la entrevista, Núñez Aguilar señala que uno de los temas que debería ocupar el centro de la discusión es el combate a la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
La iniciativa planteaba fortalecer los mecanismos de fiscalización, incluso con acceso en tiempo real del sistema financiero a las operaciones de partidos y campañas. Para el legislador, más que un exceso de control del Estado, lo que se requiere es reforzar los candados contra la influencia del crimen: “Lo que hemos planteado es cómo ponemos más trabas o más reglas para evitar la intervención del crimen organizado en las elecciones”, enfatiza.
La preocupación, añade, no es menor en diversas regiones del país: “Guerrero, Michoacán. Sabemos cómo operan muchos municipios y muchas regiones. Ahí es donde tenemos que poner mayor atención”.
De acuerdo con el legislador, ese debería ser uno de los ejes centrales de cualquier reforma electoral. “Esos son los temas que realmente le interesan a todas y a todos los mexicanos: que deje de infiltrarse el crimen organizado en la toma de decisiones de los gobiernos municipales y estatales”.
Inteligencia artificial y
campañas adelantadas
Otro punto pendiente de regulación, comenta Núñez Aguilar, es el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral, obligando a etiquetar contenidos generados con esta tecnología y prohibiendo prácticas como la clonación de voz o la manipulación mediante bots.
Para el diputado del PVEM, el avance tecnológico obliga a actualizar la legislación electoral. “Yo creo que sí estamos preparados”, dice sobre la capacidad del sistema electoral para vigilar estas prácticas, pero “la tecnología avanza muy rápido y son temas que tenemos que revisar”.
Reconoce que las instituciones y las leyes han quedado rezagadas frente a la velocidad con la que evolucionan las herramientas digitales: “Ya nos han rebasado la tecnología, las redes sociales y todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Tenemos que entrarle a legislar y tenemos que actualizarnos”.
Se debe revisar, también, el funcionamiento de las autoridades electorales durante los periodos en los que no hay elecciones: “En los tiempos en que no hay proceso electoral existe poca carga de trabajo. Tenemos que ver cómo los activamos más, por ejemplo en capacitaciones o en supervisar con mayores elementos los actos anticipados de campaña”, indica.
Según el legislador, ese es otro de los fenómenos que debería abordarse en una eventual reforma: “Hoy todo el mundo anda en actos anticipados de campaña”.
Pese a las discrepancias,
sin ruptura con Morena
Núñez Aguilar niega que el voto en contra de la iniciativa de Sheinbaum por parte del Partido Verde implique una ruptura con Morena o con el proyecto político del oficialismo.
“No, para nada. Seguimos firmes y al día siguiente, aunque nosotros votemos en contra, tan amigos como siempre”.
Incluso, asegura, los cambios en materia de plurinominales o de prerrogativas partidistas fue uno “de los puntos que se pusieron desde un principio de la coalición en los cuales no transitaríamos”.
Se dijo entonces “que no íbamos en el tema de la disminución de plurinominales ni de prerrogativas a partidos políticos. Eso quedó con claridad”.
Pese a ello, el legislador insiste en que la relación con Morena se mantiene sin fracturas. “Lo único que hemos pedido es respeto a que desde el principio se pusieran las cartas sobre la mesa. No es que se haya dicho que sí íbamos y ahora dijimos que no. Eso nunca se pactó”.
Los legisladores del Verde ejercen su desacuerdo “con mucha responsabilidad”, afirma. “No por eso dejamos de acompañar muchas de las propuestas que ha presentado la Presidencia de la República”.
El desacuerdo en este tema específico forma parte de la dinámica democrática dentro de la alianza, “habla de civilidad, habla de responsabilidad y de que somos un partido que cuando no coincide también se expresa”.
A su juicio, la relación política entre las fuerzas que integran la coalición no debería verse afectada por el debate legislativo: “Al día siguiente vamos a seguir trabajando para fortalecer la Cuarta Transformación de este país”, insiste.
El legislador defiende, además, el modelo actual de autoridades electorales y llama a evitar cambios que puedan debilitar su funcionamiento: “El sistema que tenemos actualmente es muy democrático, hay representación de todas las fuerzas políticas”. Por ello, cualquier modificación debe cuidar que las instituciones electorales mantengan sus funciones y su capacidad de garantizar condiciones equitativas en las contiendas. “Lo que tenemos que cuidar es que no se les lastime en sus funciones”, concluye.