Agentes de las fuerzas armadas desmantelaron un laboratorio clandestino, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de unos 309 millones de pesos, y aseguraron drogas, en distintos hechos en Tecpan y Petatlán, en la región Costa Grande de la entidad.
Mediante un comunicado difundido el sábado, se informó que en estas acciones participaron agentes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
El laboratorio clandestino fue localizado en la comunidad de La Cuadrilla, municipio de Tecpan de Galeana, “donde se aseguraron aproximadamente 300 kilos de droga sintética, 150 kilos de la misma sustancia en proceso de secado, 24,000 litros de precursores químicos y alrededor de 20,000 kilos de sustancias químicas sólidas”.
También “se aseguraron centrifugadoras, quemadores, tanques de gas, 50 tinas con capacidad de 200 litros, dos plantas de luz, ventiladores, mezcladoras, bombas de agua y diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos”.
Se detalló que “todo el material fue inhabilitado para evitar su reutilización”, mientras que “la afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a aproximadamente 309 millones de pesos”.
En otro hecho, durante un operativo de vigilancia y disuación en el poblado Llanos de la Puerta, municipio de Petatlán, se aseguraron “dos bolsas de plástico que contenían 1,300 dosis de marihuana, 700 dosis de cocaína y 20 dosis de metanfetamina”, que fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.
“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho”, concluye la misiva. (Redacción).

Redacción

Chilpancingo

Familiares de cinco detenidos de la comunidad de El Terrero, municipio de Juan R. Escudero en el 2024, reclamaron ayer su libertad absoluta, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), aceptó sólo la reducción diferenciada de las penas.
Los cinco presos, Santos Ponce González, Javier Bruno Castro, Luis Ángel Durán García, Darío Avilés Cuenca y Wilber Hernández Vargas fueron detenidos el 6 de mayo 2024, “por defender a su pueblo del crimen organizado”, dijo el hermano de Santos, Lino Ponce.
Actualmente recluidos en el penal de Chilpancingo fueron detenidos por portación de arma de fuego, tras de que se organizaron para la defensa de su comunidad porque irrumpió el grupo delictivo Los Ardillos, de acuerdo con los familiares de los presos.
Lino Ponce informó que el 19 de febrero pasado, la FGR les envió el oficio FED/GRO/CHILP/0000386/2024 en el que acepta sólo la reducción de la pena.
El oficio establece que “tomando en consideración el margen de punibilidad individualizado, las características y circunstancias que rodearon la ejecución del hecho delictivo, los factores que a los imputados les favorecen y aquellos que le perjudican, esta Fiscalía Federal estima procedente reiterar la oferta de la reducción de la pena correspondiente a los delitos por los que fueron imputados y vinculados a proceso”.
La FGR propone que, a los procesados, a quienes se les fijó una pena inicial de 10 años con ocho meses, en el caso de Luis Ángel Durán García, Santos Ponce González y Javier Bruno Castro la pena se reduce a 8 años, 10 meses y 20 días de prisión.
En tanto que para Darío Evilés Cuenca, la pena se reduce a 6 años y 8 meses de prisión.
A su vez, para Wilber Hernández Vargas la FGR propone 4 años, 10 meses y 20 días de prisión.
Sin embargo, para Ponce González la penalidad que les ratifica la FGR “no es justa porque están presos por cuidar a su familia y patrimonio, por cuidar lo propio ante la impotencia e incapacidad de las autoridades encargadas de la seguridad y que no hicieron nada”.
Recordó que los cinco ahora procesados fueron detenidos luego de que se organizaron ante la irrupción en el pueblo de El Terrero del grupo delictivo de Los Ardillos, que días antes habían asesinado a seis ciudadanos de ese pueblo.
“A tres los levantaron y los despedazaron, después rafaguearon la Comisaría y asesinaron a dos policías rurales, mientras que a un ganadero lo sacaron de su casa y se lo llevaron y lo asesinaron”, recordó lo ocurrido entre el 2023 y 2024 en esa localidad.
Sin embargo, denunció que el Ejército llegó al pueblo no a detener a los del grupo delictivo que irrumpió y saqueó las casas, sino a los que se organizaron y se armaron para defender a sus familias y patrimonio.

Francisco Magaña

Atoyac

Como parte de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, familiares de la doctora Adela Rivas Obé, organizaciones sociales y el Comité de Justicia realizaron un foro en la ciudad de Atoyac, para visibilizar y destacar el trabajo honesto y la lucha social de la víctima de diferentes delitos, entre ellos feminicidio y desaparición forzada.
El foro fue realizado en el restaurante México de esta ciudad, donde los presentes destacaron que a casi 10 años de este delito de lesa humanidad, la Fiscalía General de la República (FGR) apenas se ha acercado para documentar el caso, el cual no se ha concretado y solamente se da seguimiento a un asesino, cuando habría una red de robo con cómplices, y que el principal operador sustraía más de 100 mil pesos mensuales en medicamentos.
Las ponentes de este foro, la doctora Rosa María Gómez Saavedra y en representación de la vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla Martínez (quien no estuvo debido a una actividad en la Ciudad de México), la dirigente del Frente de Defensa Popular, Clemencia Guevara Tejedor, coincidieron en que la honestidad y el trabajo de lucha social que emprendió la doctora Rivas trastocó intereses de muchas personas, lo que provocó que acabaran con su vida.
Gómez Saavedra destacó que esta fecha es conmemorativa para exigir justicia por este caso y todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio.
Reiteró que es una fecha que destacan para exigir verdad y justicia.
En caso de feminicidios en el municipio dijo no hay seguimiento de muchos de ellos por el desplazamiento de familias de las víctimas, que han tenido que ocultarse por seguridad.
Expuso que es importante visibilizar estos agravios para lograr justicia y ser perseverantes, y abonar con participar en estas actividades de exigencia de justicia.
A nivel internacional dijo que se recuerda y promueven los derechos que han logrado ante la desigualdad que viene de milenios.
Expuso que pasaron 200 años para tener una presidenta de la República.
Pero lamentablemente “este día no ha sido de conciencia colectiva, falta mucho aún para que las autoridades se comprometan con lo que se ha logrado, no hay piso parejo”.
Mencionó que el trabajo doméstico lo traen intrínseco y la paridad lograda no se refleja en los diversos cargos, en los que siguen obstáculos con violencia de todos sus tipos.
Indicó que no basta sólo con marchar, también es no desistir, como el caso de la doctora Adela Rivas Obé .
Destacó que Adela Rivas no era considerada una feminista pero sí una luchadora social, rompió estereotipos, se casó y destacó por su lucha política y honestidad que provocó que le arrebataran la vida, “y esa es la vida de muchas mujeres que hay que reinvindicar por su causa justa”.
Clemencia Guevara reconoció el trabajo político y social que Rivas Obé emprendió.
Destacó la honestidad que la caracterizó y que trastocó intereses de más de uno en su investigación de robo de medicamentos, “seguramente comprometía a más de uno de los implicados en ese gravísimo delito que también lesiona a la población al haber desabasto de medicamentos”.
Agregó que murió por una causa justa y noble, pidió justicia así como reconocer su honor y gloria por la justicia y derecho de mujeres que han sido víctimas de feminicidios y desapariciones .
Se realizó un mural con nombres de mujeres víctimas de feminicidios y desaparición encabezadas por la doctora Adela Rivas y Rocío Mesino, y de luchadoras como la maestra Hilda Flores.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

A dos años del asesinato del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), del Colectivo Lupita Rodríguez Narcizo, activistas y familiares del normalista exigieron a las autoridades que el crimen no quede impune.
El sábado unos 200 manifestantes se concentraron en el libramiento a Tixtla, en las inmediaciones de la colonia Cuitláhuac, frente al punto donde Yanqui Kothan fue asesinado el 7 de marzo del 2024, donde hicieron un mitin y también una presentación cultural.
La integrante del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Norma Garduño Salazar, leyó un pronunciamiento escrito por Vianey Gómez, madre del normalista asesinado, en el que demandó “justicia para mi hijo Yanqui Kothan, espero que la justicia condene a los asesinos y paguen con la pena máxima el crimen que cometieron”.
Norma Garduño recordó que el 28 de junio del 2024 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “emitió una serie de recomendaciones por este caso para el estado de Guerrero, desafortunadamente han pasado más de 2 años y todavía no tenemos el cumplimiento de estas recomendaciones”.
Señaló que las autoridades estatales “se escudan en que están trabajando en ello, sin embargo, nosotros vemos un avance muy pobre en ese trabajo, tristemente”.
Puntualizó que se trata de cinco tipos de recomendaciones en materia diferenciada y sólo se ha dado seguimiento a una, “el resto está sin un avance significativo y la familia sigue en la espera del cumplimiento de estas recomendaciones”.
Informó que actualmente se lleva a cabo la segunda etapa del juicio, en específico el desahogo de pruebas, y los acusados “han presentado la solicitud de juicios abreviados, hemos hecho un enérgico llamado a los jueces, al Poder Judicial en su totalidad” a que no autoricen dicho procedimiento.
“Nos parece completamente deleznable este tipo de solicitud, no es posible que elementos del estado asesinen a jóvenes estudiantes que están desarmados, que no han cometido un solo delito, que no son sospechosos de nada y sean asesinados, y que todavía se les dé este beneficio”, subrayó.
“Hacemos un llamado enérgico para que los jueces valoren todas y cada una de las pruebas que se están presentando en la carpeta de investigación, que está perfectamente integrada y que tienen suficientes elementos para que, como solicita la familia, se les dé la pena más máxima”, expresó.
A las autoridades estatales les manifestó que “este caso sirva para sentar precedentes y den garantías de no repetición”.
Un líder de la FECSM dijo que, en sus 100 años de existencia, la Normal Rural de Ayotzinapa ha sufrido golpes como el asesinato de Yanqui Kothan y la desaparición forzada de los 43 estudiantes registrada en septiembre del 2014.
“Cómo es posible que el gobierno termine atacando a estudiantes inocentes que se preparaban para llevar la educación a las zonas que el mismo gobierno termina ignorando… Lo único que pedimos es la justicia y que se esclarezca la verdad de los hechos”, resaltó.
Señaló que a los normalistas los acusan de ser “vándalos”, pero las autoridades “son los criminales que terminan arrebatando vidas, es por eso que no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba”.
Otro representante lamentó que “el mismo Estado esté matando a sus estudiantes, que en el estado de Guerrero abunde más la delincuencia que la educación, lo único que hace el gobierno es matar y desaparecer estudiantes, recordar a Yanqui Kothan también es recordar a los 43”.
Un líder del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa recordó que, en un poste frente al punto donde Yanqui Kothan fue asesinado hay una cámara de vigilancia que debió haber captado los hechos, sin embargo, según las autoridades no hay ningún registro, por lo que cuestionó “dónde están esas pruebas para que esos policías no salgan de la cárcel”.
“Ayotzinapa tiene memoria, tiene constancia, así como nos representa la tortuga que es lenta, pero constante, seguimos en la lucha por todos los que ya no pueden alzar la voz, se invita a la población a tener empatía, que razonen, que entren en conciencia que cuestionen a las autoridades”, añadió.
El representante del Colectivo Lupita Rodríguez Narcizo, David Molina Rodríguez, lamentó que la comunidad de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) no se sume a las protestas de la Normal Rural de Ayotzinapa y tampoco se movilice cuando se registran desapariciones de estudiantes.
“Madres y padres de familia tengan cuidado porque si desaparece su hijo, su hija, nadie los va a buscar”, advirtió.
Finalmente, acusó al rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, de hacer carrera política en lugar de ver por el bien de los estudiantes.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Durante la misa del tercer domingo de Cuaresma, en la catedral de la Asunción de María de Chilapa, el obispo José de Jesús González Hernández llamó a sus feligreses a administrar y a reflexionar sobre el problema de la escasez del agua.
Informó que recientemente se reunió con el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, a quien le planteó el problema de que se sigan fraccionando las colinas de la capital, a pesar de que no hay de dónde surtirles el agua a los colonos.
El prelado se refirió al problema de la escasez del agua cuando en su homilía habló del símbolo del bautismo y lo que significa el agua para éste.
“El agua es vida, y hoy cómo se batalla por el agua, en el mundo dicen que las guerras van a ser por el agua; en Israel la guerra no es tanto por la tierra sino por el agua, Israel se apoderó de los manantiales de Siria, Líbano y Jordania en la guerra de los Seis Días, porque Israel no tiene agua”.
González Hernández alertó que se vienen muchos problemas por la escasez del agua. De hecho, dijo, “¡cómo se sufre últimamente para tener agua, hay que abrir pozos para sacar el agua!”.
El obispo, quien en sus últimas homilías ha dejado de lado el problema de la violencia, recordó que de donde llegó, en la sierra del Nayar, en Nayarit, donde vivió 17 años en las márgenes de un río, “la gente abría pocitos a los lados para que se filtrara, porque el agua venía contaminada, y de los pocitos sacaban agua para beber y regar los cultivos”.
Informó que en su reunión (el 1 de marzo) con el presidente municipal Gustavo Alarcón Herrera, le planteó el problema del agua en la capital, “que se estén fraccionamiento las colinas, ¿y de dónde van a sacar el agua, si a nosotros (los residentes) ya nos están tasando el agua”.
Informó que le propuso al alcalde que se abrieran pozos para extraer más agua y abastecer a la población, pero que el alcalde le contestó que hay una falla geológica que atraviesa la ciudad y que “ya se están cayendo algunas colonias”.
“Entonces, no se pueden abrir tan fácilmente los pozos, porque se derrumban las colonias, porque hay cuevas y si se agujera se caen”, dijo el obispo que fue la explicación del alcalde.
El prelado les dijo a sus feligreses que “aquí, ustedes, en Chilapa, en cierta manera están en gracia de Dios porque todavía tienen agua, pero se está acabando. Se acaba un pocito y luego abrimos otro, y abrimos otros, y así…”., advirtió.
Insistió en que el problema del agua “está encima y sabemos que es vida, hay que saber cómo la administramos bien y cómo no la contaminamos”.
“El agua viene siendo un elemento vital y Dios la usa para enseñarnos la vida eterna. Si el agua nos da vida en la tierra, él quiere darnos la vida que no se acaba; la vida eterna”.
Explicó que cuidar el agua física, es decir, el H2O, implica, también, cuidar el agua espiritual, y pidió administrar bien a ambas.

Israel Flores

Ciudad Altamirano

El aumento en las temperaturas en la Tierra Caliente se ha combinado con el incremento en incendios reportados en los basureros, que son atribuidos a la explosión de gases acumulados.
Del lado de Altamirano se reportó un incendio en el basurero que fue controlado a tiempo, sin embargo, negaron que fuera producto de alguna quema, hecha por algún trabajador o de algún terreno cercano.
El reporte fue que hubo una explosión en una de las zonas donde la basura ya está sepultada con tierra, por lo cual argumentan que pudiera ser alguna acumulación de los gases que se emiten por la misma descomposición de los desechos acumulados en el basurero.
En el municipio de Coyuca de Catalán se reportaron incendios durante la semana en la zona del basurero y se informó que comenzaron solos, producto del aumento de la temperatura.
En el municipio de Tlapehuala, también se reportó la atención de incendios cercanos al basurero en desechos que se tiran en el camino por algunos particulares, pero que se dijo que pudo haberse iniciado con la quema de algunos artículos flamables dentro de los desechos.
Las temperaturas en Tierra Caliente se han colocado por encima de los 40° en sensación de calor, y se espera que a mitad de semana aumente uno o dos grados la temperatura, lo que marca la temporada de calor en la región de Tierra Caliente de Guerrero.

Yee Trujillo

La Secretaría de Salud federal reportó el viernes otros nueve casos de sarampión en Guerrero, con los que ya suman 338 desde el inicio del brote, 77 de ellos en lo que va del año.
El informe con corte al viernes indica que con esta nueva cifra la tasa de incidencia en la entidad por el virus pasó de 1.69 por cada 100 mil habitantes que había el lunes, cuando los pacientes eran 329, a 2.14 con las nuevas cifras, y los casos probables acumulados en 2026 registraron un aumento de 155 a 184.
Además, se mantiene una defunción, con una tasa de letalidad que la dependencia redujo de 1.47 a 1.30.
El estado permanece en sexto lugar nacional por el total acumulado; en México en total se han notificado 12 mil 556 contagios, 6 mil 104 en 2026 con una tasa de incidencia 4.54, y 34 fallecimientos, siete de ellos este año con una tasa de letalidad de 0.11.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades municipales y comunitarias, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos en general del municipio de Ayutla, la mayoría vestidos de blanco, se concentraron la mañana de este domingo en la plaza de La Paz, donde exigieron justicia para los dos funcionarios municipales asesinados la semana pasada, así como seguridad y paz para este municipio de la Costa Chica.
La noche del martes pasado el titular de la Comisión de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco y el contador de esa coordinación, Francisco Bonilla Muñoz, del gobierno municipal comunitario, fueron asesinados en la carretera Tierra Colorada-Ayutla, cerca del puente Omitlán, municipio de Juan. R. Escudero.
A las 9 de la mañana de este domingo, más de 500 personas entre integrantes del Concejo Municipal Comunitario, comisarios y delegados municipales, así como integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y ciudadanos en general, realizaron un mitin para exigir justicia para los dos funcionarios, y demandaron a los gobiernos federal y estatal seguridad y que garanticen paz.
En un video que los organizadores enviaron a los medios de comunicación, a nombre del Concejo Municipal, la coordinadora con funciones de presidenta municipal, Elizabeth Calixto Leyva dijo que en Ayutla, “queremos caminar libremente, hacer honor al nombre de nuestro municipio; ‘Ayutla de los Libres’, nadie quiere caminar con miedo”, en seguida los asistentes corearon al unísono: “Ni olvido ni perdón, justicia y solución”.
En su breve mensaje Calixto Leyva agregó: “mientras tengamos voz pedimos y seguiremos pidiendo que seamos escuchados, seguiremos pidiendo por la libertad de nuestro municipio”, dijo, y la gente arengó, “el pueblo unido, jamás será vencido”.
Antes, otro de los oradores expresó, “hoy levantamos la voz con dignidad y con firmeza, exigimos justicia, seguridad y paz para Ayutla, hacemos un llamado claro y respetuoso al gobierno federal para que escuche la voz de nuestro pueblo y atienda la situación de violencia que estamos viviendo”.
Agregó que ese municipio “no puede seguir enfrentando esta realidad. Necesitamos la intervención y el acompañamiento de las autoridades federales para garantizar la seguridad, y la paz de nuestras comunidades”.

Insisten en que los responsables del doble asesinato son del grupo delictivo Los Ardillos

Por separado, en un comunicado que se atribuye el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), y que, asegura, cuenta con el respaldo de 85 pueblos y autoridades comunitarias y ejidales del municipio de Ayutla, así como de pueblos y comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica, insisten que los responsables del asesinato de los dos funcionarios es el grupo delictivo de Los Ardillos, y denuncian la colusión de autoridades estatales con el grupo criminal.
“Somos pueblos que nos negamos a aceptar y normalizar esta condición de vida injusta donde los grupos narco-paramilitares, como Los Ardillos, nos matan, nos desaparecen, nos desplazan y nos extorsionan, robándonos lo poquito que nos queda de nuestro trabajo duro”, denuncian en el pronunciamiento.
Reprochan que “como pueblos hemos sido obligados por la complicidad e inacción de los gobiernos a defender nuestro pueblo por nuestros propios medios ante la ola de violencia que vivimos. Tomamos una decisión consciente de organizarnos; no íbamos a ser víctimas silenciosas ni a estar arrodillados para que nos exterminen”.
Denuncian que el Estado busca desarticular su organización, “porque mostramos en la práctica nuestra dignidad; nosotros, con los escasos recursos que tenemos como pueblos indígenas y campesinos, podemos desarrollar nuestra propia seguridad mejor que ellos lo hacen, aún con sus ejércitos, Guardia Nacional, Marina y policías”.
Señalan que es el Estado el que está permitiendo esta “guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos indígenas, afros y campesinos”.
Agregan: “En los últimos años, Los Ardillos decapitan y descuartizan a niños y niñas, hombres y mujeres de nuestras comunidades, incluso han asesinado a funcionarios públicos en Chilpancingo, Ayutla y Atlixtac, mientras el gobierno no hace nada”.
Asimismo, reprochan, que: “funcionarios estatales y federales se sientan públicamente a negociar con conocidos integrantes de este grupo criminal, a pesar de que son los responsables del asesinato y la desaparición de nuestro pueblo, y roban los recursos de los proyectos y programas de gobierno de los municipios que mantiene sometidos”.
Refiere que el Estado permite que los recursos públicos “destinados a nuestra gente se desvíen hacia Los Ardillos, quienes usan ese dinero para comprar armas, pagar sicarios, sembrar miedo y asesinarnos”.
Añade que por otra parte el Estado “criminaliza a quienes luchamos por la vida y la justicia, acusándonos falsamente de ser narcos. Nosotros, como pueblos y autoridades, deslindamos categóricamente cualquier relación con grupos del crimen organizado”.
Aseguran: “No somos, ni estamos con Los Rusos ni con ningún otro grupo delincuencial. Somos pueblos y autoridades comunitarias, ejidales y comunales que queremos vivir en paz en nuestros territorios”.
Explican que la relación de la UPOEG con el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero- Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y la UPOEG, “se trata de una coordinación específica para defender a nuestros pueblos ante el avance de la delincuencia organizada, que cada vez somete a más pueblos y municipios en nuestra región”.
En el mismo comunicado se denuncia que el Gobierno estatal ha presionado a “altos mandos del gobierno federal, en colusión con Los Ardillos y otros grupos del crimen organizado, para que retiren las medidas del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a al dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo.
“Decimos con claridad que el Estado pretende asesinar a Jesús Plácido Galindo, igual como asesinó a Bruno Plácido Valerio (dirigente de la UPOEG), Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP)”.
Dicen en su escrito a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su gobierno “saben quiénes son los criminales, dónde están y qué hacen”.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Pobladores de distintas comunidades de la sierra de Chilpancingo tomaron las válvulas de agua ubicadas en la localidad de Omiltemi para exigir obras y atención médica, ayer ya no siguió la toma y no se dio a conocer si hubo algún acuerdo.
La protesta que inició el viernes la organizaron habitantes de las localidades de Chicahuales, Jaleaca de Catalán, Tierra Colorada, La Soledad, Chautipan, Omiltemi, El Fresno, Huacalapa, Coapango, San Vicente, El Aguajito y Amojileca, entre otras.
Fuentes del Ayuntamiento de Chilpancingo informaron que el viernes pasado funcionarios municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes, quienes demandaron la presencia de autoridades estatales, pero no se llegó a ningún acuerdo.
Mediante un video difundido el sábado, uno de los pobladores informó que la protesta se mantuvo y exigió la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del alcalde Gustavo Alarcón Herrera.
“Estamos pidiendo su visita gobernadora, aquí a la comunidad de Omiltemi, igual ocupamos la presencia de nuestro presidente municipal para llegar a un acuerdo sobre las necesidades que hay en las comunidades de la sierra”, dijo.
Detalló que las autoridades locales de las comunidades acordaron cerrar las válvulas de agua que surten a la capital del estado, “con el propósito de dialogar con ustedes de alguna manera pacífica, no queremos agredir a nadie, gobernadora, solamente esperamos que nos atienda las peticiones que estamos solicitando”.
“Le pedimos de la manera más atenta que atienda nuestras peticiones, de lo contrario las válvulas de agua van a estar cerradas hasta que no nos sentemos a platicar, porque la gente ya está cansada de tantas promesas, de que no se nos cumpla con las obras que nos han prometido”, advirtió.
Puntualizó que si sus demandas se atienden a la brevedad, “se va a solucionar el problema del suministro de agua, que llegue a la normalidad, de lo contrario vamos a estar aquí esperándolos”.
Detalló que “queremos atención en nuestras comunidades, este acuerdo lo retomamos entre 13, 14 comunidades ya, somos las autoridades municipales de cada comunidad que estamos interviniendo en este asunto de tomar las llaves de agua, que están cerradas para hacer un compromiso, gobernadora”.
“Le pedimos de la manera más atenta que nos atienda, por favor, queremos saber qué día puede subir aquí a la comunidad de Omiltemi para que nos sentemos a dialogar, no queremos hacerlo de alguna forma nosotros agrediéndolos, faltándoles el respeto, no es esa la intención”, dijo.
Manifestó que “la prioridad que tenemos todos en conjunto es que a la carretera se le dé continuidad hacia donde va, que es a la comunidad de Jaleaca de Catalán”.
“Estamos en la mejor disposición de escucharlos y ahora sí que se cumpla lo que se nos promete, la gente está cansada de ver tanta pobreza acá en las comunidades, de tantas necesidades, tanta atención médica que nos hace falta, gobernadora”, subrayó.
Afirmó que la situación es complicada, “a veces no tenemos los medios económicos para bajar a algún niño a la capital para que sean atendidos”, debido a que en las “casas de salud” de las localidades no hay medicamentos de los que necesitan, tampoco hay “algún doctor allí que pueda atender las necesidades de las personas”.
Declaró que depende de Evelyn Salgado y Gustavo Alarcón “que esto se solucione lo más rápido posible”, y hasta que la gobernadora llegue “no vamos a sentarnos a dialogar con nadie”.

La alcaldesa Abelina López Rodríguez reconoció el papel de las mujeres en la transformación social y exhortó a seguir trabajando por la igualdad, lo anterior durante su mensaje por el Día Internacional de la Mujer.
En su cuenta oficial de Facebook, López Rodríguez dijo que el 8 de Marzo no sólo es una fecha para conmemorar sino para recordar el camino recorrido y la determinación de millones de mujeres que han construido sociedades más justas.
“A lo largo de la historia las mujeres han sido protagonistas de profundas transformaciones sociales, desde las primeras luchas por el derecho a la educación y al voto, hasta las batallas actuales por la igualdad, la dignidad y el respeto, cada generación ha dejado una huella que hoy nos guía”, puntualizó.
Sostuvo que en este 8M se honra a las mujeres de la historia, pero también a las del presente a “las que trabajan, educan, cuidad, lideran y transforman cada día nuestra comunidad, sigamos avanzando juntas y juntos hacia un futuro con más igualdad, más oportunidades, más justicia”. (Aurora Harrison).