Erika P. Bucio / Agencia Reforma

Ciudad de México

Con la revocación de Nacional Financiera (Nafin) como fiduciaria del fideicomiso del Museo Dolores Olmedo en el año 2020, CI Banco se convirtió en la nueva entidad administradora, en una maniobra que especialistas consideraron “irregular” durante una mesa de análisis sobre la situación jurídica del legado de la coleccionista.
La mecenas de Diego Rivera dejó estipulado en 2002, que si Nafin ya no pudiera o quisiera continuar con el encargo, el Comité Técnico del fideicomiso nombraría una nueva institución.
“Lo que no ocurrió. Podemos leer que Nacional Financiera dejó de ser fiduciaria no por decisión de la propia Nafin como se estableció en el 2002 sino que el Comité Técnico tomó la decisión: revocó a Nacional Financiera y se hizo una sustitución fiduciaria por CI Banco, lo que yo considero va en contra de lo que se estableció en el 2002”, precisó el abogado Luis Cacho, especialista en derecho cultural.
De modo que la revocación de Nafin, en su opinión, “fue irregular”. Todos estos años, la institución prestó el servicio de manera gratuita porque así se pactó.
CI Banco es señalado por el gobierno de Estados Unidos por sospechas de lavado de dinero y está intervenido de manera temporal por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cacho participó la noche del jueves en la mesa Revocar lo irrevocable en Casa Lamm para esclarecer la situación jurídica y patrimonial del legado de la mecenas con el pretendido traslado de la colección artística del Museo Dolores Olmedo de Xochimilco al Parque Aztlán.
El contrato que estableció el fideicomiso estipula que los bienes se mantendrán juntos y en su mismo domicilio, en La Noria, Xochimilco, y que los objetos no saldrán del museo salvo en casos excepcionales y temporales, con previa autorización.
Un traslado al Parque Aztlán por 40 años se considera una violación a la voluntad de Dolores Olmedo y a lo establecido en el fideicomiso.
De acuerdo con Cacho, el patronato del museo, que incluye a la Secretaría de Hacienda y a la alcaldía de Xochimilco, tiene el derecho de demandar el cumplimiento del contrato.
A su vez, el notario Miguel Ángel Beltrán Lara planteó que cualquier persona afectada por el incumplimiento de las obligaciones en materia de patrimonio cultural puede acudir a las vías legales, incluyendo un amparo, para exigir que las autoridades cumplan con su función de proteger el patrimonio cultural, integrado por las colecciones del museo.
“Aquí se tiene un instrumento legal muy importante (el contrato del fideicomiso), una herramienta, un arma si se quiere decir así, que se puede hacer valer ante la autoridad.
“Ante la Alcaldía donde está Chapultepec, donde está el museo, ante el gobierno de la Ciudad de México, ante el gobierno federal porque son obras de interés de la Nación, ante instancias internacionales para lograr que esto se cumpla”, expuso Beltrán Lara.
Respecto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Cacho consideró que también tiene facultades para intervenir al tratarse del patrimonio cultural de la nación, del cual forman parte las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo que están declaradas Monumento Artístico.
“Estas obras, aunque de propiedad privada, están sujetas a normas para proteger su integridad, y el Inbal puede verificar su preservación y conservación, incluso realizando inspecciones en La Noria”, insistió el ex titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.
Este planteamiento contradice la postura de su actual directora, Alejandra de la Paz, quien consideró que el fideicomiso no necesita el permiso del Inbal para mudar el acervo de La Noria al Parque Aztlán y que su papel es “de mero acompañamiento”.
Por lo que el cierre del museo desde 2020 y la intención de trasladar el acervo a un nuevo lugar por 40 años, no se ajustan a la voluntad de Dolores Olmedo, quien deseaba que el museo estuviera abierto de manera permanente en Xochimilco.
“Cosa que no se ha cumplido desde el 2020 cuando se cerró por la pandemia, pero después ya no se abrió”, puntualizó Cacho.