Yanireth Israde / Agencia Reforma

Ciudad de México

Integrantes del colectivo Seamos 10 o 100, quienes este jueves se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), acordaron instalar mesas de trabajo semanales para resolver, en principio, tres puntos: la eliminación del Sistema Institucional de Proyectos (SIP), la desaparición de la contratación por capítulo 3000 y la renovación del Consejo de Arqueología.
La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, instruyó al director del INAH, Joel Omar Vázquez, a dar seguimiento a las referidas mesas, que comenzarían el primero de julio con el establecimiento de los mecanismos de diálogo, de acuerdo con un oficio de la funcionaria, suscrito el 23 de junio y presentado esta mañana en el Museo Nacional de Antropología por miembros del colectivo.
Estos espacios de discusión y análisis fueron solicitados a Curiel por 120 investigadoras e investigadoras a través de una carta fechada el 8 de junio, en la que recordaron que desde hace 6 meses pidieron la instalación de mesas de trabajo a Vázquez.
“Estos primeros tres puntos no son los únicos”, aclaró la arqueóloga Rosa Reyna, y dijo que se trata de un comienzo.
Las y los investigadores difundieron también un comunicado en el que denuncian que la burocracia administrativa “mantiene secuestrada a la institución que por décadas ha cumplido las tareas sustantivas que le confiere la legislación vigente”.
Antes de iniciar cualquier proyecto de investigación -relatan- “debemos presentarlo al Consejo de Arqueología, entidad consultiva que ha excedido sus funciones y atribuciones tomando decisiones discrecionales y encubriendo malas prácticas que han dañado el patrimonio arqueológico nacional”.
Indican que el Sistema Institucional de Proyectos (SIP) implica pasar por siete niveles burocráticos para lograr la aprobación presupuestal, “que se entrega bastante tarde o incompleto”.
Además rechazan la imposición de un mecanismo para la contratación de profesionistas que colaboran en los trabajos de investigación “exigiendo requisitos casi imposibles de cumplir, obligándoles a contratar una fianza y un seguro de responsabilidad civil, que aunado al pago de impuestos reduce hasta un 45 por ciento el pago ofrecido.
“El proceso de contratación es una simulación total, pues les obligan a presentar dos cotizaciones falsas. Bajo este esquema los contratados carecen de seguridad social, no generan antigüedad y carecen de las prestaciones que establece la ley del trabajo; en ocasiones se les ha retrasado el pago hasta por seis meses”.
Para realizar los trabajos de campo, añaden, ya no se cuenta con vehículos ni gasolina, y solo se autorizan viáticos por siete días, “siendo insuficientes para cualquier intervención arqueológica.
“Para el estudio de los materiales y objetos que recuperamos en las excavaciones, no se cuenta prácticamente con ningún recurso, poniendo en riesgo su conservación. Amamos la arqueología y respetamos al INAH, pero ya no podemos trabajar en estas condiciones denigrantes, ahogados por trámites excesivos e innecesarios”.