Agencia Reforma

Ciudad de México

El anuncio de que la Colección Gelman Santander –tras permanecer 2 años en España, a donde viajará próximamente para ser gestionada desde ahí–, regresará al país en 2028 para exponerse en el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de Monterrey, aunque positivo, no significa que haya que quitar el dedo del renglón.
“Aún hay mucho que reflexionar y aprender de esta situación”, sostiene el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM), a través de su iniciativa Museum Watch, en una publicación difundida el pasado jueves.
“Especialmente tras la noticia de la semana pasada de que la Suprema Corte de Justicia de México acordó evaluar si la ley que protege la obra de Frida Kahlo desde 1984 e impide su salida permanente del País infringe el derecho a la propiedad privada”, se lee en el escrito titulado El destino de la Colección Gelman: Sobre las responsabilidades hacia el patrimonio.
Presidido por la mexicana Amanda de la Garza, también subdirectora artística del Museo Reina Sofía, el CIMAM es la principal red mundial de directores y curadores de museos de arte moderno y contemporáneo. Está afiliado al Consejo Internacional de Museos (ICOM) y a la UNESCO, y funciona como un foro internacional de debate sobre ética, gobernanza y prácticas museísticas.
Tal órgano refiere lo sucedido en torno a la colección de arte moderno amasada por Jacques y Natasha Gelman como un caso crucial no sólo por la relevancia de sus obras, una treintena de ellas con declaratoria de Monumento Artístico, sino por lo que revela sobre los riesgos actuales para el patrimonio artístico y la capacidad de las instituciones para protegerlo “en la economía globalizada actual”.
Según observa el CIMAM, las protestas que el caso desató tanto en México como a nivel internacional “revelan serias dudas (.) sobre la capacidad del Estado para garantizar la conservación y el acceso al patrimonio, incluso si existen leyes diseñadas específicamente para salvaguardarlo”.
Y es que, aunque el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) tiene la responsabilidad de evaluar y monitorear la salida y el regreso de las obras con declaratoria de Monumento Artístico, como es el caso de Kahlo y Diego Rivera, entre otros, durante un período de un año, prorrogable hasta un máximo de dos, la falta de claridad respecto al acuerdo firmado entre dicha dependencia, la familia Zambrano (dueña de la colección) y Fundación Banco Santander “dio lugar a un amplio debate público sobre los instrumentos de que dispone el Estado para proteger el patrimonio cultural.
“Y sobre qué ocurre cuando las obras de arte se convierten en garantía de operaciones financieras, como se ha informado que sucede con la colección Gelman”, señala CIMAM, situando parte de la incertidumbre a una insuficiente comunicación sobre las negociaciones entre gobierno y particulares alrededor de este patrimonio cultural.
“Si, como se ha dicho, se espera que la colección siga siendo propiedad de la familia Zambrano, la decisión de cambiarle el nombre por el del banco parece, cuanto menos, contraproducente”.