Yanireth Israde / Agencia Reforma

Ciudad de México

El recorte de 75 por ciento al presupuesto operativo del INAH separó del organismo a una veintena de restauradores contratados por capítulo 3000 y agudizó la escasez de profesionistas en un país con miles de bienes culturales y una planta de especialistas en la materia que no llega a 200.
El Instituto administra más de 110 mil monumentos históricos, 53 mil 9 zonas arqueológicas registradas y una red de 162 museos, según datos de la misma dependencia, que ha emprendido una campaña para advertir las afectaciones al patrimonio por la insuficiencia de recursos.
El INAH dispone de 160 especialistas de base para esta labor. De estos, alrededor de 70 trabajan al interior de la República, mientras la Ciudad de México concentra al resto, sobre todo en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete (ENCRyM), además de los adscritos a museos y bibliotecas, entre otros recintos, informa Ximena Rojas, dirigente del Sindicato Nacional de Restauradores (Sinar).
Pero tampoco son suficientes los profesionistas de la CNCPC y la ENCRyM.
Aunque establecidas en la Ciudad de México, estas entidades atienden bienes de todo el aís, señala Jannen Contreras, académica de la Castillo Negrete y una de las responsables de la restauración de la estatua de Carlos IV, más conocida como El Caballito, entre 2016 y 2017.
Estados como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila carecen de estos expertos, y en casos como el de Durango, Colima o Guerrero las plazas permanecen vacantes debido a que los restauradores adscritos cumplen alguna comisión, detalla Rojas.
“¿Cuál es la situación con el resto de las entidades que sí tiene restaurador? Pues que muchas de ellas tienen muy pocos restauradores a pesar de su riqueza cultural”, contrasta en entrevista.
Puebla, por ejemplo, uno de los estados con mayor daño en su patrimonio por los sismos de 2017, tiene solamente cuatro restauradores de base. En Zacatecas hay uno, en Veracruz dos, en Chiapas tres y en Oaxaca cinco. Yucatán es el que reporta mayor número, con nueve.
Se requerirían, al menos, considera Rojas, unos 360 especialistas dedicados a la conservación del patrimonio cultural, función sustantiva del INAH.
A estos corresponde atender bienes muebles, como esculturas en madera y piedra, pinturas de caballete, documentos, material cerámico, textiles e instrumentos musicales, así como bienes asociados a inmuebles, por ejemplo yeserías, retablos y pintura mural.
A su cargo están también labores como la conservación de material arqueológico, el registro de bienes y la restauración de estos en caso de siniestro, además de la formación académica.

Fondos raquíticos

“Los restauradores que laboran al interior de la República son quienes, en su mayoría, laboran bajo las circunstancias más adversas, pues muchos no reciben recursos para desarrollar proyectos y sus fondos se limitan al gasto básico corriente con el que cuentan los centros INAH, o proyectos con cantidades mínimas (de mil y hasta 4 mil pesos) para desarrollar un proyecto de conservación o restauración en todo un estado”, refiere un documento del Sinar entregado el pasado junio a Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
“En un estado”, explica Rojas, “debes atender todo lo que surge: una denuncia, una supervisión, y las colecciones de los museos que tenga a su cargo el Centro INAH corresponde también atenderlas al restaurador que esté ahí. Tan poco personal no se da abasto para toda una entidad, menos aun con los presupuestos que tienen las secciones de conservación-restauración; cuando tienen”.
Un museo de la Ciudad de México, compara, puede tener mayor presupuesto del que dispone la sección de conservación-restauración de todo un estado en un Centro INAH.
Se atienden sobre todo denuncias y supervisiones, pues intervenir un bien cultural mueble o asociado a inmueble requiere de un proyecto específico que demanda recursos, aclara.
“Generalmente se busca hacerlo a través de apoyos con terceros, de organizaciones o de manera conjunta con universidades”.
Pero no siempre se logra.
“Se está operando con lo mínimo indispensable”, lamenta Rojas. “Si es muy urgente, alguna denuncia o supervisión que requiera el traslado de la persona, el Centro INAH asume el costo, pero, en general, se paralizó prácticamente todo”.
Añade que la continuidad fue, sobre todo, para proyectos relacionados con los sismos de 2017 y 2018.
“Ya no se ministraron recursos para gasolina, peajes, viáticos, y todos los traslados prácticamente quedaron parados”.
Labores de conservación preventiva o de mantenimiento se integraron al Plan Anual del Trabajo de los Centros INAH, que deben ceñirse a cuestiones elementales.
“Lo que se declaró como esencial fueron (tareas asociadas con) sismos y, en algunos museos o centros INAH, se programaron guardias, pero muchas cosas no se pudieron atender”, expone Rojas.