Cerca de 90 millones de pesos se han perdido para la cultura en este 2017 por la deficiente revisión que hicieron los diputados de los proyectos culturales que seleccionaron para obtener presupuesto etiquetado desde el Congreso, además de la desidia de algunos beneficiarios.
De acuerdo con documentación de la Secretaría de Cultura (SC), 18 proyectos del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Cámara de Diputados no pudieron recibir recursos este año porque fueron aprobados por los legisladores sin cumplir con los requisitos básicos.
Otros 22, porque los beneficiarios (asociaciones civiles, estados y municipios) no acudieron a registrar sus proyectos ante la SC o dejaron de entregar documentación.
En total, 87 millones 125 mil pesos que serían otorgados para actividades culturales, de acuerdo con el anexo Ampliaciones a Cultura del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, ya no saldrán de las arcas de Hacienda hacia la SC, que cada año gestiona su distribución y supervisa su uso.
Con cada nuevo ejercicio fiscal, desde 2009, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados emite una convocatoria para que asociaciones civiles, estados y municipios inscriban sus proyectos culturales y sean elegibles para obtener recursos etiquetados. Este año, la cifra a repartir ascendió a mil 500 millones de pesos.
Históricamente, sin embargo, el programa se ha visto empañado por la discrecionalidad con la que los diputados reparten los recursos. Este año, al menos 67 millones de pesos fueron asignados a asociaciones civiles con nexos directos a legisladores o sus familiares (Reforma, 02/04/2017).
Por ejemplo, la artista Carmen Mondragón, hermana de la diputada priista Angélica Mondragón –secretaria de la Comisión de Cultura– recibirá un triple subsidio en etiquetados en 2017.
Asimismo, dos organizaciones civiles ligadas al senador priista Gerardo Sánchez, Fundación Organizados para Servir y Juan José de los Reyes Martínez El Pípila, AC, se llevaron 35 millones de pesos.
A esto se suma la falta de aplicación, por parte de los diputados de los criterios sugeridos por la Secretaría de Cultura para favorecer proyectos de mayor impacto social y por no realizar la correcta verificación de la factibilidad de los proyectos que eligen.
De esta forma, los diputados benefician proyectos que, al no cumplir con los requisitos básicos, deben pasar por varias revisiones de la SC y, al no poder solventarlas, eventualmente deben ser desechados.