EL-SUR

Jueves 13 de Agosto de 2026

Guerrero, México

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Acude la ONU a Alcozacán con víveres para desplazados

Llega a Alcozacán caravana de organizaciones con ayuda humanitaria para desplazados Acuden la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Plan Internacional, Apóstoles la Palabra, Juntos Llevamos Esperanza, la Parroquia de la Santa Cruz y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El acopio de víveres contó con el financiamiento de … Continúa leyendo Acude la ONU a Alcozacán con víveres para desplazados

Mayo 20, 2026

A esa comunidad de Chilapa llegaron la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y otros organismos, y se informó que el acopio de víveres contó con el financiamiento de la Unión Europea. Siguen desaparecidos cinco vecinos de Xicotlán y un policía comunitario de Alcozacán, y ayer fueron entregados los cuerpos de seis indígenas asesinados por el grupo delictivo Los Ardillos en los ataques de la semana antepasada. En la imagen mujeres nahuas que ya regresaron a su comunidad Acahuehuetlán arrean unos chivos que estaban perdidos tras las balaceras Foto: Lenin Ocampo Torres

Llega a Alcozacán caravana de organizaciones
con ayuda humanitaria para desplazados

Acuden la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Plan Internacional, Apóstoles la Palabra, Juntos Llevamos Esperanza, la Parroquia de la Santa Cruz y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El acopio de víveres contó con el financiamiento de la Unión Europea

Zacarías Cervantes

Alcozacán, Chilapa

Una caravana integrada por representantes de organismos internacionales y nacionales llegó ayer al mediodía con ayuda humanitaria a Alcozacán, municipio de Chilapa, donde todavía se encuentran algunos desplazados por la violencia de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán.
El convoy de siete camionetas cargadas con verduras, abarrotes, artículos de limpieza, papel higiénico, huevo, masa Minsa, agua, cobijas y juguetes para los niños llegó a la 1 de la tarde a esta población donde la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) tiene su Casa de Justicia, y es sede del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El acopio de la ayuda humanitaria fue convocado por el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), que encabeza el activista y sacerdote desplazado por amenazas del crimen organizado, Filiberto Velázquez Florencio.
La representante del Centro Minerva Bello, Norma Garduño explicó que decidieron convocar a esta ayuda humanitaria porque esta “es una zona que ha sido fuertemente violentada y hay ausencia del Estado”, añadió que son más de 10 años en que el conflicto se da de manera reiterada y cíclica “y no hay una respuesta pronta, ni un plan, no solamente para resolver, sino para adelantarse a prever la reconstrucción del tejido social”.
Participó en la caravana personal de la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del Plan Internacional, Apóstoles la Palabra, Juntos Llevamos Esperanza, la Parroquia de la Santa Cruz, y se sumó, también, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Se informó que el acopio de víveres contó con el financiamiento de la Unión Europea.
En esta localidad donde aún se percibe la zozobra de los cientos de vecinos y refugiados de las otras comunidades que fueron atacadas del 6 al 11 de mayo pasado con armas de alto poder y artefactos explosivos, que fueron lanzados desde drones, la gente tardó en salir de sus casas para concentrarse en la cancha techada de la Comisaría municipal y recibir las despensas y enseres.
Los representantes de la localidad tuvieron que insistirles mediante altavoces que se concentraran en la Comisaría municipal para que recibiera el apoyo.
Después de casi media hora salieron en su mayoría mujeres y niños, los pocos hombres que hubo en la concentración fueron los de la guardia comunitaria que con toletes al cinto se hacen cargo de la vigilancia en el centro del pueblo.
El resto se encuentran desplegados en las afueras de la comunidad vigilando para mayor seguridad de los pobladores, a pesar de la presencia de 50 soldados del Ejército, agentes de la Guardia Nacional y Policía Estatal que instalaron un destacamento en la Comisaría municipal para la protección del pueblo.

Las agrupaciones nacionales y extranjeras platican con las víctimas para saber qué es lo que quieren y necesitan

La representante del Centro Minerva Bello, Norma Garduño declaró que por la situación de violencia que ha desplazado a comunidades de la Montaña baja, organismos nacionales e internacionales se organizaron “para traerles un poco de ayuda humanitaria”.
Explicó que la idea es resolver, de momento, las cuestiones más básicas, como los alimentos, agua potable, cobijas y juguetes para los niños.
Mientras los integrantes de la caravana y los representantes del pueblo se organizaban para entregar en orden y de manera equitativa la ayuda, una integrante del Centro Minerva Bello organizó juegos y dinámicas con los niños, a quienes se les vio saltar y reír, algunos a carcajadas, tal vez por primera vez después de que cesaron los estruendos de los balazos y las explosiones.
“Sabemos que ya son varios días que han estado fuera de su hogar, y queremos intentar un poco mejorar las condiciones en que se encuentran en su desplazamiento, mientras avanzan las posibilidades y análisis de riesgo y de retorno o de reubicación”, había declarado antes, Norma Garduño, en referencia a las y los desplazados.
Informó que otro de los objetivos de la visita de las agrupaciones nacionales y extranjeras, es platicar con las víctimas para saber qué es lo que quieren y necesitan en las condiciones en que se encuentran.
“Nosotros esperamos que esta caravana de ayuda humanitaria pueda comprometer o estimular a otras organizaciones para que se sumen con más ayuda, sabemos que la situación no es sencilla, además es una zona que ha sido fuertemente violentada y hay ausencia del Estado”, criticó.
Recordó que ya son más de 10 años que este conflicto se da de manera reiterada y cíclica, “y no hay una respuesta pronta, no hemos visto un plan, no solamente para resolver sino para adelantar y prever la reconstrucción del tejido social, la promoción de la paz, y evitar nuevos episodios de desplazamiento”.
La activista declaró que ésta es una zona que tiene muchas necesidades, además, “es altamente marginada, es de población indígena y tiene muchas vulnerabilidades que habría que atender”.
Informó que tras la violencia que detonó en estas comunidades les estuvieron escribiendo para pedirles ayuda, “nos hicieron llamadas y nos hicieron llegar testimonios y esta es la respuesta a este llamado”.
Informó que seguirán recibiendo ayuda, porque hay muchas necesidades; “tenemos entendido que hay zonas totalmente quemadas, y la gente perdió absolutamente todo”.
Insistió en que independientemente de la ayuda y hacer llegar “lo que cada uno disponga en su corazón y en sus posibilidades”, lo que buscan con estas acciones es visibilizar el problema de la violencia en esta zona.

Siguen desaparecidos cinco vecinos de Xicotlán y un comunitario de Alcozacán, Chilapa

Entregan ayer tres cuerpos de personas asesinadas y a pesar de la presencia de soldados, guardias nacionales y policías estatales, los vecinos de Alcozacán y desplazados se dicen inseguros y cercados por el grupo delictivo Los Ardillos

Zacarías Cervantes

Alcozacán, Chilapa

A dos semanas de que detonó la violencia en las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, siguen desaparecidos cinco vecinos de Xicotlán y un policía comunitario de Alcozacán.
Además, hasta ayer fueron entregados tres cuerpos de personas asesinadas en Alcozacán, y, a pesar de la presencia de soldados del Ejército mexicano, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, los vecinos de esta localidad y desplazados se dicen inseguros y cercados por el grupo delictivo que los atacó, Los Ardillos.
El promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia informó que no todos los desplazados se han ido a sus comunidades, porque no ha habido un compromiso claro de los gobiernos federal y estatal en cuanto al apoyo a quienes les destruyeron total o parcialmente sus casas, les quemaron sus cosechas o les mataron a sus animales.
Mendoza Limpia contó que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a construir o a reparar los daños de sus casas, también apoyarlos con los muebles que perdieron, como roperos, refrigeradores, molinos y camas que perdieron, los animales que les mataron o que tienen desaparecidos, “porque muchos se quemaron en el monte donde estaban amarrados”.
El dirigente indígena dijo que este compromiso hasta ayer no se había cumplido y ni siquiera habían recibido una propuesta formal. En estas circunstancias muchos no pueden regresar, insistió.
Por lo pronto, la capilla de Alcozacán y la cancha techada de la Comisaría municipal se han convertido en refugios temporales para los desplazados, porque algunos sólo van a sus casas por el día pero regresan a pernoctar en las noches por temor.
Otros, según Mendoza Limpia, se han ido a otras ciudades del país, incluso a Estados Unidos, en busca de asilo, porque no ven garantías de seguridad aquí.
Reconoció que los gobiernos federal y estatal los están apoyando “poco a poco” con la seguridad en las comunidades.

Aún no pueden ir a Chilapa a comprar porque está el grupo criminal

Los pobladores de las 12 localidades que pertenecen al sistema comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) piden que les den seguridad en Chilapa, a donde todavía no pueden bajar a hacer sus compras de alimentos.
El dirigente contó que los transportistas de la ruta Heycantenango-Chilapa no quieren darles el servicio para que vayan a comprar la canasta básica, o pretenden cobrarles exageradamente de 500 a 700 pesos, según la cantidad de víveres que transporten. Explicó que antes de la violencia, la tarifa era de 60 pesos.
Otra de sus demandas es que vengan los médicos, porque tienen muchos niños con enfermedades, sobre todo de infecciones, vómitos, calenturas o diarreas, “y queremos que sean atendidos aquí en la comunidad, porque no podemos llevarlos a Chilapa o a Chilpancingo”.
“Ustedes están viendo, todavía hay desplazados en Alcozacán, no quieren regresar a sus comunidades porque tienen miedo, otros tienen quemadas sus casas y algunos aunque quieren regresar no saben de qué van a vivir si ya no tienen maíz, frijol, no tienen nada de la canasta básica y no tienen qué comer”.

Piden la detención de los agresores

El representante de la comunidad declaró que la única solución al problema de violencia en la zona es la detención de los agresores, porque la violencia ha sido cíclica desde el 2014. Recordó que en el 2019 les mataron a los 10 músicos de Alcozacán, “y no sabemos si hay detenidos”.
“La única garantía de seguridad, es que se desmantele a ese grupo criminal para que podamos vivir en paz, confiar y andar en libertad, sin miedo, pero de eso (la detención de los agresores) no hemos visto nada”.
Informó que de los ataques ocurridos del 6 al 11 de mayo pasado siguen desaparecidos José Guadalupe Ahuejote Xanteco, Víctor Ahuejote Arribeño, Saturnino BartoloTlalcorral y Benito Tlalcorral, además del policía comunitario de Alcozacán, Florencio Rita Nava, a quien agarraron cerca de Xicotlán, donde se encontraba “defendiendo” a ese pueblo el 10 de mayo.
Informó que ya fue la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) para recoger sus datos, “pero necesitamos que venga el Ministerio Público para que los familiares realicen la denuncia”.
Con respecto a los muertos de Alcozacán son Martín Flores Migueleño, Eusebio Migueleño Zoyateco y Abrahan Jiménez Chautla.
Los tres fueron asesinados el 11 de mayo cuando se intensificaron los ataques en Alcozacán y se encontraban defendiendo la comunidad.
El promotor del Cipog-EZ declaró que a pesar de la presencia de los militares, guardias nacionales y policías estatales, los policías comunitarios van a seguir resguardando y protegiendo a las 12 comunidades que pertenecen al sistema comunitario.
“Vamos a seguir resistiendo como podamos, si el gobierno no nos puede defender, nosotros vamos a defendernos como se pueda o hasta donde podamos, por nuestras familias, para que estén bien”.
En referencia a lo que les pidió el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, que no anden armados en el entorno de su comunidad, respondió que “nos está violentando nuestros derechos, porque estamos puestos por las asambleas de los pueblos. No estamos fuera de la ley, estamos dentro de la Ley 701 de los pueblos indígenas”.
Insistió: “Por nuestros usos y costumbres vanos a seguir resguardando nuestra comunidad, la seguridad del Gobierno que haga su trabajo y nosotros vamos a hacer lo nuestro porque conocemos a nuestra gente y nos conocemos entre todos”.
Del obispo José de Jesús González Hernández y el canciller de la diócesis Jorge Armando Vázquez Rodríguez de que, a veces de víctimas son victimarios, Mendoza Limpia atajó: “yo quisiera que toda esa gente que habla así en contra de la Policía Comunitaria viviera aquí un tiempo y que viera cómo están las cosas, o que anduviera un rato con nosotros para que sintiera lo que se siente y viera de dónde vienen los problemas”.
Indicó: “Esto no es nuevo, los ataques los hemos sufrido desde hace muchos años, nomás que ahora sí lo que vivimos fue terrorismo porque traían todo el equipo; armas de alto poder, metralletas, carros blindados, bombas, drones, y antes nos atacaban con escopetitas y rifles 22, pero hoy fueron armas de alto calibre”, dijo, mientras mostraba cartuchos percutidos de armas AK-47 de las conocidas como Cuernos de Chivo y AR-15.