Denuncian desplazados de la sierra amenazas de un ataque a sus campamentos en Ayutla

Se sienten indefensos porque hace tres meses el gobierno del estado les quitó la vigilancia policiaca. En la comunidad La Libertad viven 30 familias con 45 niños, que se han quedado sin estudiar por la pandemia porque aquí no tienen televisión, ni celulares ni internet ni dinero para comprar paquetes de materiales que les llevan los maestros

Lenin Ocampo Torres

Ayutla

Niños desplazados por la violencia en la sierra de Tierra Caliente se encuentran sin estudiar y bajo la amenaza de que “el grupo armado que los desplazó atacará sus campamentos” en el municipio de Ayutla de los Libres.
En la comunidad La Libertad, donde llegaron en 2013, al menos 20 familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, desde hace una semana han recibido amenazas de que serán atacados en los próximos días, informaron los pobladores.
Mariana Díaz Pérez, una de las desplazadas denunció que el gobierno del estado les quitó las medidas cautelares hace tres meses y retiró a las patrullas de la Policía Estatal que los cuidaban.
Durante una conferencia a medios de comunicación ayer en la comunidad La Libertad, Mariana Díaz reveló que “desde hace una semana las familias han recibido llamadas directas donde les advierten que van a ser atacados”.
Los pobladores no han podido salir de su campamento por el miedo a ser agredidos mientras viajan a la cabecera municipal. Además no han podido vender sus productos de pan que elaboran para tener una entrada económica.
“Pedimos que actúen de manera responsable y eviten que se siga derramando sangre de gente inocente, retiraron a la Policía del Estado desde hace tres meses y ahora estamos expuestos a una nueva agresión”, reclamó Mariana Díaz Pérez.
En este campamento viven 30 familias y muchos de los habitantes son niños en edad escolar de primaria y secundaria que a partir de la pandemia y el nuevo sistema educativo Aprende en Casa 2 se han quedado sin estudiar.
Los niños acudían a la escuela en la comunidad de La Unión, donde caminaban para recibir clases y ahora “no tienen cómo seguir o quién les ayude”.
Aunado a esto, los padres tienen miedo de que sus hijos “sean levantados o agredidos por el grupo que desde hace años los hostiga” mencionó una desplazada.
Los menores tienen que caminar media hora para llegar a la escuela, además la mayoría no cuenta con teléfonos celulares, televisores o dinero para comprar los paquetes que los maestros les están vendiendo en 40 pesos.
Yesenia es una niña que llegó desplazada a los 5 años, ahora tiene 12 y fue la representante de al menos 45 menores para hablar ante los medios.
En su petición exigió a las autoridades que vayan a “darles educación, porque no cuentan con nada para poder seguir con sus estudios”.
En la comunidad hay seis niños que estudian preescolar, 25 de primaria, 11 de secundaria y tres muchachos de preparatoria. Desde febrero sus estudios fueron interrumpidos por la pandemia del Covid-19.
“Nuestros niños necesitan estudiar, necesitamos que las autoridades.rinden el apoyo con la educación de nuestros hijos; no tenemos televisión, servicio de internet, si tuviésemos no tendríamos dinero para adquirir fichas para el teléfono”, expresó Mariana Díaz.
También denunció que a siete años de su desplazamiento forzado el gobierno federal y estatal no ha cumplido con darles condiciones “de una vida digna y con posibilidad de tener trabajo para sostener a sus familias”.
Las familias de La Laguna fueron desplazadas en 2011 y por un tiempo vivieron en la comunidad de Puerto las Ollas, municipio de Petetlán; donde constantemente denunciaron que la familia Montúfar hostigaba a las comunidades de esa parte de la sierra de Guerrero.
En junio del 2013 fueron atacados en ese campamento “por tres sicarios” que fueron abatidos por pobladores y policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En el 2018 fue asesinado en Ayutla Constantino Díaz Pérez, mientras realizaba compras en el centro de ese municipio para arreglar una motosierra.
Actualmente Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, que son parte de esas familias desplazadas, se encuentran presos, “por delitos que les han inventado, son presos políticos los compañeros” explicó María del Carmen Santana, madre de uno de los detenidos.
En la conferencia Hoguer Morales Miranda, del Comité de Apoyo señaló que esas familias están igual que como llegaron en el 2013 a este municipio de la Costa Chica, ahora viven 20 familias, sólo nueve casas les ha construido el gobierno del estado y el resto vive como puede.
“Estas familias son las primeras desplazadas en Guerrero hace ya nueve años y el problema sigue creciendo, ya hay más desplazados en Chilapa, en Chichihualco, aquí mismo en Ayutla; es un problema fuerte a pesar que hay una ley que respalda a los desplazados”.
Los pobladores desplazados no cuentan con tierras para sembrar, trabajan con propietarios de terrenos para que les paguen con la mitad de lo que siembran.
“Aquí se sufre una situación de inseguridad a partir de la semana pasada hay una amenaza de volver a agredir a los compañeros que están en peligro, estamos hablando de adultos, niños y mujeres, exigimos al gobierno que restaure las medidas cautelares para evitar que haya muertes que lamentar” concluyó el integrante del Comité de Apoyo del que también forma parte Gonzalo Molina ex preso político.
El campamento de desplazados de La Libertad se encuentra a 30 minutos de Ayutla de los Libres en dirección a Cruz Grande, en la Costa Chica de y desde hace siete años los pobladores de la La Laguna llegaron luego de que los grupos paramilitares asesinaron a su dirigente, Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana en el 2012.