Se reúne el gobierno con comisarios del Cipog-EZ y ofrece paz; siempre dicen lo mismo: Sixto

En el encuentro estuvieron el subsecretario de Gobernación federal César Yáñez y el subsecretario de Gobierno estatal Francisco Rodríguez. Fue para dar continuidad al diálogo con autoridades comunitarias para lograr “acuerdos que permitan fortalecer la paz, la gobernabilidad y la atención social en la zona”, se difunde en un boletín del gobierno del estado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno se reunieron ayer en Chilapa con comisarios de seis comunidades que pertenecen al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para ofrecerles “una paz duradera, sostenida en el diálogo y la participación de las comunidades”, informó el gobierno estatal en un boletín de prensa.
En tanto que el promotor del Cipog-EZ, Sixto Mendoza Limpia en declaraciones por teléfono a El Sur, después de la reunión dijo que, “siempre nos han dicho lo mismo, pero luego no cumplen, ojalá esta vez sí”.
En su boletín de prensa, el gobierno estatal informó que la Mesa de Diálogo por la Paz se realizó “en cumplimiento al acuerdo establecido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y con el objetivo “de dar seguimiento a la atención integral en el corredor Chilapa-Hueycantenango, en la región Montaña Baja”.
Según el boletín, la reunión fue encabezada en representación de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y por parte del gobierno del estado, por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
Se dijo que en este encuentro se dio continuidad al diálogo con autoridades comunitarias, “a fin de escuchar sus planteamientos, recibir propuestas y avanzar en la construcción de acuerdos que permitan fortalecer la paz, la gobernabilidad y la atención social en la zona”.
Informó que durante la reunión, el subsecretario Yáñez Centeno Cabrera llamó a las comunidades a mantener una relación de confianza con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, “que tengan confianza en nuestras autoridades y que entre todos ayudemos a construir la paz”.
Les dijo a los comisarios que el objetivo del gobierno de México y del gobierno del estado, “no es construir una paz temporal, sino una paz duradera, sostenida en el diálogo, la participación de las comunidades, la presencia institucional y la atención a las causas que generan los conflictos”.
Según el boletín de prensa, el funcionario federal agregó que “no queremos una paz de dos o tres días, ni de una semana. Queremos una paz en serio, a fondo, sin conflicto. Pero para lograrlo se necesita la participación de todos”.
Destacó que la paz no se construye únicamente con presencia de seguridad, sino también con programas sociales, servicios públicos, atención médica y acciones de bienestar impulsadas por el Gobierno de México y acompañadas por el Gobierno del estado.
El subsecretario Rodríguez Cisneros les dijo que el gobierno del estado y el gobierno de México, “estamos aquí para escucharlos, para atender sus planteamientos y para construir soluciones junto con ustedes”.
Dijo que la coordinación entre autoridades federales, estatales, municipales y de las localidades permite avanzar en una atención integral que no sólo atienda la seguridad, sino también las necesidades sociales, de salud, movilidad, servicios y gobernabilidad que han sido planteadas por las comunidades.
Durante la reunión se planteó la instalación de una nueva mesa de trabajo para atender los temas relacionados con las demandas sociales de las comunidades ante el gobierno municipal, con el propósito de canalizar los planteamientos por la vía institucional y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
También participaron el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la 35 Zona Militar, general Juan Ignacio Hernández Velazco; por la Guardia Nacional, el general brigadier Óscar Ponce de León; la fiscal federal de la FGR en Guerrero, Neyra Salgado Miranda; el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma Osuna; el fiscal general del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, y el secretario técnico de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Héctor Ocampo Popoca.
Por parte de los municipios asistieron la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, y el presidente municipal de Tixtla, Alberto Michi Campos, coordinador de las y los alcaldes de la región Centro y Montaña Baja.
Se informó que asistieron comisarios de seis localidades, entre ellos el de Zacapexco, Lorenzo Ramírez Rodríguez.
El promotor del Cipog-EZ, Mendoza Limpia declaró por teléfono que asistieron los comisarios municipales de Zacapexco, Rincón de Chautla, Acahuehuetlán, Buena Vista y Alcozacán.
Declaró que acuerdos y ofrecimientos como los que se hicieron en esa reunión, “siempre se han venido haciendo, pero no se cumple, esperemos que esta vez sí cumplan su palabra”.
El dirigente indígena informó que derivado de la violencia, los comisarios municipales no podían bajar a Chilapa y el día que tomaron protesta todos los comisarios del municipio ellos no acudieron, debido a ello hasta ayer que bajaron con acompañamiento de seguridad tomaron protesta en esta reunión.

Cancela el gobierno resguardo a la Misión
Civil, pero los activistas llegan a Alcozacán

Responsabilizan Tlachinollan y el Cipog-EZ a las autoridades “de cualquier cosa que suceda y ponga en peligro la integridad de la MCO-S”, que estará en la zona hasta el domingo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno cancelaron de última hora el resguardo de seguridad a las organizaciones que forman parte de la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-S), que arribaron la tarde de ayer a Alcozacán para documentar la violencia en las comunidades nahuas del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
En declaraciones por separado, los representantes de las agrupaciones, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, responsabilizaron a las autoridades, “de cualquier cosa que suceda y ponga en peligro la integridad de la MCO-S”, que estarán en la zona hasta el domingo.
En una “alerta urgente”, a las 11 de la mañana de ayer las agrupaciones de la MCO-S denunciaron que la autoridad federal se había comprometido a brindarles acompañamiento en materia de seguridad durante su tránsito hacia el territorio de la Montaña Baja, concretamente a la comunidad de Alcozacán.
Recuerdan que los habitantes de esa localidad “sufrieron ataques del grupo narco-paramilitar Los Ardillos” el 11 de mayo, después de los ataques a las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán en donde las agresiones iniciaron el 6 de mayo.
Refieren que con el objetivo de documentar “las graves violaciones a los derechos humanos y acompañar a las comunidades, se formó una Misión Civil de Observación, conformada por distintas organizaciones nacionales e internacionales, observadores de derechos humanos y periodistas”.
Denuncian que a las 10 de la mañana de ayer, a 40 minutos de llegar a Tlapa, “para encontrarnos con los compañeros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y con las corporaciones del Estado que brindarían el acompañamiento, Jesús Plácido, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), “fue notificado que no habría ningún acompañamiento de alguna corporación de seguridad del estado”.
En su mensaje, que enviaron mediante un video y por escrito, refieren que también fue notificado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, así como los beneficiarios del Mecanismo de Protección a Defensores de derechos humanos y Periodistas.
“El Estado mexicano mintió, pues se había comprometido a acompañar esta Misión, darle protección y que pudiera llegar a Alcozacán a cumplir con sus objetivos”, dice el comunicado de las agrupaciones de la MCO-S.
Agrega: “Por lo tanto, responsabilizamos al Estado mexicano y a sus tres niveles de gobierno por cualquier cosa que suceda y que ponga en peligro la integridad de quienes conforman la Misión Civil de Observación”.
Las organizaciones llamaron a todas las organizaciones nacionales y extranjeras “a denunciar, de acuerdo a sus modos y formas, al Estado criminal y a exigir que se brinden las garantías de seguridad para su llegada con seguridad a la comunidad de Alcozacán”.
Integran la MCO-S el Congreso Nacional Indígena (CNI); la misma MCO-S; Nodho Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Raíces en Resistencia; Juventud Comunista de México; Partido de los Comunistas; Geo-Grafías Comunitarias; Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes; la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y Brújula Roja.
Además, Tlachinollan; Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX; Asamblea Nacional por el Agua y la Vida; Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán; Xochitlanezi del Común; Radio Zapote y Voices in Movement.

Dijeron que no tienen elementos, informa Abel Barrera

Consultado en Chilpancingo, después de un mitin afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que con anticipación Tlachinollan pidió a los gobiernos federal y estatal que apoyaran con el acompañamiento policiaco, “pero dijeron que ahorita todos los cuerpos de seguridad están ocupados y desplegados en el territorio de Alcozacán y no tienen elementos”.
A la una de la tarde advirtió que “con ese riesgo” se trasladarían por la tarde a Alcozacán, “esperemos que las autoridades reaccionen porque sabemos que la situación es muy delicada y se debe dar acompañamiento policial”.
Informó que a esa hora todavía hablaba por teléfono con algunas autoridades para ver si se les podía brindar el acompañamiento policiaco de Tlapa a Alcozacán.
Contó que la caravana es de 25 personas de varias organizaciones y que vienen a documentar la situación de los derechos humanos de las comunidades nahuas de Chilapa, los desplazamientos, los asesinatos y las desapariciones que se dieron del 6 al 11 de mayo.
“Vienen a documentar los casos, pero sobre todo a ser solidarios y a que sepa la gente que no están solos y que se va a pedir la intervención del Gobierno federal y que las instancias internacionales que velan por los derechos humano les brinden medidas de seguridad”.

Buscaban impedir que llegaran a las comunidades atacadas, dice Jesús Plácido

Consultado por teléfono, el promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, denunció que el objetico de la negativa del apoyo para seguridad de los gobiernos federal y estatal a la Misión Civil “es impedirles que lleguen a las comunidades que fueron atacadas”.
Añadió que con eso se demuestra que quieren impedir que se conozca todo lo que sucedió durante los seis días de ataques que sufrieron las comunidades de Tula, Acahuahuetlán, Xicotlán y Alcozacán.
“Está muy claro que el gobierno es cómplice y lo que vaya a ocurrir con la Misión Civil, son responsables los gobiernos federal y estatal”.
Aseguró que la petición de seguridad se hizo de manera formal, pero que incluso les negaron las medidas de protección hasta algunos defensores que tienen medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Por la noche, el promotor del Cipog-EZ, Sixto Mendoza Limpia informó que los integrantes de la Misión llegaron después de las 5 de la tarde, “por lo pronto sin incidentes” y que ayer por la tarde-noche se reunirían internamente con las autoridades de los pueblos.