A 19 años de la masacre de El Charco, llaman sacerdotes a exigir justicia para que no se repita

Marchan 300 vecinos, policías comunitarios y representantes de organizaciones en esa comunidad de Ayutla hasta la escuela atacada a balazos, que ahora es una telesecundaria. Los militares dispararon durante cinco horas para someter a los indígenas, y el mando les dijo que ellos iban a pagar, relata el sobreviviente Efrén Cortés

Lourdes Chávez

El Charco, Ayutla de los Libres

“Todo aquí era sembradíos de caña, y allá hubo una balacera”, –dijo Efrén Cortés Chávez con el brazo extendido a su derecha. Efrén Cortés es uno de los sobrevivientes de la masacre de El Charco que llegaron a conversar con campesinos que recordaron la matanza del 7 de junio de 1998, en la casa donde recibieron a representantes de pueblos y organizaciones.
Ayer, el luchador social habló de manera abierta del grupo armado que pernoctó en un aula de la escuela Primaria Caritino Maldonado hace 19 años, mientras en el salón contiguo dormían decenas de campesinos na savi, muchos de ellos autoridades comunitarias que la tarde anterior habían participado en una reunión del movimiento que promovía la constitución de municipio autónomo.
Señaló que la madrugada del 7 de junio, unos 20 guerrilleros se abrieron paso con balas en la columna de soldados que llegó a emboscarlos. Después, los militares dispararon contra la escuela durante cinco horas para someter a los civiles, y el mando de la tropa de fuerzas especiales les dijo que ellos iban a pagar: “les vamos a dar su chilate con pan”, recuerdan que les dijeron.
El resultado documentado de la masacre durante los siguientes años fue de 11 muertos, 10 na savi y un estudiante universitario, Ricardo Zavala, ejecutados; cinco heridos y 22 detenidos, entre ellos la entonces estudiante universitaria Ericka Zamora Pardo y el propio Efrén Cortés.

La conmemoración

Durante 19 años consecutivos, unos 300 pobladores, policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), y representantes de algunas organizaciones sociales marchan en el poblado hasta la escuela atacada a balazos en El Charco, que ahora alberga la Telesecundaria Rubén Mora Gutiérrez.
Los estudiantes de la secundaria marcharon con sus uniformes, la Policía Comunitaria con la indumentaria verde olivo con negro y sus armas de servicio. Al frente de la columna se distinguieron las mujeres con sus coloridas enahuas y huipiles blancos.
En el último tramo que sube a la primaria, el contingente tomó una vereda de tierra roja para llegar a la cancha de basquetbol techada donde se celebró una misa ecuménica con sacerdotes defensores de derechos humanos invitados.
Los marchistas, evitaron la calle pavimentada que conduce directamente al edificio escolar, que habían caminado en años anteriores.
El ritual se distinguió por el sincretismo de la religiosidad de los pueblos originarios, sintetizado en el altar: un cristo antiguo cubierto y rodeado de collares de flores distintas que dispuso el grupo de varones encargados de las ceremonias.
Ahí, fray Julián Cruzalta Aguirre, que formó parte de la Caravana por la paz, memoria, verdad y justicia –organizada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad–, invitó a los pobladores a no olvidar, a insistir en la demanda de justicia y la reparación del daño a los deudos y sobrevivientes, para otorgar el perdón y después buscar la reconciliación.
Subrayó que no fueron sólo los soldados los que agredieron a los campesinos en El Charco, “fue el Estado”, y aunque algunos llamen terquedad a la exigencia de justicia por un hecho ocurrido hace 19 años, precisó que esta lucha no es por los muertos, sino por las nuevas generaciones, para evitar su repetición.
“Estas montañas son sagradas, son la presencia de Dios en su vida, no olviden, cuando se olvida la historia se repite. Que las niñas y niños aprendan lo que aquí pasó para que no se vuelva a repetir”, dijo para concluir su sermón.
En la celebración litúrgica, el sacerdote anglicano y presidente de la asociación Iglesias por la Paz, Arturo Carrasco se refirió al dolor de los pueblos. “Como pueblo latinoamericano, mexicano y guerrerense, estamos muy acostumbrados a ver al señor crucificado, doliente con su corona de espinas, seguramente porque nos identificamos con él”.
Sin embargo, explicó que el Evangelio habla de la transformación del reino de Dios, de que Cristo no está muerto, “(Dios) está en el pueblo exigiendo justicia”.
Luego de la misa, comenzó un acto político en el que uno de los coordinadores de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso habló de la inseguridad y la incapacidad de las autoridades para garantizar el bienestar social, y ratificó que los pueblos organizados en la CRAC-PC, “no queremos seguridad del gobierno”.
A modo de explicación, dijo que la prensa documenta muertos todos los días, en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente, pese a que el Estado tiene personal y capacidad para combatir el crimen organizado, “pero no lo ha hecho porque falta orden de su jefe, mientras falta orden del jefe, nadie lo va a hacer”.
Aclaró que, independientemente de lo que ocurre en otras partes del estado, la CRAC-PC exige que los gobiernos respeten su territorio, donde se mantiene la paz gracias a la organización de los pueblos. “Al pueblo le ha costado la seguridad, con trabajo, por eso les pido a todos, vamos a organizarnos mejor para seguirnos cuidando a nosotros mismos, porque del gobierno ya no podemos pedir nada, (no se le puede pedir) a quien viene a intimidar, a atropellar nuestros derechos”.
Uno de los vecinos añadió que no hay servicios ni obra pública en sus comunidades, que solicitaron al gobierno estatal la construcción de un edificio para la Telesecundaria que llevan ocho años en operaciones en la vieja escuela primaria Caritino Maldonado, sin resultados.
Los representantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Nicolás Chávez Adame; de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino; y de los Mineros de México, Roberto Hernández, reconocieron la constancia de la lucha en El Charco, y el sobreviviente Efrén Cortés rememoró la masacre.
Las armas, contra la inseguridad, no para la insurrección: Efrén Cortés

Efrén Cortés habló de la discriminación y el racismo “lacerante” que padecía la población indígena en la cabecera municipal hace 40 años, antes de la organización de los pueblos na savi y me’pha,
Desde entonces, dijo los pueblos originarios han dado varias luchas, y el uso que han hecho de las armas sólo ha sido para defenderse ante los problemas de inseguridad, no para la insurrección.
Recordó que hace 19 años había un proyecto de organización en los pueblos de Ayutla para declarar el municipio autónomo de facto, con cabecera en la localidad de La Concordia y que apoyaban todos, sacerdotes, la mayoría de los profesores, la totalidad de las autoridades comunitarias y la población. “No era proyecto armado, sino integral”, precisó.
No obstante, era algo de lo que no se podía hablar después de la masacre del 7 de junio. Dijo que ahora muchos sobrevivientes han muerto, han pasado muchos años, y ya no hay razón para tener miedo.
Recordó la reunión de 200 civiles y una “estructura armada” del naciente Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en la comunidad El Charco, que provocó la emboscada de militares en la primaria Caritino Maldonado.
Abiertamente, reconoció que había un grupo armado que se quedó a dormir en la escuela, y que durante la agresión se abrió paso entre la columna militar para huir. Horas después, los soldados, que sabían que sólo había en el lugar campesinos sin armas, les dijeron “ustedes la van a pagar, les vamos a dar chilate con pan”, repite las palabras que usaron los militares en la matanza.
Denunció que a la fecha, el gobierno no reconoce que cometió graves excesos, “él dice estaban armados, sí –responde para sí mismo–, y nunca se agredió a ninguna base del Ejército, la agresión vino hacia acá cuando estaba el cerco (militar)”.
Consideró que el gobierno nunca temió una insurrección armada, “le tiene miedo a la conciencia y a la organización”.
Convocó a los pobladores a mantener el movimiento por la seguridad en la CRAC-PC que tiene legalidad y respaldo en leyes nacionales e internacionales, un proyecto que no se va a defender con armas, sino con organización; “estas armas (las de los comunitarios) no son armas de combate. No podemos con escopetas enfrentarnos a taques y helicópteros”, indicó.
Señaló la importancia de defender el proyecto comunitario, “porque el gobierno no va a combatir a la delincuencia, porque el régimen está podrido; pónganse a pensar, el gobierno con tanques, cañones, no ha podido solucionar un problema de inseguridad, porque el gobierno es un cáncer en etapa terminal, que no puede con él mismo”.