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AMLO defiende al Ejército y no la verdad y la justicia, dicen padres de los 43 en el Zócalo

Insisten en la exigencia de la entrega inmediata de la información sobre el paradero de sus hijos y rechazan la nueva narrativa oficial sobre los hechos de Iguala Exagera Vidulfo Rosales al comparar el reciente informe con la “verdad histórica”, responde el presidente Difunden el documento Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos que leyó el subsecretario Encinas a los padres Allí se señala solamente a Guerreros Unidos y al alcalde de Iguala como los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Septiembre 27, 2023

AMLO defiende al Ejército y no la verdad y la justicia, dicen padres de los 43 en el Zócalo

 

Insisten en la exigencia de la entrega inmediata de la información sobre el paradero de sus hijos y rechazan la nueva narrativa oficial sobre los hechos de Iguala. Exagera Vidulfo Rosales al comparar el reciente informe con la “verdad histórica”, responde el presidente. Difunden el documento Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos que leyó el subsecretario Encinas a los padres. Allí se señala solamente a Guerreros Unidos y al alcalde de Iguala como los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

 

 

 

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2023. Frente a Palacio Nacional, padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya respondido a su petición de que el Ejército entregue los documentos sobre el paradero de sus hijos, e insistieron en la exigencia de su entrega inmediata.

En un mitin ante más de 5 mil manifestantes, con el que concluyó una marcha con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres acusaron a López Obrador de defender al Ejército, y no a la verdad y la justicia, como se comprometió.

Por medio de su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, las madres y padres manifestaron su rechazo tajante a la narrativa sobre la desaparición de los normalistas que presentó el lunes el actual gobierno, “que no se sustenta en prueba alguna”, e incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica.

Expuso que la nueva narrativa del gobierno reduce la responsabilidad de la desaparición de los normalistas en Iguala a un ámbito local y desestima cualquier participación del Ejército mexicano.

Apoyada en un bastón, la señora Hilda Hernández, madre del desaparecido César Manuel González Hernández, aseguró que han vivido muchas mentiras respecto a las investigaciones para dar con los estudiantes, a pesar de que tenían una luz de esperanza.

“Nosotros queremos decirles que en este camino hemos visto muchas irregularidades, muchas mentiras. Pensábamos que iba a ser diferente, pensábamos que teníamos una luz de esperanza y desgraciadamente no fue así”, señaló.

Agregó que la presente administración busca brindar una nueva versión de los hechos que no comparten los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y recuerdan los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde directamente se señala la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

“Ellos tratan de dar una verdad, una segunda verdad histórica de la cual no estamos de acuerdo. Ahí están los expertos independientes con sus informes y en el último otra vez señalando que fue el Ejército y la Marina. Señalando que falta documentación foliada la cual no han entregado y ellos dicen que ya entregaron todo”, mencionó.

Sobre la entrega total de la información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la señora Hilda calificó esto como una completa mentira, razón por la cual existe molestia y enojo por parte de los padres de familia.

“Eso es una reverenda mentira, por eso estamos molestos, por eso estamos enojados. No puede ser posible que cinco años perdidos otra vez, sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos. No es válido, es injusto, no es posible que sigan protegiendo al Ejército teniendo tanta evidencia”, comentó.

Indicó que los padres y madres de los 43 no son necios y critica que no se haya podido entregar la documentación que previamente habían solicitado, y aclararon que no tienen ningún interés fuera de conocer lo que sucedió con sus hijos.

“No somos necios como el señor presidente dice. No somos necios ni nos hacemos ideas en la cabeza. Hemos sabido leer, no hay necesidad de que el nos diga que leamos, hemos aprendido y tenemos unos grandes equipos. No es posible que no nos pueda entregar esa documentación para saber qué fue lo que le pasó a nuestros muchachos y eso es lo que no entiende esa gente. Nosotros no queremos hacerle ningún daño a ningún partido a ningún color, nos interesa saber de nuestros muchachos”, insistió.

El señor Mario González, padre de César Manuel González, confesó que los padres depositaron confianza en el gobierno del presidente López Obrador y creían en un cambio, particularmente por la instrucción presidencial de otorgar información sobre el caso.

“Depositamos un poquito de esperanza en este gobierno porque creímos que de verdad iba a haber un cambio, porque creímos que al firmar un decreto presidencial íbamos a encontrar a nuestros muchachos, pensamos que firmando todas las instituciones como el general Sandoval, nos iban a entregar las respuestas que hemos anhelado durante tanto tiempo, el paradero de nuestros muchachos”, argumentó.

Aseguró que el Ejército mexicano estaba directamente involucrado con el grupo delictivo Guerreros Unidos, así como con otras organizaciones criminales del estado, y cuestionó las razones por las que no se ha entregado toda la información solicitada.

“Quién sabe a dónde fueron a parar los muchachos, pero aún así quisiéramos saber por qué tanta negación para entregarnos la información. Han de pensar que no sabemos que el Ejército mexicano está involucrado con el crimen organizado, que no sabíamos que el mismo Ejército mexicano le vendía armas a Guerreros Unidos y otros grupos del crimen organizado en Guerrero”, dijo.

Deploró que actualmente quien fue coordinador de la Policía Federal en Guerrero durante la desaparición de los normalistas, Omar García Harfuch, busque ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, además de señalar que tiene nexos con el crimen organizado.

“Él estaba en la carpeta negra, su número y su nombre, del jefe de Guerreros Unidos de Sidronio Casarrubias. Qué es lo que está pasando que en vez de que lo investiguen, todavía lo protegen”, dijo el señor Mario acompañado de gritos de “asesino” entre la multitud cada que mencionaba a García Harfuch.

Por su parte el señor Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, lamentó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que desde su punto de vista, ha faltado a una de sus promesas de campaña.

“Lamentamos que la postura del presidente sea ponerse primero enfrente de esa institución y no primero ante la verdad y la justicia como él prometió en su campaña”, declaró.

Indicó que tanto él como el resto de los padres, no se van a someter ni al gobierno ni al presidente López Obrador, y reiteró que el objetivo prioritario es conocer la verdad de lo que pasó con los jóvenes.

“Nosotros queremos saber la verdad, dónde están nuestros hijos a dónde se los llevó el gobierno. Porque ellos fueron o son los que nos han arrebatado desde el 2014 a nuestros jóvenes y hoy siguen siendo los principales obstaculizadores para poder acceder a la verdad y la justicia”, puntualizó.

De igual forma, exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conocer herramientes legales para hacer frente a la postura gubernamental.

“Invitó también a los organismos defensores de derechos humanos internacionales como la CIDH, la ONU, para que veamos de qué forma podemos enfrentar a este gobierno con los argumentos legales que tenemos porque parece que él no quiere hacer el trabajo del grupo de expertos” dijo.

 

“No exageramos”, responde el abogado Vidulfo Rosales a AMLO

 

El abogado y representante legal de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que no están exagerando al comparar la nueva narrativa expuesta por el gobierno federal con la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, contrario a lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

“No estamos exagerado compañeras, compañeros. No podemos aceptar porque hasta este momento no existe ningún informe objetivo de organismo alguno que corrobore la colución entre los estudiantes y estos grupos delictivos”, afirmó.

Rosales Sierra indicó que les sorprende que en la nueva narrativa se tomen elementos de la llamada verdad histórica, misma que destacó que fue desestimada previamente.

En nombre de los padres y madres, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan planteó “rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presentada por este gobierno. Es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna, es una narrativa que incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica” dijo.

Reiteró que la narrativa comentada reduce la responsabilidad de la desaparición de los normalistas a un ámbito local y desestima cualquier participación que pudo llevar a cabo el Ejército mexicano.

“El presidente le ha dado respaldo a una institución que, de manera criminal, se niegan a dar una información que tiene que ver con el paradero de nuestros 43 compañeros”, señaló.

De igual forma, exigió que se les entregara de manera inmediata la información relacionada con la transcripción de una intervención telefónica donde se da cuenta de que se llevaban a 17 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 a las 10 de la noche.

“Exigimos la entrega inmediata de esa información que puede dar con el paradero de nuestros 43 compañeros, es criminal ocultar una información que puede dilucidar el paradero de por lo menos 17 compañeros, esto no es de un gobierno progresista”, comentó.

 

Estudiantes, organizaciones, normalistas con los padres

 

Encabezada por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, este martes se llevó a cabo la marcha a nueve años de la desaparición de los estudiantes.

Empezó el recorrido en el Ángel de la Independencia, casi a las 5 de la tarde.

Más de 5 mil manifestantes de organizaciones, escuelas normales de todo el país, colectivos de desaparecidos y la sociedad en general, salieron rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Debido a la concentración de personas que se encontraban en avenida Paseo de la Reforma y para brindar mayor protección a los padres, se realizó un cerco con brigadistas, además de un apoyo extra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Durante más de 4 kilómetros del recorrido, se gritaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “justicia”, “Ayotzi vive, la lucha sigue”, además de criticar abiertamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por no dar resolución al caso.

De igual forma, otros grupos señalaban como responsables de la desaparición de los normalistas al ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex procurador Jesús Murillo Karam, el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

La marcha tuvo una parada en el denominado Antimonumento de los 43, en el cruce de Reforma y Bucareli, donde los padres y madres de familia de los desaparecidos realizaron un pase de lista de sus hijos, mencionando cada uno de los nombres a los que se les respondía “presentación con vida”.

La manifestación siguió por la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta el Zócalo.

A pesar de que los manifestantes se mostraron de una manera pacífica durante toda la marcha, cerca de 40 encapuchados pertenecientes al llamado Bloque Negro, buscaron integrarse a la manifestación, pero se les negó incluirse en la misma.

Durante el recorrido, se vio que los integrantes de ese bloque vestidos completamente con prendas negras y que cubrían su rostro, realizaban pintas en camellones, vallas publicitarias y rejas de edificios, concretamente en aquellos que son oficinas públicas.

No obstante que los centros comerciales, bancos, restaurantes, oficinas gubernamentales, tiendas de autoservicio y demás negocios sobre una de las principales avenidas económicas del país, se protegieron con anticipación, los miembros de ese bloque dejaron destrozos en esos lugares.

Tal fue el caso del restaurante Sonora Grill, que se encuentra paralelo al Antimonumento y es al aire libre. A pesar de que existían comensales en el lugar, los encapuchados rompieron vidrios, pantallas y lanzaron piedras al lugar con el argumento de que se trataba de una cadena “racista”.

El Hotel Imperial, en pleno paseo de la Reforma, también quedó con cristales rotos. Misma situación para la plaza WeWork 26, que a pesar de tener una barrera de protección, cayeron piedras en una cafetería de la cadena Tierra Garat.

Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México, durante la celebración del mitin por los nueve años, se escucharon dos detonaciones, mismas que fueron causadas por dos objetos lanzadas sobre la barrera que cubría Palacio Nacional, pero se pidió que se mantuviera la compostura y no pasó a mayores.

Por las pedradas no se reportó ninguna persona afectada y sólo se tuvieron daños materiales. Las pintas con mensajes se dieron desde antes de la marcha, concretamente en la estación del metro Balderas, donde un grupo buscaba utilizar el servicio público pero debido a la saturación del mismo, no les era posible. Al concluir la marcha y el mitin, los padres y los estudiantes regresaron al plantón que mantienen en el Campo Militar Número 1.

 

 

 

 

“Exagera” Vidulfo Rosales al comparar el informe reciente con la Verdad Histórica: AMLO

 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el abogado de los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, exageró al decir que tras la reunión de este lunes en Palacio Nacional, les dieron una postura más cercana a la llamada Verdad Histórica.

“El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista pero no lo comparto, de lo que se dijo aquí fue algo muy similar a la llamada Verdad Histórica, creo que exageró, se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”.

Después de la reunión sostenida este lunes entre los padres con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez además del subsecretario Alejandro Encinas, Vidulfo Rosales mencionó que fue el funcionario quien dio lectura a una narrativa que les acercaba más a la Verdad Histórica que a los más recientes avances en las investigaciones.

“Alejandro Encinas lee una narrativa de donde estamos en este momento. Una narrativa que se acerca más a la Verdad Histórica que a los nuevos hechos. Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único al que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo, fuera de ahí no aparece ningún militar más con responsabilidad”, reveló Vidulfo.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente aceptó que se tienen diferencias con los padres en la entrega de información clave por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), agregando que la institución ya dio toda la información que tienen.

“Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información, tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que no quieren que se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos”.

 

La carta

 

López Obrador proyectó una carta que sería entregada a los padres, incluyendo grabaciones y una relatoría de los hechos. En la carta se tocan cuatro puntos fundamentales: la entrega del informe de la Sedena, la entrega de las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, la relatoría realizada por el gobierno y el compromiso del presidente de mantener los trabajos de investigación.

“Por último, les manifiesto que mantengo convicciones y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida y nunca jamás traicionaré la confianza de ustedes y del pueblo de México”, así finalizó López Obrador la carta a los padres.

En la carta firmada por el mandatario, asegura que la relatoría que dio lectura Alejandro Encinas sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores “se aleja de la llamada Verdad Histórica”. En la conferencia mencionó que al comparar la información presentada por la anterior administración con la presente, hay cambios.

“Por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada versión histórica” leyó en la carta y agregó: “Que es lo que dijo el abogado, que lo que está aquí en la relatoría es muy cercana a la versión de la Verdad Histórica. Entonces ustedes van a leer la Verdad Histórica, seguramente está y van a conocer la relatoría que nosotros presentamos ayer y ustedes, todos, van a tener elementos para tener un criterio. Lo que no queremos es ocultar ninguna información porque si no, se cae la manipulación”, precisó.

López Obrador agrega que en el informe del Ejército “se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano”.

El segundo punto de la carta de López Obrador dice que este 25 de septiembre también se les va a entregar “las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.

En el tercer punto el presidente de México les dice a los padres de los 43: “considero de especial interés el que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos laborado de manera conjunta en el gobierno que represento para ir formulando una idea que, complementada y sustentada con pruebas, nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores, por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada verdad histórica”.

En el cuarto punto, López Obrador les reitera su compromiso de seguir la investigación “hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos”, en coordinación con la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Ayotzinapa y la FGR.

 

La información del Ejército

 

El presidente aseguró que le llamó la atención que los padres no recibieran el informe que estaba preparado por parte del secretario Luis Cresencio Sandoval, además de señalar que el informe se hará público.

“Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe. Porque me entregaron un escrito pidiéndome información de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado y pedí al secretario de Defensa un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe ayer”.

Respecto a la transcripción de una intercepción telefónica realizada por el Ejército el 26 de septiembre de 2014, en el que se indica que se llevaban a 17 jóvenes a las 10 de la noche, el presidente aceptó que recibió el documento por parte del secretario Sandoval y se lo entregó tanto a padres como a los representantes legales.

Incluso aseguró que la entrega de la transcripción generó molestia entre abogados y asesores por el contenido de la misma y los padres buscan tener la grabación, misma que no se tiene pero se está buscando el archivo.

“Ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Eso es lo que hay que ver y estamos investigando, pero existe el documento. Lo que tenemos no lo podemos, ni debemos ocultar, sin embargo, es: ¿a ver, a dónde está la grabación? Pues se está buscando”.

Sobre una falta de jerarquización y de cumplimiento de indicaciones del presidente al Ejército para brindar la información, López Obrador señaló que “yo estoy ordenando las cosas y me hacen caso”.

En lo correspondiente al proceso de extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el presidente López Obrador señaló que ha enviado cartas a dos primeros ministros de Israel y le han respondido que si habrá cooperación.

“También se está buscando que lo envíen. Le he escrito dos cartas a dos primeros ministros de Israel y que sí, que van a ayudar, que van a cooperar, pero son intereses, porque están protegiéndolo. Y es muy lamentable que no se avance en este caso, cuando este señor participó en actos de tortura. Y no puede el gobierno de Israel protegerlo, ningún gobierno puede proteger a un torturador y mucho menos Israel”.

El presidente afirmó que en caso de que su movimiento hubiera ganado en 1988 o en 2006, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa nunca hubiera pasado.

“¿Qué fue lo que produjo lo de Ayotzinapa? El autoritarismo del Estado. Pero antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones y las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos llamaban a no votar por nosotros. Si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido, porque ahora que estamos nosotros no hay masacres, no hay tortura, no hay persecución a nadie”.

 

 

 

 

Guerreros Unidos o el alcalde de Iguala, autores de la desaparición, según la nueva narrativa

 

De acuerdo con la nueva narrativa del gobierno federal, existen tres posibles causales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una de ellas es que el grupo criminal Guerreros Unidos los confundió con su rival Los Rojos, la otra es el escarmiento del alcalde José Luis Abarca por los destrozos en el Palacio Municipal y la otra es “la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados”.

En el documento de 34 páginas, mismo que leyó el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, en reunión con padres y madres de los estudiantes desaparecidos este lunes 25, se afirma que al momento de la desaparición de los estudiantes, Guerreros Unidos “mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red que involucraba a autoridades de los tres niveles de gobierno fue, sin duda, un factor que “facilitó” y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas”.

La narrativa contextualiza la desaparición en la disputa por el trasiego de drogas, “de manera particular había una confrontación entre Los Rojos y Guerreros Unidos derivada del decomiso de un cargamento por parte del Ejército en la Ciudad de Iguala en abril del 2014, conflicto que se agudizó con la toma violenta de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri en el estado de Guerrero por parte de Guerreros Unidos. Razón por la cual, éstos esperaban represalias por parte de Los Rojos”.

A nivel municipal, se señalan los “vínculos” del ex presidente de Iguala, José Luis Abarca, y de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, con Guerreros Unidos, así como los jefes de las policías de estos dos municipios y los de Huitzuco y Tepecoacuilco.

A nivel estatal, Guerreros Unidos pagaba una “cuota” a diversas autoridades de seguridad y ministerial para pasar droga y existen indicios de nexos del ex secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, “a quien se le investiga por permitir el ingreso de elementos de la delincuencia organizada a la corporación policial”.

A nivel federal, se destacan los vínculos de Guerreros Unidos con el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón. Estos elementos, afirma la narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.

El documento dice que contingentes de distintas normales del país iban a partir de Ayotzinapa a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre, para lo cual se necesitaba botear y tomar camiones. “Con antelación a los hechos, la Sedena llevaba un seguimiento de las actividades de los estudiantes de Ayotzinapa; contaba con un elemento infiltrado, Julio César López Patolzin”, uno de los 43 desaparecidos.

La narrativa cronológica del documento empieza a las 11:30 de la mañana del 26 de septiembre de 2014, cuando la Sedena reportó un intento de toma de camiones en Chilpancingo, pero policías estatales y federales no lo permitieron, y los estudiantes regresaron a la Normal de Ayotzinapa.

A las 2:37 de la tarde se le informó al Órgano de Búsqueda de Información (OBI3) de la Sedena “que gente de Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco (uno de los 43 normalistas) primo de El Takia, a quien se ligaba a Los Rojos, llegaría a la Ciudad de Iguala” entre las 7 y las 8 de la noche.

 

Gildardo López, El Gil, dio la orden

 

Luego se narra la salida de Ayotzinapa a Iguala y el arribo de los estudiantes a la Central Camionera, a donde a las 9:09 de la noche llegó un grupo de normalistas a bordo de los camiones 1531 y 1568 para ayudar a sus compañeros encerrados en la unidad 2513 de Costa Line. No se pudieron llevar este último camión, entonces tomaron otros dos de la misma empresa, el 2012 y el 2510, y el 3278 de Estrella Roja.

El documento expone: “Desde el ingreso de los estudiantes a la terminal de autobuses de Iguala, tanto autoridades municipales, como Guerreros Unidos desplegaron un operativo para seguir a los estudiantes y bloquear las salidas y entradas al municipio”. Los reportes indican que las corporaciones de los tres niveles de gobierno “sabían de la presencia y acciones de los normalistas en la ciudad”.

Se señala que entre las 8 y 8:30 de la noche dentro de la organización Guerreros Unidos “se dio la orden de agruparse y alistarse para apoyar a Iguala porque se tenía la creencia que dentro del grupo de estudiantes venían infiltrados gente de Los Rojos”.

El documento continúa con la salida de la central camionera y la persecución de los estudiantes en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, donde fueron bloqueados y atacados por policías municipales.

A las 10:30 de la noche, la policía de Iguala detuvo a los estudiantes a bordo de la unidad 1568 y en el documento se dice que no se sabe por qué sólo a ellos y no a los estudiantes que iban en los autobuses 2012 y y 2510, si los tres camiones iban juntos.

El autobús 1531 fue detenido en el puente de El Chipote y algunos de los estudiantes fueron llevados por policías de Huitzuco hacia este municipio “para que ahí “El Patrón” decidiera sobre su destino”.

El documento señala que, “de acuerdo con diversas declaraciones, Gildardo López Astudillo, El Gil, tuvo conocimiento de los hechos e incluso también dio la instrucción de desaparecer a los estudiantes, con el apoyo de diversas autoridades policiales”.

 

Fueron divididos en tres grupos y trasladados a sitios de nueve municipios de la región donde los asesinaron y desaparecieron

 

Luego afirma: “A partir de los testimonios y el análisis de comunicaciones se tiene conocimiento que los estudiantes detenidos de los autobuses 1568 y 1531 fueron entregados a Guerreros Unidos para su ejecución y desaparición”.

Plantea que “es probable que a los estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco”.

Precisa algunos puntos, como Pueblo Viejo, localidad ubicada al noroeste de Iguala; Río Azul, brazo del Río Balsas en la localidad de Atzcala, Cocula; Loma de Coyotes, localidad de Iguala; Rancho de los Tilos, ubicado al norte de Iguala; Huitzuco; poblado de Coacoyula, Tepecoacuilco; y Barranca de Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula.

En cuanto al homicidio de Julio César Mondragón El Chilango, quien fue desollado, se señala que fueron integrantes de Guerreros Unidos los perpetradores de este crimen para dar un mensaje a Los Rojos, grupo con el que se le relacionó.

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela y Ramón Gracida Gómez/Foto: Cuartoscuro