Asesinan a un segundo político de Morena en Chilapa; ahora fue el regidor Antonio Crespo

El edil era parte del equipo de Tomás Morales Patrón, precandidato a la alcaldía de ese municipio, y quien fue ejecutado la semana pasada. La víctima de ayer capacitaba electoralmente de manera bilingüe a las comunidades nahuas

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El regidor de Morena en Chilapa, Antonio Crespo Bolaños, de 57 años, fue asesinado a balazos la tarde de este martes en la cabecera de este municipio cerca de su domicilio.
Antonio Crespo, fundador de Morena, era parte del equipo de Tomás Morales Patrón, ultimado a tiros la semana pasada, el 12 de marzo.
El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, declaró que en Chilapa se ha desatado una “campaña de terror” en contra de los aspirantes y promotores de Morena y que el único partido que puede hacer campaña es el PRI.
De acuerdo con fuentes del partido, minutos antes de las 3 de la tarde el edil caminaba por la avenida Municipio Libre, unas de las principales de la ciudad, cuando sujetos armados se le acercaron y le dispararon a quemarropa sobre abdomen y pecho. Su cuerpo quedó tendido boca abajo en una banqueta.
El regidor concluía su jornada en el Ayuntamiento de Chilapa, y se dirigía a su domicilio, ubicado en la calle 4 Oriente, de la colonia San José. El crimen ocurrió a unos metros de llegar a su casa.
No se conocen detalles de reportes de la policía ni de la Fiscalía debido a que en este y otros municipios de Guerrero se ha restringido la información oficial. Chilapa es una región a punto de ser silenciada por las organizaciones criminales al margen de las autoridades locales.
Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en un escueto comunicado afirmó que inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio por arma de fuego cometido en agravio de Antonio N.
El regidor era originario de la comunidad de Tepozonalco. Fue militante activo del PRD y fundador de Morena en esa zona nahua de la Montaña baja.
Al momento de su asesinato realizaba tareas de capacitación en lengua náhuatl a representantes de casilla en comunidades del municipio. Los fines de semana realizaba proselitismo a favor de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.
El edil era parte del equipo de Tomás Morales Patrón, precandidato a la alcaldía de Chilapa y capacitador del Instituto Nacional de Formación Política de Morena en el distrito federal 06 con sede en Chilapa.
La noche del martes 12 de marzo, Tomás Morales regresaba de capacitar a militantes y simpatizantes de Morena en las comunidades de Macuixcatlán y Cuadrilla Nueva de Chilapa, cuando fue asesinado por al menos dos disparos de arma de fuego afuera de su domicilio.
Consultados políticos de Morena coincidieron que Toñito, como era conocido, recorría de manera permanente las comunidades de Chilapa, sobre todo donde le solicitaban apoyo.
Fue militante activo de la izquierda electoral desde el primer y único trienio que ha gobernado el PRD en Chilapa de 2002 a 2005 en el periodo del académico Maclovio Ariza Acevedo.
Las fuentes afirmaron que muchos aspirantes no se registraron a una precandidatura a cargos de elección por los escenarios de terror que se venían venir en Chilapa como cada tres años.
Además del desamparo de su partido y de las autoridades de todos los niveles, así como la falta de garantías de seguridad.
Y que su labor ha sido desde el activismo en favor de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
El terror como amenaza

El dirigente estatal y diputado local, Jacinto González Varona, dijo que el municipio de Chilapa es un foco rojo para Morena en el presente proceso electoral.
Expresó que el regidor Crespo capacitaba electoralmente de manera bilingüe a las comunidades nahuas del municipio.
Consideró que asesinarlo es un mensaje claro para que ya no se sigan movilizando sus compañeros de Morena
Y afirmó que su precandidata única a la alcaldía de Chilapa, Paula Angelica Miranda Silva, ex candidata a diputada federal y ex delegada regional de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, le ha dicho que no ha recibido ninguna amenaza pero que se le prestará seguridad federal para su campaña.
Desde junio pasado en Guerrero han sido asesinados Jesús González Ríos, dirigente en Copala del PVEM; Humberto Enoc del Valle Zuñiga, esposo de Zulma Carbajal, aspirante de Morena a la alcaldía de Iguala; Ricardo Taja Ramírez, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Acapulco.
Jaime Damaso Solís, dirigente del PAN en Zitlala; Marcelino Ruíz Esteban, ex alcalde de Atlixtac, y su esposa, la consejera estatal del PRD, Guadalupe Guzmán Cano. El aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, en la Costa Grande de Guerrero, Alfredo González Díaz; y el aspirante a la alcaldía de Chilapa, Tomás Morales Patrón.

 

Por unanimidad, el Congreso emite la convocatoria para designar nuevo fiscal

La inacción de Valdovinos ante el asesinato del normalista Yanqui Kothan puso en riesgo la paz social, dice el oficio enviado por la gobernadora a los diputados. “Generó “una situación de impunidad”, agrega

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó por unanimidad, con 39 votos, la convocatoria para seleccionar y designar al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero. En la misma sesión que dio vista a los diputados locales del oficio que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a Sandra Luz Valdovinos Salmerón para notificarle la remoción en su cargo.
En la carta enviada por la gobernadora a Valdovinos, le señala a la ahora ex servidora pública que incumplió con las obligaciones y responsabilidades inherentes a su cargo, a pesar del riesgo de la paz social y de las instituciones estatales, en el contexto del asesinato del normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta
“Usted debió haber actuado conforme a derecho, sin embargo su inacción ha generado una situación e impunidad en la labor de la FGE de Guerrero”.
De manera extraoficial se habló de una posible ilegalidad en la aprobación de la convocatoria el mismo día que inicia el plazo constitucional de diez días para que las dos terceras partes del Congreso puedan objetar dicha remoción, pero en las reuniones previas llamaron a aprobar el proyecto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En entrevista, la presidenta de la Jucopo, Citlali Calixto Jiménez, explicó que la prioridad del poder Legislativo era hacer el seguimiento de la remoción que hizo la gobernadora. Tampoco hubo objeción individual ni de alguna fracción parlamentaria sobre la decisión de la titular del poder Ejecutivo, y ante la ausencia de la fiscal se aprobó la nueva convocatoria.
Así, dijo que se formalizó que el Congreso no va a restituir a la ex fiscal de Guerrero, “hasta este momento, digamos, deja sin posibilidad de que ella pueda volver a la titularidad”.
Pese a la exigencia de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y de la madre del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado por policías estatales este 7 de marzo, para que no haya nombramientos de militares en los mandos de seguridad pública y de impartición de justicia, Calixto Jiménez declaró que no se les puede limitar el derecho a que se inscriban.
Sin embargo, agregó que “ese será otro proceso dada las circunstancias y el cabildeo que se haga al interior del Congreso”, donde se van a recibir las solicitudes, enviar una lista de 10 aspirantes elegibles a la gobernadora, de donde ella escogerá a tres que después serán entrevistados por la Jucopo, todo en un plazo de hasta 20 días para realizar la designación a más tardar el 9 o 10 de abril.
De acuerdo con la convocatoria, las solicitudes de aspirantes se recibirán a partir de hoy miércoles 20 de marzo al viernes 22, en un horario de 9 a 3 de la tarde en la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Señala nueve requisitos: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos 30 años cumplidos; gozar de buena reputación y no ser condenado por algún delito que amerite prisión; contar con conocimientos especializados y con experiencia debidamente comprobada; no ser ministro religioso ni haber sido titular de dependencia, entidad o organismos públicos estatal o municipal o representante popular durante dos años previos a la designación, tampoco dirigente de partidos políticos tres años antes de la designación.
El 23 de diciembre de 2021, el Congreso del estado sometió a votación a la terna de aspirantes que eligió la gobernadora Evelyn Salgado para designar entonces a la fiscal del estado: Anacleta López Vega, hoy encargada de la Secretaría General de Gobierno (SSG); Ludwig Marcial Reynoso Núñez ex secretario de la SSG, en la crisis social del asesinato del normalista de Ayotzinapa, y José Luis Gallegos Peralta. Ninguno alcanzó la votación requerida.
El 28 de diciembre de ese año el Congreso avaló la designación de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos.

“No se sometió a examen de evaluación y confianza”

El primer asunto de la sesión ordinaria, la Mesa Directiva leyó el oficio por el cual Evelyn Salgado Pineda removió a Sandra Luz Valdovinos Salmerón como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En él, la gobernadora señala que la ex servidora pública incumplió con obligaciones y responsabilidades inherentes a su cargo, a pesar del riesgo de la paz social y de las instituciones estatales, en el contexto del asesinato del normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta.
Reveló que la ex fiscal omitió someterse al proceso de evaluación y confianza, obligado para los servidores públicos de manera periódica.
“La confianza y la integridad son valores importantes para el adecuado desempeño de la FGE, la falta de controles de confianza vigentes no sólo vulnera la credibilidad de la institución que usted representa, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, generando un grave deterioro en la legitimidad de nuestras instituciones, lo que configura causa grave en perjuicio del interés público”.
En cuanto a su gestión en el cargo, Salgado Pineda concluyó que fue inconsistente con la obligaciones y responsabilidades que su cargo demanda, y “preocupa que fundamente su falta de apego a lo dispuesto en los artículos del Código de procedimientos penales, que se traduce en una grave omisión en un caso de trascendencia nacional”.
Se refirió al asesinato del joven normalista de Ayotzinapa, por policías estatales, donde asegura que los policías estatales involucrados fueron presentados ante el Ministerio Público para declarar y que se iniciara una carpeta de investigación de los hechos, y no se ordenó la detención conducente en casos urgentes, tras la verificación del hecho en flagrancia.
“Usted debió haber actuado conforme a derecho, sin embargo su inacción ha generado una situación e impunidad en la labor de la FGE de Guerrero”.
Denunció además una deficiente procuración de justicia durante su mandato, “ya que ha sido incapaz de reducir los índices delictivos, y de lograr avances significativos en la resolución de casos de alto impacto, y contribuye a la percepción de impunidad en la sociedad”.

Pide el SUSPEG destituir a funcionarios de Valdovinos

La sección séptima del SUSPEG convocó a a los trabajadores de la Fiscalía General del Estado a una marcha para este miércole que iniciará en el zócalo de Chilpancingo.
En una convocatoria firmada por la secretaria general Ana Jazmín Acosta González, se indica que la marcha es porque no tienen la certeza de la remoción de Sandra Luz Valdovinos.
También se dice que exigirán la destitución de todos sus funcionarios por “las represalias tomadas en contra de la base trabajadora de dicha institución”.

Renuncia el encargado de la FGE; no tiene la edad mínima para ese puesto, argumenta

Gabriel Alejandro Hernández fue vicefiscal de Investigación del equipo de la destituida Valdovinos. Estuvo sólo seis días al frente del despacho. Entra al relevo el vicefiscal de Prevención y Seguimiento Gustavo Romero Rosas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El vicefiscal de Investigación con funciones de encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, presentó ayer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su renuncia “con carácter de irrevocable”, con el argumento de que no cuenta con la edad mínima requerida para encabezar ese órgano autónomo.
Mediante oficio de fecha 19 de marzo, que circuló anoche, Hernández Mendoza argumenta que “después de haber servido de una forma objetiva, honrada, transparente y profesional dentro del ejercicio de mis funciones, el día de hoy con satisfacción de haber cumplido con el deber que se me confirió, presento mi renuncia con carácter de irrevocable como Vicefiscal de Investigación con funciones de Encargado de Despacho”.
Hernández había asumido el cargo el viernes pasado, cuando se presentó ya como encargado de despacho ante la Mesa de Coordi-nación para la Construcción de la Paz donde convergen las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
El artículo 111 de la Constitu-ción local establece una edad mínima de 30 años entre los requisitos para ser fiscal, y Hernández Mendoza tiene 28 años.
“En este sentido y con una profunda tristeza me separo de mis funciones convencido de que la decisión tomada favorecerá a esta institución y al Estado de Guerrero”, dice en su documento.
Explica que conforme al reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía “corresponde suplir en excusas y ausencias al Vicefiscal de Prevención y Seguimiento”.
Después de las 10 de la noche, el gobierno del estado confirmó en un comunicado la renuncia del vicefiscal Hernández Mendoza y que con base a al artículo 144 de la Ley Orgánica de la FGE corresponde al vicefiscal de Prevención y Seguimiento Gustavo Romero Rosas asumir la titularidad como encargado de ese órgano autónomo.
La grave crisis por la que pasa la FGE se inició el jueves pasado cuando la gobernadora Salgado Pineda anunció la notificación de la remoción del cargo a la fiscal general Sandra Luz Valdovinos, derivado de las irregularidades en el caso del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Durante las primeras horas después del anuncio de la gobernadora, la fiscal se rebeló y advirtió en un comunicado que agotaría el proceso administrativo y que haría valer sus derechos ante el Congreso local.
Sin embargo, a partir del viernes, asumió como encargado de despacho el vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza en sustitución de Valdovinos Salmerón, y cinco días después ha presentado su renuncia a la gobernadora.

 

Vinculan a proceso a dos policías por el asesinato de Kothan; muestran uso excesivo de fuerza letal

En el juzgado federal la FGR presenta videos de las cámaras del C-4 como prueba del ataque. Los agentes imputados argumentan “legítima defensa” pues sostienen que los estudiantes dispararon primero, pero las pruebas indican que no hubo agresión de los normalistas a los policías. Se sigue investigando el paradero del tercer uniformado que está prófugo, informa el padre Filiberto Velázquez. Se abre periodo de cinco meses para la investigación complementaria

 

Ramón Gracida Gómez

Los dos policías estatales detenidos por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Peralta Gómez fueron vinculados a proceso en la audiencia que se llevó a cabo este martes, en la que se presentaron 34 medios de prueba, pero el fundamental es el video del C-4 que se reprodujo y demuestra el “uso excesivo de la letalidad”.
En declaraciones después de la audiencia en los juzgados federales ubicados en la Zona Diamante de Acapulco, la defensa de la víctima informó que son cinco meses de investigación complementaria, y que la sentencia pudiera ser de más de 30 años. Los policías imputados argumentan que el homicidio del estudiante de la Normal de Ayotzinapa fue por “legítima defensa” porque los normalistas dispararon primero.
La audiencia comenzó a la una de la tarde, pero los dos abogados de la familia de Yanqui Kothan entraron antes del mediodía y no asistió su mamá, Lilia Vianey Gómez.
Uno de los defensores, quien omitió su nombre, salió a declarar a reporteros a las 8:30 de la noche junto con el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, sacerdote Filiberto Velázquez.
El padre resaltó que se logró la vinculación a proceso de los dos agentes implicados y la Fiscalía General de la República (FGR) sigue investigando el paradero del tercer policía, que está prófugo.
Precisó que fueron presentados 34 medios de prueba para procesar a los policías estatales como presuntos responsables de los delitos de homicidio doloso y tentativa de homicidio contra Yanqui Kothan, y los dos estudiantes que sobrevivieron.
Indicó que la defensa quiso desvincular a los policías de este hecho argumentando legítima defensa, “pero las pruebas demuestran que nunca hubo ninguna agresión de los jóvenes hacia los policías. Fue por eso que se alargó un poco esto”. Se establecieron cinco meses para la investigación complementaria.
Luego intervino uno de los abogados del Centro Minerva Bello, quien dijo varias ocasiones que no podía dar información porque son “datos sensibles”, la primera vez fue por la pregunta de si se comprobó la siembra del arma y las drogas a los normalistas, y después por la implicación del coordinador del Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro, Pedro Castro Muñoz, y la presencia de una camioneta militar.
Indicó que los dos policías estatales, Sigifredo “N” y Francisco “N”, tienen prisión preventiva en la cárcel de Acapulco.
Dijo que la prueba “contundente” y “fundamental” es el video del C-4 porque “se demuestra que los policías en su forma de actuar no respetaron su protocolo de actuación, y hubo uso excesivo de, digamos, de letalidad, con respecto a la cuestión de las armas de fuego que utilizaron”.
Explicó que lo que sigue es aportar más medios de prueba, “seguir robusteciendo la investigación, seguir, sobre todo, colaborando a las víctimas directas e indirectas de todo este proceso tan difícil. Es un ambiente álgido, desgastante, sobre todo en lo emocional, pero que a través de todas las instituciones han concurrido, sobre todo, a fortalecer este proceso de investigación, a apoyar a las víctimas”. Hizo un llamado a la justicia, la reparación de daño y el esclarecimiento de la verdad.
Indicó que la sentencia pudiera ser de “más de 30 años de prisión, pero eso todavía está por definirse, seguimos el curso de la integración del expediente, aportando algunos medios de prueba que tal vez aún no han sido considerados y en su defecto, ellos tienen la oportunidad de ejercer una defensa”.
Los policías estatales “no aceptaron y no van aceptar hasta que lo declare un juez competente a través de una sentencia” porque siguen argumentando que los normalistas dispararon.
Pero el abogado reiteró que “la prueba fundamental fue el video y creo que tanto la defensa, como la Fiscalía, nosotros como asesores de víctimas, sugerimos que se reprodujera y a la luz de ese tenor, el juez sacó sus conclusiones, además del fortalecimiento que tenían los medios de prueba convincentes que se establecieron dentro del expediente penal”.
El director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, llegó a las 7 de la noche en una camioneta blanca y antes de entrar a los juzgados federales fue abordado por los reporteros.
Respecto a la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Filiberto Velázquez declaró que es “algo mínimo que el estado se comprometió hacer y es conducente. Lo que sí nos preocupa no es tanto la remoción, sino la continuidad de militares en este puesto”.
Calificó de “bueno” que una funcionaria civil, Jesús Castro Gutiérrez, fuera designada como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero le preocupa que el puesto sea ocupado por otro mando militar.
Dijo que sobre los hechos del 7 marzo, además de la cámara de C-4, están los videos de un hotel y otros negocios y casas. En total serían cuatro videos solicitados como pruebas y son “contundentes” porque “los disparos son de afuera hacia adentro”. El vehículo en el que iban los normalistas tiene cuatro impactos.
“Esperemos que esto permita ventilar, abrir las ventanas de una institución que ha sido de alguna manera corrupta, que no ha dado resultados en cuestión de prevención de violencia”, continuó.
Al mediodía, unos 70 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se manifestaron afuera de los juzgados. Con micrófono en mano, un estudiante dijo que los abogados de la familia de Kothan buscan justicia por medios legales, pero que ellos se manifestaban para “hacer presión y que este caso no quede impune, que este caso se resuelva honorablemente”.
Además de los policías implicados en el asesinato del joven normalista, exigió que “sean investigados todos los funcionarios públicos que tuvieron participación directa e indirecta en los hechos del 7 de marzo”.
Asimismo, pidió que los gobiernos estatal y federal investiguen “por qué hubo tanta omisión en el caso durante más de una semana y que a la fecha no hay detenidos aún. Por qué esa complicidad, por qué esa tardanza en dar con los responsables si son parte del mismo gobierno”, dijo en referencia a los funcionarios que renunciaron, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, la fiscal destituida Sandra Luz Valdovinos, además del policía fugado que presuntamente disparó la bala a la cabeza del estudiante asesinado.
Aseveró que el gobierno “tiene muchos intereses que está cuidando, por eso se están tardando tanto, por eso no han querido encontrar culpables, por eso se les fugó, porque ellos mismos lo están protegiendo, no quieren que se sepa toda la verdad, que no haya fuga de información”.
Indicó que los policías implicados saben quién les ordenó “asesinar al compañero, saben qué intereses están buscando, qué intereses están defendiendo, por eso se están tardando tanto”.
Señaló que los gobiernos de todos los partidos han reprimido a los normalistas de Ayotzinapa, “no hay a cuál irle y en las campañas se van adornar de flores, van a decir que son lo mejor de lo mejor; sin embargo, en los hechos, está demostrado que solamente defienden los intereses de una oligarquía nacional e internacional, defienden el saqueo”.
Recordó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para decir que se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos “porque piensan que van a seguir en la impunidad. Sin embargo, ésta no es la ocasión, vamos a seguir presionando a este Poder Judicial de la Federación que tiene el caso del compañero para que este hecho pueda ser aclarado, buscando de manera favorable encontrar justicia para el compañero y para su familia”.
Otro estudiante señaló que el asesinato de Yanqui Kothan es una muestra del “abuso de poder” del gobierno y cuestionó que no se vayan en contra de los narcos.
Después de los discursos, los normalistas, todos tapados de la cara, entonaron el himno socialista Venceremos con el puño izquierdo en alto y luego se fueron de los juzgados federales en los autobuses de línea Estrella de Oro en los que llegaron.
Yanqui Kothan Peralta Gómez fue asesinado la noche del 7 de marzo en Chilpancingo. Horas después, el gobierno del estado dijo que los policías fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta con reporte de robo, en la que encontraron drogas y un arma. El viernes 8 el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió esa versión pero el lunes 11 cambió y dijo que fue un “abuso de autoridad”.
La FGR atrajo el caso y la primera audiencia se llevó a cabo el jueves pasado 14 de marzo, en las que se dictó prisión preventiva por homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio a los dos policías estatales.