Ataca la CNDH al GIEI y exonera al Ejército del caso de los 43 de Ayotzinapa

El grupo de expertos manejó una narrativa sensacionalista para responsabilizar a los militares de la desaparición de los normalistas, dice el organismo en una nueva recomendación a siete dependencias y organismos federales, a cuatro estatales entre ellos el gobierno de Guerrero y a seis gobiernos municipales. Propone la reparación integral del daño

Chilpancingo, Guerrero, 10 de julio de 2026. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026 relacionada con los ataques ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014 a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, y la desaparición de 43 de ellos, en la que propone prioritariamente, la reparación integral del daño.

Entre los aspectos más notables en el texto de 800 páginas están la exoneración del Ejército de la desaparición de los 43 normalistas y los hechos de violencia contra otros más, y las críticas y descalificación del trabajo del Grupo Interdisciplinrio de Expertos Indepenientes (GIEI).

En esta segunda recomendación, la CNDH determinó “violaciones graves a los derechos humanos”, como el derecho a la libertad, a la integridad física, y a la vida, y da un vuelco a los informes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y del GIEI, en los que, según la nueva opinión del organismo, se promovió una “antiverdad” para alimentar “el sensacionalismo” y generar la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército.

La CNDH envía la nueva Recomendación a siete dependencias y organismos del gobierno federal, incluyendo a la Fiscalía General de la República, la Secretaria de Gobernación y la de Educacoión Pública, pero en ningún momento señala como responsable al Ejéricto.

También considera como responsables a cuatro instancias estatales, como el gobierno de Guerrero, y a seis municipales.

Sobre el Ejército, los padres de los 43 han insistido en que se investigue su implicación en la desaparición de los normalistas, a partir de indicios y pruebas, e insisten en que el Ejército entregue más de 800 folios que tiene en su poder y la institución armada se ha negado. Al respecto, en la nueva recomendación, la CNDH dice que sí hubo presencia de efectivos del Ejército en las calles de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, como en el Hospital Cristina, pero sostiene que “no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de contrainsurgencia”.

Sólo reconoce que habría omisiones o conductas individuales de miembros del Ejército, por lo que habría 20 militares bajo proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

En las críticas al GIEI, la nueva recomendación de la CNDH consideara que las aportaciones del grupo de expertos en la búsqueda de los estudiantes fueron prácticamente nulas, que utilizó una narrativa “sensacionalista” sobre  la participación de  autoridades de diferentes niveles, y miembros del Ejército, marinos, policías, autoridades locales y estatales, órganos de inteligencia.

La CNDH consideró que el GIEI se empeñó en la existencia de una “conspiración militar” que vigiló minuto a minuto los pasos de los normalistas y de que la Sedena se dedicó a obstruir la información, y la Comisión Nacional descalifica esta versión.

Según la CNDH el GIEI se dedicó a crear “narrativas”, comunicados y conferencias de prensa, en los que “se empeñó en demostrar la responsabilidad del Ejército”, lo cual según el organismo  nacional, no pudo lograr.

La nueva Recomendación “reivindicatoria de la lucha de las víctimas directas e indirectas del caso Iguala, y de las deficientes investigaciones”, emitida el 2 de julio, va dirigida a diversas autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipales, a las que exige una “justicia integral”.

La CNDH indica en un comunicado emitido ayer, que la elaboración de una nueva Recomendación, fue un acuerdo del 27 de enero del 2020 en un encuentro de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, con integrantes del Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Se revisó la primera Recomendación,  15VG/2018, que se emitió en la anterior administración, porque tenía conclusiones contradictorias, revictimizaba a los estudiantes, y confirmaban la cuestionada ‘verdad histórica’ fabricada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Los 800 folios del Ejército

Según el organismo, se incorpora en el nuevo documento la información de los 800 folios que los padres de los 43 están reclamando a la Sedena.

Sin embargo, aclara que únicamente existen 10 archivos correspondientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, que son los que contienen “única y exclusivamente información relacionada con el caso Ayotzinapa”.

La CNDH explica que la respuesta de la Sedena implica que los más de 800 números de folio incluidos en la solicitud no corresponden a documentos del CRFI, “sino a una numeración consecutiva de registros de la mesa de control del 27 Batallón de Infantería, y argumenta que, en ese periodo, el CRFI aún no contaba con un sistema de registro propio.

Las nuevas recomendaciones

La Recomendación 208VG/2026 está dirigida a la Covaj; a  la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR); a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

Además, a la Fiscalía General del Estado (FGE); a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP); a la Secretaría de Seguridad Pública estatal; así como a los ayuntamientos de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan, y Tepecoacuilco, y no se incluye a la Sedena, a la que los padres han exigido insistentemente la información de los 800 folios.

“Este nuevo instrumento recomendatorio plantea la necesidad de fortalecer una atención nacional y soberana del caso, que convoque a las autoridades, a todas, de la mano con las víctimas, a formar un frente común para brindar una respuesta conjunta e institucionalmente articulada frente a la gravedad, complejidad y dimensión humana del caso”, plantea el documento.

En su primera recomendación pide a la Covaj que, en coadyuvancia con la UEILCA y el Gobierno de Guerrero verifiquen con la CEAV la inscripción en el Registro Nacional de Victimas (RENAVI) de todas las personas víctimas directas e indirectas derivadas de los hechos de la presente recomendación, y de aquellas que no lo estén, hacerlo de manera inmediata; “lo que incluye, previo consentimiento, el acceso a las medidas de reparación integral adecuadas, que incluyan la atención médica, psicológica y/o tanatológica, por personal profesional especializado, acorde con su condición de salud, atendiendo a su edad, usos y costumbres y especificidades de género, de forma continua hasta que alcancen la sanación física, psíquica y emocional”.

Pide que la atención sea gratuita, “de forma inmediata y en un lugar accesible, a través de información previa, clara y suficiente”.

La segunda Recomendación a la Covaj, es apoyar y supervisar el cumplimiento de las medidas de reparación integral que sean realizadas por la CEAV para todas las víctimas, sin excepción, así como la asesoría técnico jurídica especializada conforme a la Ley General de Víctimas, para que éstas tengan las herramientas adecuadas para acceder a las medidas de compensación idóneas, que les permitan construir y/o reconstruir un proyecto de vida.

La tercera Recomendación es para la misma Covaj, pero también para la UEILCA, la FGR, la CNB y para la CEBP de Guerrero a fin de que informen a la CNDH las mejoras de las políticas públicas para la atención a las víctimas de desaparición forzada, así como los avances en específico en el plan de búsqueda de los 40 normalistas desaparecidos (las madres y padres siguen considerando a 43), “que incluyan agotar de manera integral, ordenada y sistemática todas las búsquedas posibles, con los más altos estándares de derechos humanos”.

La cuarta petición a la Covaj, es que coadyuve con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que se concrete un plan general de rescate y fortalecimiento de las escuelas normales rurales del país, “sin condicionantes limitativas y respetando su autonomía y modelo educativo, garantizándoles un presupuesto progresivo y suficiente para cubrir las necesidades de habilitación, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, acordes a su organización interna y al sistema de internado”.

En la quinta recomendación, pide a la Covaj que contribuya en el futuro a la debida gestión de una iniciativa ante el Congreso de la Unión para mejorar la Ley General de Archivos, que garantice el manejo y preservación de los documentos relacionados con temas de derechos humanos.

En la sexta, pide a la Covaj y a la UEILCA, en coadyuvancia con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR reactivar el trámite para la extradición de AR-1 y AR-7 en el diálogo bilateral con las autoridades Estados Unidos.

En la séptima recomendación pide a la UEILCA generar un plan de investigación que agote, a la brevedad, todas las líneas posibles, pendientes, abandonadas y/o no abordadas a la fecha, como la posible colusión de autoridades y elementos policiacos de Guerrero, y de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan, Tepecoacuilco y Coacoyula, con miembros de la delincuencia organizada, y el consecuente tráfico de drogas en la región, así como el trasiego a través de autobuses hacia los Estados Unidos, “línea de investigación de circunstancias que pudieron haber influido de manera determinante en el desencadenamiento de los hechos y su posterior encubrimiento”.

En la octava recomendación a la Covaj, recomienda retirar de las redes sociales y medios de comunicación “los señalamientos incriminatorios y las narrativas infamantes e imágenes explícitas post mortem del estudiante normalista V44, lo cual vulnera su dignidad y lo revictimiza al igual que a sus familiares directos”.

Al Gobierno de Guerrero y a los presidentes municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan, y Tepecoacuilco, así como a sus respectivas secretarías de Seguridad Pública, les pide en su recomendación novena, implementen, dentro del término de tres meses contados a partir de la aceptación de la recomendación, un programa amplio de formación continua y de profesionalización en materia de derechos humanos y cultura de la paz.

En la décima recomienda a las mismas autoridades que designen a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que se desempeñe como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento oportuno de la Recomendación.

Redacción y Zacarías Cervantes/Foto: Archivo