Atención a problema de desplazados, la Sierra
y comunitarios, pide Astudillo a Alfonso Durazo

Se reúne el gobernador en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad Pública federal, encuentro al que asisten también los titulares de la Sedena, Semar y la Fiscalía

 

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió por más de dos horas con el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, a quien le planteó temas concretos como las policías comunitarias, los desplazados y las zonas más conflictivas en cuanto a inseguridad, siembra y trasiego de drogas.
La reunión de este jueves se celebró en la Ciudad de México y participaron el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y el encargado de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, a quienes se les pidió el apoyo aéreo y la llegada de la Guardia Nacional.
En su cuenta oficial de twitter, Astudillo Flores difundió fotografías del encuentro que acompañó con breves mensajes en los que se leía: “en esta importante reunión, revisamos indicadores y coincidimos en que aun cuando hay una disminución de casi el 13 por ciento en algunos delitos, es importante dar continuidad a la estrategia de seguridad y seguir trabajando en favor de los guerrerenses siempre con el apoyo del gobierno federal”.
También reconoció el interés mostrado en el tema de seguridad en Guerrero por lo que agradeció a la Semar y la organización de Alfonso Durazo al programar el encuentro en el que se discutieron las urgencias de seguridad para el estado.
A través de un boletín de prensa se explicó que en la reunión se analizaron las zonas identificadas donde el problema de la inseguridad es una prioridad, como es en La Sierra y Petatlán.
Ante estos dos temas solicitó el apoyo aéreo para atender de manera especial la zona que así lo requiera, además de señalar que la siembra y el trasiego de drogas en el estado son factor importante que influye en el desplazamiento de familias, por lo que hay que darle un tratamiento diferente y adecuado a este fenómeno.
En el encuentro insistió en la necesidad de revisar el tema de las policías comunitarias que operan en el estado para que éstas no “sigan estás corporaciones actuando al margen de la ley”.
El ejecutivo presentó la propuesta de su gobierno para la construcción del Centro de Control (C5) es necesaria para un estado como Guerrero que tiene problemas de seguridad, por lo que requiere de un sistema avanzado como éste.
A pesar de informarse que se acordó tener otra reunión para dar seguimiento a los acuerdos tomados y ver en detalle lo de la Guardia Nacional en el estado, no se detalló sobre la posible fecha.
Astudillo Flores, quien llegó a esta reunión acompañado del encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Perfecto Beltrán Noverola y el fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, destacó que el caso de Guerrero requiere un plan específico de acuerdo a sus necesidades y circunstancias en este rubro.

Dos batallones del Ejército darán seguridad al regreso a clases en Acapulco y Chilapa, anuncian

La Coordinación para la Justicia y la Paz de Guerrero informó que dos batallones del Ejército darán seguridad en el regreso a clases en Acapulco y en Chilapa, ambas ciudades con escuelas bajo el acoso de grupos criminales.
En un boletín de prensa se informó que dos batallones se asignarán a los dos municipios para las operaciones de seguridad para el regreso a clases.
En diciembre del año que concluyó en Acapulco y Chilapa se registraron extorsiones a maestros por grupos del crimen organizado, por lo que se adelantaron clases en escuelas como medida de seguridad para sus trabajadores y alumnos.
En el caso de Chilapa desde el 19 de diciembre dos comunidades de ese municipio se mantienen sitiados por un grupo del crimen organizado identificado como Los Ardillos, y desde hace más de una semana el Ejército intentó ingresar a la zona.
En el boletín difundido por el gobierno del estado se detalla que el general de brigada y comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Francisco Terán Valle informó al secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame la determinación de la instalación de los dos batallones.
En el caso de Acapulco donde la última semana se agudizaron los hechos de violencia en la zona turística y suburbana los operativos serán coordinados por la Secretaría de Marina, mientras que en el caso de Chilapa participará como refuerzo la Policía del Estado.
En el boletín no se detalla el número de soldados que participarán en la actividad y para cuándo estarían llegando al municipio de Chilapa o cuándo entrarían en funciones en Acapulco. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Por incapacidad de las autoridades de dar seguridad, los ataques a sitios de taxis y a choferes, señalan líderesç

Argenis Salmerón

Líderes de taxis coincidieron que los ataques a 14 sitios ocurridos en 2018 y los 100 choferes asesinados en Acapulco, se deben a la incapacida de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Por separado y vía telefónica, los dirigentes reclamaron que el gobierno del estado no apoya a los familiares de las víctimas, y pidieron que se asegure a los choferes para que éstas no queden desamparadas.
El presidente de la Organización de Permisionarios del Transporte del Estado de Guerrero (Optraeg), Ruperto Rodríguez González, que aglutina taxis colectivos amarillos y taxis blancos que transitan en la zona suburbana, lamentó el aumento de asesinatos a choferes de taxis en 2018.
Reclamó que por la falta de seguridad de los órdenes de gobierno es el repunte de crímenes en el gremio de 2017 a 2018. Dijo que espera que la cifra se reduzca este año.
Criticó que las autoridades ni antes ni después ayudan a la familia del chofer asesinado, “quedan desamparadas, si mucho reciben ayuda de sus compañeros, ni para el ataúd les dan”.
Rodríguez González indicó que la mayoría de los choferes no están involucrados en la delincuencia organizada, “todos los choferes van a ganarse en pan de cada día”.
Solicitó al gobierno del estado una póliza de seguro de vida para los choferes, y patrullajes constantes de los policías en los sitios de taxis para evitar hechos violentos, pues aseguró que “el único beneficio que tiene los choferes es una bala perdida”.
Por su parte, el presidente de la Organización de Transportistas 27 de Octubre del Estado de Guerrero, inegrado por taxis rojos, colectivos amarillos y foráneos, Jorge Díaz Perdomo, opinó que la violencia en el gremio se debe a la falta de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Exigió al gobierno del estado dar un apoyo a los familiares de los choferes asesinados, incluso podría otorgar una concesión, “la familia queda desamparada, debería tener una ayuda”.
Puntualizó que los choferes de su organización tienen sus propias medidas de seguridad para evitar un incidente.
El Sur publicó este jueves que en 2018, en Acapulco 14 sitios del transporte público fueron atacados a balazos, lo que dejó como saldo 100 choferes asesinados, mientras que en 2017 hubo 47 homicidios de trabajadores del volante.
Las víctimas de 2018 fueron choferes de taxis azul y blanco, de colectivos, de ruta alimentadora, de Urvan y de camiones urbanos.
En el 2017 hubo 47 choferes asesinados, y de ellos el 80 por ciento fueron taxistas acribillados a balazos, con torniquete, desmembrados, e incluso quemados adentro de sus automóviles.

Exigen dirigentes que el gobierno estatal asegure a los transportistas para que sus familias no queden desamparadas

 

Sostenida, la violencia en el estado desde 2011; se registran más de 2 mil homicidios cada año

En los datos de la Segob en ese año hubo 2 mil 158 casos, en 2012 y 2017, 2 mil 310, las cifras más altas en siete años. Según la última actualización de los datos oficiales se reportaron 2 mil 54 homicidios dolosos de enero a noviembre de 2018, que son un 3 por ciento menos de las investigaciones registradas en el mismo periodo de 2017. Marzo es el mes con más asesinados el año pasado

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los altos índices de violencia son sostenidos en Guerrero de 2011 a 2018, considerando que en siete de ocho años hubo más de 2 mil averiguaciones previas o carpetas de investigación por homicidio, de acuerdo con la estadística histórica de homicidios dolosos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Muchos de los eventos del último año tuvieron un fuerte impacto en la prensa, como el ataque a la Cruz Roja en San Juan Tenería durante una acción humanitaria, los enfrentamientos de dos días de la Policía Comunitaria de Teloloapan y la Tecampanera contra la Familia Michoacana, y los asesinatos políticos antes de las elecciones.
En el país el Estado de México pasó la cifra de 2 mil homicidios hasta 2014, y tiene alrededor de 40 puntos menos que Guerrero en la tasa del delito por cada 100 mil habitantes (12.4).
Baja California superó este registro en 2017, y ahora encabeza la incidencia de homicidios dolosos en el país con una tasa de 70.73 delitos cada cien mil habitantes.
En 2011 en Guerrero se registraron 2 mil 158 casos de homicidio dolosos, en 2012 como en 2017 fueron 2 mil 310 averiguaciones previas y carpetas de investigación, las cifras más altas a la fecha. En 2013 fue de 2 mil 87, en 2014 la incidencia se redujo a mil 514 casos, en 2015 subió a 2 mil 16, y en 2016 a 2 mil 2013. La tasa actual del delito es de 56.66 casos.
De 1997 a 2010 el registro más alto de homicidio dolosos en Guerrero fue precisamente el 2010: mil 500 casos, y el más bajo, en 2004 con 539.
Según la última actualización de los datos oficiales, en la entidad se reportaron 2 mil 54 homicidios dolosos de enero a noviembre de 2018, que son un 3 por ciento menos de las investigaciones registradas en el mismo periodo de 2017.

Casos de alto impacto

El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló la disminución (mínima) en homicidios en la entidad, pero reconoció el alto impacto que generan la percepción de que la violencia va en aumento.
Por ejemplo, el asesinato del turista suizo en Acapulco en un supuesto asalto donde su esposa resultó herida. Él adulto mayor fue atacado con arma punzo cortante la madrugada del 27 de diciembre en su casa a una cuadra de la Costera en Acapulco.
El ataque a balazos del presunto Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra un grupo de la Cruz Roja custodiado por policías estatales en la comunidad de San Juan Tenería, en las inmediaciones de Taxco y el Estado de México, cuando llegaron a entregar víveres y cobertores para el frío, el 18 de noviembre.
Ahí mataron a balazos a tres policías estatales, un voluntario de la Cruz Roja y resultaron heridos nueve vecinos de la localidad.
Octubre comenzó con el hallazgo de cinco cuerpos desmembrados envueltos en bolsas negras dentro de una camioneta en el estacionamiento del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo. Una mujer asesinada y un hombre decapitado en Acapulco, ataques a balazos a una casa habitación y a un automóvil en hechos distintos.
Además de un hombre ejecutado a balazos en el fraccionamiento Campestre de Chilapa, otro en el Zócalo de San Jerónimo, la cabecera del municipio de Benito Juárez, y dos en la glorieta de la Fuente del Sol en el bulevar Paseo Zihuatanejo.
Concluyó con el reporte de una emboscada a policías federales en Petatlán, donde uno de los oficiales murió, entre otros.
El 17 y 18 de octubre se denunciaron enfrentamientos de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan contra presuntos sicarios de La Familia Michoacana en los límites del municipio de Teloloapan con Ixcapuzalco e Ixcateopan de Cuauhtémoc, con cuatro muertos y dos heridos, según los reportes oficiales.
Además hubo protestas de vecinos que cerraron la carretera federal a Ciudad Altamirano para denunciar secuestros masivos durante un mes entre los municipios de Teloloapan, Ixcateopan e Ixcapuzalco atribuidos a La Familia Michoacana, y para exigir seguridad a una Base de Operaciones Mixtas, y la detención de los líderes de la delincuencia organizada.
El 5 de septiembre un grupo del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) irrumpió en la comunidad de La Laguna en la sierra del municipio de Eduardo Neri (Zumpango), y mataron a un policía acreditable de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) e hirieron a cuatro más: dos de la Acreditable de Operaciones y dos de la Estatal Rural.
La autodenominada Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo argumentó que antes, durante 15 días fueron secuestrados dos profesores y cinco comerciantes en la zona.
La tensión en este territorio se mantuvo varios días y obligó a la suspensión de servicios de salud y educación.
Según los reportes, el 9 de ese mes hubo otro ataque de civiles armados en poblaciones de Eduardo Neri y Leonardo Bravo con un muerto.
El 21 de septiembre ocurrió otra balacera en El Ranchito, municipio de Leonardo Bravo, donde un vendedor de verduras y su acompañante fueron asesinados y una camioneta incendiada.
Aunque son constantes en el año, en agosto hay varios registros de agresiones a policías y militares, entre estos destacan el del 12 de ese mes, en un enfrentamiento a balazos entre soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala con presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana en la comunidad de Simatel, del municipio de Ixcateopan, con un soldado y un civil armado heridos.
El 23, policías estatales e integrantes de la autodefensa de Petaquillas autodenominada Policía Comunitaria o Rural se enfrentaron en la carretera federal México-Acapulco cerca de esa comunidad, con un saldo de dos civiles muertos y un policía estatal herido.
En Acapulco el 14 de agosto hubo un ataque a policías municipales, donde oficiales mataron a un hombre, el 20 de agosto cinco policías estatales, entre ellos su coordinador, fueron heridos de bala en una emboscada en el poblado de La Venta.
En julio El Sur documentó en Acapulco el homicidio de dos comandantes de la Policía Municipal, un coordinador de la Policía Investigadora Ministerial y un ex policía vial, un hijo de un comandante ministerial, tres policías estatales, un agente federal, un escolta de un diputado y un militar retirado.
Ese mes se informó de un enfrentamiento con nueve muertos en El Durazno, en la parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, donde luego se supo que uno de los fallecidos fue ex candidato del PRI a presidente municipal de ese municipio, Francisco Chávez Araujo. El caso es curioso si se toma en cuenta que en la región de Tierra Caliente son pocas las investigaciones de homicidio, según el registro de la Secretaría de Gobernación.
También hubo ataques contra choferes y urnas del transporte público de Chilpancingo a Chilapa, que suspendieron el servicio una semana luego que el 26 de julio, cuando fueron incendiadas dos unidades por sicarios que asesinaron a tiros a los conductores.

Ocho asesinatos políticos

En mayo hubo tres asesinatos de aspirantes a cargos de elección, de un colaborador político, del hijo de un magistrado electoral local y un trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE).
El 3 de mayo un comando acribilló al secretario particular del entonces alcalde priista con licencia del municipio de Cuajinicuilapa Constantino García Cisneros, Elías Damián Rodríguez, y el 8 fue hallado muerto el candidato del PRI a la diputación local por el distrito 17 y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza.
La noche de ese día se informó de una emboscada a soldados del 34 Batallón de Infantería del Ejército cuando acudieron al rancho de la familia Montúfar en el pueblo Monte Grande, municipio de Coyuca de Catalán, a atender un llamado ante la presencia de hombres armados que se habían llevado al caporal, y tres soldados fueron asesinados.
El 28 de mayo asesinaron a tiros en Chilapa a la promotora del PRI aspirante a diputada local, Paula Gutiérrez Morales. Un día después el coordinador regional de la Policía Investigadora Ministerial, Wenceslao Elizalde Zempoalteca fue asesinado en Alpoyeca, y un policía ministerial resultó herido cuando investigaba el crimen del supervisor del INE, Jorge Nájera García, ocurrido el 20 de mayo.
El 31 de mayo también fue asesinado el candidato a regidor en San Marcos, Rodrigo Salado Agatón.
A estos se suman los asesinatos del 21 y 25 de febrero, de las precandidatas del PRD y del PRI a la diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Anayely Rebaja Pedro, y del encargado de la estructura electoral del PRD, Jorge Luis Vargas Díaz, dentro de la casa de campaña del candidato a alcalde de Chilapa por el PRD, Antonio Hernández Godínez, el 28 de junio.
El 12 de abril el ex dirigente municipal de Morena, Ricardo Bravo Lázaro y el 2 de marzo el coordinador de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zihuatanejo y precandidato a la alcaldía por el PRD, Homero Bravo Espino.

Diez ejecutados en Zihuatanejo

En otro tema, en Zihuatanejo el 17 de abril 10 civiles fueron asesinados en un presunto ataque a Policías Estatales en la comunidad El Coacoyul, y seis policías estatales en una emboscada en Las Mesillas.
En dos hechos implicaron a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG): El primero el 16 de abril una mujer embaraza y su hija de seis años fueron muertas a balazos, y otra niña de cuatro años quedó herida, se habrían llevado a un policía de la UPOEG cuando iban en una camioneta a la comunidad de Tejocote, municipio de Chilpancingo, y el 25, otro policía de esa organizaron fue asesinado en la capital.
El 4 de marzo la base de la UPOEG en Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, fue atacada con granadas, con un saldo de dos heridos, uno de la organización que ha ampliado su influencia de Costa Chica, Centro, Montaña y región Norte y Costa Grande.
Marzo es el mes con más homicidios registrados en la entidad (205, seguido de 2014 en enero), entre estos homicidios cuentan varios casos de mujeres.
El 5 febrero fueron asesinados los sacerdotes Germaín Muñiz García de Apango e Iván Añorve de la Arquidiócesis de Acapulco, cuando regresaban de un viaje de Juliantla, en la carretera a Taxco, al final del año el gobierno estatal vinculó el caso con los responsables del atentado en San Juan Tenería.
El 23 de enero se dio cuenta del feminicidio de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, aunque sería registrado de manera independiente a los homicidios dolosos en la estadística del Secretariado de Seguridad Pública de la Segob, su cuerpo fue encontrado desmembrado y cocinado en un restaurante propiedad de su expareja.