“Aberrante”, la decisión de despenalizar el aborto, señalan los obispos de Guerrero

Reprochan que el Congreso “no tomó en cuenta las voces, no pocas, que se oponían a esta reforma”. “Eliminar un ser humano es asesinar. El primer derecho que tenemos los seres humanos es que no nos maten”, sostienen en una declaración pública. Anuncian que convocarán a agentes pastorales para asesorar a las mujeres y que no tomen la decisión de abortar

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El arzobispo de Acapulco y los obispos de Chilpancingo-Chilapa, Ciudad Altamirano y Tlapa, que integran la provincia eclesiástica, reprocharon ayer en un pronunciamiento conjunto que los diputados no tomaron en cuenta las voces que se opusieron a la reforma que despenaliza el aborto, a la que califican de “aberrante” y de contenido “poco cuerdo”.
Ante ello, convocan a los agentes de pastoral, a una “planeación y compromiso que nos lleve al encuentro de los hermanos en las periferias y en los nuevos areópagos donde podamos exponer la verdad con toda libertad”.
“No fueron tomadas en cuenta las voces, no pocas, que se oponían a esta reforma con argumentos basados en la razón y en la ciencia”, sostienen en su documento en el que expresan su reconocimiento a las personas que han orado por los legisladores y se han manifestado públicamente “con el fin de que nuestras leyes defiendan la vida de cada ser humano, desde su inicio en el momento de la concepción hasta su fin en la muerte natural”.
El documento firmado por el arzobispo de Acapulco Leopoldo González González, y por los obispos de las diócesis Chilpancingo-Chilapa José de Jesús González Hernández; el de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta, y el de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga, reconocen por igual a los legisladores “que mantuvieron en alto el valor de la dignidad humana”.
Refieren que el hecho de que una ley permita a las mujeres embarazadas abortar hasta las 12 semanas de gestación de ninguna manera cambia el hecho de que se trata de la eliminación de un ser humano, niño o niña.
Consideran “aberrante” y “no cuerdo” que con doce semanas y un día “ese niño o esa niña sí tengan derecho a vivir y con doce semanas menos un día no lo tengan”.
Sostienen: “Eliminar un ser humano es asesinar. El primer derecho que tenemos los seres humanos es que no nos maten. Es un derecho que se convierte en obligación universal: ‘No matarás’, y añaden que la autoridad tiene la grave responsabilidad de hacer valer ese mandato de ley natural”.
Recuerdan que el catecismo de la Iglesia Católica dice: “La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios”.
El arzobispo y los tres obispos argumentan que la ciencia dice que empezamos a existir desde el momento en que fuimos concebidos y que el “nuevo viviente, que se forma en el momento de la concepción, al que se le da el nombre de cigoto, es ciertamente humano, tiene el genoma humano, y es un viviente humano diferente a cualquier otro, parecido a sus padres y hermanos, pero diferente”.
Explican que a los 18 días de la gestación el corazón ya bombea sangre por sus venas; a las cinco semanas aparecen nariz, mejillas y dedos; a las seis semanas tiene esqueleto, riñones, estómago e hígado funcionando; a las siete semanas su cerebro produce ondas propias y cuenta con ojos, lengua y labios, y a las diez semanas puede parpadear y reaccionar a ruidos”.
Subrayan que así, “ese ser humano que fue concebido continuará su proceso de maduración y llegará el momento de su nacimiento, luego se convertirá en un infante y después en un adolescente, un joven, un adulto y un anciano”.
Y sostienen que el derecho a vivir que cada uno tenemos ahora, en la etapa de desarrollo en que nos encontramos, “ese mismo derecho lo teníamos al ser concebidos. Es el mismo derecho que tiene todo ser humano desde recién concebido”.
Distan que el artículo primero de nuestra Constitución al garantizar la igualdad de todo individuo, expresamente prohíbe cualquier discriminación motivada por la edad. “A todos nos resulta claro que nadie puede ser asesinado por no tener una semana más de existencia”.
Advierten que precisamente porque es una cuestión sobre el valor de la persona humana, “no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión” porque este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. Nos es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana”, reprochan los clérigos.
Aseguran que muchos especialistas coinciden en afirmar que la mujer no desea abortar, porque el aborto es una violencia muy grande también contra ella misma: contra su cuerpo, contra sus instintos primarios, contra sus sentimientos y emociones”.
Consideran que si la mujer fue víctima de una violación “se trata de una muy grave injusticia y ciertamente la impunidad en nada ayuda”, pero que en estos casos se debe cuidar de la mamá para cuidar del niño o la niña recién concebidos.
“Nuestro deber como pastores seguirá siendo el mismo en la propagación del Evangelio de la vida proclamado por Jesucristo, nuestro Salvador: la vida es un don de Dios y deberá ser cuidado y protegido por la familia y la comunidad humana”.
Refieren que en la Iglesia seguirán evangelizando al pueblo de Dios “conforme a la verdad revelada y testimoniada por la comunidad eclesial, aun en medio de situaciones adversas”.
Destacan: “Este paso legislativo nos urge, a todos los agentes de pastoral, a una planeación y compromiso que nos lleve al encuentro de los hermanos en las periferias y en los nuevos areópagos donde podamos exponer la verdad con toda libertad”.
Dicen que ante ello se proponen crear en las parroquias, centros de acompañamiento a la mujer embarazada, sobre todo para la que se ve empujada a abortar por diversas razones. “Darle la mano sin condenarla y con caridad fraterna ofrecer los medios indispensables para que el nuevo ser nazca en un ambiente de amor”.
Asimismo, anuncian impulsar la Pastoral de la Vida, organizando los equipos parroquiales desde donde se impulsen consultorios pro-vida, siendo la misma parroquia el primer medio de contención para evitar los abortos inducidos.
Además, proponen que desde catequesis infantil, de adolescentes y juvenil, ofrecer el conocimiento que da la ciencia, la razón y el catecismo, para valorar y respetar la vida humana desde su inicio en la concepción hasta su fin con la muerte natural.
También implementar en los cursillos de formación prematrimonial los temas referentes a la concepción y gestación de los nuevos seres humanos como bendición de Dios para los esposos y la familia, “y otras iniciativas que podrán proponer la Comisión de Familia, Vida, Juventud, Adolescentes y Laicos de la Provincia”.
Concluyen que van a continuar con mayor ímpetu y compromiso la tarea evangelizadora como lo pide el Proyecto Global de Pastoral “haciendo más bella nuestra casita sagrada”.

 

La despenalización del aborto es general; plazo de 12 semanas es para que el Estado lo garantice

Después de ese periodo sólo es permitido por las excluyentes de responsabilidad, cuando el embarazo sea producto de una violación, sin que sea obligatorio presentar una denuncia penal, o que la mujer corra riesgo en su vida, precisa la diputada morenista Beatriz Mojica

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El dictamen de reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal aprobado por el pleno del Congreso local el martes, despenaliza la interrupción del embarazo en general, con lo que se deja de criminalizar a la mujer por tomar esta decisión; sin embargo, se mantiene el delito de aborto para imponer sanciones a quien practique sin el consentimiento un aborto a una mujer.
La secretaria de la Comisión de Justicia, Beatriz Mojica Morga, de Morena, explicó que la temporalidad de 12 semanas de gestación para realizar este procedimiento se estableció porque en ese plazo será responsabilidad del Estado el garantizar este derecho a las mujeres de interrumpir su embarazo.
Fuera de ese tiempo sólo será responsabilidad del Estado cuando se trate de enfermedades congénitas, en casos de violación, cuando esté en riesgo la vida de la madre o porque en las primeras 12 semanas una autoridad le haya negado ese derecho.
“Después de las 12 semanas, sólo es permitido por las excluyentes de responsabilidad”, dijo Mojica Morga en referencia cuando el embarazo sea producto de una violación, sin que sea obligatorio presentar una denuncia penal; también cuando “de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación a su salud o esté en riesgo su vida, situación que deberá asentarse en el dictamen que emita el médico que la asista”.
Otras de las excluyentes establecidas en el Código Penal son cuando existan “alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada”; cuando “sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada” y “se acredite por cualquier medio que alguna autoridad le hubiese negado a la mujer embarazada la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro de las primeras doce semanas de la gestación”.

Cualquier mujer puede decidir sin riesgo de penalidad

En todos estos casos, cualquier mujer podrá interrumpir su embarazo sin penalidad; la morenista explicó “en todo momento, se despenaliza la decisión de la mujer, no está criminalizada la mujer, sin embargo, el acompañamiento del Estado, los servicios de salud tanto públicos como privados será hasta las 12 semanas que es la temporalidad promedio que existe a nivel mundial”.
En el artículo segundo transitorio del dictamen aprobado por el pleno, también se establece: “En un período máximo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado de Guerrero armonizará, conforme a las disposiciones del presente Decreto, la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero”.
Mojica Morga explicó que se revisará si hay adecuaciones que se tengan que hacer a la Ley de Salud, o en algunas otras legislaciones para hacer efectivas las reformas en el Código Penal y garantizar el derecho de las mujeres de no continuar con un embarazo.
Comentó que no se prevé un impacto económico para el Estado al ser procedimientos que se realizan en el sector salud, porque hay una alta incidencia de abortos espontáneos y es un tema que ya han revisado con la Secretaría de Salud.
Además de que apuntó que “no se espera una gran incidencia” porque han revisado las estadísticas en otros estados en los que se aprobó la interrupción legal del embarazo y que en ninguno se han generado altos índices de interrupciones.
Además no se debe prejuzgar “a las mujeres, una cosa es que se quite de la ley y otra que las mujeres por voluntad van a ir en masas a las clínicas a practicarse un aborto… no es una decisión que las mujeres tomen de la noche a la mañana”.
De los señalamientos de los grupos provida respecto a que las mujeres abortarán “hasta horas antes del parto”, Mojica Morga consideró que esos son “argumentos malicioso, porque cualquier aborto después de cierto tiempo es muy riesgoso para la mujer, difícilmente una mujer tomará una decisión así después de las 12 semanas”.

Los cambios

La Comisión de Justicia en su argumentación, para las reformas al artículo 155 del Código Penal que habla del aborto con consentimiento en el que se estableció: “A quien practique el aborto a una mujer transcurridas las doce semanas de embarazo, con consentimiento de ésta, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, con excepción de las excluyentes de responsabilidad”. Apunta que la periodicidad a la primera etapa de la gestación, se establece en congruencia al criterio establecido por la Corte.
Y que por eso “se adiciona la precisión de que, en el tipo del delito que nos ocupa, se sancionará una vez transcurridas las primeras doce semanas del embarazo”. La comisión también apunta que hace “constar lo que la SCJN considera en relación con la fijación de la temporalidad en que puede ser llevado a cabo un procedimiento de interrupción del embarazo como parte del ejercicio del derecho a decidir”.
Los diputados argumentaron en el dictamen que también la SCJN considera que “éste debe ser razonable, es decir que su diseño legislativo no debe anular o volver inejercitable la citada prerrogativa, pero también debe considerar –ineludiblemente– el incremento paulatino en el valor del proceso de gestación”.
Este artículo antes de la reforma establecía que “a quien hiciere abortar a una mujer con consentimiento de ésta, se le impondrán de uno a tres años de prisión”, y lo aprobado el martes por el pleno dice: “A quien practique el aborto a una mujer transcurridas las doce semanas de embarazo, con consentimiento de ésta, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, con excepción de las excluyentes de responsabilidad”.
Mientras que en el artículo 156 del Código Penal también se establece: “A quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, en cualquier momento del embarazo, se le impondrán de tres a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral se impondrán de seis a nueve años de prisión”.

Habrá reformas a ley del sector Salud tras la despenalización del aborto: secretaria

“La obligación de la Secretaría es plasmar sus obligaciones en las reformas que se tengan que hacer”, dice Aidé Ibarez, quien se reúne ayer con alcaldes de la Costa Chica para tratar el tema de salud materna

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro, dejó ver que habrá nuevas reformas a la ley en el sector como consecuencia de despenalización del aborto.
La funcionaria se reunió ayer en Ometepec con presidentes municipales en la Sala de usos múltiples de la Jurisdicción Sanitaria 06 de Costa Chica, sobre salud materna.
En su mensaje, al que se tuvo acceso en audio, recalcó que la dependencia va a garantizar las dos decisiones: continuar o interrumpir un embarazo, sin entrar en detalle de su opinión sobre el proceso.
Tal vez, por las muertes maternas en el estado que también son un problema de salud. En lo que va de 2022, hay 15 decesos registrados, de los cuales, ocho ocurrieron en la Secretaría de Salud Estatal, según el último informe semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas, de la Secretaría de Salud federal.
Al comienzo de su mensaje, Ibarez Castro señaló que “ayer (martes) se despenalizó el aborto, pero nosotros, el sector Salud va a responder para la atención de los cuidados de la vida, y la atención para que no haya secuelas de los cuidados que nosotros brindamos a la mujer”.
Recalcó que “la atención a las mujeres que acepten su embarazo, y para las mujeres que tengan alguna otra decisión, si es que no lo aceptan, garantizarles la vía a las dos decisiones es nuestra obligación, y nosotros lo vamos a hacer, porque cada mujer que no acepte su embarazo la tenemos que seguir protegiendo en salud, tanto física, mental, para que se integre a la sociedad de manera funcional”.
Agregó que la mujer que acepte su embarazo “también nuestra obligación es llevar a término ese proceso de que llega un nuevo ser humano a nuestra comunidad”.
Añadió que en este proceso, la obligación de la Secretaría es plasmar sus obligaciones “en las reformas que se tengan que hacer”.
Insistió en que el personal médico cumplirá con su compromiso “de atender y salvar vidas. Las Leyes y normas en que nos basamos en salvar vida, en mejorar, en reintegrar a las personas a la sociedad”.
Subrayó que no quería que las autoridades pensaran que la dependencia promueve “una cosa o la otra”, sobre el aborto, sólo enfatizó que van a cumplir como médicos, ante la urgencia, en la atencion, ante la necesidad que tengas, una mujer o cualquier ser humano”.

Estrategias para reducir muertes maternas

Con un boletín de la reunión con 13 alcaldes de la región, la dependencia informó que la Secretaría va a implementar estrategias para reducir las muertes maternas, mediante entornos cómodos y controlados que favorezcan un trabajo de parto fisiológico, el apego inmediato y el inicio temprano de la lactancia de las mujeres embarazadas.
Aseguró que se fortalece el sistema de salud con entornos que favorezcan el control prenatal, monitoreo y detección oportuna de factores de riesgo o predisponentes en la atención y generar corresponsabilidad en materia de salud, entre la comunidad y los servicios de salud, a través de redes de apoyo.

La reforma, un logro para el avance de los derechos de las mujeres: Inmujeres

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) celebró que el Congreso de Guerrero aprobó la despenalización del aborto, que calificaron como un “logro en el avance de sus derechos” de las guerrerenses.
A través de un mensaje en twitter, Inmujeres celebró que Guerrero se haya convertido en el octavo estado de la República en aprobar estas reformas “que dicen sí a la despenalización del aborto” y felicitaron a las mujeres de Guerrero “por este logro en el avance de sus derechos”
En enero Inmujeres, realizó “un llamado respetuoso al Congreso de Guerrero para que retome la análisis y dictaminación de la iniciativa de decreto al Código Penal del estado, para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación” que recientemente se había presentado.
En esa ocasión la dependencia subrayó que la penalización del aborto violenta los derechos sexuales y reproductivos, y no evita que mujeres, adolescentes, niñas pongan riesgo su vida con procedimientos inseguros y antihigiénicos, por lo que pidió que se dictaminara y votara la propuesta presentada por las morenistas Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga.

Pide priista sanciones contra diputados y dirigentes por apoyar la despenalización

Jacob Morales Antonio

Mujeres priistas exigieron al presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca sancionar a las diputadas y dirigentes que apoyaron y promovieron la despenalización del aborto, que se votó este martes en el Congreso local.
En conferencia de prensa, la integrante del Frente Nacional por la Democracia y la Justicia Social, Cecilia Ávila Herrera indicó que debe de haber sanciones contra la diputada Gabriela Bernal por apoyar la iniciativa que permitirá que miles de niños “sean asesinados”.
También a la diputada y presidenta de la mesa directiva del Congreso, Flor Añorve, a quien incluso se debe de inhabilitar por diez años en el partido para que no vuelva a participar como candidata a otros cargo de elección popular, porque no hacer nada para parar y que no subiera a tribuna la discusión y aprobación de la reforma.
“Ella, ha sido presidenta del Congreso, y conoce perfectamente todos los argumentos jurídicos, ella debió de no haber permitido que pasara esa Ley por no tener las firmas de la Comisión de Justicia en el dictamen”, expresó.
Además de que la diputada pidió que la votación fuera por cédula y en secreto, “cuando era una discusión de alta envergadura”, pero que gracias a las diputadas Julieta Fernández, y Alicia Zamora eso no se les permitió.
Solicitó que fueran destituidos y llamados a comparecer ante la Comisión de Justicia del partido la representante del OMPRI, Alyn Mata, y el encargado del Instituto Federico Reyes Heroles, Alejandro Oloxin, por ser promotores y apoyar la despenalización del aborto.
Ávila Herrera recriminó que la bancada priista en su totalidad no haya votado en contra de la reforma que permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y la falta de liderazgo del dirigente estatal Alejandro Bravo Abarca y del coordinador de la bancada priista, Héctor Apreza Patrón.
Dijo que los diputados que votaron en contra deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad para derogar la Ley, porque la Constitución ya considera un procedimiento para la interrupción del embarazo en caso de violación, cuando corre peligro la vida o por malformación del feto, “pero ahora se aprobó una ley para matar a los niños a diestra y siniestra”.

De incompleta y confusa, califica magistrada reforma del Congreso que despenaliza el aborto

Sostiene Indalecia Pecheco que la Corte declaró constitucional despenalizar de manera absoluta el aborto, como ya se hizo en Coahuila. Critica que los diputados la hayan limitado jurídicamente a 12 semanas, pues se afectan los derechos de las mujeres y se inhabilita la intervención de médicos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Para la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Indalecia Pacheco León, los diputados locales despenalizaron de manera “a medias” y de forma “confusa” la interrupción del embarazo, con lo que incumplieron lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2008, cuando despenalizó absolutamente el aborto.
“En realidad, desde mi interpretación jurídica, no se despenaliza el aborto; despenalizar es quitar, dejar sin efecto un artículo, pero ellos están dejando el artículo 155 que dice: ‘quien practique el aborto a una mujer transcurridas las doce semanas de embarazo, con consentimiento de ésta, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, con excepción de las excluyentes de responsabilidad’”.
La magistrada explicó que ello significa que de todas maneras se está limitando a la mujer a que no aborte, aunque se le excluya a ella de responsabilidad, “pero de qué sirve, ¿entonces para qué se dejó esa norma?, ¿si a la mujer se le pasara un día después de las 12 semanas, entonces se le castigaría?”.
Añadió que pareciera que las mujeres están contentas porque ya no se les castiga, pero no es así, porque dijo que desde el punto de vista de los derechos humanos siguen vulneradas.
Declaró que la SCJN declaró constitucional despenalizar de manera absoluta el aborto, como ya se hizo en Coahuila; “es decir, no hay que estar diciendo: ‘ah, pero si lo aplicas después de 12 semanas, si te castigo como dice el 155’, por eso es que debe quitarse ese artículo, no debieron de adicionarlo de esa manera”.
Insistió que desde una cuestión de técnicas jurídica la despenalización fue “a medias” y que no se está cumpliendo con lo que estableció la SCJN.
La magistrada citó lo que estableció el máximo tribunal del País: “La Corte extendió su decisión al artículo 198 que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario. Asimismo extendió la invalidez al artículo 199 que criminalizaba el aborto y limitaba a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial”.
De acuerdo a su interpretación, a partir de esta resolución, la Corte estableció a todos los jueces de México tanto federales como locales, considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación o las normas que solo provean la posibilidad como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito aunque no se imponga una sanción”.
La magistrada, insistió que de acuerdo a lo que aprobaron los diputados el martes, ahora es al revés, no se va a castigar a la mujer pero sí al médico, con lo que se sigue violando los derechos humanos de las mujeres, “puesto que nadie le va a querer practicar el aborto a ninguna mujer”.
La magistrada también manifestó su opinión en su Facebook. Escribió: “Lo que el Congreso de Guerrero hizo hoy (el martes) con respecto al aborto contemplado como delito en el código penal vigente, fue derogar el artículo 158 de dicho código que castigaba con cárcel a las mujeres que voluntariamente se practicaban el aborto o consintieran que alguna persona las hiciera abortar; es decir, dicho Congreso dejó sin efecto esta norma”.
Pero agrega: “Sin embargo, desde mi interpretación jurídica, no se despenalizo el aborto. Si se hubiese despenalizado dicho delito, no había razón jurídica para que modificaran el artículo 155 que a la letra dice: ‘quien practique el aborto a una mujer transcurridas las doce semanas de embarazo, con consentimiento de ésta, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, con excepción de las excluyentes de responsabilidad’”.
De acuerdo a su interpretación, ello significa que a la mujer se le sigue coartando su derecho de libertad a decidir sobre el aborto con acceso al servicio de salud pública o privada si su embarazo ha rebasado las 12 semanas.
“Es decir, permanece castigado el aborto porque los diputados y diputadas decidieron que hasta ese tiempo es permitido un aborto y, aunque esta norma establece que se castigará a quien realice el aborto y no a la mujer que se le practicó, es elocuente que es la misma razón: no permitirle a la mujer que decida su aborto después de estas 12 semanas, pues ningún médico del sector público o privado se lo practicará porque será castigado penalmente”.
Pacheco León también cuestionó que se haya establecido en la reforma que se le permite abortar sólo si se acredita que existe una alteración genética o congénita. “Otra hipótesis del control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres”.
Insiste que se trata de una contradicción que por un lado el Congreso estatal haya derogado el artículo 158 del código penal que penaliza o castiga a la mujer que voluntariamente practique su aborto, y por otro, que en el artículo 155 aprobado también, se prohíba que alguna persona le practique el aborto después de 12 semanas.
“Entonces, es elocuente que no hay tal respeto de la libertad de decisión de la mujer de seguir o interrumpir su embarazo bajo su responsabilidad”.
Dijo que si se despenaliza un delito implica que no haya excluyentes, “pues si no hay delito no hay responsabilidad penal. Sin embargo al aprobar la modificación del artículo 155 y establecer excluyentes, es un hecho que el Estado sigue limitando la práctica del aborto, que desde la arista de derechos humanos sigue siendo limitante”.
Reprochó: “es tal la incongruencia o contradicción jurídica con la que vamos a lidiar quienes impartimos justicia”.

Marchan feministas en Taxco contra los feminicidios y por el caso de Olivia y su hija

Participan unas 200 mujeres en la caminata, con plantones en lugares emblemáticos como la parroquia de Santa Prisca, exigiendo a la Fiscalía esclarecer el caso y al grito de “no fue suicidio, fue feminicidio”

Taxco

Claudio Viveros

En las calles de Taxco unas 200 mujeres feministas vestidas de negro marcharon al grito de “no fue suicidio, fue feminicidio”, con una protesta ante las autoridades, tras la muerte de una madre y su hija de ocho años quienes el pasado 8 de mayo fueron encontradas sin vida y en estado de putrefacción en su domicilio por el barrio de Puente Ramonet, cerca del centro histórico.
La tarde de ayer las consignas estallaron desde el barrio de La Garita hacia el zócalo de la ciudad y en una primera parada sobre la calle, afuera del domicilio en donde de acuerdo con reporte de vecinos aparecieron si vida la señora Olivia y su hija de Diana Laura. Ahí en casa marcada con el número 59, se colocó la fotografía de ambas mujeres, entre flores rojas y blancas con algunas veladoras que se encendieron. El grito fue unánime para exigir repetidas veces: “Justicia, justicia, justicia”.
“No estamos todas, nos falta Olivia y Diana Laura”, se leyó en una cartulina alzada en alto por una niña, y ahí también se escucharon las voces a coro de: “Las mujeres no se tocan, las mujeres no se violan, las mujeres no se matan”, seguido del llamado a los curiosos y personas que se asomaban de los negocios o los balcones de sus casas: “Señor, señora, no sea indiferente, se matan a mujeres en la cara de la gente”, donde pasaron lista a las fallecidas.
Y en el camino pidieron que la Fiscalía General del Estado atraer ese caso como un feminicidio, del que hasta ahora no se han dado a conocer avances, en tanto que ayer la FGE informó ayer en un escueto comunicado que inicio una carpeta de investigación “con la finalidad de esclarecer los hechos y localizar a los responsables de los mismos”.
En tres párrafos la Fiscalía dijo que se reunió con los familiares de las víctimas y la directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A. C. perteneciente a la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses, con la finalidad de mantenerlos informados acerca del avance en las investigaciones.
En el documento se afirma que con ello la FGE “reitera su compromiso con los guerrerenses en aras de una procuración de justicia expedita”.
“Hoy se pide justicia”, reiteraron durante varias ocasiones a la dependencia, “El feminicidio no es una moda, es una causa, queremos justicia”, insistieron a coro.
Al llegar a la sede del Ayuntamiento taxqueño, vino un segundo plantón en el que, sin importarles decenas de empleados que esperaban el paso de la marcha dentro de los pasillos del edificio en el que tomaron fotografías y videos, la voz de varias, secundada por la multitud de mujeres, expresaron: “Queremos que el gobierno presione para la seguridad de las mujeres en Taxco, porque este índice de violencia nos está matando, necesitamos esa seguridad por parte de las autoridades”.
Cuestionaron en materia de seguridad, y añadieron a sus consignas: “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, y “ni una más, ni una más, ni una asesinada más”.
La marcha concluyó en el kiosko del zócalo en donde un grupo compacto de 16 mujeres hicieron un cerco en torno a una ofrenda con flores, veladoras y cartulinas, con imágenes de mujeres muertas y las recién fallecidas, y entonaron el tema de batalla de las feministas.
Aquí recalcaron: “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, y otra vez resonó por Olivia y Diana Laura el “no fue suicidio, fue feminicidio”.
La marcha se plantó por igual ante las escalinatas de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián y dieron vuelta frente a la Casa Borda en la que corearon sus gritos y reclamos frente a un grupo de personas azorados y sin saber qué hacer en la entrada del lugar. La protesta concluyó en calma.

Activistas declaran “luto nacional” por feminicidios en varias ciudades del país

Al grito de “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, demandaron a las autoridades acciones para proteger a las mujeres

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México /?Monterrey

Vestidas de negro, activistas, familiares y amigas de mujeres asesinadas participaron en diferentes ciudades en la jornada de “Luto Nacional” para exigir justicia por las víctimas y pedir se declare al país en alerta de género.
Al grito de “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, demandaron a las autoridades acciones para proteger a las mujeres que transitan por territorio nacional, desde las principales ciudades hasta las áreas rurales y apartadas.
En el Zócalo de la Ciudad de México, las mujeres se reunieron frente a la Catedral Metropolitana, donde colocaron coronas fúnebres y entonaron la “plegaria violeta”.
Luego avanzaron en procesión hacia Palacio Nacional, cargando cruces rosas con nombres de víctimas de feminicidios, con flores y con velos negros que cubrían sus caras.
Frente a las oficinas donde vive y despacha el Presidente Andrés Manuel López Obrador, exigieron recursos para atender casos. Reprocharon los recortes a la Comisión Nacional de Víctimas y exigieron acciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al advertir que ha sido “sorda y omisa” ante los feminicidios.
También demandaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) emita una alerta de género a nivel nacional con motivo de las desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres en México.
Una de las manifestantes, que pidió el anonimato, dijo ser madre de una mujer asesinada en el Estado de México, donde la Fiscalía estatal, aseguró, se negó a aplicar las pruebas de ADN al cuerpo hallado en el río Lerma.
Aunque dijo que ha recibido amenazas, la mujer decidió participar en la movilización para demandar justicia.
Colectivos feministas y familiares de víctimas se manifestaron también en ciudades de Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Puebla y Morelos, entre otros estados.

Protestan en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, tras una concentración en la Explanada de los Héroes, las mujeres iniciaron una marcha por calles del Centro para exigir un alto a la violencia de género.
Horas antes, frente al Palacio de Gobierno, las mujeres se unieron a la jornada de “Luto Nacional” y recordaron las recientes muertes de María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez.

La Fiscalía de NL adelanta posible suicidio en el caso Yolanda

Aunque la Fiscalía General de Justicia sigue en espera de los resultados de los exámenes químicos para determinar si Yolanda Martínez consumió veneno, la principal línea de investigación apunta al suicidio, informó la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres, Griselda Núñez.
Agregó que en el cuerpo de la joven no fueron localizadas huellas de violencia.
“…Hasta el momento es importante referir que de la autopsia no se determinó ningún tipo de lesión en el cuerpo de Yolanda ni en sus prendas, por lo tanto estamos en la espera de los resultados químicos para determinar si es un suicidio”,

Informarán del caso Debanhi

De manera coordinada, hoy la autoridad federal y la estatal darán los avances en la investigación en el caso de Debanhi Escobar, dijo la Fiscal.
“Es información que se actúa en conjunto y se va a dar aquí”, señaló.

Asegura Mario Escobar que se hallaron “muchas cosas”

El padre de la joven Debanhi aseguró que hallaron “muchas cosas” tras revisar las grabaciones de cámaras de seguridad relacionadas al caso.
Mario Escobar llegó a las 12:09 horas a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres para reunirse con autoridades previo a la conferencia de prensa agendada el jueves para revelar más información de la investigación.
“(Vine) a seguir con la carpeta de investigación. Estuvimos trabajando todos los miles de videos que teníamos, y bueno, ahorita a seguir con las investigaciones”, dijo al llegar.