Vidulfo: Cienfuegos obstaculizó la investigación de Ayotzinapa para encubrir a responsables

Ningún militar está detenido por los 43 desaparecidos; hay un paquete de órdenes de aprehensión que incluye efectivos del Ejército y la Policía Federal pero no se han ejecutado, dice el abogado

 

El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que hasta ayer no había ningún militar detenido por el caso y que las 27 órdenes de aprehensión que faltan por ejecutar de acuerdo con lo informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador corresponden a personas que ya estuvieron detenidas o que están prófugas.
Consultado por teléfono dijo que la detención del general Salvador Cienfuegos repercutirá en las investigaciones de los 43 porque fue uno de los principales opositores a que se investigara al Ejército.
El abogadeo se manifestó por que haya un debate en el país sobre el papel de los militares en el caso.
El abogado respondió a lo informado por el presidente de que sólo faltan por ejecutar 27 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa, y afirmó que que muchas órdenes de aprehensión que se han ejecutado, son de gente que ya estaba detenida y que fue liberada por malos procedimientos o procesados por otros delitos, “pero hay un paquete de órdenes de aprehensión que incluye al Ejército, y la Policía Federal, no se han ejecutado”, pero que no tiene más información.
Indicó que no se les ha informado las razones del porqué no se ha detenido a los militares implicados a pesar de que el propio presidente dijo que serían puestos a disposición de las autoridades para resolver el caso de la desaparición de los 43, “hasta hoy no hay ningún militar detenido”.
De la detención del general dijo que “Cienfuegos fue uno de los militares que obstaculizaron la investigación. Esa obstaculización que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional incidió para encubrir a los responsables en el caso Ayotzinapa. Fue el que impidió, el que no permitió por razones que desconocemos, aludiendo a la honorabilidad del Ejército y por lo tanto no se podía investigar”.
Rosales Sierra agregó que esa instrucción del general de no permitir las investigaciones se cumplió, porque “era el hombre después del presidente en materia de desiciones”. Incluso dijo que el propio general amenazó a los dirigentes del movimiento por los 43 al decir que había una intención política detrás de las protestas para manchar al Ejército. “Él debe de responder por el caso Ayotzinapa. Su detención es positiva para las investigaciones y debe de responder, porque se opuso a las investigaciones al Ejército”.

La macro delincuencia sigue en Guerrero y pone en peligro a los defensores, advierte Abel Barrera

En el foro a seis y tres años de los asesinatos de Rocío Mesino y Ranferi Hernández los participantes denunciaron que no hay ningún avance en las investigaciones. La investigadora Claudia Rangel opinó que los casos merecen más atención, en un gobierno que se dice de izquierda

Aurora Harrison

Durante el foro Tres y siete años de los asesinatos de los luchadores sociales Rocío Mesino Mesino y Ranferi Hernández Acevedo: la impunidad prevalece, defensores de derechos humanos, investigadores, abogados y familiares exigieron a las autoridades justicia y que se dé con los responsables de ambos crímenes.
El foro se trasmitió vía Facebook el sábado a las 11 de la mañana, estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, la socióloga e investigadora Claudia Rangel Lozano, la doctora en Ciencias Políticas Evangelina Sánchez, el abogado Víctor del Pozo.
Además la hija de Ranferi, Diana Hernández, la mamá de Rocío Mesino, Alicia Mesino, el papá, Hilario Mesino y su hermana Norma los familiares de la dirigente de Rocío Mesino, la señora Alicia, Norma e Hilario, e integrantes del Centro Minerva Bello, que se encargo de moderar a los participantes del foro que tuvo una duración de dos horas.
En las intervenciones remembraron el activismo los dos luchadores sociales para ayudar a sus comunidades y para exigir a las autoridades mejores condiciones de vida y señalaron la preocupación de que en Guerrero se siga cometiendo violaciones graves contra defensores de derechos humanos.
Rocío Mesino, fue dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fue asesinada el 19 de octubre del 2013, por un hombre que le disparó por la espalda mientras atendía un comedor comunitario en Mexcaltepec, Atoyac de Álvarez.
En tanto que Ranferi Hernández que fue presidente estatal del PRD y miembro del grupo Pro AMLO, fue asesinado el 15 de octubre de 2017, junto a su esposa, su suegra y su ahijado, dentro de una camioneta que fue abandonada en la carretera Chilapa-Ahuacotzingo y después incendiada.
Abel Barrera dijo que Rocío como Ranferi estuvieron a “ras de la lucha social” para exigir a las autoridades fertilizante, obras, salud, educación, “esa voz que alzaron que nacía del clamor de la gente”.
“En qué cabeza cabe que Rocío y Ranferi eran un peligro, cuando sabemos que el trabajo del Ejército es formar paramilitares para impedir la organización de los campesinos, e indígenas, generar terror, someter una población insumisa”, dijo.
Agregó que el carácter fuerte y firme hizo corto circuito con “el cacicazgo” porque las autoridades no permitían que el ciudadano alzara la voz y que hiciera denuncias, por ello opinó que al Ejército se le debe investigar por todas las tropelías en Atoyac, y es que mencionó que lo más caro que ha salido a Guerrero es la militarización.
Exigió a las autoridades no “permanecer pasivos sin que la Fiscalía dé resultados de los responsables de los asesinatos, que no sepamos nada, no es posible que no hay avances, sabemos que ha sido difícil la investigación”, pero indicó que es necesario que las autoridades reconozcan a los dos defensores sociales porque siempre se les “denostó”.
Consideró que Guerrero no ha cambiado las condiciones para las personas que son defensores de los derechos humanos, porque la “macro delincuencia que existe en el estado sigue”.
Barrera Hernández indicó que Iguala cuando sucedieron los hechos del 26 de septiembre de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “causó indignación nacional y fue el quiebre de las instituciones de seguridad y justicia”.
Agregó que “a seis años, pensamos que Iguala sería la ciudad más segura, sigue los asesinatos, desapareciendo, amenazando a periodistas no se ha tocado la estructura donde se tendría un trabajo profundo para desarticular esas redes de la macro delincuencia”.
En tanto la investigadora Claudia Rangel dijo que las de Rocío y Ranferi fueron “dos ejecuciones extrajudiciales de dos activistas sociales importantes en Guerrero”, porque indicó que el estado ha pasado por momentos “graves de violación a los derechos humanos” desde la década de los años 60 en la guerra sucia.
Apunto que las masacres son formas de violencia contra la disidencia política que en “México se ha combinado con la ejecuciones extrajudiciales y desapariciones”, ya que es algo que viene desde hace más de 50 años debido a la impunidad.
Consideró que ambos homicidios merecen más atención, “es un gobierno que se dice izquierda y Ranferi luchó dentro de las filas de Morena, ambos casos han quedado en la impunidad y la mayor parte de casos que existen de desaparición”, por ello indicó que se busca que haya justicia.
La doctora en ciencia política Evangelista Sánchez opinó que Guerrero tiene una historia de graves agravios contra defensores sociales, y el reclamo de justicia está desde los años 90, luego de la masacre de los campesinos en Aguas Blancas.
Abundó que Guerrero ha vivido “la impunidad” donde el ejército esta “carcomido en términos de esta impunidad” y mencionó la reciente detención del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos.
El abogado de la familia Mesino, Víctor del Pozo dijo que el homicidio de la dirigente de la OCSS invita a la “indignación por la impunidad” por todos los crímenes que se han suscitado en la entidad por el clima de violencia.
Sostuvo que preocupan las agresiones y la violencia en la entidad, porque es uno de los estados con más reportes de agresiones a luchadores sociales “desde hace muchos años grupos del crimen organizado suelen cometer los crímenes en contra de los defensores de derechos humanos, y cada vez es más común”.
Opinó que en este gobierno federal “no hay ninguna transformación y la mal llamada transformación, es la destrucción de los pocos avances con la propuesta de eliminación de fideicomiso contra los defensores y periodistas, vale la pena recordar que las y los defensores son un control ciudadano contra los funcionarios, que los convierte en una pieza ireemplazable para la democracia de la sociedad”.