Desmiente una reconstrucción de la noche de Iguala la “verdad histórica” con la telefonía

La nueva plataforma digital muestra paso a paso la progresión de la violencia el 26 de septiembre de 2014, que culminó en el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Agencia Proceso

Ciudad de México

El cruce de información de la plataforma Ayotzinapa: una cartografía de la violencia, de Forensic Architecture, permite identificar que algunos de los aparatos celulares de los estudiantes desaparecidos continuaron activos después de los ataques en Iguala, lo que da al traste con la “verdad histórica” de que los teléfonos de los estudiantes habían sido quemados con los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
La nueva plataforma digital muestra, paso a paso, la progresión de la violencia desatada en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, que culminó en el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de un mapa interactivo que reconstruye con un nivel de detalle abrumador todos los acontecimientos conocidos ocurridos en la noche de Iguala, incluyendo las incoherencias de la llamada “verdad histórica” y la destrucción de evidencias operada por las autoridades.
También exhibe con toda claridad cómo fuerzas federales y municipales, militares y crimen organizado operaron en Iguala durante la noche del 26 de septiembre de hace casi tres años, a veces en evidente colusión entre sí.
Después de cargar su sistema de filtros, etiquetas y línea cronológica –operación que requiere algún tiempo–, la plataforma permite visualizar todas las etapas de la tragedia, desde la salida de los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, hasta los ataques que sufrieron de manera simultánea y en distintos puntos del municipio y la desaparición forzada de 43 de ellos.
Se puede navegar en Internet la plataforma del proyecto de Forensic Architecture, una agencia de investigación con base en la Universidad Goldsmith de Londres, con la colaboración del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante legal de los padres de los estudiantes desaparecidos, así como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La plataforma que sistematiza los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) así como declaraciones de sobrevivientes de los hechos plasmados en el libro de John Gibler, Una Historia de la Infamia, permiten explorar –entre otros temas- el de la telefonía celular, ubicar a víctimas, presuntos perpetradores de la desaparición y autoridades en el lugar y en tiempo real.
En el caso de los procesados por los hechos, es posible contrastar la información con las declaraciones ministeriales, lo que permite confirmar o desmentir lo dicho ante las autoridades.
En el caso de las víctimas, el cruce de información en la plataforma, permite también identificar que algunos de los aparatos celulares de los jóvenes estudiantes continuaron activos aún después de los ataques en Iguala, lo que da al traste con la “verdad histórica” de que los teléfonos de los estudiantes habían sido destruidos.

Son insostenibles las versiones de los procesados

El cruce de los testimonios con los informes del GIEI, en los que se detallan los reportes de telefonía, permite identificar contradicciones como las expresadas por uno de los procesados, Marco Antonio Ríos Berber, quien aseguró a agentes ministeriales que cuando llegaron los estudiantes a Iguala, alrededor de las 9 de la noche, se encontraba en la iglesia de San Francisco en pleno centro de esa ciudad, donde dijo haber sido testigo de que “la gente empezó a correr para refugiarse y los “ayotzinapos” empezaron a robar carros para escaparse”.
De acuerdo con la declaración rendida ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 9 de octubre de 2014, Ríos Berber se encontraba con su familia en el centro de la ciudad desde las 6 de la tarde, hora en que fue alertado a través de mensaje telefónico de David Cruz Hernández, un exempleado de la Dirección de Protección Civil municipal, de la presencia de normalistas en la ciudad.
Aunque en su declaración el presunto integrante de Guerreros Unidos aseguró que se le ordenó perseguir a los normalistas desde el Zócalo de Iguala, por su teléfono celular se le ubicó a las 9:34 de la noche en la Antena Jardines, en la salida de Cocula, a por lo menos 30 minutos de donde supuestamente los estudiantes “empezaron a robar carros para escaparse”.
En la misma circunstancia está otro de los presuntos implicados, Martín Alejandro Macedo Barrera, quien en su declaración ante la PGR dijo que “persiguió a los estudiantes”, pero en la plataforma se puede observar que su teléfono se activó toda la noche en la Antena Jardines, lejana a los lugares donde los estudiantes sufrieron la persecución.
Otro caso relevante es el de Jonathan Osorio Cortez, presunto integrante de Guerreros Unidos quien supuestamente habría participado en la cremación de los estudiantes en el basurero de Cocula.
La plataforma destaca que en su declaración ante la PGR, el inculpado refirió tener dos celulares, pero “la información de telefonía de ninguno de los dos coincide con su declaración, el primero tiene actividad toda la noche junto a la antena de Arquitectos, municipio de Iguala, el otro tiene actividad en la Antena de Cocula, de 19:37 hasta 23:43 del 26, y a partir de las 9:01 del 27 de septiembre”.
Los puntos de la plataforma que indican la ubicación de antenas de telecomunicación sobre la imagen satelital de los municipios vinculados a la desaparición de los normalistas –Iguala, Cocula y Huitzuco– revelan que la antena Truenos, registró actividad de tres implicados, el exjefe de la policía de Cocula, César Nava, el jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Eduardo Joaquín Jaimes, El Chuky, y el agente municipal de Cocula, Roberto Pedrote Nava.
La plataforma ubica este dato como no investigado, pese a que la antena Truenos está ubicada en Loma de Coyote, área localizada a la salida de Iguala rumbo a Cocula, y que la actividad de los celulares de dichos personajes se registró entre las 0:41 y las 4:47 horas del 27 de septiembre de 2014.
“Las contradicciones entre la información que aparece en la telefonía de estas personas y sus declaraciones no se ha indagado en la investigación. Tampoco se ha indagado por qué se encontraban en horas clave cercanas a las escenas del crimen o lugares relevantes para el caso, y cuál fue su participación en estos hechos en ese momento. Información clave, incluso se ha separado del caso”, alerta la plataforma.
Contra lo declarado por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, que los teléfonos celulares de los estudiantes habían sido destruidos, los peritajes de telefónica instruidos por el GIEI determinaron la operación de algunos aparatos tiempo después de los hechos.
Así ocurre con el número del normalista desaparecido Carlos Iván Ramírez Villareal, cuyo aparato registró actividad en inmediaciones de la Antena Villa de Guadalupe, muy cerca de la ciudad de Iguala, a las 19:26 del 27 de septiembre.
El IMEI (código o serie electrónica) de su aparato hizo un uso de datos para enviar un mensaje a otro número, y ocho minutos después, desde de la misma ubicación, pero con un IMEI distinto se envió otro mensaje al mismo número, lo cual para la plataforma “significa que cambiaron el aparato telefónico”.
El equipo que elaboró la plataforma resalta que, pese a que tanto el GIEI como autoridades mexicanas encontraron esa inusual actividad, “no se registró diligencia destinada a esclarecer por qué se utilizó el teléfono 21 horas después de la hora de la detención. Esta investigación habría permitido determinar si uno de los perpetradores era quien utilizaba el teléfono, o si Carlos Iván estaba retenido en un lugar cercano a su detención”.
La reflexión resulta relevante si se considera que la misma antena Villa de Guadalupe registró comunicación entre un policía de Iguala detenido, Bruno Heredia, con un personaje que hasta ahora no se ha podido identificar más que como El Caminante, y que sería quien habría mantenido comunicación tanto con agentes como con presuntos implicados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Dicho agente habría mantenido comunicación con El Caminante en 10 ocasiones, desde las 22:16 del 26, a las 3:42 del día siguiente, de acuerdo con los registros de las antenas Jardines y Villa de Guadalupe.
Otro caso que no ha sido indagado es el del teléfono celular del normalista Julio César López Patolzin, el cual “estuvo activo más tarde del momento de detención, y todavía hasta el día 30 de septiembre en el centro de la ciudad de Iguala”, según lo registró la antena Benito Juárez.
También en el centro de la ciudad de Iguala la antena Álvaro Obregón registró actividad del celular del estudiante Jorge Luis González Parral, el 26 de septiembre de 2014, y volvió a tener actividad el 30 de septiembre a las 6:58 de la tarde, desde la antena Calvario.
Hay registro de actividad de la línea de Jorge Antonio Tizapa Legideño en la antena Margaritas, cerca al Palacio de Justicia, donde desaparecieron varios estudiantes que fueron bajados de un autobús para ser trasladados con rumbo desconocido por patrullas del municipio de Huitzuco.
La antena Margaritas registró seis llamadas a través de la línea de Tizapa pero con dos aparatos distintos el 4 de octubre de 2014, sin que haya “constancia en el expediente respecto a la decisión sobre las líneas de investigación”, apunta la plataforma.
Por evidencias de que los teléfonos celulares de los normalistas siguieron activos aún después de las detenciones y los ataques armados, el 30 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminó al Estado mexicano a suprimir de su discurso la “verdad histórica” que postuló Murillo Karam, y que entre otras cosas asegura que los aparatos de telefonía de los 43 estudiantes habían sido destruidos.
En su informe tras la visita de trabajo de la relatora para México, Esmeralda Arosamena, y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento del caso de Ayotzinapa, la CIDH señaló que continuar divulgando esa versión, “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.
El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que durante la reunión con agentes de la PGR se informó que, “se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, hecho que aunado a otros elementos de prueba corrobora la necesidad de descartar la versión inicial de indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”.

Presentan un mapa digital de los ataques en Iguala; detalla los hechos y el papel de los involucrados

La plataforma Ayotzinapa: una cartografía de la violencia estuvo a cargo del equipo Forensic Architecture con sede en Londres. “Es un caso en el que las fuerzas de seguridad del Estado están involucradas directamente en dos tipos de violencia: contra los estudiantes y en la destrucción de las evidencias”, plantea el director Eyan Weizman. Se reconstruyeron los hechos a partir de los dos informes del GIEI, el expediente de la PGR y los testimonios de normalistas sobrevivientes

Agencia Proceso

Ciudad de México

En un acto de “solidaridad” con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Iguala, el equipo de Forensic Architecture de la Universidad de Goldsmiths, con sede en Londres, plasmó cartográficamente y el tiempo de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, como una herramienta de difusión de los hechos.
En conferencia de prensa para presentar la Plataforma Ayotzinapa: una cartografía de la violencia, el director de Forensic Architecture, Eyan Weizman explicó que su agrupación tiene como objetivo utilizar las “herramientas tecnológicas para apoyar investigaciones independientes, en casos de graves violaciones a derechos humanos en los que están involucradas fuerzas del Estado encargado de investigar esos hechos”.
Forensic Architecture ha hecho otras plataformas interactivas para analizar casos de abusos en Pakistán, Siria, Indonesia, Guatemala y la franja de Gaza.
Weizman advirtió que el objetivo (mediante las herramientas tecnológicas y un equipo multidisciplinario de arquitectos, cineastas, periodistas y diseñadores de programas de computadora, entre otros) es “establecer los patrones de las violaciones de derechos humanos y de las investigaciones viciadas”.
Para el director de la organización internacional que empezó a trabajar en la plataforma en noviembre del año pasado, “Ayotzinapa es un caso en el que las fuerzas de seguridad del Estado están involucradas directamente en dos tipos de violencias: contra los estudiantes y en la destrucción de las evidencias”, por lo que su aporte es un acto de “solidaridad con las víctimas, con las familias y con la sociedad”.
La idea de la reconstrucción del caso Ayotzinapa surgió el año pasado, “ante la complejidad de la escena del crimen con 13 horas de actividades en la ciudad de Iguala, en acciones simultáneas”, contó Mercedes Doretti, coordinadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización que colabora como peritos de los familiares de los 43 desaparecidos, representados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El proyecto digital también se plasmó en un mural de 16 metros que será expuesto en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), a partir del sábado.
Durante la conferencia en las instalaciones del Centro Prodh, miembros del equipo de Forensic Architecture que colaboraron en el proyecto coordinado por Stefan Laxness, explicaron cómo fue construyéndose la plataforma a partir de los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los testimonios de normalistas sobrevivientes de los ataques, contenidos en el libro del periodista John Gibler Una historia oral de la infamia, y el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Laxness explicó que la pretensión es acercar al público en general y a los investigadores a “la complejidad y la magnitud de los eventos ocurridos esa noche”, que permitan “comparar la versión oficial con la evidencia”, a partir de material ya conocido.
Theo Resnikoff e Irving Huerta precisaron que para elaborar el material interactivo fue necesario sistematizar los documentos en bases de datos en distintas categorías, lo que llamaron data mining o minería de datos, logrando una base de “5 mil eventos y acciones precisas con personajes involucrados, el lugar y la hora en que acontecieron”.
El producto final es una plataforma sobre una imagen satelital de Iguala y de la región norte donde se ubica a personajes en tiempo y lugar de los hechos, modelos interactivos en tercera dimensión de las tres escenas principales del crimen, videos que analizan algunos de los temas torales de la investigación del GIEI, además de la exhibición en el MUAC, a cargo de la curadora Rosario Güirales.
Al hablar de la exposición “Forensic Architecture: hacia una estética investigativa”, el curador en jefe del MUAC, Cuauhtémoc Medina expuso el contraste entre la narrativa oficial y lo presentado por el equipo londinense, por lo que consideró que lo que revela el ejercicio es “un ámbito de responsabilidad del Estado, la violencia que se ejerce al crear un sistema de información totalmente incapaz de proveer alguna claridad, y que beneficia a la impunidad y a un ejercicio autoritario del poder”.
Luego de destacar que para la exposición se contó con el apoyo de la Fundación Ford, Medina insistió en que en el caso Ayotzinapa hay también “alguna clase de responsabilidad informativa por no generar una investigación científica, lo que produce la cobertura para la violencia y la omisión de la justicia”.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, puntualizó que el aporte de la plataforma digital es la confrontación con el discurso oficial, que además dista mucho de los hechos plasmados en el proceso judicial.
Mencionó que desde enero de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) dio su “verdad histórica” que dice que los 43 estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula, no ha habido nuevos cambios en las investigaciones, y de los 170 detenidos por el caso sólo 70 tienen alguna vinculación directa con la desaparición de los jóvenes, considerada como “secuestro” y no como desaparición forzada.
Aguirre reconoció el esfuerzo como una “representación cartográfica accesible para todo mundo, de los hechos hasta hoy probados”.
Al finalizar la presentación, en nombre de los padres de los 43 normalistas presentes, Cristina Bautista agradeció a los integrantes de Forensic Architecture “su contribución  en la búsqueda de verdad y justicia”.