Forman una autodefensa en la sierra de Coyuca y Zihuatanejo contra un grupo de 50 delincuentes

Integran la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero habitantes de Río Frío de Los Fresnos, Juntas de Río Frío, El Ciruelo, Zihuaquio, Real de Guadalupe, Vallecitos de Zaragoza y Cundancito. Son 500 hombres armados para evitar abigeato, robos y extorsiones de “una gavilla”, dice el promotor Artemio Sánchez

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Campesinos de siete ejidos de la Costa Grande y de la zona serrana conformaron una autodefensa para combatir a “una gavilla” de delincuentes que asesina, asalta, roba vehículos, comete abigeato y extorsiona a los vecinos de los pueblos de la zona.
Mientras tanto fuentes del municipio de Zihuatanejo confirmaron que la corporación civil se conformó el sábado en ese municipio y que se denomina Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero.
Artemio Sánchez Sánchez, uno de los promotores de esa corporación informó vía telefónica que la anoche de este domingo se reunirían en algún lugar de la sierra unos 500 hombres armados, de siete ejidos, para acordar las medidas que asumirán en contra del grupo delincuencial.
Informó que se trata de los ejidos de Río Frío de Los Fresnos, Juntas de Río Frío, El Ciruelo, Zihuaquio, Real de Guadalupe, Vallecitos de Zaragoza y Cundancito. Los tres primeros de Coyuca de Catalán y los cuatro últimos de Zihuatanejo.
Informó que el acuerdo de las autoridades de los siete ejidos es “sacar a esa bola de bandidos, no nos queda más”.
Informó que a la banda delictiva integrada por unas 50 personas no se le conoce algún nombre pero que en ella participan integrantes de las familias García, Peñafiel y Palencia, aunque “hay de todo”.
Explicó que el área donde opera esta banda es desde Zihuatanejo hasta un lugar que se llama Las Mesillas, municipio de Zihuatanejo, pasando por La Salitrera, El Camalote, donde dijo que tienen su “guarida”, Zumatlán, Las Joyas, La Laja y La Barranca de La Bandera.
Informó que los integrantes de la banda delincuencial aún no han llegado a los ejidos ubicados en la sierra, pero que ya entraron a Vallecitos de Zaragoza que está a unos 20 minutos de los primeros ejidos de Coyuca de Catalán.
“Por eso todos los ejidos nos unimos para sacar a toda esa gente, y la vamos a sacar”, advirtió.
Informó que los delincuentes actúan bien armados, y  cometen todo tipo de delitos, “roban carros, ganado, piden cuotas a los ganaderos, piden derecho de pasaje, a los comerciantes de chiles y jitomates les cobran desde un peso para arriba, son lacras pues”.
Dijo que no llevan una cuenta de cuántos asesinatos han cometido pero que sólo en su pueblo (del que omitió el nombre) se han cometido cinco en lo que va del año, “pero en los pueblos de arriba en la sierra, de Zihuaquio en adelante han cometido infinidad de asesinatos y han provocado muchos problemas por ese lado”.
Aunque dijo que no sabe si algunos de sus integrantes son del vecino estado de Michoacán, explicó que para llegar a los pueblos de la Sierra entran por el lado de aquel estado, pasando por Guayameo, municipio de Zirándaro.
Informó que por el lado de la zona de la Tierra Caliente hay lugares que tienen afectados y la gente también ya se está defendiendo, “aunque no de manera organizada como lo estamos haciendo nosotros, pero a lo mejor al rato le entran al toro, igual que nosotros, ya cuando nos vean actuar”.
Agregó que por el lado de donde están los ejidos de la Costa Grande y en lo alto de la sierra, vieron la necesidad de que “comencemos a ver por nuestras familias y por nuestras tierras, ya no se puede de otra forma”.
Artemio Sánchez explicó que los integrantes son “bandidos” comunes y que “mafiosos no son”. Aclaró que al menos no tienen conocimiento si pertenecen a algún cartel del narcotráfico o de algún grupo de la delincuencia organizada, “sabemos que se dedican al robo, a vivir de la gente”.
Agregó que a raíz de que comenzaron a organizarse y luego de que hablaron con un coronel de apellido Tapia del cuartel de Petatlán, los “voltearon a ver” las autoridades y que hace seis meses los militares recorrieron esos ejidos, pero que los delincuentes se alejaron un tiempo y hace tres meses regresaron.
“Como son gentes que se la pasan en el cerro, la autoridad aunque suba no les hace nada, ya tienen tres meses que siguen actuando”.
Expuso que ayer en la noche se reunirían para ponerse de acuerdo entre los habitantes de los siete ejidos “y ver de qué forma vamos a cuidar nuestras comunidades, cada quien sus ejidos”.
Informó que aunque ya se venían organizando aún no habían operado como policía rural y que apenas el sábado “hicieron presencia” en algunos de los ejidos, “y yo creo que de aquí al rato o mañana realizamos las primeras acciones”.
Adelantó que no van contra el gobierno con plantones, retenes o mítines, “el propósito de nosotros es la delincuencia, no andar haciendo mítines o afectando gobiernos ni nada de eso, tenemos un problema y vamos por ese problema, nada más, con las autoridades no tenemos ningún problema, nos están brindando el apoyo”.
Insistió: “nosotros, como gente campesina tenemos un problema, entonces lo que queremos es deshacernos de ese problema para seguir trabajando”.
–¿Van a ir por los delincuentes?
–No sabemos decirle, omitimos detalles, pero se van a ver los resultados–, advirtió.
Extraoficialmente se informó que la corporación civil se conformó en la comunidad de Vallecitos de Zaragoza el sábado.
Se informó que a la reunión asistieron unos 200 hombres de las comunidades serranas de Vallecitos de Zaragoza, Junta de Dos Ríos, Zihuaquio, Río Frío de los Fresnos y Los Ciruelos pertenecientes al municipio de Zihuatanejo, encabezados por el Artemio Sánchez.
Se dijo que en esa asamblea conformaron la policía que portaba escopetas y rifles calibre 22.
“De manera pacífica se reunieron a la entrada de la comunidad de Vallecitos de Zaragoza y conformaron la policía comunitaria denominada Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, ya que están cansados de grupos de la delincuencia organizada que operan en esa zona les cobre cuotas a los comerciantes y ganaderos”, dijo la fuente.
Otro reporte, también extraoficial, dice que soldados del Ejército y policías estatales acudieron ayer a la zona.

Documenta ente oficial 276 asesinatos en hechos de inseguridad relacionados con movimientos sociales

En un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas que dirige Jaime Martínez Veloz del periodo 2013 a 2017 se da cuenta de las víctimas en enfrentamientos de la UPOEG, el FUSDEG, la Tecampanera, la CRAC, y otros como los seis de Iguala cuando desaparecieron a los 43

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México documentó 276 casos de personas fallecidas en Guerrero en el marco de los movimientos sociales atacados por el crimen organizado o que sugieron para defenderse del mismo, entre enero de 2013 y junio de 2017 a partir de reportes periodísticos.
En un escrito al que tuvo acceso El Sur se da cuenta de 149 civiles muertos, donde incluye a los hallados en fosas en Iguala, los campesinos ejecutados en un campo melonero en Ajuchitlán.
También enlista a 14 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ocho de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), cinco del Frente Unido para la Seguridad (FUSDEG), tres de la Policía Comunitaria Tecampa-nera de Teloloapan, dos por disputas de tierras y dos derivados del enfrentamiento entre policías y maestros.
Asimismo incluye a 19 personas víctimas de acciones realizadas por la UPOEG: 10 presuntos integrantes del crimen organizado, siete civiles y dos policías. 21 fallecidos por acciones realizadas por el FUSDEG, cinco del crimen organizado y 16 ex integrantes de la organización; y 26 muertos derivados de enfrentamientos entre UPOEG y FUSDEG. Finalmente, 11 muertos en acciones realizadas por la CRAC: uno del crimen organizado, uno entre la misma organización y nueve policías. Más seis personas que murieron el 26 de septiembre en Iguala cuando desaparecieron 43 norma listas de Ayotzinapa.
Al respecto, el comisionado Jaime Martínez Veloz, señaló que en México se están muriendo los más pobres, y aceptó que institucionalmente “se le carga la mano” a los movimientos y a los luchadores sociales, en lugar de resolver problemas fundamentales de derechos humanos.
En consulta telefónica sobre la estadística, Martínez Veloz se remontó a 1994, a los acuerdos de San Andrés Larráizar entre el Estado y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y al cierre de las mesas de diálogo que dijo, tuvo consecuencias políticas, económicas y una fractura del tejido social, en detrimento de los pueblos originarios.
Señaló que mientras se implementaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Cánada, durante 22 años los indígenas fueron excluidos de las partes sustantivas de las reformas estructurales que se hicieron en el país; no hubo fortalecimiento de la vida comunitaria, ni de sus atribuciones para poder establecer condiciones más equilibadas en cualquier proceso de negociación.
Precisó que en las mesas de diálogo de San Andrés, había seis temas de discusión: de derechos y cultura indígena; democracia y justicia; bienestar y desarrollo; los derechos de la mujer; la reconciliación en Chiapas y la firma de la paz. “Para cada tema había un procedimiento de construcción de acuerdos, no solo de sentarse y ponerse de acuerdo, en un día se permitía a las delegaciones consultar a las dependencias federales y a las comunidades indígenas a sus asambleas”.  Así de noviembre de 1995 a febrero de 2016, “llegamos a la firma que se conocer como los acuerdos de San Andrés que abordó sólo el primer tema”.
En el tema de democracia y justicia, indicó que la delegación gubernamental recibió la instrucción de no opinar, porque en paralelo, las cúpulas partidarias estaban definiendo la reforma electoral que nos rige a la fecha.
En esa reforma definieron al árbitro y a los magistrados electorales, que se designaron por los representantes de los partidos en el Congreso de la Unión, al grado que el tema indígena sigue siendo marginal en la representación política y de gobierno.
Denunció que nunca se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y contrario al impulso que recibieron las transnacionales, a los indígenas se les mantuvo en desventaja, y entonces “no existía un conjunto de factores que agravan sus condiciones, como la contaminación producida por la minería”, añadió.
Recordó que en el periodo de Vicente Fox y Felipe Calderón, la minería a cielo abierto creció exponencialmente en los siguientes sexenios, al mismo tiempo que la delincuencia organizada se extendía y fortalecía en el país.
Estimó que la minería es una fuente de financiamiento para actividades ilícitas, ya sea para el pago de grupos de sicarios para protección o para desalojar territorios que pueden ser explotados, lo que tambián agravia a las comunidades.
En este contexto, señaló que los pueblos indígenas hacen lo que pueden para protegerse.
Recordó que en 2013 llegó a Ayutla para intervenir en el movimiento de los pueblos que se armaron por la seguridad y que luego se constituyeron en la UPOEG. Habían detenido a 54 personas y la intervención de funcionarios estatales y federales permitió que la población los entregara a los agentes de Ministerio Público, cuando se pretendía hacerles un juicio popular.
“Fui y revisé muchos temas, encontré que en Ayutla había más o menos 120 o 130 comunidades, y el Ramo 33 era de 134 millones de pesos, de los cuales 130 se iban a aplicar en la cabecera municipal y sólo 4 millones en las comunidades, eso habla de una actitud de exclusión en materia social, había un desequilirio tan grande y era evidente que el malestar de la población se estaba expresando”, dijo en referencia a cómo se distribuye el gasto federal paa estados y municipios.
En este escenario, concluyó que en México se están muriendo los más pobres, incluso los policías y soldados fallecidos en la guerra contra el narcotráfico porque también son pueblo.
Pero añadió que cuando políticos acusan a los movimientos ciudadanos de actuar en la ilegalidad o de estar implicados en la delincuencia “a ellos sí se les carga la mano”.