Inhabilita por diez años la Función Pública a Vicario por “negligencia administrativa”

La sanción, por actos durante su paso por la Sedatu como delegado en 2013, tras el huracán Ingrid y la tormenta Manuel. Aunque información previa señala que incurrió en irregularidades en la compra de terrenos para damnificados, el ahora diputado local lo niega y anuncia que impugnará la sanción

Daniel Velázquez

La Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó por diez años al actual diputado local por el PRI Héctor Vicario Castejón por “negligencia administrativa” cometida durante su paso por la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En su página de Internet está disponible la información básica sobre la inhabilitación impuesta a Héctor Vicario.
De acuerdo con la información consultada, la sanción a Vicario Castrejón está asentada en el expediente 0061/2017 por negligencia administrativa.
La inhabilitación impuesta por el Órgano Interno de Control de la SFP fue publicada el pasado miércoles y la misma es vigente desde el viernes 11 de agosto hasta el 8 de agosto de 2027.
El diputado local informó que impugnará la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) pues cuenta con 21 pruebas para demostrar que no incurrió en negligencia administrativa.
En declaraciones por teléfono sostuvo que la resolución no es definitiva y que incluso puede recurrir hasta el Tribunal de Justicia Administrativa, y precisó que aunque la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa ratifiquen la resolución él se mantendrá como diputado. porque se trata de un espacio de elección popular y la sanción solo aplica para cargos como funcionario dentro de la administración pública.
Vicario Castrejón aseguró que la sanción no es por la compra de terrenos que hizo durante su período como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y explicó que es por “procedimientos administrativos que no se siguieron y no tiene que ver con actos de corrupción”.
Justificó que después de la contingencia causada por las lluvias del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en 2013 hubo el interés por resolver inmediatamente a los damnificados y que se actuó con prontitud y de ahí deriva la sanción.
Alegó cuenta con 21 pruebas para desvirtuar la resolución y acreditar que no hubo negligencia durante su gestión.
Explicó que cuenta con 15 días para presentar un recurso de inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la SFP para que revise nuevamente el expediente, valore las pruebas que presente y en su caso modifique o ratifique la sanción.
Adelantó que si la SFP confirma la sanción luego de las pruebas que presente, acudirá al Tribunal de Justicia Administrativa.
“En 2013, todo mundo en Guerrero lo sabe que fue tal la magnitud del desastre que a veces había dificultad pasa seguir algunos procedimientos administrativos. Lo que uno trataba de hacer era de cumplirle a los damnificados, de entregarles su vivienda o reparar su daño y yo voy demostrar que hasta el momento que yo estuve como responsable de la delegación, ese fue el espíritu y traté de cumplir a cabalidad de manera honesta, transparente, conduciéndome siempre con apego a la gente”.
A pregunta expresa, de que si su inhabilitación es producto de la compra de los predios que no tenían factibilidad de uso de suelo o que no fueron debidamente acreditados para los damnificados por las lluvias, el ex delegado de la Sedatu, respondió que no tiene nada que ver con los predios y que al vincularlo es “contaminar” el proceso.

No conoce la causa de la inhabilitación

El delegado de la Sedatu José Manuel Armenta Tello explicó que la sanción impuesta al ex delegado fue producto de una auditoria a la Coordinación de Delegaciones de la y corresponderá al ex delegado solventarla.
Indicó que no conoce el caso en particular por el que Vicario Castrejón, “estamos esperando que se haga público pues consideró que a la delegación le pedirán que aporte información·.
Indicó que en la Sedatu hay procesos abiertos y otros ya concluidos de parte de la Secretaría de la Función Pública y de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Algunas son financieras y otras físicas a los programas que atiende la Secretaría.
Indicó van ocho denuncias ante la PGR de parte de la Sedatu contra empresas constructoras por incumplimiento de contrato y adelantó que en breve presentarán otras 12 denuncias contra igual número de empresas, todas por los trabajos de reconstrucción producto del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel.
Al preguntarle si hubo desaseo en la adquisición de predios para la reubicación de los damnificados, el delegado justificó de que se trató de un proceso complejo pues se compró mucha tierra y algunas empresas contratadas para la construcción de viviendas incurrieron en “procesos de construcción no adecuados”, y se les dieron contratos a empresas sin experiencia para el desarrollo de los trabajos de reubicación de viviendas.

Antecedentes

La Sedatu fue la encargada de las obras de reubicación y reconstrucción de las viviendas de los ciudadanos que resultaron afectados por las lluvias del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013 como parte del Plan Nuevo Guerrero del gobierno federal.
En marzo de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la delegación Guerrero de la Sedatu adquirió en 2014, 22 predios a un “valor superior”, y hasta septiembre de 2015 no hubo “evidencia documental” para acreditar que los predios fueron entregados a los damnificados por Ingrid y Manuel.
Los señalamientos de la ASF son sobre la compra de 22 predios, “diez terrenos a dos empresas privadas y doce predios a personas físicas por un total de 11 millones 467 mil 800 pesos, sin proporcionar las cesiones de dominio de los vendedores, las escrituras públicas de los terrenos adquiridos, el número de beneficiarios reubicados, sus datos generales, la extensión de terreno recibida, y la evidencia documental de la entrega de las propiedades y de la escrituración a su nombre”.
En agosto de 2016, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reconoció que ninguno de los 43 predios donde se hicieron viviendas para los damnificados tenía factibilidad de uso de suelo.
En ese entonces había 21 fraccionamientos, de los 43 desarrollos que se proyectaron para construir viviendas para los damnificados de los fenómenos Ingrid y Manuel en 2013, que fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante la carencia del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) o la solicitud de cambio de uso de suelo, algunos de esos fueron el de Tixtla, Las Joyitas, Leonardo Bravo y Aziyahualco, en Chilpancingo, El Balsamar, en Leonardo Bravo, El Paraíso, Atoyac.
También estaban pendientes la factibilidad de uso de suelo para 13 fraccionamientos, que podrían tener problemas y requerir obras de mitigación, como la mayoría de los conjuntos habitacionales que se hicieron para los damnificados, como en El Mirador, en Chilpancingo.
En ese entonces Armenta Tello afirmó que el ex delegado, el diputado Héctor Vicario tuvo responsabilidad al no tener a las personas adecuadas que lo asesoraran para que se construyeran las viviendas en predios sin problemas.