Marcha la CRAC en la capital; demanda cancelar consulta sobre derechos indígenas

Llegan por sus propios medios unos 2 mil de las comunidades, incluidos cientos de policías comunitarios. Participan también organizaciones sociales solidarias

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), policías comunitarios uniformados y desarmados, representantes de más de 250 comunidades indígenas y de organizaciones sociales, marcharon ayer en Chilpancingo y en un mitin afuera del Congreso local exigieron a los diputados la cancelación de la “consulta falsa, espuria, y amañada”.
Por sus propios medios –en camionetas de redilas, urvan, vehículos particulares y en autobuses– los indígenas comenzaron a llegar desde las 9 de la mañana de distintos municipios de la región de la Montaña y de la Costa Chica y se concentraron en los alrededores del parque Margarita Maza de Juárez, al norte de Chilpancingo, de donde partieron a las 11 de la mañana.
“Aquí están presentes los pueblos indígenas y afro mexicanos del estado de Guerrero para hacer patente su clara oposición a la consulta falsa que realizan diputadas y diputados del Congreso del estado”, arengó Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico de la CRAC y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, uno de los oradores que intervinieron durante el recorrido del parque Maza de Juárez a las instalaciones del Congreso.
Durante la marcha destacó la presencia de cientos de policías comunitarios uniformados con su distintiva playera verde olivo, la mayoría con huaraches de correas cruzadas, quienes caminaron atrás de los coordinadores y consejeros de la CRAC entreverados con comisarios municipales de las más de 250 comunidades de los municipios de la Montaña y Costa Chica.
También marcharon para respaldar la lucha de las autoridades comunitarias, representantes de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa), padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), familias desplazados de Leonardo Bravo (Chichihualco), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Comité de los Caídos de 1960, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi), del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, Ejidatarios de Puerto Marqués y de las Preparatorias Populares.
En total, según los organizadores, marcharon casi dos mil personas, aunque según fuentes de gobernación que cubrieron la protesta, participaron de mil a mil 500.
“Desde aquí les decimos que es evidente el racismo de los diputados y diputadas del Congreso, que sin tomar en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas desarrollan una consulta que no es previa, no es libre, no es informada y no es culturalmente adecuada”, insistió Rosales Sierra.
Agregó que por eso vinieron los pueblos a decirles que “no permitiremos más simulación ni el pisoteo histórico de nuestros derechos como pueblos indígenas”.

Quieren los diputados “salvar su pellejo”

En su turno, y a su paso por el centro de la capital, el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui, blandiendo su característico machete y micrófono en mano, reprochó que “los diputadetes se han atrevido a decir que la CRAC y Tlachinollan no representan a las comunidades indígenas; a leguas se ve que son ignorantes”.
Recordó que la CRAC existe desde 1995, antes de que existiera la Ley 701 incluso, “por lo tanto tiene esa legitimidad de haber iniciado en la Costa Chica, Montaña Baja y Alta de Guerrero”.
Añadió que Tlachinollan, en tanto, se encuentra enclavada en el corazón de la Montaña, en Tlapa, donde ha llevado un sinnúmero de casos como la violación por parte de los militares a las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández “y por si fuera poco Tlachinollan ha llevado el caso emblemático de los opositores a la presa de la Parota, donde hemos ganado más de 10 juicios agrarios ante tribunales nacionales e internacionales”.
Expresó que por eso “a la CRAC-PC y a Tlachinollan, desde este momento los nombramos embajadores de las comunidades indígenas, de las comunidades afros y de los pueblos originarios y desde este momento desconocemos esta falsa y amañada consulta que están queriendo hacer los diputados para salvar su pellejo”.
Llamó a todas las comunidades y pueblos indígenas, afros y mestizos a que se sumen a la lucha para impedir que “nuevamente nos atraquen con estas leyes que quieren reformar indebidamente”.
Cuando el contingente llegó a las instalaciones del Congreso local el personal ya estaba siendo desalojado y algunos de los diputados salieron del edificio por la puerta de atrás.
En tanto que los manifestantes bloquearon los dos accesos que dan a la avenida Trébol.
Ahí, hablaron cada uno de los representantes de las casas de justicia y de las organizaciones que los acompañaron y todos coincidieron en exigir a los diputados a dar marcha atrás a su consulta “falsa, amañada y espuria”, que no cumple con los estándares internacionales.

No fue consulta libre e informada

El asesor de la CRAC, Vidulfo Rosales Sierra emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a analizar bien los documentos que le llevaron los diputados el lunes pasado con los que pretenden “evidenciar que están realizando bien su trabajo”.
Aseguró que los pueblos indígenas son testigos que esta consulta no cumple con lo que establecen los estándares internacionales que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el sentido de que debe ser previa, informada, libre, culturalmente adecuada y de buena fe.
“Les decimos a los ministros; señores, no se dejen sorprender por los diputados de Guerrero que están simulando y engañando a los pueblos indígenas”.
Rosales Sierra advirtió que los representantes de los más de 250 pueblos que participaron en la marcha no reconocen los documentos y supuestas evidencias que llevaron ayer los diputados a la SCJN para evidenciar que sí están cumpliendo con lo que les mandató.
El abogado dijo que los pueblos indígenas no van a permitir un engaño más y que ésta es la primera de las protestas que van a realizar en los próximos días hasta echar abajo esta consulta “falsa y espuria”.
Un representante de la Casa de Justicia de Espino Blanco aclaró que la CRAC no está contra la consulta, sino en contra de la forma como la están haciendo los diputados de la 63 legislatura porque no están consultando a los pueblos indígenas y afromexicanos, y acusó que están engañando a sus autoridades y representantes.

Usurpan diputados representación indígena: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, preguntó qué diputado de los últimos 50 años ha asumido un compromiso real en favor de los pueblos indígenas. “Más bien, son cabrones que viven del presupuesto público, ahí están los que pertenecen a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que son de Ayutla, de Tlapa, de Olinalá, de Acatepec, esos señores deberían tener vergüenza porque están haciendo negocios y fortuna y no leyes a favor del pueblo”.
Denunció que algunos llevan más de 20 años lucrando con el poder público porque el sistema de partidos y el modelo de democracia burocracia lo permiten y les da las posibilidades de que el que tiene dinero puede seguir sentado “como zángano en sus curules”.
Agregó que por eso la lucha de los pueblos indígenas tiene que enderezar el camino de las leyes que está torcido por culpa de las diputadas y diputados.
“Ellos no quieren que los pueblos, sobre todo las autoridades indígenas sean diputadas y diputados, no quieren que los representantes de los pueblos indígenas sean autoridades”.
Denunció que, por ejemplo, en Ayutla se empeñaron en dividir a las comunidades y crearon un municipio ficticio que no fue pedido por los pueblos para dividir la experiencia de gobierno por usos y costumbres.
En tanto que en Tecoanapa y San Luis Acatlán denunció que metieron dinero para impedir que la consulta (para preguntar su las elecciones por el sistema de usos y costumbres o por el sistema de partidos) la hicieran los pueblos en sus asambleas y ganara la postura de los partidos políticos como el único modelo de democracia en el estado.
Llamó a no seguir haciéndoles el juego a los partidos “ni a los diputadillos” que solamente dividen a las comunidades.
Barrera Hernández advirtió que la consulta que promueven los diputados para cumplir con la sentencia de la SCJN no va a pasar porque ya lo han decidido los pueblos.
El abogado Rubén Cayetano García, ex diputado federal por Morena, reconoció que algunos legisladores de su partido no se asumen como auténticamente progresistas y que se están desviando y les hizo el llamado a que rectifiquen, “de lo contrario nos vamos a deslindar de legisladores farsantes y traidores al pueblo”.
Criticó que los diputados no tienen conciencia de lo que están haciendo y ni idea de lo que representa hacer una consulta, en cambio, aseguró que el movimiento de los indígenas no sólo es legítimo, sino correcto “y nos vamos a mantener y a seguir apoyando desde el aspecto legal”.
Una representante de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, denunció que es el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado de Morena Alfredo Sánchez Esquivel, quien encabeza y promueve esta consulta “falsa y amañada” y preguntó a los diputados de ese partido que con quien están, puesto que pregonan que sólo el pueblo va salvar al pueblo, pero dijo que ahora con sus hechos se están apartando de él.
El mitin terminó después de la tres de la tarde, sin que algún diputado o comisión saliera para entablar diálogo.

Entregará la CRAC a ministros pruebas de que la consulta a indígenas fue simulación

No se cumplen los estándares internacionales, advierte el asesor Vidulfo Rosales, quien confía en que la Corte rechace la documentación presentada por el Congreso local. En caso contrario impugnarán, adelanta

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachionollan), Vidulfo Rosales Sierra, se dijo seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazará la consulta en materia de derechos indígenas que realiza el Congreso local para dar cumplimiento a la sentencia que emitió y cuyo plazo vence el 14 de abril; de lo contrario, advirtió que la CRAC va a impugnar.
El lunes, la diputada de Morena, Marben de la Cruz Santiago, informó que un equipo del Congreso local llevó a la SCJN “evidencia documental y en video” de los avances del proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para elaborar las reformas en materia indígena.
Consultado al respecto en entrevista durante la marcha que realizaron autoridades de la CRAC y representantes de organizaciones sociales en rechazo a la consulta que realiza el Congreso del estado, declaró: “yo no creo que vaya a aceptar sus formatitos de reuniones que están presentando el Congreso del estado, y si lo acepta, nosotros lo vamos a impugnar”.
Atajó: “Si la Corte se los acepta, nosotros por supuesto que vamos a recurrir; le vamos a pedir que haga una revisión exhaustiva para ver están cumpliendo o no con los estándares que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en materia de consulta.
Informó que también tienen en puerta una reunión con los ministros de la SCJN para entregarles las pruebas de que el trabajo que realizan los diputados no cumple con los requisitos que la propia Corte estableció, ni con lo que ha dictaminado en la materia la Coidh.
“Nosotros sabemos que los diputados sólo están levantando actas en los pueblos y no se está haciendo la consulta. Los comisarios solamente firman las actas y creo que con eso ellos (los diputados) el 13 van a tener toda la documentación y la van a presentar a la SCJN”.
Insistió: “lo claro es que no hay consulta, no se está dialogando, no conocemos cuales son las dimensiones de la iniciativa que ellos están consultando, no sabemos su contenido, qué perjudica o que beneficia a los pueblos indígenas y afromexicanos, es una consulta totalmente ilegal, que no cumple los estándares internacionales”, insistió.
Cuestionó que según los diputados llevaron “evidencias” de que sí están haciendo bien la consulta, pero que ésta no es previa, es decir, que los pueblos deben participar desde antes de que se haga la iniciativa y de que se diseñe la consulta, pero no hay constancia de que hayan participado previamente.
Además, declaró que la SCJN y la Coidh han establecido que la consulta no es una reunión o un foro, sino un proceso de diálogo sostenido o un conjunto de reuniones, es decir que tienen que platicar con los pueblos “y este trabajo que está haciendo el Congreso conformaría una primera y mínima etapa de la consulta y así debería realizar ocho o diez más para después concluir en grandes foros”.
Explicó que la consulta es un proceso sostenido que dura más o menos ocho meses de diálogo y de consenso que se tiene que hacer con los pueblos, como lo han establecido la Coidh y la SCJN, insistió.
Con respecto a la explicación de los diputados de que actualmente están en la etapa informativa y que falta la deliberativa, el abogado declaró que los comisarios municipales han informado que les están presentando formatos de lista de asistencia y formatos de asamblea y les están pidiendo que firmen estos documentos, “y obviamente con eso no se cumplen los requisitos en materia de consulta”.
Dijo que una consulta implicaría que además de esos formatos les lleven los documentos de la reforma indígena, para que los pueblos sepan en qué consiste, cuantos capítulos tiene, qué es lo que les va a afectar y qué es lo que va a beneficiar “y eso los pueblos no lo conocen, no lo saben. Es más, ni los diputados saben lo que van a consultar, creo que ellos tampoco conocen las reformas”.
–¿Entonces, quien tiene la iniciativas?.
–Pregúntenle a ellos quién las tiene, quién las hizo o cuál es el documento que se está poniendo a consulta de los pueblos, cuál será ese documento. ¿Será la iniciativa de la gobernadora, es la iniciativa de los diputados, o es la ley anterior de Héctor Astudillo?
Añadió que ese es el problema, que no se sabe qué se está consultando o qué se va a consultar, “eso es un problema de la falta de información. Por eso decimos que la consulta no es informada”.
Destacó que esto pasa a nueve días de que se venza el plazo que les fijó la SCJN a los diputados. “Los pueblos todavía no conocen totalmente el contenido de la iniciativa o el documento que se está consultando”.
Por eso se dijo seguro que la SCJN no va a avalar el trabajo que están realizando los diputados, “no creo que la Suprema Corte pueda violar los parámetros que ella misma ha establecido, sería un retroceso grave”.

 

No acepta 75% de comunidades consultadas
la seguridad por usos y costumbres: PRI

Reprochan que diputados de Morena no se incorporaran totalmente a los trabajos por promover a su vez la consulta de revocación de mandato

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El grupo parlamentario del PRI informó que ya realizó asambleas en el 85 por ciento de las comunidades que les asigno el Congreso local. Asimismo, reprochó a Morena por no incorporarse totalmente a los trabajos, por promover de forma paralela la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, de reservarse la información sobre el avance del proceso.
En conferencia de prensa en un hotel al sur de Chilpancingo, los diputados priistas informaron sobre el avance que llevan en las comunidades en las que les tocó organizar el proceso de consulta para las reformas en materia de seguridad y justicia en comunidades indígenas y afroamexicanas.
En estas encontraron que un 75 por ciento de las que ya deliberaron sobre el tema no quieren que la seguridad sea a partir de de usos y costumbres con policía comunitaria, y que prefieren que esta sea responsabilidad de las instituciones del Estado.
Afirmaron que sólo el 25 por ciento quieren ser parte del sistema de usos y costumbres en las que se rija por un sistema de seguridad y justicia comunitario.
Aún faltan comunidades por realizar sus asambleas deliberativas donde harán sus propuestas.
Los diputados priistas comentaron que de los 26 municipios que les fueron asignados, en diez no encontraron comunidades indígenas, y los 16 en los que sí hay son Acapulco, Arcelia, Azoyú, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Cualác, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Huamuxtitlán, Iguala, José Joaquín de Herrera, Ometepec, Taxco de Alarcón, Tlapa, Xochistlahuaca y Xalpatláhuac.
En estos 16 municipios encontraron que existen 419 comunidades indígenas y afromexicanas, de las cuales el 85 por ciento ya realizó sus asambleas deliberativas, y de ese total sólo el 25 por ciento quiere regirse por usos y costumbres.
Por su parte el coordinador del grupo parlamentario del PRI Héctor Apreza Patrón lamentó que la información sobre el avance de la consulta se ha concentrado y no difundido por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local Alfredo Sánchez Esquivel, sin que se realicen procesos de evaluación ya que todos los diputados están involucrados.
Y reiteró que el grupo parlamentario del PRI no ha sido obstáculo ni factor de discordia, y por el contrario lamentó que algunos diputados de Morena en lugar de promover la consulta a los pueblos originarios y afromexicanos trabajen únicamente por la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Apreza Patrón llamó al presidente de la Jucopo a que convoque a una reunión de informe en la que estén presentes los 46 diputados para realizar una evaluación de los trabajos que se realizan en torno a la consulta a poblaciones indígenas y afromexicanas, para que al menos estén en sintonía respecto a los datos que se manejan.
La diputada Flor Añorve reiteró que hay fechas fatales establecidas por la SCJN y no se le está apostando, al menos por ella como presidenta de la Mesa Directiva, a que los ministros den una prórroga, y que por eso ha insistido a sus homólogos en que deben concluir los procesos y entregar la información lo antes posible.
Sin mencionar quiénes, Flor Añorve dijo que “he escuchado voces de algunos de los diputados que me comentan: ‘no se preocupe diputada ¿sabe qué? Nos van a ampliar el plazo’”. Sin embargo, la priista cuestionó: “¿A razón de qué? Si nosotros solicitamos una prórroga y nos dijeron no, y nosotros sabemos que no, es no”.
La presidenta de la Mesa Directiva dijo que lo entregado a la SCJN el lunes, fue “el informe total de la preconsulta” en el que se incluyeron 36 anexos en los cuales se entregaron todas las invitaciones que entregaron a todos los municipios y los que se descartaron por no tener población indígena o afromexicana.
También se incluyeron los detalles de las respuestas de las comunidades sobre las que decidieron participar y cuáles no, “cuándo querían la consulta, cómo la querían, quiénes iban a participar, hasta ese momento se hizo el corte”.
Flor Añorve detalló que los diputados continúan en el trabajo de las asambleas deliberativas, pues cada uno debe entregar la información de que decidió cada población que le tocó, “todavía tenemos estos días y sobre todo este fin de semana para llegar al 100 por ciento, cosa que al inicio se veía muy difícil”, porque aseguró que no se establecieron las normas y que cada población decidió cómo participar.
Añorve Ocampo espera que para este viernes 8 de abril puedan tener la mayo parte de los resultados de la consulta en cada una de las comunidades que decidieron participar.
Apreza Patrón dijo que espera que la Corte “evalúe el gran esfuerzo que se está realizando y que se haga de manera adecuada” porque dijo que se está haciendo un trabajo intenso.
Cuando se les preguntó por las sanciones que la Corte puede determinar en caso de que no se haya realizado la consulta o esta no fuera hecha de manera adecuada, Apreza dijo defendió que la consulta se realiza “correctamente” aunque reconoció que eso lo determinará tras realizar sus valoraciones la SCJN.

Critican licencia de Beatriz Mojica

Respecto a la solicitud de licencia de la diputada morenista Beatriz Mojica Morga, quien decidió dedicarse por unos días al promover el proceso de consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada Alicia Zamora dijo que la respeta, pero no comparte porque “la prioridad en este momento es que tenemos un mandato de la Corte y nos está estableciendo tiempos fatales”.
Consideró que “no habría otra prioridad que cumplir con el mandato de la Corte y de sus representados que es irles a pedir su punto de vista, y más en un diputado o diputada que se autodenomina afromexicano, que pareciera ser más un slogan y que a la hora de los hechos le interesa más otra consulta que los derechos de mis representados”.
La presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve, dijo que sólo recibió la solicitud de licencia de la diputada Beatriz Mojica, la cual será hasta hoy cuándo se haga del conocimiento del pleno que podría votarlo este mismo día.
“Hasta donde es válido, lo pongo en la mesa, que solamente con un documento que yo pongo ya tengo yo el permiso correspondiente para hacer otras actividades”. Un reportero preguntó si la licencia inicia hasta que lo apruebe el pleno lo apruebe, lo cual confirmó Flor Añorve.