EL-SUR

Sábado 02 de Marzo de 2024

Guerrero, México

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Ordena juez al Ejército no destruir documentos sobre el caso Ayotzinapa

Policías y militares servían a Guerreros Unidos, el grupo delictivo que ordenó desaparecer a los 43 normalistas, sostiene reportaje del diario The New York Times Da a conocer más de 23 mil mensajes interceptados por la DEA y que fueron entregados al gobierno de México Viene hoy el secretario de la Defensa a sesión solemne del Congreso local Se inscribirá en letras doradas la leyenda “2023, año del bicentenario del heroico Colegio Militar”

Septiembre 04, 2023

NYT: policías y militares servían a Guerreros Unidos, que ordenó desaparecer a los 43

El diario estadunidense da a conocer más de 23 mil mensajes interceptados por la DEA y que fueron entregados al gobierno de México. Se plantea que el motivo de la persecución a los normalistas de Ayotzinapa y su posterior desaparición fue que los traficantes confundieron el convoy de autobuses que habían tomado con una incursión de un grupo enemigo y dieron la orden de atacar

Agencia Reforma

Ciudad de México

La colusión entre Guerreros Unidos y autoridades que causó la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa tiene nuevas pistas con 23 mil mensajes, reveló The New York Times.
El medio estadounidense analizó comunicaciones proporcionadas por la DEA al gobierno de México el año pasado, donde se reafirman datos sobre nexos del grupo criminal con policías y mandos del Ejército.
Según el reportaje de The Times en los mensajes interceptados se exhibe que policías, militares y funcionarios estaban coludidos con el cártel Guerreros Unidos grupo que dio la orden de atacarlos y posteriormente desaparecer a los jóvenes normalistas.
En su publicación semanal The Times el diario estadunidense reveló, a partir de intercepciones telefónicas, que “el asesinato masivo de los 43 normalistas fue posible, según los investigadores, gracias a la subordinación del gobierno. Y la lealtad era profunda”, se lee en el reportaje, en el que se detalla cómo militares, socorristas, policías, y un forense servían al cártel.
Se plantea también que el motivo del ataque y posterior desaparición fue que los traficantes confundieron el convoy de autobuses que habían tomado los normalistas, con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar.
Además, el Ejército recibió actualizaciones sobre todo lo que iba ocurriendo la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, “oficiales de inteligencia militar estaban escuchando lo que sucedía”, incluso detallan que espiaban a un líder del cártel y un comandante de la polícia que “discutían adónde iban a llevar a los estudiantes”, y dos días después conocieron la ubicación de otros implicados que discutían la liberación de algunos jóvenes.
Se revela también que las comunicaciones del cártel fueron interceptadas en 2014 por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), cuando realizaba una investigación por el tráfico de drogas de Guerreros Unidos en Chicago.
Estas comunicaciones interceptadas por la DEA fueron requeridas por el gobierno de México que “trató de acceder a los mensajes de texto”, pero se apunta que las autoridades estadounidenses sólo entregaron los 23 mil mensajes el año pasado.
Según el reportaje, un testigo aseguró que algunos estudiantes fueron incinerados en un crematorio propiedad de la familia de un forense que estaba coludido con Guerreros Unidos.
El trabajador del Servicio Médico Forense enviaba fotografías de escenas del crimen, así como de cadáveres a sus jefes criminales.
“En los mensajes de texto, él dice que el hermano de su colega era un sicario. El forense se valía de ese contacto para advertir al cártel cuando los asesinos tenían a sus miembros en la mira”, señala.
Omar Gómez Trejo, fiscal del caso que renunció en septiembre del 2020 y lideraba pesquisas contra militares implicados, huyó a Estados Unidos a finales de ese año por miedo a su seguridad, dice el NYT.
El ex funcionario fue de los primeros en conocer las comunicaciones aportadas por la Administración del Control de Drogas (DEA) en una sede de la dependencia en Chicago.
En las comunicaciones privadas destaca que los jefes criminales se cuestionaban si un alcalde local podría cambiar dólares a pesos o, en contacto directo, se preguntaba al munícipe si necesitaba que un regidor fuera reprendido.
También se reitera que el Ejército estaba al tanto de lo que sucedía entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, gracias al espionaje con Pegasus, señala el NYT.
De acuerdo con el rotativo, autoridades mexicanas intervinieron teléfonos de quienes quedaron a cargo de Guerreros Unidos al menos hasta 2017, cuando la relación entre militares y delincuentes todavía era “fuerte”.
Tres años después de la noche de Iguala, uno de los traficantes implicados en la desaparición masiva de los estudiantes contó cómo había estado en una borrachera con soldados en un restaurante.
“Un administrador de dinero del cártel dijo que se había hecho amigo de un comandante de la Policía Federal. Un regidor de la ciudad habló de contrabandear drogas a Estados Unidos”, indica el reportaje.
Además, la esposa de un líder de Guerreros Unidos que está en prisión perdió el seguimiento a un cargamento de drogas enviado a Estados Unidos, por lo que sospechó que el contrabandista se quedaría con la mercancía y pidió que fuera amenazado si no quería terminar como los normalistas.
“Si sabe cómo le fue a los 43”, dijo, “No quiere ser el 44”, manifestó. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo)

 

Ordena juez al Ejército no destruir documentos que tengan relación con
el caso Ayotzinapa

El Centro Prodh informó que las madres y padres de los normalistas desaparecidos demandaron el amparo porque el aparato de inteligencia militar ha incumplido el Decreto Presidencial que ordena colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa

Natalia Vitela / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un juez federal ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, luego de que madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos interpusieron un amparo para que se preserve la información de lo sucedido y ésta no sea alterada, depurada o eliminada.
“En su acción legal, las familias han pedido como medida cautelar que dentro de la suspensión el Poder Judicial ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada.
“Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones”, según un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Prodh).
De acuerdo con el Centro, las madres y padres de los estudiantes normalistas interpusieron este amparo por considerar que la cadena de mando del aparato de inteligencia militar ha incumplido el Decreto Presidencial de 4 de diciembre de 2018, que ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
“Violando con ello el derecho a la verdad de los familiares y de toda la sociedad en su conjunto”, indica.
El Centro apunta que las familias de los jóvenes desaparecidos argumentaron en su demanda que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvieron pleno conocimiento de que el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, pese a que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
“De este ocultamiento, que abiertamente desacata las instrucciones conferidas vía decreto por el Presidente de la República, los padres y las madres señalan la responsabilidad del secretario de la Defensa Nacional; del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y el director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras”, señala.