Piden padres de los 43 que se investigue la versión de que llevaron a los jóvenes a Los Tequileros

Solicitaron al Estado y a la CIDH “que se pueda investigar el tema de La Gavia como una línea sólida”, informa el abogado Vidulfo Rosales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y su abogado Vidulfo Rosales Sierra pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado mexicano, que se abra una nueva línea de investigación a la versión de que un grupo de normalistas pudo haber sido llevado a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, y entregado al grupo criminal Los Tequileros.
El abogado informó que la petición la hicieron el 6 de julio durante la audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH en Lima, Perú.
El abogado explicó que desde el inicio de la desaparición de los 43 estudiantes surgieron varias teorías con información anónima, pero que nunca mencionaron concretamente que habrían sido llevados a La Gavia, como recientemente informaron pobladores de San Miguel Totolapan a algunos medios de comunicación.
Informó que la versión de que los estudiantes fueron llevados a la Tierra Caliente nunca se tomó como una línea de investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), porque no tenía fuerza la aseveración debido a que era anónima.
“Sin embargo con lo que ya se ha comentado de que hay personas de San Miguel Totolapan que sostienen esa versión, adquiere más objetividad y ya tiene que ser motivo de una investigación”, dijo Vidulfo Rosales.
Informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tampoco abundó al respecto, y que ahora es una línea de investigación nueva “que a nosotros nos inquieta y nos preocupa y creemos que debe ser objeto de una investigación exhaustiva”.
Añadió que durante la audiencia que tuvieron en Lima Perú con el Estado mexicano y la CIDH, estaba justamente circulando esa versión en México y que el comisionado del Mecanismo Especial de Seguimiento, Paulo Vannuchi mencionó el caso y que incluso leyó una nota periodística que hablaba de La Gavia y que lo puso en la mesa de la discusión.
Añadió que el Estado mexicano no respondió “en absoluto” a ese cuestionamiento.
Agregó que en la audiencia privada del jueves 6 de julio hicieron énfasis a la CIDH y al Estado mexicano que esa debe ser una línea de investigación.
“Concretamente hicimos la solicitud de que se pueda investigar el tema de La Gavia, como una línea sólida y máxime hoy que se dice que hay un reo en el penal que proveyó esa información, resulta más objetiva, inquietante y preocupante, razón por la cual hay que dilucidarla”, consideró.
Para Rosales Sierra hay elementos suficientes como para erigir la hipótesis en una verdadera línea de investigación que abarque las entrevistas con la persona detenida, investigación de campo y la búsqueda con tecnología la existencia de fosas en esa zona.
Indicó que con esta versión cada vez salen más datos e hipótesis que contrastan y echan por tierra la conclusión a la que llegó el ex procurador Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Mencionó que el caso da cuenta de una red de complicidades mucho más amplia, “habla de un control que rebasa a las autoridades municipales, estamos hablando de una autoridad federal capaz de controlar territorialmente todos esos espacios”.

Entran empleados municipales a La Gavia, Totolapan, para limpiar de animales muertos

Cerca de 50 empleados del municipio y soldados en dos patrullas ingresaron al poblado y a la casa de El Tequilero. Hallan un vehículo incendiado y baleado. “No les puedo garantizar la seguridad… vamos a esperar que el gobierno estatal y federal nos den garantías”, dice el alcalde

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Por primera vez en la actual administración municipal de San Miguel Totolapan del perredista Juan Mendoza Acosta, ingresó a La Gavia un programa de salud que no llegaba por temor al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y en compañía del Ejército sólo encontraron animales muertos y todas las casas abandonadas.
La falta de vecinos y de criminales permitió ingresar a zonas donde todavía hay huellas de violencia, y a la casa de El Tequilero.
El alcalde ordenó una operación de saneamiento de La Gavia después del reporte de animales muertos, y a las 10 de la mañana partió un grupo del Ayuntamiento para la limpieza con un carro de basura, picos, palas, cubrebocas, guantes y cal, además de maquinaria para hacer hoyos en donde sepultaron los animales muertos. Eran cerca de 50 empleados, además de dos patrullas militares que avanzaron en vehículos y a pie.
Encontraron principalmente marranos muertos, chivos que fueron atacados por los perros, algunas vacas y varias aves. Fueron alrededor de 50 animales que sacaron de las casas.
El pueblo está dividido por un arroyo, tiene aproximadamente 100 casas. En la primera sección están las escuelas, del otro lado del arroyo hay un camino que sube a una loma y detrás se ubica la casa de la mamá de El Tequilero, a donde según los reportes llegaba a dormir.
En el trayecto había cartuchos percutidos y útiles de calibre .223 para el rifle de asalto AR-15 con la punta color verde. Casas de concreto con impactos de bala en el mismo camino de subida. Ahí se aprecia un tramo a 100 metros del arroyo, donde las lluvias hacen un charco.
“Ahí se atoraron los federales, no pudieron avanzar con sus unidades pero lo peor  es que este no es el camino a la casa de El Tequilero, está por abajo, se entra por una calle antes, se equivocaron”, dijo una fuente del lugar.
Bajando la loma entre las últimas casas está una vivienda humilde de teja con dos cuartos, y un patio amplio, muy al estilo de la región. Ahí estaba una camioneta Jeep negra abandonada con una jeringa en la guantera, al parecer de El Tequilero.
Toda la casa tenía ropa tirada y basura como si antes alguien hubiera entrado y revisado todo. Se vieron juguetes tirados y fotografías familiares.
Según las autoridades ya no hay nadie en el pueblo y el grupo militar que mantenía el control de la localidad se fue.
Ayer todos tomaban sus medidas preventivas en esa loma y con mucha precaución avanzaron casa por casa. Los militares ingresaron con una patrulla pero por el lodo continuaron a pie.
Esa casa tiene otra entrada al fondo del pueblo arroyo arriba, que en esta temporada de lluvias es más complicada por el crecimiento del caudal.
La protección de la loma, lo complicado de los accesos y las casas en la parte alta con amplia visión de los caminos le daba ventaja al grupo criminal Los Tequileros para observar con anticipación a sus enemigos.
Justo frente a la casa de El Tequilero del otro lado del arroyo se vieron dos camionetas. Una Dodge completamente calcinada y otra de redilas de 6 toneladas, al parecer las dos fueron utilizadas en el enfrentamiento de la noche del 10 de mayo cuando se reportó que el grupo que llegó tuvo cinco bajas.
La Gavia huele a mortandad, por todos lados se vio a animales muertos. Algunos atacados por los perros, otros murieron de hambre.
Mientras se limpiaba el lugar llegaron camionetas con vecinos de la localidad, gente que salió y que radica en la cabecera municipal con sus familiares y que aprovechó la presencia militar para ir a sus casas a darle de comer a sus animales. Se les vio hacer todo a prisa como si quisieran irse rápido.

Varios vecinos refugiados en la cabecera quieren regresar

El presidente municipal perredista, Juan Mendoza Acosta no acudió a La Gavia pero dio una conferencia de prensa en la que precisó que varios vecinos quieren regresar, aunque la localidad “aún no es segura”.
El alcalde dijo que la limpieza en la localidad es porque es un foco rojo de infección y no quiere una epidemia.
“El 50 por ciento de las familias que se salieron están aquí en San Miguel, me han preguntado que si pueden regresar, y la verdad yo lo que les he dicho que es que yo no les puedo garantizar la seguridad, yo les he dicho que me gustaría que vuelvan pero vamos a esperar un poco más para que el gobierno estatal y federal nos den garantías”, dijo el alcalde.
“Los primeros que se salieron sufrieron saqueos del grupo delincuencial. Sabemos que los delincuentes se salieron de ahí y vemos que el Ejército hace su parte pero la verdad, la verdad yo creo que aun no es segura La Gavia”, señaló.
“Pienso que un mes, mes y medio o dos meses puede que haya condiciones con las acciones emprendidas por el Ejército, la Policía del Estado y hasta la PGR, yo creo que pronto habrá esas condiciones”, consideró.

Se refugian por sus medios en Iguala desplazados por la violencia de Chilapa, La Gavia e Ixcateopan

Viven hacinadas 20 familias de Tepozcuautla y no regresarán a su comunidad porque les espera la muerte, responden al alcalde Jesús Parra. Acuden defensores del Centro Morelos y la representante de la colonia a la que llegaron dice que tiene un censo de 100 personas de 40 familias, más de la mitad son niños menores de 9 años y pocos adolescentes de entre 12 y 17

Alejandro Guerrero

Iguala

Unos 60 integrantes de 20 familias que fueron desplazados por la violencia de la comunidad de Tepozcuautla, municipio de Chilapa, se refugiaron en precarias casas en las que viven hacinados y con carencias en una colonia de esta cabecera municipal, donde además hay refugiados de La Gavia, San Miguel Totolapan, e Ixcateopan.
Los desplazados por la violencia advirtieron que no regresarán a su comunidad “porque si regresamos ya sabemos lo que nos espera, la muerte”, informaron este martes las familias que desmintieron al alcalde de su municipio, el priista Jesús Parra García, quien afirmó que los que huyeron por la violencia ya habían regresado.
La tarde del martes las familias fueron visitadas por el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) de Chilapa, Manuel Olivares Hernández, organismo que está levantando un censo de las familias desplazadas por la violencia de Chilapa.
Las víctimas llegaron a Iguala en diferentes momentos, algunas ya llevan un año, otras desde septiembre y las más recientes, unas siete familias llegaron entre el 7 y el 9 de junio pasado.
El miedo es evidente, no quieren que nadie sepa de su ubicación y dudan en ser parte de la petición de reubicación que se planteó en la reunión con integrantes del Centro Morelos.
Al presentarse ante unas nueve familias que llegaron poco a poco al encuentro, Manuel Olivares dijo que la seguridad de las familias es responsabilidad del Estado, “pero al ser incapaces de dar esas garantías vuelve a las familias víctimas de desplazamiento forzado”.
En la reunión se dijo que las familias huyeron con miedo y a escondidas de la delincuencia organizada, sacaron únicamente ropa y algunas pertenencias que podían llevar cargando, pocos sacaron más cosas porque no tienen vehículo.
Las familias que abandonaron sus casas, pertenencias y animales de corral no sabían cómo estaban sus pertenencias pero dijeron que no regresarán.

A un hombre le desaparecieron a dos hijos; la presencia policiaca y militar no sirve, afirma

Uno de los desplazados, un hombre de unos 65 años dio a conocer que le desaparecieron a dos de sus hijos de 26 y 18 años el 24 de febrero, afirmó que no sirve de nada que el Ejército y la Policía Estatal estén en la comisaría, pues dejan el resto de la comunidad, las carreteras y los caminos desprotegidos. Informó que también fue amenazado por los delincuentes para que saliera del pueblo o lo matarían.
Expuso que los hombres ya no podían salir a trabajar por miedo a ser asesinados al ser confundidos en la disputa en esa zona, entre los grupos de la delincuencia organizada Los Ardillos y Los Rojos, “no podíamos ya salir ni a la esquina a comprar a la tienda y menos a Chilapa o a las tierras de cultivo porque teníamos miedo de ya no regresar, sólo estábamos encerrados en las casas”.
Otro desplazado narró que él con su esposa y sus cuatro hijos dejaron su casa, caballos, aves de corral, algunas reces y puercos, los cuales tuvieron que soltar para que pudieran alimentarse solos. También dejaron el maíz que habían cultivado para autoconsumo.
Dio a conocer que ante la precaria condición en la que viven se apoyan entre las familias con la alimentación, comparten un refrigerador que uno logró sacar de su casa.
Agregó que no regresarán a Chilapa por miedo a que la delincuencia les arrebate sus hijo de 17 y de 14 años, y tiene otros dos de 9 y de seis años y mencionó que antes de que ellos huyeran del lugar los delincuentes se llevaban a los adolescentes de 13 y 14 años para obligarlos a trabajar para ellos, “preferimos salirnos y dejar todo, como quiera la vida es lo más importante”.
Un caso más es el de una familia que también huyó dejando todo luego de que delincuentes querían obligar al jefe de familia a servir como informante de un grupo, dieron a conocer que en los medios de comunicación en Tepozcuautla vieron que en su casa hubo saqueo de pertenencias, aun así no piensan regresar.
Informaron que a otras colonias de Iguala llegaron más familias de desplazados de su comunidad, por lo que la cantidad exacta de cuantas familias están refugiadas en Iguala no se sabe.

Vivir en casas prestadas y sin ayuda del gobierno

Sin la ayuda del gobierno las familias con apenas escolaridad de secundaria, primaria y otros sin ningún estudio, narraron las precarias condiciones en las que viven hasta diez personas en una pequeña vivienda de unos seis metros cuadrados, con piso de tierra, en su mayoría sin camas ni trastes para cocinar porque todo lo dejaron en sus casas que abandonaron.
Padecen hambre a pesar de que los hombres salen todos los días a buscar empleo “de lo que haya”, las casas carecen de los servicios básicos como drenaje y agua que en esta temporada aprovechan las lluvias para captar un poco, y en el caso de la energía eléctrica a algunos les prestan los vecinos.
Los adolescentes tuvieron que dejar la preparatoria y los menores fueron incorporados al kínder y a una primaria cercana a donde están.
Una de las mujeres informó que solicitaron que fuera cambiado a este municipio el lugar para que puedan recibir el apoyo de Prospera, ya que desde que salieron huyendo de su comunidad no lo han recibido.
En el encuentro con integrantes del Centro Morelos la representante del asentamiento al que llegaron la mayor parte de desplazados por la violencia, quien pidió omitir toda información de su ubicación, indicó que según el censo que tiene son unas 100 personas de 40 familias que recibieron de desplazados por la violencia, de estos más de la mitad son niños menores de 9 años y pocos adolescentes de entre 12 y 17 años.
Indicó que son unas 25 familias de Tepozcuautla, Chilapa, siete de La Gavia en San Miguel Totolapan y tres de Ixcateopan, a las que les buscaron algunas casas desocupadas donde podían quedarse.
Informó que las autoridades locales y estatales ya saben de la situación.

Los dos baleados en Zitlala tenían medidas cautelares y son desplazados de Quetzalcoatlán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El indígena nahua muerto y el otro hombre que resultó herido tras un ataque la tarde del miércoles en la salida de Zitlala son originarios de Quetzalcoatlán de las Palmas y contaban con medidas cautelares, a raíz de la masacre del 6 de enero del 2016 contra vecinos de esa localidad en donde asesinaron a seis.
El señor Benigno Marabel Tlatempa y Salomón Lara Tlatempa (quien sobrevivió al ataque) fueron obligados por el gobierno a que junto con 25 familias de desplazados se regresaran de la cabecera municipal a Quetzalcoatlán con el argumento de que ya había garantías de seguridad por la presencia de dos grupos de la Policía Estatal, que después se redujo a uno con sólo seis agentes.
Benigno y Salomón fueron atacados a balazos por hombres armados aproximadamente a las 4 de la tarde a la salida rumbo a La Esperanza, por donde darían vuelta para evitar pasar por Tlaltempanapa que está bajo el control del grupo armado Paz y Justicia que ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal de Los Ardillos y a quienes los de Quetzalcoatlán responsabilizan del ataque del 6 de enero del 2016.
Los dos indígenas habían ido a la cabecera municipal a vender sus cintas de palma y a comprar víveres debido a que los gobiernos estatales y municipales incumplieron con la dotación mensual de despensas para evitar que salieran de su comunidad ante el riesgo de ser atacados.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández responsabilizó este jueves al Ayuntamiento de Zitlala que preside el priista, Roberto Zapoteco Castro y al estatal que encabeza el gobernador, Héctor Astudillo Flores, del ataque a los dos indígenas que dejó a uno muerto y al otro herido. Contó que el herido está grave ya que tiene una bala alojada en la cabeza.
Denunció que los hombres fueron obligados por las autoridades estatales y municipales a regresar a su comunidad asegurándoles que ya no había riesgo.
Recordó que “algunos (de los desplazados) estuvieron sólo tres meses y otros pasaron de los tres meses en un albergue de Zitlala y cuando regresaron a su comunidad lo hicieron en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo”, en conferencia de prensa acompañado de los desplazados de la zona.
Informó que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) solicitó medidas cautelares y el gobierno del estado les mandó resguardo policiaco a su comunidad.
Reprochó que las autoridades estatales “con una prepotencia que es característica de esta administración, nunca les dio la atención debida, nunca atendió su derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, mucho menos al empleo, motivo por el cual varias de las familias tuvieron que salirse como jornaleros a Sinaloa y sólo 11 se quedaron allí”.
Agregó que las familias fueron obligadas a salir a comprar a la cabecera municipal ya que el gobierno incumplió con darles los productos necesarios para subsistir, además tenían que ir al campo a buscar leña o a cortar palma para tejer sus cintas, con el riesgo que esto implica.
Dijo que las garantías de seguridad para estas familias son elementales por la elevada violencia en la zona. “Todos sabemos que en Chilapa y Zitlala ha habido más de 140 asesinados en lo que va del año”.
Demandó que el gobierno del estado cubra los gastos funerarios del indígena asesinado como su ataúd, el traslado de Zitlala a Quetzalcoatlán, el pago de impuestos o permisos para sepultarlo en el panteón que la familia decida, ya que dijo que las familias de ambos indígenas son de pobreza extrema.
Los indígenas de Quetzalcoatlán para viajar hacia Zitlala, Chilapa o Chilpancingo tienen que pasar por Tlaltempanapa donde los integrantes del grupo armado Paz y Justicia instalan retenes y son a quienes señalan de haber ido a atacarlos en 2016 y los han amenazado.