En un video el fiscal señala al diputado priista Saúl Beltrán como el líder
de Los Tequileros

En un video que se presentó la noche de ayer en el noticiario de Televisa En Punto, el fiscal del estado Javier Olea Peláez señala que el líder del grupo criminal de Los Tequileros es el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco.
En el noticiero conducido por Denise Maerker se mostraron imágenes de una reunión del fiscal del estado con representantes de pobladores de San Miguel Totolapan, el 12 de mayo pasado, tras la irrupción de unos 500 soldados y policías a la cabecera de ese municipio
En el video el fiscal dice: “Tengo perfectamente la radiografía, y ya les dije, El Tequilero número uno se llama Saúl Beltrán Orozco, punto, pero tiene fuero”.
Luego se escucha otra voz que le responde al funcionario, “es lo más triste, ahí cómo le dices a una sociedad que ha sido agraviada que técnicamente no hay (inaudible)”.
Pero el fiscal lo interrumpe alzando la voz: “No lo va a entender, hay que explicarles de otra forma, que aguanten”.
Las autoridades estatales han señalado a Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como el líder del grupo delictivo de Los Tequileros.que se ha dado a conocer en el país por los secuestros masivos de ciudadanos en el área de los municipios de San Miguel Totolapan, Arcelia y Ajuchitlán.
Este martes 30 de mayo, el fiscal Javier Olea Peláez afirmó que sigue la investigación para detener a Jacobo de Almonte, y del proceso contra el diputado local Saúl Beltrán Orozco, de quien la Fiscalía demandó su desafuero, reiteró que éste está amparado.
También le preguntaron si el diputado era el número uno de los dirigentes de la banda de Los Tequileros, pero respondió que El Tequilero es Raybel (Jacobo) y no sabe si sea el jefe de Saúl Beltrán. (Redacción).

Limita el Congreso candidaturas comunes para 2018 al 33% de ayuntamientos y diputaciones

La propuesta fue votada a favor por los diputados del PRI, PAN y PVEM, quienes rechazan dos veces propuesta de adición de MC de sancionar a partidos o candidatos que reciban dinero del crimen durante los procesos electorales. No acude el PRD a la sesión extraordinaria que cumplía de última hora plazo para reformas en materia electoral

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Congreso local, sin el PRD, votó ayer por mayoría en contra de la reserva presentada por MC de sancionar a los partidos políticos que registren a candidatos que reciban recursos de la delincuencia organizada en procesos electorales y aprobó una reforma a la legislación electoral mediante la cual los partidos que quieren presentar candidaturas comunes para el proceso electoral del 2018 sólo lo podrá hacer en el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos y de los 28 distritos electorales.
Esto, como parte de las reformas a la legislación electoral local.
A la sesión extraordinaria no asistieron los diputados del PRD y los dos independientes que eran del PT, porque se inconformaron por la reforma que se iba a aprobar para limitar las candidaturas comunes.
Por eso sólo el PRI, PVEM y PAN aprobaron las reformas en materia electoral. En el caso de las candidaturas comunes, es la más utilizada por los partidos de izquierda para presentar a un candidato en conjunto.
Las sesiones extraordinarias que el Congreso local realizó ayer, fueron para cumplir de ultima hora las reformas en materia electoral, antes de los 90 días que establece la ley previos al inicio del proceso electoral.
Los diputados del PRI, PVEM y el PAN rechazaron dos veces la propuesta de reforma que presentó MC para impedir o sancionar que candidatos o partidos políticos reciban en procesos electorales recursos ilícitos provenientes de la delincuencia organizada.
Incluso la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, se burló desde su curul con ademanes, risas y gestos del diputado Silvano Blanco de Aquino cuando insistió en tribuna la necesidad de que su propuesta se incluyera y reprochó que su iniciativa la presentó desde hace meses no fue considerada, pero sí dictaminaron de manera inmediata las enviadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Silvano Blanco insistió en tribuna que es necesario poner candados a la ley para que el dinero del crimen organizado no se infiltre en el proceso electoral y que así se evite el incremento de la violencia en el estado.
Reiteró que cuando hablan de recurso de procedencia ilícita, principalmente se refieren “a los halcones que tiene la delincuencia organizada, porque se vuelven promotores del voto  y movilizadores (de electores) el día de la jornada electoral, entonces también participan aportando recursos, humanos, recursos materiales, vehículos”.
Con la intromisión de la delincuencia organizada y que sean los grupos criminales quienes presenten o ayuden a candidatos “al final de cuentas los resultados son los que estamos viviendo en el estado de Guerrero; es decir, que hay alcaldes que están imposibilitados para actuar derivado de este acuerdo político que hicieron con la delincuencia organizada. Permiten que hagan lo que quieran, que extorsionen, secuestren, que asesinen en sus municipios”, dijo Silvano Blanco.

No se consultaron las reformas

Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, justificó su voto en contra de las reformas aprobadas ayer, porque dijo que “exhiben el puro interés del partido en el poder, no comparto las decisiones unilaterales del Ejecutivo ni los planchados en el Congreso”.
Recriminó que a muchos políticos se les olvida el origen del cargo “y simplemente acatan órdenes”.
Dijo en tribuna que los dictámenes con proyecto de ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral al igual que el de Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, “jamás se circularon, son documentos que desconozco, que no he visto, que no he analizado y que me imposibilita a votar, pero no por eso dejaría de asistir a esta sesión para ejercer mi responsabilidad como representante popular”.
Por su parte el coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja, calificó como un “retroceso grave, regresión” la reforma aprobada ayer por la que se establece la limitante para que las candidaturas comunes de los partidos sólo se puedan realizar en el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos y en el mismo porcentaje para las diputaciones locales.