En el caso Ayotzinapa, desde el inicio ha sido negado el derecho a la justicia, advierten

En el foro A nueve años del caso Ayotzinapa ¿qué sigue?, que tuvo lugar en la UNAM, la ex integrante del GIEI Ángela Buitrago reitera que todos los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, producidos por la Sedena, tienen que ser conocidos por la sociedad, para que ésta vea “cómo se hace referencia a otros que no están y no fueron entregados”. Su ex colega del GIEI Carlos Beristain dice que están con la gente “en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación, y no nos vamos a mover de ese lado”

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

En el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada, lo que ha prevalecido desde el primer momento es la negación al derecho a la justicia, y esto permanece hasta el día de hoy, pues padres y madres de los jóvenes desconocen el camino que siguen las investigaciones.
Esta fue una de las principales conclusiones del foro A nueve años del caso Ayotzinapa ¿qué sigue? Elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación, realizado este lunes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con la presencia de familiares de los normalistas y en el que participaron especialistas en el tema como Ángela Buitrago y Carlos Beristain, ex integrantes del GIEI, y Vidulfo Rosales, representante legal de las madres y padres de los 43.
Asimismo, estuvieron presentes Karina Ansolabehere, investigadora del IIJ y del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, y la socióloga e investigadora Angélica Cuéllar, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
De acuerdo con Rodrigo Gutiérrez, integrante del IIJ que moderó el foro, el objetivo era comentar ideas, reflexiones, y hacer un análisis de la situación en la que se encuentra el caso para también aportar soluciones que permitan avanzar.

Las familias deberían saber qué se ha averiguado

La abogada Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hasta que éste se disolvió el 31 de julio pasado, indicó que ella y su equipo han intentado comprender la realidad a la cual se enfrentaron en la investigación en la que se encontraron con desaparición forzada y con otros crímenes, como homicidios y violaciones graves a los derechos humanos.
“Para hablar del futuro, primero es importante conocer el derecho que tienen las víctimas en un caso de desaparición forzada, recordando que ésta constituye una violación de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la Constitución mexicana”, remarcó.
La desaparición forzada, continuó, supone el reconocimiento de las fallas del Estado mexicano y de las acciones delictivas que, por lo tanto, implica la investigación y juzgamiento completo de los responsables.
“La víctima tiene derecho a la reparación, pero ésta inicia con la vinculación de manera particular de los tres derechos de verdad, justicia y reparación. En el caso Ayotzinapa, no nos podemos desprender de la necesidad de entender la relación intrínseca entre esos tres derechos que están mencionados en el título de esta intervención y de la reunión que tenemos hoy alrededor del caso Ayotzinapa”, subrayó Buitrago.
En el caso Ayotizapa, sostuvo, el derecho de acceso a la justicia ha sido denegado desde el primer momento e incluso, aunque se trataba de un caso de desaparición forzada, se obligó a que hubiera denuncias de parte de los padres para avanzar en las investigaciones.
“Este solo elemento significa que el Estado mexicano nunca tomó en serio la necesidad de actuar de manera oficiosa y de manera inicial en actos tan graves como la desaparición de los 43 estudiantes más los otros delitos.
“Para tener justicia, (los familiares) tendrían derecho a saber qué está pasando en las investigaciones, qué se ha averiguado, y este tema que si bien es cierto era oscuro al principio, ahora los familiares tampoco saben qué está pasando en las investigaciones”, lamentó.
Buitrago también externó que todos los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, producidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tienen que ser conocidos por la sociedad mexicana.
“Si se publica esto, invitamos a la sociedad mexicana a que analice cada documento y que vea cómo se hace referencia a otros documentos que no están y no fueron entregados. Esto limita el derecho a la verdad y la justicia y el derecho a la reparación”, puntualizó.

El Ejército, en el pasado y en el presente

El abogado representante de madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, afirmó que existe un actor que es constante en las violaciones a derechos humanos del pasado y del presente. “Me refiero al Ejército mexicano, que es un ente que ha salido cuando ha habido crisis políticas en el país, que sale a sofocar, a meter en cintura a los insubordinados, a los que se revelan.
“En 1968, el Ejército aparece, y lo que hizo fue apaciguar a esa inconformidad social que teníamos. En los años sesenta, cuando surgen los movimientos sociales armados, de igual forma es el protagonista principal que sale a sofocar la inconformidad social, la disidencia política”, contextualizó.
En el caso Ayotiznapa, afirmó, el Ejército volvió a aparecer. “¿Y por qué? Porque sigue siendo ese ente que está monitoreando en el país la inconformidad social. Hoy por hoy, los órganos de inteligencia para vigilar qué es lo que hace en este país son del Ejército, con una visión contrainsurgente, que ve en cada campesino, estudiante y persona que es crítica en este país, el enemigo a eliminar”, advirtió.
Indicó que en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa estudiaron líderes sociales como Lucio Cabañas, que en su momento cuestionaron al régimen. “Se revelaron contra esa opresión e injusticia de muy diversas formas. Ayotzinapa es un enemigo para el Ejército, no en vano inscribió a dos de sus elementos en la normal”, recordó Rosales a propósito de los militares infiltrados en la generación de los 43.
“El GIEI, cuando hizo su investigación, encontró que varios defensores de derechos humanos son colocados con mayor peligrosidad que los grupos de la delincuencia organizada que hoy actúan en el país”, lamentó el abogado.

FGR y fuerzas armadas, contra verdad, justicia y memoria

Es importante analizar qué pasó en los últimos nueve años en torno al caso Ayotzinapa para aprender de eso, porque, por un lado existieron fuerzas proverdad, projusticia y prorreparación del daño encabezadas por las familias de los 43 estudiantes y las organizaciones aliadas, pero también existieron fuerzan que se opusieron a esas tres exigencias, manifestó Karina Ansolabehere, investigadora del IIJ y del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México.
“Hay dos actores que aparecen cuando se hace una fisura a este gran muro. Operan intentando tapar esa fisura y hacen retroceder los procesos”, señaló la experta en referencia a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fuerzas armadas: el Ejército y la Marina.
“En situaciones de impunidad sistémica como las que se viven en México, las familias son las que se tienen que mover.

Hacen una fuerza muy grande para mover esa palanca, para mover algo, pero del otro lado hay actores con mucho poder y son estos actores que cada vez que hay estas fisuras las vuelven a tapar.
“Lo que viene en el futuro es que nos tenemos que concentrar en esas dos instituciones que representan las fuerzas contrarias a la verdad, a la justicia y a la memoria. Todo esto se cristaliza en la Fiscalía y en las fuerzas armadas”, enfatizó.

Una Comverdad cada vez con menos posibilidades

La socióloga e investigadora Angélica Cuéllar, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adelantó que ella y algunos otros colegas publicarán pronto un libro sobre el caso y que en este momento se encuentra en dictamen en esa facultad.
Detalló que en el documento lanzan la pregunta de por qué la verdad histórica –la versión del caso creada por el procurador general Jesús Murillo Karam en el sexenio de Enrique Peña Nieto– se hizo de una manera tan torpe.
La verdad histórica “está fundamentada en declaraciones que fueron obtenidas bajo tortura a sicarios de Guerreros Unidos, en siembra de pruebas respecto a la desaparición de los 43 jóvenes. Muy seguramente sembraron los restos del estudiante Alexander Mora Venancio, cuyo ADN fue identificado. Sembraron casquillos.
“La reflexión que hacemos es que el caso Ayotzinapa refleja todos los vicios del sistema de justicia mexicano y de procuración de justicia. La tortura fue la puerta a la impunidad”, dijo.
Reconoció que ella y otros académicos pensaron que la Comisión para la Verdad del caso Ayotiznapa traería alguna solución para el caso “a pesar de haber surgido en el interior de la Secretaría de Gobernación, ya que en otras partes de América Latina se ha pugnado porque las comisiones para la verdad sean independientes de los poderes, para que se pueda llegar con mayor certeza a reconstruir los hechos, a una verdad, a llegar a la reparación del daño y a la no repetición.
“Que la de México naciera en Segob es una peculiaridad importante, que en su momento nos causó entusiasmo a quienes veníamos con la idea de estudiar este tema. Se abría la posibilidad de llegar a la verdad para la reparación del daño y que no se volvieran a repetir los hechos.
“Sin embargo, se fueron cerrando estas posibilidades a partir de que actores con gran fortaleza política empiezan a ejercer vetos tan fuertes como haber quitado a Omar Gómez Trejo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa”, expresó.

“No hay neutralidad frente a las atrocidades”

En su turno, el psicólogo y ex integrante del GIEI también Carlos Beristain mencionó que el caso Ayotinapa se ha debatido en las calles, en el ámbito político, a partir de los informes lanzados por el grupo de expertos, pero consideró que se necesitan otros espacios sociales para efectuar más análisis del caso.
“El fiscal con el que trabajamos (Murillo Karam) hoy está detenido, dijo muchas cosas que no eran ciertas. La investigación en el caso de México necesita dos tiempos. El tiempo en que las cosas pasan y el tiempo en el que te das cuenta de las cosas que pasan. Y esos dos tiempos tienen que ser muy cercanos en el tiempo”.
Las investigaciones sobre desaparecidos, agregó, están llenas de laberintos que a veces no llevan a ninguna parte, “y uno tiene que tener claridad sobre las cosas que pasan”.
Recordó que el GIEI fue considerado en muchos momentos como un problema, “pero nosotros éramos parte de la solución para encontrar la verdad. Nosotros no venimos a traer ningún problema al país, venimos con el compromiso de aportar en todo lo posible. Se nos acusó de ser antimilitares y de muchas cosas sin sentido que ahora sabemos de dónde salieron.
“Hemos tenidos acceso a lo que pasó a través de documentos, de instituciones, pero también el nuevo gobierno mostró una actitud muy importante para nosotros, de apertura a los archivos. Eso fue determinante. No es fácil. Toca trabajar mucho para encontrar cosas que son relevantes. Encontramos más cosas de las que pensamos que podríamos encontrar y esas cosas mostraban que había más información.
“No hay neutralidad en estos procesos. Uno tiene que ser técnico en estos trabajos, pero no hay neutralidad frente a las atrocidades de violaciones de derechos humanos. Si nosotros creemos que los familiares no tienen razón en lo que dicen, se los vamos a decir, pero sí estamos del lado de la gente en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación, y no nos vamos a mover de ese lado”, concluyó.

Leen a padres un informe que se parece a la verdad histórica y criminaliza a los 43: Vidulfo

En la reunión con las secretarias de Gobernación y Seguridad, el subsecretario Encinas dio a conocer una narrativa en la que presenta los hechos de Iguala como resultado de una disputa entre dos grupos del crimen, quita responsabilidad a las autoridades y a militares y sólo incluye a un capitán, informa el abogado. No les dieron la información solicitada y analizarán si continúan en el diálogo

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, informó que en la reunión con las secretarias de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas leyó una narrativa que se parece más a la verdad histórica del anterior gobierno y peor aún porque presenta los hechos de Iguala como resultado de pugnas del crimen organizado, culpa a Guerreros Unidos y excluye de responsabilidad al Ejército y criminaliza a los estudiantes y dice que estaban infiltrados.
El abogado habló ayer, al término de la reunión en Palacio Nacional, a la que los padres y madres de los estudiantes desaparecidos fueron citados el miércoles pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que estarían las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde y de Seguridad y Protección Rosa Icela Rodríguez, así como Alejandro Encinas, con el objetivo de responder a la solicitud de inforación que posee el Ejército y que los padres y madres solicitaron por escrito.
Vidulfo Rosales explicó que durante la reunión, que duró tres horas, se presentó una carta dirigida a los padres del presidente Andrés Manuel López Obrador, un informe del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y la lectura de una narrativa de Alejandro Encinas.
“Básicamente ellos presentaron una carta que el presidente gira a los padres de familia. Presentaron un informe del secretario de la Defensa Nacional que fue leído por la secretaria de Seguridad Pública y presentaron, leído por Alejandro Encinas, un informe que constituye una nueva narrativa de los hechos”, mencionó.
Respecto a la narrativa leída por Encinas, el abogado de los padres y madres señaló que la misma es más cercana a la llamada verdad histórica que a las nuevas líneas de investigación, además quita toda la responsabilidad al Ejército y solamente señala al capitán José Martínez Crespo dentro de los militares que tuvieron participación.
(Con la narrativa de la verdad histórica, el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, por medio del procurador general actualmente preso, Jesús Murillo Karam, pretendió cerrar el caso, con la conclusión de que los estudiantes fueron asesinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, y sus cuerpos incinerados y desaparecidos en el basurero de Cocula.)
“Alejandro Encinas lee una narrativa de donde estamos en este momento. Una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos. Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre dos bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único al que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo, fuera de ahí no aparece ningún militar más con responsabilidad”, precisó Vidulfo Rosales Sierra.
Añadió que en comparación con la reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de septiembre con el presidente López Obrador, no hubo cambios e incluso es peor debido a que se criminaliza a los estudiantes y señala que fue un conflicto del crimen organizado.
“No, pues es la misma reunión, es incluso peor porque ahora agregan un elemento más. Nosotros habíamos dialogado con Alejandro Encinas sobre lo que es una minuta y lo que es un informe. Ahora está incorporando elementos nuevos más cercanos a la verdad histórica, incluso criminaliza a los estudiantes de la Normal, refiere que había una infiltración, reduce los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos, la responsabilidad radica en Guerreros Unidos dejando de fuera a las autoridades”, explica Rosales Sierra.

Los datos que piden los padres los tiene El Gil, les dice el titular de la Sedena

Según el abogado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval dijo en un escrito dirigido a los padres, que leyó la secretaria Rosa Icela Rodríguez, que el Ejército ya entregó toda la información que le fue solicitada sobre el caso y que, para obtener los datos que exigen los padres, será necesario contactar a El Gil –señalado como testigo protegido de la FGR–.
El abogado aseguró que en el escrito del general Sandoval no existe información nueva que resulte relevante y que no se les da ninguna respuesta concreta a la petición que hicieron los padres sobre conseguir la transcripción de la intercepción telefónica.
“En el informe del secretario de la Defensa Nacional pues no hay nada. Él no da respuesta, ni el presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual”, comentó.
Indicó que se tiene la apertura de los archivos de las distinas zonas militares, pero que no se han conseguido los documentos, especificados en su folio, que solicitaron los padres.
“Respecto a esos documentos, vuelve a referir que esos documentos ya fueron entregados, hace un recuento de los archivos que revisaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en la Novena Región Militar, en la 35 Zona militar y 27 Batallón de Infantería, pero bueno eso ya lo sabemos”, puntualizó.
En lo correspondiente a la transcripción, indicó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló que quien tiene la información es Gildardo López Astudillo, conocido como El Gil.
“El secretario de la Defensa Nacional, lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gil, Gildardo López Astudillo y que el gobierno busque por ese lado, sin dar respuesta concreta a la solicitud que se les está planteando”, comentó.
Agregó que se tenía considerada la entrega de una serie de informes a los padres, pero debido a que no incluían la información previamente solicitada, los padres en protesta rechazaron los mismos.
“Nos iban a entregar una serie de informes, los padres de familia en protesta por esta información que se está negando no se recibió ningún informe, había varios documentos. Se iban a entregar las escuchas telefónicas de Chicago que no son de interés para los padres de familia porque es información que ya se conoce”, dijo Vidulfo.
Añadió que van a analizar si continúan el diálogo con el gobierno, debido a que no les dieron respuesta concreta a la solicitud de información requerida y recordó que este martes 26 de septiembre, se llevará a cabo la marcha por los nueve años de la desaparición de los normalistas.
La semana pasada, los padres pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Ejército entregue la foja de un reporte que se hizo llegar al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).
Se trataría de un monitoreo, minuto a minuto, sobre el ataque contra los estudiantes, entre las 21:00 horas y las 3:00 horas, entre el 25 y 26 de septiembre de 2014.
Hasta ahora, según los familiares, la Sedena sólo ha entregado una carátula, en la que se da cuenta de la existencia del monitoreo, pero no se conoce la supuesta conversación que mantuvo un mando policial de Iguala con los narcotraficantes que atacaron a los normalistas.

Sienten padres falta de respeto

Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa calificaron como una falta de respeto la reunión que sostuvieron este lunes en Palacio Nacional con las secretarias de Gobernación y de Seguridad Pública., Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez.
A su salida de la reunión con las funcionarias y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el señor Mario González dijo que siente una falta de respeto que no estuviera el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
“Fue una total falta de respeto mandar a la secretaria de Seguridad como vocera de Sandoval. No podemos hacerle ninguna pregunta o cuestionar lo que nosotros planeamos, de lo que nosotros necesitamos de esa información que tanto hemos estado pidiendo”, indicó el padre.
Agregó que Rodríguez no tiene conocimiento alguno del tema debido a que no ha participado en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj).
“Creo que ella no sabe nada, no tiene absolutamente nada de información y que no ha participado ni en la Covaj. Creo que es una falta de respeto hacia los padres este tipo de información”, puntualizó Mario González.
Sobre el documento solicitado en particular, la transcripción íntegra de una intervención telefónica en la que se da cuenta de que se llevaban a 17 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 a las 10 de la noche, Mario González dijo que el mismo Alejandro Encinas tuvo conocimiento del documento.
“Él (Encinas) fue partícipe del descubrimiento de ese documento y a la fecha hay una demanda por obstrucción de información hacia el Ejército y ahora resulta que no hay nada de eso, que se acerca más al pacto, al Cepillo (un sicario de Guerreros Unidos) y todas esas cosas que ni tenían ningún sustento”, explicó.