Diez muertos en enfrentamiento de la CRAC-PF y civiles armados en Chilapa

El vocero del gobierno del estado dijo que la balacera fue entre policías comunitarios. Unos 180 integrantes del grupo criminal Los Ardillos intentaron entrar a Rincón de Chautla y Zacapexco, pero fueron repelidos por unos 600 de la Comunitaria, informa el coordinador Jesús Plácido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

 

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) se enfrentaron este domingo contra integrantes del grupo delictivo Los Ardillos en un camino de El Paraíso de Tepila, Chilapa, con un saldo preliminar de 10 muertos de la banda criminal y varios policías comunitarios heridos, informó el coordinador de esa organización, Jesús Plácido.
En la noche el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez confirmó la muerte de 10 personas e informó de dos heridos, pero dijo que el enfrentamiento ocurrió entre dos grupos de policías comunitarios.
Jesús Plácido dijo vía telefónica que el enfrentamiento comenzó a las 2:45 de la tarde de ayer, cuando unos 180 integrantes de Los Ardillos intentaron entrar a las comunidades de Rincón de Chautla y Zacapexco, pero fueron repelidos por unos 600 comunitarios.
El enfrentamiento se amplió a los cerros cercanos en donde quedaron regados varios cuerpos y personas heridas, según describió Jesús Plácido, quien informó que el intercambio de metralla duró más de hora y media hasta que menguaron la fuerza de Los Ardillos, que terminaron por replegarse.
A las 5 de la tarde informó que los policías comunitarios habían recuperado el crucero de Rincón de Chautla con la carretera que comunica a Hueycantenango, la cabecera de José Joaquín de Herrera, en donde desde el 19 de diciembre se habían instalado miembros de ese grupo delictivo.
Jesús Plácido responsabilizó del enfrentamiento a los gobiernos federal y estatal, pues desde que los criminales llegaron a instalarse en el crucero de Rincón de Chautla pidieron la intervención del Ejército para que fuera a replegarlos, porque temían una incursión armada a esos pueblos.
También habían denunciado que el día de su irrupción en la zona desaparecieron 12 personas, nueve de ellas menores de edad, además de que por el temor unas 30 familias habían abandonado El Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla y Zacapexco.
Apenas el viernes un grupo de desplazados denunció en Chilpancingo que los 12 miembros de dos familias seguían desaparecidos y complicidad de las autoridades estatales y federales con los integrantes de ese grupo, porque el 26 diciembre llegaron a El Paraíso de Tepila militares y policías estatales a bordo de unos ocho vehículos, “pero en vez de desalojarlos negociaron con ellos y les autorizaron hacer recorridos desde Hueycantenango hasta Atzacoaloya”, municipio de Chilapa.
Jesús Placido, informó que a las seis de la tarde no habían llegado las autoridades ministeriales para el levant Rosaria Ignacio Melchor de 60 años, Alberto Espiridión Ignacio de 40, Antonia Andraca Celedonio de 36, Ángel Espiridión Andraca de 17, Rosaria Espiridión Andraca de 15, Sergio Espiridión Ignacio de 12, Jorge Espiridión Andraca de 12, Emiliano Espiridión Andraca de 9, Juanita Espiridión Andraca de 7, Elena Espiridión Ignacio de 6, Zacarías Espiridión Andraca de 6 y Anita Espiridión Andraca de 3 años.
Jesús Plácido informó que ayer los aproximadamente 180 miembros de Los Ardillos pretendieron entrar a Rincón de Chautla y a Zacapexco para levantar a otros pobladores pero fueron enfrentados por los policías comunitarios.
Aseguró que “de vista” creen que el enfrentamiento dejó por lo menos 10 muertos del bando de Los Ardillos. En una primera declaración informó que por parte de la Policía Comunitaria hubo dos muertos y varios heridos, pero posteriormente en una segunda llamada informó que de su bando solamente tenían heridos no cuantificados.
Informó que a las 5 de la tarde había llegado el Ejército y que había acordonado la zona para evitar nuevos enfrentamientos.
Agregó que tenían información de que otro grupo más numeroso de Los Ardillos pretendía entrar a la zona, “pero nosotros estamos organizados, los estamos esperando, ya no los vamos a dejar llegar a nuestros pueblos y hemos recuperado el lugar en donde se encontraban”.
El viernes desplazados se quejaron de que los gobiernos federal y estatal no habían respondido a su llamado para que se busque a los 12 desaparecidos, y se retire a los civiles armados que mantienen bajo temor a los habitantes.
Esa vez contaron que habían pedido a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y a la Secretaría de la Defensa Nacional apoyo para buscar a los desaparecidos y para que retiren a los miembros del grupo criminal, pero las autoridades habían sido omisas.
El 11 de enero autoridades de la CRAC-PF pidieron en un escrito la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. El documento se lo entregaron durante su visita a Tlapa.
En el documento pidieron el retiro de los integrantes de ese grupo criminal que llegó a instalarse el 19 de diciembre en el crucero de Rincón de Chautla y El Paraíso de Tepila.
El viernes denunciaron que tenían miedo de salir a trabajar a sus parcelas o ir de compras a Chilapa porque podían ser levantados.
Aseguraron que muchas familias, unas 30 de las tres localidades, abandonaron sus casas y se han ido a refugiar a la cabecera municipal o a otros lugares debido a que se sienten inseguros en sus pueblos.
Denunciaron que al parecer hay complicidad de las autoridades estatales y federales con los integrantes de ese grupo, porque el 26 diciembre llegaron a El Paraíso de Tepila militares y policías estatales a bordo de unos ocho vehículos, “pero en vez de desalojarlos negociaron con ellos y les autorizaron hacer recorridos desde Hueycantenango hasta Atzacoaloya”, municipio de Chilapa.
Jesús Placido informó que a las 6de la tarde no habían llegado las autoridades ministeriales para el levantaamiento de los cuerpos y confirmar el número de decesos, dijo que por la noche se dificultaría su búsqueda en los cerros.
También que a esa hora se habían reanudado los enfrentamientos cerca de las tres comunidades, aún con la presencia del Ejército que no hacía nada por frenar a los agresores.

Son 10 muertos y dos heridos, informa el vocero

En la noche el vocero de la Coordinación Estatal  para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez confirmó la muerte de 10 personas y dos heridos, pero dijo que el enfrentamiento ocurrió entre dos grupos de policías comunitarios.
“Integrantes de dos grupos de civiles armados que se autodenominan policías comunitarios se enfrentaron a balazos este domingo, en el camino que conduce a la comunidad de El Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa, con un saldo de 10 personas privadas de la vida y 2 lesionados”, dice el comunicado.
Dice que los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde de este domingo, sobre el camino que también va a Hueycantenango.
Informó que la Policía del Estado recibió el reporte y sus elementos acudieron de inmediato al sitio donde ocurrieron los hechos con el apoyo del personal militar, “encontrando dos camionetas que presentaban múltiples disparos de armas de fuego y en su interior los cuerpos sin vida de 10 personas”.
Dijo que allí se localizaron a un costado de los cuerpos varios rifles calibre 22 y tipo escopeta.
Álvarez Heredia dijo que de acuerdo con algunos testimonios de personas que viven en esa zona, hubo otras dos personas heridas que fueron trasladadas por sus propios medios a que recibieran atención médica, “por lo que se desconoce su estado de salud en estos momentos”.

 

Rechazan desplazados de Tlaltempanapa el
regreso y piden su reubicación en Copalillo

Consideran que es una trampa el acuerdo que firmaron el subsecretario de Gobierno y autoridades del pueblo que son parte del grupo armado que mantiene el control, para que vuelvan a su comunidad y los maten o desaparezcan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Desplazados de Tlaltepanapa, municipio de Zitlala, exigieron ayer su reubicación dentro del municipio de Copalillo, donde ahora se encuentran, porque reiteraron que no van a regresar a su pueblo como les propuso el gobierno estatal, porque están seguros de que volverían sólo para que los mate o los desaparezca el grupo armado que los mantuvo sometidos durante los últimos cinco años.
Los 62 desplazados, entre ellos 32 niños en edad escolar, salieron de Tlaltempanapa el 3 de diciembre, y durante dos noches y tres días caminaron por cerros y barrancas hasta que el 5 de diciembre llegaron a Copalillo, en donde se encuentran refugiados en una cancha techada.
En conferencia de prensa, ayer, en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Rerdgro), integrantes de una comisión de las familias desplazadas, declararon que no hay condiciones para que regresen a Tlaltempanapa, como les propuso el secretario y el subsecretario de Gobierno Florencio Salazar Adame y Martín Maldonado del Moral, el 8 y el 17 de enero pasado.
Las familias salieron huyendo de la violencia en su pueblo controlado por civiles armados vinculados con el grupo delincuencial Los Ardillos, y que públicamente ha sido señalado como el responsable de varios asesinatos y desapariciones en esa zona.
Uno de los integrantes de la comisión, Víctor Ojeda Hernández, recordó que el 3 de diciembre salieron de su pueblo después de que los hombres armados entraron a las casas de su padre Pedro Ojeda y de su hermano Javier Ojeda Hernández, así como de su tío Victoriano Hernández Tomatzin, “los sacaron a fuerzas, después los golpearon, los ataron de pies y manos y se los llevaron, todavía no sabemos si están vivos o muertos. Siguen desaparecidos”, denunció.
Aun cuando esos civiles armados que mantienen retenes en la entrada y salida de Tlaltempanapa siguen ocasionando violencia y controlando ese pueblo, el gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Gobierno, les propuso a los desplazados el regreso a su comunidad.
El 8 de enero, los visitó el secretario de Gobierno, Salazar Adame, a quien le dijeron que no quieren regresar a Tlaltempanapa por el temor a ser asesinados o desaparecidos.
A pesar de su negativa, el 17 de enero los visitó el subsecretario Maldonado del Moral, quien les insistió en el regreso a su pueblo y les entregó una minuta firmada por él, así como por el presidente municipal de Zitlala Rogelio Ramos Tecorral; el comisario municipal en funciones de Tlaltempanapa Magdaleno Amatitlán Nava; el comisario entrante Artemio Tepetitlán Huela, y el comisariado ejidal Ernestino Hernández Trinidad. En este documento las autoridades del pueblo aceptan que regresen los desplazados a sus casas y tierras.
Sin embargo, los desplazados denunciaron que los representantes de su pueblo que firman la minuta son los que encabezan el grupo armado que está provocando la violencia y que los obligó a salir de Tlatempanapa y sospechan que se trata de una trampa porque el comisariado ejidal que firma, Ernestino Hernández Trinidad, está desaparecido, “no sabemos cómo es que firmó si no aparece”, dijo Víctor Ojeda.
El documento dice: “Las personas que salieron de Tlaltempanapa hacia Copalillo pueden regresar a su comunidad y habitar sus viviendas, haciendo uso de sus tierras cuando así lo decidan, o bien pueden venir por sus pertenencias, a levantar sus cosechas y sus animales que se encuentran en sus potreros”.
En un siguiente punto agrega: “las personas firmantes en la minuta se comprometen a que no existirá agresión verbal o física en contra de las personas desplazadas y a cuidar y garantizar su seguridad con los tres órdenes de Gobierno”.
Pero les piden que en caso de que decidan regresar a sus viviendas y tierras de labor, se comprometan a trabajar en equipo y a participar en los trabajos comunitarios y aportar sus cooperaciones comunitarias “que son en beneficio de la comunidad”.
Las autoridades municipales de Zitlala y de la comunidad de Tlaltempanapa también dicen que los desplazados “en ningún momento les dieron a conocer que se irían a vivir a otro lugar, “lo hicieron a escondidas y por la noche. Este tipo de eventos se registran constantemente desde hace aproximadamente cuatro años”.
Ayer, en la conferencia de prensa, la comisión de desplazados informó que en los últimos cinco años, cuando la mayoría de los pobladores comenzaron a sufrir violencia, represión y robos de parte del grupo armado, han venido abandonando la localidad y que de mil 800 habitantes, aproximadamente, actualmente sólo se quedaron unos 30, la pura gente que porta armas y que controla la zona.
En la minuta se dice que el Gobierno del estado se compromete a apoyar a las familias desplazadas con despensas, medicamentos, brigadas médicas, aparatos funcionales para personas discapacitadas y de edad avanzada, estufas ecológicas, colchonetas y sarapes”.
Pero los desplazados informaron ayer que el 17 de enero, cuando Maldonado del Moral les entregó la minuta de acuerdos, volvieron a rechazar su regreso a Tlaltempanapa y el funcionario se comprometió a que el 22 de enero regresaría el secretario de Gobierno Salazar Adame, pero ya no acudió.
Suponen que el funcionario se molestó por la postura que mantienen de no regresar a su pueblo porque todavía no existen garantías de seguridad y piden que mejor los reubiquen dentro del municipio de Copalillo.
Los integrantes de la comisión informaron que no regresarán a su pueblo hasta que las autoridades detengan a los miembros del grupo armado, y presenten a los tres desaparecidos el 3 de diciembre pasado.
Víctor Ojeda Hernández declaró que cómo van a volver a Tlaltempanapa, si se salieron por las amenazas del mismo grupo que ahora pide que regresen, “y eran los que nos quitaban la mitad de nuestras cosechas, nos obligaban a que cuidáramos la carretera para que no entraran los soldados, mientras ellos se salían del pueblo o se escondían”.
Denunció que cuando se negaban a cooperar, les cobraban mil 500 pesos, los “tableaban” o los desaparecían como ocurrió con su padre, su hermano y su tío.
Contó que el 3 de diciembre también iban contra su hermano Severo, pero que éste se escapó por la ventaba de su casa, y por la noche las 62 personas abandonaron el pueblo, “estamos vivos de milagro”, dijo.
Los desplazados culparon de omisión a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Joaquina Cantor Gasparillo, denunció que antes de que los pistoleros detuvieran y desaparecieran a Pedro Ojeda a Javier Ojeda y a Victoriano Hernández, ella solicitó el apoyo del Ejército y al Ayuntamiento para que les dieran seguridad durante su salida del pueblo, pero dijo que se la negaron y más tarde los hombres armados entraron a las casas y sacaron a los tres ahora desaparecidos, “y por eso nosotros nos salimos por la noche”.
Los desplazados no creen que las autoridades les den seguridad permanentemente si regresan a Tlaltempanapa; “El gobierno nomás quiere que nos vayamos, pero no va a estar el Ejército o la policía todo el tiempo con nosotros. No creo que nos vaya a cuidar cuando vayamos a cortar leña o palma con la que tejemos nuestras cintas, o que nos cuide toda la noche en nuestras casas. Bien sabemos que si regresamos nos van a matar, no vamos a tardar más de tres o cuatro días”, dijo otro de los que asistió a la conferencia.