Hay elementos para suponer violación a derechos
humanos por el gobierno en La Concepción: ONU

Condena la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ese evento de violencia y asegura que la operación no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza y se violentó la presunción de inocencia de personas detenidas. Pone en duda que la investigación a cargo de autoridades estatales garantice el respeto a los derechos humanos

Chilpancingo

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los eventos de violencia de este domingo en la comunidad de La Concepción, del municipio de Acapulco, que tuvo un saldo de 11 personas muertas. Lamentó “la terrible pérdida de vidas” y llamó a las autoridades al esclarecimiento completo de los hechos y repudió las agresiones a periodistas que dieron cobertura a lo ocurrido.
La institución diplomática aseguró que cuenta con “fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo (policiaco y militar en La Concepción)”, como tortura y malos tratos, fabricación de pruebas, allanamientos y condiciones indignas de detención.
Denunció que la operación no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza, que se violentó la presunción de inocencia de personas detenidas, y cuestionó que la investigación a cargo de autoridades estatales garantice el respeto a los derechos humanos.
En parte, en referencia al informe del gobierno del estado que presentó este martes pasado, en el cual explicó que la Policía del Estado realizó una operación de desarme de policías comunitarios de La Concepción por una denuncia al número de emergencias 911 donde reportaron que los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui (líder del movimiento opositor a la presa hidroeléctrica La Parota y su hermano) y un grupo de comunitarios habían matado a varias personas, entre ellos a dos menores.
Este miércoles, el gobernador insistió ante medios de comunicación, en una entrevista, que se actuó conforme a la ley y que se investigarán las denuncias de hostigamiento y ejecuciones extrajudiciales en la incursión policiaca, que denunciaron organizaciones sociales nacionales e internacionales, contra los policías comunitarios de La Concepción, integrados al Comité de Enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
Este jueves a medio día, la Oficina de la ONU-México DH informó que realizó una visita a las personas detenidas (integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias CRAC) y en ese momento no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, pero “contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos”.
El representante de la ONU-DH, Jan Jarab, explicó que de acuerdo con la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del domingo 7 de enero, “se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas”.
En colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, indicó que la ONU-DH se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con lo documentado, dijo que ONU-DH cuenta “con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”.
Incluso añadió que “se recibió información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención”.
Adicionalmente, consideró “profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones. Varios reporteros señalaron que fueron encañonados a distancia, y Bernardino Hernández, que fue golpeado y arrastrado por policías estatales”.
Jarab subrayó que al periodistas también le robaron una tarjeta memoria donde guarda su material de gráfico, “estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”.
Señaló particularmente “preocupante, la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
Se sumó la llamado de la CNDH “para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad”, y calificó “alarmante” que el incursión policiaca y militar en La Concepción “no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab declaró “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias”.
Destacó que únicamente “una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas”.
Recordó que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdo a estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota, particularmente relevante en casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial.
En general, expresó preocupación por la situación de seguridad en La Concepción y convocó a las autoridades a que adopten las necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad.
Asimismo, que las autoridades aseguren condiciones de seguridad para las personas detenidas y de sus familiares, para los abogados y personas de organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso.
Finalmente, el organismo internacional expresó sus condolencias a las familias de todas las víctimas de estos lamentables hechos e insistió en el llamado a los autoridades a garantizar sus derechos a la justicia y la verdad.

Responde gobierno a la ONU que no hubo ninguna ejecución extrajudicial

Chilpancingo

La Secretaría General de Gobierno contestó al comunicado de la Oficina del Alto comisionad de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y afirmó que no era “admisible” aplicar el protocolo de Minnesota por que no se trató de delitos de lesa humanidad “ni de ejecuciones extrajudiciales”.
“En todo caso, las investigaciones correspondientes establecerán las responsabilidades a que haya lugar”, se dice en el comunicado, a pesar de que en el documento de la oficina de la ONU no se refieren en particular a algún caso de ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado de prensa responde que las autoridades estatales respondieron al hecho a través de varias llamadas realizadas al teléfono de emergencias 911, “derivado de enfrentamiento ocurridos en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop”.
En el documento se insiste en que los hechos han sido analizados y atendidos a través de diversas instancias de gobierno, como se informó no solo a la opinión pública sino también “al representante en México de la ONU-DH y a los titulares de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en el comunicado de prensa emitido por esta Secretaría” en un comunicado la noche del martes pasado.
Respecto a la agresión en contra del fotógrafo Bernandino Hernández, la secretaría general de Gobierno dijo que “no son graves, como lo demuestran los dictámenes médicos, y los hechos están siendo investigados por la autoridad competente”.
Ante el comunicado de la ONU donde se puntualiza la falta de aplicación de protocolos que promuevan el respeto a los derechos humanos por parte de los policías, el Estado refirió que se manifiestan “en absoluta disponibilidad para atender las preocupaciones expresadas por la ONU-DH, así como a las medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito indeclinable de que los hechos en La Concepción sean investigados con estricto apego a la ley y el pleno respeto de los derechos humanos”. (Redacción).

Detuvieron y ejecutaron a dos de los tres policías
comunitarios en La Concepción: Tlachinollan

Las autoridades actúan de manera parcial e irregular desde que vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec se opusieron al proyecto hidroeléctrico La Parota, recuerda. De los 38 detenidos el domingo, 25 están en el penal de Las Cruces y 11 son comunitarios, dos son detenidos que estaban en proceso de reeducación y 10 son civiles; 23 pertenecen al Cecop, detalla

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que dos de los tres policías comunitarios muertos en la operación de desarme en la comunidad de La Concepción, Acapulco, fueron detenidos y luego ejecutados extraoficialmente por agentes del Estado.
Consideró que la intervención del domingo contra la Policía Comunitaria en Acapulco, con 200 policías estatales, federales y militares, y la información contradictoria por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los detenidos en los primeros días de la aprehensión, fueron premeditadas para ocultar estos datos.
Después de cuatro días de los hechos, de rastrear a las personas de las que se desconocía su paradero, informó que “se tuvo conocimiento que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados”.
De los 38 detenidos en la operación policiaca, según el reporte del gobierno del estado, hoy saben que 25 se encuentran en el penal de Las Cruces; 11 son policías comunitarios, dos detenidos que estaban en proceso de reeducación en el Sistema de Justicia Comunitario, 10 son civiles y 23 pertenecen al Cecop.
En un comunicado, Tlachinollan denuncia que las autoridades actúan de manera parcial e irregular, no sólo en los procedimientos penales contra las personas detenidas el domingo en La Concepción, sino desde que vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, se opusieron al proyecto hidroeléctrico La Parota.
Explicó que el gobierno dio la pauta para un conflicto intercomunitario en la zona de influencia del proyecto de la presa (suspendido a la fecha), para incursionar después “de manera extremadamente violenta utilizando las fuerzas policiales en un operativo letal y violatorio de los derechos humanos”.
En este marco, ocurrieron los hechos del 7 de enero, cuando alrededor de las 3 de la madrugada se suscitó el primer hecho violento entre policías comunitarios de la Casa de Justicia de La Concepción y civiles armados, que tuvo como resultado la muerte de dos comunitarios y seis civiles armados.
Después de varias horas, unos 200 policías y militares sitiaron la comunidad, en una operación que derivó en el segundo enfrentamiento entre la Policía Comunitaria, con un saldo de tres policías ejecutados extrajudicialmente, alrededor de las 11 de la mañana.

Hubo detenciones arbitrarias y torturas, señala

Asimismo, señaló que hubo personas torturadas y detenidas arbitrariamente, y propició “un ambiente de vulnerabilidad para familias que decidieron organizarse a través del CECOP y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) para defender sus derechos al territorio y al consentimiento libre, previo e informado”.
Añadió que desde la detención de los policías comunitarios trasladados al penal de las Cruces en la operación policiaca, Tlachiollan detectó irregularidades que indican que las autoridades no estaban actuando de buena fe.
Entre estas, señaló que, aunque el proceso en apariencia se conduce con legalidad, hubo información contradictoria sobre el número de detenidos. “En un primer momento se informó sobre la detención de 30 personas; después en un comunicado del gobierno del estado la cifra cambió a 38. El día 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que en la Fiscalía General del Estado de Guerrero se encontraban 21 personas privadas de su libertad, mientras Tlachinollan obtuvo información por familiares, de 25 personas detenidas”.
Hasta ese momento dijo que los detenidos en eran policías comunitarios, personas que estaban en proceso de reeducación, integrantes del Cecop y civiles que se encontraban en la zona del enfrentamiento y en espacios aledaños a la comunidad de La Concepción.
Denunció que la falta de certeza en la información es grave porque, de acuerdo con los pobladores, había vecinos de los que no se conocía su paradero, y después se supo que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados.

Quemó el comisario de La Concepción evidencia en la Casa de Enlace de la Policía Comunitaria: Tlachinollan

Según testimonios recopilados por la organización, Florentino Melchor León y un grupo de habitantes sustrajeron expedientes y pertenencias de los efectivos. También hacen recorridos con policías ministeriales señalando a integrantes del Cecop para que sean interrogados y algunas detenidos, señala. Los pobladores hicieron limpieza en la casa muestra de la CFE, juntaron un poco de basura y le prendieron fuego, se indica, en contraparte, en un reporte de Seguridad Pública estatal

Redacción

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que el comisario municipal de La Concepción, Florentino Melchor León, y un grupo de habitantes quemaron evidencias, expedientes y pertenencias que fueron sustraídas en la Casa de Enlace de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Además de que el comisario se encarga de recorrer algunas comunidades junto a policías ministeriales, señalando a integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) para que sean interrogadas y algunas detenidas.
Se informó que el miércoles fueron a la comunidad de El Rancho Los Hilamos a preguntar por personas que pertenecen al Cecop.
“Esta presencia intimidante del comisario, acompañado por policías ministeriales sigue enrareciendo el clima de inseguridad que priva en la región, ya que se mantiene la persecución e intimidación en contra de los simpatizantes del Cecop para ser señalados como responsables de las muertes del enfrentamiento del domingo en la madrugada”, se señala.
Por su parte, en un reporte de Seguridad Pública estatal se indica que “pobladores de La Concepción, en la zona rural de Acapulco, coordinados por su comisario Florentino Melchor León, realizaron tareas de limpieza en la casa muestra que hace más de 10 años construyera la CFE en esa comunidad, para recuperar esas instalaciones que tomó por asalto desde hace cuatro años, Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien desde ahí operaba con un grupo armado”.
Se agrega que los pobladores juntaron “un poco de la basura que había dentro de la casa muestra y en el patio frontal le prendieron fuego, sin que se haya registrado el incendio de esas instalaciones que dijeron, por lo que pertenecen ahora al pueblo de la Concepción, donde el Grupo de Coordinación Guerrero realiza patrullajes de Seguridad”.
Según testimonios recopilados por la organización, a las 12:30 del mediodía de ayer, el comisario y un grupo de pobladores recogieron todas las pertenencias que quedaron tiradas adentro del inmueble luego de la irrupción de los policías estatales, las llevaron al patio y les prendieron fuego.
De acuerdo con la información difundida por Tlachinollan, el comisario anunció que la limpieza de la Casa de Enlace de la CRAC era para que la Policía del Estado ocupe el inmueble, porque el proyecto de la Policía Comunitaria no regresaría a la comunidad y se esperaba que a las 2 de la tarde la casa fuera ocupada por los estatales.
El desalojo del espacio y la quema de documentos, archivos y algunos pertenencias de los policías comunitarios ocurrió frente a policías estatales que estarían resguardando el lugar.

Si hubo abusos de policías estatales en La
Concepción serán sancionados, dice Florencio

Anarsis Pacheco

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, aseguró que el interés del gobierno del estado es que se aplique la ley en el caso La Concepción, por lo que todos los que resulten presuntos responsables y sean señalados serán investigados.
“Estamos interesado si por parte de la policía, de agentes ministeriales y de servidores públicos se cometieron abusos sean sancionados, pero que todo mundo tenga la confianza de aplicar la ley a quien sea”, aseguró.
En entrevista en su despacho de Palacio de Gobierno, Salazar Adame reiteró que el gobierno del estado intervino en la población de La Concepción tras una llamada de auxilio “de la población” realizada a través del 911.
“Todos sabemos cómo se generaron las situaciones de violencia en esta comunidad y por qué tuvo que intervenir la policía del estado ante actos de violencia generados por grupos de ciudadanos armados, que se hacen pasar como comunitarios. Lo refiero de este modo porque el comisario municipal en un video que circula en las redes el de La Concepción, señala que ellos nunca dieron la aprobación para que esta policía comunitaria actuara como tal y se posicionara de la comunidad y empezaron a cometer una serie de actos que ellos consideran nocivos”.
Indicó que la investigación ya está en manos de las autoridades responsables, es decir la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes tendrán que determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados.
El funcionario señaló que el gobierno del estado tiene el interés en que la investigación se haga con “la mayor pulcritud” y trasparencia. Por eso dijo que se facilitó a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acceso a los “presuntos reos”.
“El interés del señor Astudillo (el gobernador) no es otro que se aplique la ley y por lo mismo quien esté a salvo de haber cometido actos delictivos seguramente serán liberados”.
Durante la entrevista, Salazar Adame llamó a quienes a través de redes sociales “están llamando a alertar el orden público”. Enfatizó que no se trata de amenazar al gobierno o a los servidores públicos o de generar actos de anarquía que provoquen “desorden”.
Se le preguntó sobre el comunicado de prensa de alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OMU-DH), que señala lo alarmante del operativo policiaco en La Concepción en el que no se siguieron estándares internacionales de derechos humanos.
A esto respondió que todos los que sean señalados deben ser investigados.
Indicó que sobre el ataque a reporteros y otros medios locales se deben de presentar las denuncias para que se inicie la investigación.
Guerrero en la misma escala de Irak, Siria y Corea del Norte

Salazar Adame calificó la escala comparativa del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Guerrero como excesiva.
Este jueves se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo la prohibición a sus ciudadanos y funcionarios de no visitar Guerrero, incluido Acapulco, debido “al crimen”, además de colocarlo en la misma escala que Irak, Siria y Corea del Norte.
Ante esto el funcionario estatal señaló que ante la posibilidad de que le turismo ya no venga convocan a los prestadores de servicios a que sean muy cuidadosos de sus declaraciones.
“Porque de pronto alguien hace declaraciones extremas y se olvidan que necesitamos tener turistas porque finalmente es una actividad que dispersa el recurso prácticamente en todos los que habitan un lugar tenemos que cuidar bien, Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, por que es la actividad económica más importante”.

San Felipe del Ocote

Respecto a la petición de vecinos de la comunidad de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla que pidieron ser reubicados en la cabecera municipal porque no regresarán a su comunidad, Salazar Adame enfatizó a través del área jurídica de la secretaría se hace la valoración de las familias que no puedan regresar y se les dé un espacio en la cabecera.
Indicó que el tema de la violencia es muy amplio en el estado y no se sabe aun cuando se dará un caso de desplazados, por lo que el actual gobierno no se puede adelantar a este fenómeno causado por los grupos del crimen organizado.
Dijo que los pobladores tendrán la certeza de poder regresar a su comunidad, en el caso de que algunas familias lo quieran hacer, será hasta los primero días de la próxima semana.
“Una vez que conozcamos los informes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la propia Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y que obviamente se haya hecho una amplia entrevista con los desplazados para saber quiénes quieren ser reubicados y cuántos quieren regresar”.
Insistió que en el caso de los desplazados del municipio de Apaxtla se les estará dando el apoyo que soliciten, pero las opciones es que los que quieran retornar lo pueden hacer, y la otra es la reubicación.
“El tema de la seguridad es más complejo en tanto que ocupa mayores recursos y evidentemente para el estado es insuficiente”.
Señaló que el gobierno del estado no está en contra de la adquisición de un nuevo terreno para que las familias vivan en un lugar más seguro.
Insistió que el desplazamiento de cientos de familias de zonas donde impera la violencia generada por grupos del crimen organizado son efectos colaterales que deben de ser atendidos.