Sentencian a 92 años de prisión a José Luis Abarca por secuestro de Hernández Cardona

El juez dice que el ex alcalde de Iguala es penalmente responsable de secuestro de los integrantes de la Unidad Popular Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, quienes fueron asesinados en junio de 2013, y de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado que sobrevivieron

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, impuso una pena de 92 años y seis meses de prisión, así como una multa de 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos, al ex presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el delito de secuestro en agravio del dirigente social, Arturo Hernández Cardona y seis integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala.
La causa penal 100/2014 –VIII es la misma en la que se absuelve al ex edil junto con el líder del grupo delictivo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.
El juez Ventura Ramos dictó sentencia condenatoria en contra de Abarca Velázquez “por resultar penalmente responsable en la comisión de los delitos de secuestro cometido en agravio de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael o Félix Rafael Bandera Román.
Además, le dictó sentencia condenatoria por el delito de secuestro en agravio de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado (Gregorio Dante Cervantes es el nombre correcto de la víctima).
En la sentencia se establece que la cantidad de 920 mil 700 pesos de multa puede ser sustituible por 15 mil jornadas de trabajo en favor de la comunidad, misma que deberá ser compurgada en el lugar que señale el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez en turno, en razón de que ahí se encuentra recluido el sentenciado.
En el considerando tercero de la sentencia se condena a Abarca al pago de la reparación del daño, pero en este caso no se señala la cantidad, y se le niegan “los sustitutivos”.
Además se le cancelan sus derechos políticos y prerrogativas legales por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.
Los integrantes de UP desaparecieron el 30 de mayo del 2013 y el 3 de junio los cuerpos de Hernández Cardona, Bandera Román y Román Ramírez fueron encontrados en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, cerca de Mezcala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
De acuerdo con la Averiguación Previa HID/SC/04/0745/2013, el cuerpo de Hernández Cardona presentaba visibles huellas de tortura.
Sin embargo, en la sentencia que se emitió el 12 de mayo pasado por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, no se incluyó la sentencia por el delito de homicidio.
De acuerdo a la cédula de notificación de la sentencia, las partes tienen un plazo de cinco días para apelar “en caso de inconformidad con dicha determinación”.
En la misma cédula de notificación se establece como responsables de la asesoría jurídica de las víctimas indirectas a Ernesto Rodríguez Cabrera y Ericka Zamora Pardo, integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, organismo que dio seguimiento al caso y lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en marzo del 2023 el organismo informó de su admisibilidad. El proceso sigue en esa instancia.
Hernández Cardona fue desaparecido con otros siete activistas de UP de iguala, (el otro fue Jimmy Castrejón, quien logró escapar en las primeras horas), el 30 de mayo de 2013, un día después de que la dirigencia de la UP había presentado una denuncia en contra Abarca Velázquez, de su esposa María de los Ángeles Pineda y de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública municipal, por amenazas de muerte.

El entonces alcalde mató de dos escopetazos al dirigente social a quien tenía secuestrado, declaró un testigo

El 3 de junio fue encontrado el cuerpo de Hernández Cardona, “con los ojos vendados y claras señales de tortura y de ejecución”, denunciarían horas después sus familiares.
Cerca de su cadáver fueron hallados los de Román Ramírez y Bandera Román, quienes también presentaban disparos de arma de fuego.
El 6 de diciembre del 2013, Mendoza Villa entregó al Notario Público número 47 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), un testimonio por escrito en el que señaló que el 31 de mayo cerca de las 18 horas llegaron al lugar donde los tenían vigilados 10 hombres con armas largas, el presidente municipal Abarca Velázquez y el secretario de Seguridad Pública de Felipe Flores y el alcalde se dirigió a Hernández Cardona diciéndole: “qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte”.
En su testimonio, Mendoza Villa agregó que aproximadamente 10 minutos después lo llevaron a una fosa que se encontraba a unos metros de donde los tenían, en donde el presidente municipal le dio un escopetazo en la cara y otro en el pecho, “para luego dejarlo tirado en una fosa” que previamente habían cavado”.
El secuestro de los ocho miembros de UP y el asesinato de tres de ellos, ocurrió después de varias movilizaciones y diferendos que los dirigentes de esa organización tuvieron con el alcalde y su esposa María de los Ángeles Pineda.
La organización exigía al alcalde vivienda, obra social y fertilizante para sus agremiados y desde que se fundó sus miembros tuvieron una relación tensa con el alcalde perredista.

Iñaki se adjudica pruebas contra Abarca quien, según un testimonio, era parte de la organización delictiva Guerreros Unidos

El triple homicidio ocurrió en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y el entonces procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera, presumió ayer que “la mayor parte de los datos de prueba que sustentaron la acusación los recabó la Procuraduría de Justicia del Estado” (ahora Fiscalía General del Estado).
En texto por Whatsapp agregó que mediante los oficios 4218 y DGCAP/4345/2013, del 12 de junio de 2013, la dependencia estatal remitió a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR (ahora FGR), “varios tomos de la averiguación previa HDI/SC/01/758/2013 con motivo del homicidio de Hernández Cardona y los otros integrantes de la UP”.
Reveló que el 2 de mayo de 2014, mediante correo electrónico, la PGR recibió copia de la declaración de Pineda Vega, quien expuso, entre otras cosas, que el alcalde José Luis Abarca y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez “eran parte de la organización delictiva Guerreros Unidos y utilizaban a los sicarios y líderes de dicho cártel para secuestrar, desaparecer y matar a un innumerable número de personas”.
Contó que por la información de las actividades delictivas que la dependencia estatal envió se suponía que la autoridad federal ministerial estaba enterada de las denuncias contra José Luis Abarca Velázquez, “y a ello se sumó la petición de distintas personas a efecto de que esa instancia se involucrara en la investigación del caso Hernández Cardona”.
Explicó que independientemente del caso Hernández Cardona se tiene conocimiento de la existencia de múltiples averiguaciones previas en las que se involucra a integrantes de Guerreros Unidos con el que se involucró el ex alcalde para cometer sus crímenes, entre ellos el del dirigente social.
“Con independencia de la información generada y aportada por la autoridad estatal, durante 2013 y 2014, a la fecha ha trascendido públicamente que con relación al grupo criminal en cuestión, la PGR contaba con muchísimos antecedentes, destacando entre ellos el concerniente a que la familia Pineda Villa (de la esposa del alcalde) estuvo ligada a los dos grupos criminales más violentos del país en la década de los 90s y 2000, el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y el Cártel del Pacífico que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán”.
Explicó que las actividades delictivas del ex alcalde fueron ventiladas también en distintos momentos ante los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), y que el 6 de agosto de 2014, el delegado del CISEN presentó a ese grupo un documento denominado: Objetivos de Atención Especial, “puntualizando que había sido elaborado con información aportada por la PGR y la Procuraduría estatal, con especial referencia al entonces presidente municipal de Iguala José Luis Abarca”.
También dijo que el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero conversó telefónicamente con el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, para decirle que eran necesarias las diligencias para detener a José Luis Abarca Velázquez, “en el entendido de que el gobierno federal contaba con información relativa a sus vínculos o involucramiento con la organización Guerreros Unidos”.
Pero dijo que Murillo le indicó que se contactara con Mariana Benítez Tiburcio, entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales “para alcanzar un acuerdo en la ruta a seguir”.
Con estos antecedentes para Iñaki Blanco no hay justificación para que la PGR haya sido omisa, “más al tener presente que se trataba de un tema de delincuencia organizada del que le correspondía conocer legal y constitucionalmente”.
Se quejó que la información generada por la Procuraduría estatal “se administró o guardó con la intención de capitalizarla en los momentos previos a la elección para la gubernatura del estado en 2015”, cuando fue detenido Abarca Velázquez.

Celebra la hija de Hernández Cardona la condena a Abarca pero seguirá el caso en la CIDH, informa

La activista Soledad Hernández Mena celebró la sentencia de 92 años de prisión que se dio al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el delito de secuestro agravado de su padre, el luchador social Arturo Hernández Cardona y otros miembros de la Unidad Popular (UP), aunque criticó la “dilación” de la justicia y que no se haya reclasificado el caso a los delitos de desaparición forzada y “ejecución extrajudicial”.
Luego de que este martes se conoció la resolución emitida desde el 12 de mayo por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, a 10 años de los hechos, Hernández Mena criticó que el sistema de justicia penal mexicano “es un fracaso” por la “dilación de justicia” y por los acontecimientos posteriores ocurridos en Iguala, no es menor lo sucedido.
A pesar de que hay una sentencia condenatoria (contra el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez), “no estoy conforme porque siempre se solicitó que el delito fuera reclasificado como desaparición forzada y ejecución extrajudicial”, dijo la activista en declaraciones ofrecidas por teléfono.
Advirtió que al manejar el delito de secuestro, “los abogados, jueces, magistrados y todo el sistema judicial, pueden también poner trabas como sucede en el Caso Ayotzinapa, que minimizan los hechos”.
Dijo que el ex alcalde, al ser un servidor público en funciones, cometió un delito más grave que es la desaparición forzada de su padre y otros dirigentes sociales de la Unidad Popular, en hechos ocurridos el 30 de mayo de 2013.
Declaró que aunque el secuestro agravado, como lo manejan, tiene una sentencia mayor en el tiempo, “sí festejo que ya haya una sentencia de 92 años con algunos meses de prisión para José Luis Abarca Velázquez”, dijo la hija mayor de Hernández Cardona.
Mencionó que como familia, mediante la Red Solidaria Década contra la Impunidad, siguen manifestando su rechazo a esta sentencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “porque el delito que se cometió forma parte de los delitos cometidos por el Estado”.
“En el caso Arturo Hernández hay una parte de festejo, pero no es lo que se pretende, seguimos en desacuerdo y lo vamos a manejar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió Soledad Hernández, quien además cuestionó la parte de la reparación del daño que estipula la sentencia, “pues como víctimas hemos podido sobrevivir difícilmente”.
Dijo que esperarán los cinco días que concedió el juez a la parte acusada para apelar la sentencia, y destacó que para la familia es ya un agotamiento físico muy severo, luego de 10 años de seguir en el proceso.
Subrayó que otro reclamo es que quedan “diluidos” otros delitos que José Luis Abarca cometió, “entre ellos contra nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, porque está implícito”. (Alejandro Guerrero / Iguala).