En dos semanas dará resultados del asesinato de Chavarría y habrá detenciones, anuncia el fiscal

Ya están identificados los presuntos autores materiales e intelectuales, asegura Javier Olea en su comparecencia ante diputados en el Congreso. Reprocha que en la investigación del crimen de quien era presidente del Congreso local, ocurrido en agosto de 2009, hubo indicios y pruebas periciales que no se tomaron en cuenta y que por ello se fincarían responsabilidades

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En su comparecencia ante diputados, el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, anunció que en dos semanas dará información sobre los responsables del asesinato del presidente del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, tras revelar que hubo indicios y pruebas periciales que anteriores fiscales no tomaron en cuenta.
Ayer el fiscal acudió al Congreso a comparecer ante integrantes de la Comisión de Justicia, a la que asistieron los legisladores de la Comisión de Seguridad y de la Junta de Coordinación Política, en la Sala José Francisco Ruiz Massieu.
Dijo que en el caso del asesinato del entonces presidente del Congreso Armando Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto del 2009, encontró un expediente muy grande y sin trabajar.
Dijo que a su llegada a la Fiscalía encontró cinco hipótesis de las causas del asesinato, de las cuales se quedó con una y es en la que ya tienen identificados a los presuntos autores materiales e intelectuales.
Dijo que a pesar de que las conclusiones a las que llega la Fiscalía no serán “del todo satisfactorias” él está cumpliendo con su deber, y que en dos semanas dará resultados.
Afirmó que como Fiscalía no realizará ninguna investigación o imputación fuera de la ley, y apuntó que si nos obsequian órdenes de aprehensión, con un “grupo especial de inmediato realizaremos las detenciones correspondientes”.
Javier Olea comentó que en la investigación hay indicios y pruebas periciales que anteriores fiscales no tomaron en cuenta, y que consideró fundamentales.
Se refirió incluso a que ni siquiera la trayectoria de los disparos estaban considerados, por lo que hay investigaciones contra agentes del Ministerio Público y policías por obstruir la aplicación de justicia.
El fiscal le respondió al diputado panista Iván Pachuca Domínguez, a quien le dijo que de todos los ex procuradores, a excepción de Martha Elba Garzón Bernal, ninguno investigó nada del caso del asesinato de Armando Chavarría Barrera.
Sin embargo “por estrategia” no reveló los nombres de los implicados en el asesinato del entonces presidente del Congreso local.
En ese caso dijo que el Congreso local será el primero en saber quiénes son los asesinos. Por su parte la diputada perredista María del Carmen Cabrera, dijo que no se vale jugar con ese tema, más si no se tienen los elementos concretos para cerrar con el capítulo negro de Guerrero.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Silvano Blanco de Aquino, le exigió al fiscal que cuando vaya a declarar en torno al asesinato de Armando Chavarría, su conclusión no sea señalar como responsable del homicidio a un grupo guerrillero o un asunto pasional como ya se ha intentado responsabilizar antes.
Pidió que no se fabriquen culpables, porque afirmó que a Armando Chavarría “lo mato la élite del poder de Guerrero y eso nos queda muy claro”.
Recordó que nadie cuidó la escena del crimen afuera de la casa del entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local “estando a 5 minutos de la Procuraduría”
Y continuó: “esta élite del poder precisamente asesina a Armando nueve días antes de que a Armando lo destaparan como precandidato a gobernador, es decir la idea era detenerlo para  que no fuere gobernador del estado de Guerrero”.

Sí fue policía estatal el asesino del abogado de Moerna en Tixtla

Respecto al asesinato del líder de Morena en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio el fiscal apuntó que la FGE realizó una “minuciosa investigación científica y jurídica”.
Recordó que en un primer momento la familia del abogado no permitió que se realizara la necropsia. Sin embargo, después del sepelio, la viuda del abogado como testigo ocular, “ayudó a rendir entrevista ministerial personalmente con el suscrito”.
Autorizó la exhumación del cuerpo de su esposo para desahogaran pruebas periciales también dentro y fuera de su casa donde ocurrió el asesinato.
Pero la viuda no podría reconocer al policía que asesinó a sus esposo porque en ese operativo los uniformados utilizaron pasamontañas, por lo que la FGE indagó qué policías estatales ingresaron a la casa de Eduardo Catarino.
Según lo explicado por el fiscal, fueron 20 policías los que entraron a la casa del líder de Morena, y a pesar de que se citó a todos “ante el Ministerio Público solamente declararon 19, se solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública las armas de cada uno de los policías y de los análisis periciales se advierte científicamente que efectivamente una de ellas privó de la vida a Eduardo Catarino Dircio. Por lo tanto, el día de hoy se está solicitando al órgano jurisdiccional que corresponda con las pruebas científicas suficientes la orden de aprehensión en contra del presunto responsable”.
Pero el fiscal sugirió que el responsable del homicidio no está ubicable para la FGE, porque advirtió que si se les otorga la orden de aprehensión, entonces podrán iniciar un operativo para su búsqueda.
En ese tema, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, pidió una explicación clara y fehaciente del avance de las investigaciones, y le preguntó: “¿Por qué el arma “sembrada” se desvinculó de la investigación? ¿Con qué propósito, quién lo ordenó? ¿Qué medidas de protección se han decretado para salvaguardar a su familia y el testimonio de su esposa?”.
Preguntó también qué pasa con los otros casos en los que los policías, al intentar la detención de un presunto delincuente, no agotan el protocolo “ni dan advertencias de la intención de detener o el interés de capturar a una persona viva, se ordena dispararle o como dice usted “darle pa´bajo” y yo pregunto: ¿Quién ha dado esas órdenes? ¿Acaso se promete protección e impunidad a quien dispare en contra de un presunto infractor de la ley, aunque éste se encuentre desarmado y no represente un riesgo para la policía?”.
La diputada de Morena fue la única que preguntó por el caso de la detención y desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 26 y 27 en  septiembre de 2014 y qué medidas ha realizado la Fiscalía “para tutelar la labor de periodistas”.
Finalmente le preguntó: “¿Por qué no renuncia licenciado Javier Oléa Pelaez?, ya como abogado no puede apostarle a estar peor que como está”, y “¿No sería mejor que en un arrebato de honestidad se fuera?”.
Ante los llamados de los diputados a que renuncie a su cargo de fiscal, incluido el de Ricardo Mejía Berdeja, Javier Olea dijo que tiene muchas cosas por hacer en la FGE, a pesar de la insuficiencia de recursos materiales y humanos.
En ese mismo tema, el diputado Mauricio Legarreta Martínez  dijo que la renuncia que se pide del fiscal no es una opción y que por el contrario consideró necesario que la Fiscalía tenga el apoyo del Congreso para etiquetar más recursos y ésta pueda actuar.
Durante la comparecencia, el fiscal habló de los constantes “diarios” señalamientos que el coordinador de los diputados de MC realiza en su contra y manifestó preocupación y lo cuestionó por no conocer al estado porque no es guerrerense.
Mejía Berdeja dijo que estaba acostumbrado a las bravatas y también a “enfrentar a corruptos” y criticó a Javier Olea por utilizar un lenguaje “propio de delincuentes” y le advirtió que si no renuncia “vamos a promover un juicio político en su contra”.
El fiscal y el diputado se enfrascaron en una discusión en la que cada uno habló de su trayectoria y descendencia. Finalmente, el tema terminó con la burla del diputado panista Iván Pachuca Domínguez, quien le dijo al fiscal que “si el diputado Berdeja le saca la lengua es algo que a nosotros nos interesa”, y les pidió que se centraran en la comparecencia y los temas que le interesan a los guerrerenses.

Las policías de Acapulco y Zihuatanejo están infiltradas

Javier Olea dijo que la las policías de Acapulco y Zihuatanejo están infiltradas por la delincuencia.
En el caso de Acapulco dijo que hay 40 bandas delictivas, pero las más grandes son cuatro, “entre esas bandas existe una confrontación tremenda y por eso los múltiples homicidios, que se dividen en dos sectores, unos son de delincuencia organizada y otros simples homicidios”.
En Zihuatanejo están operando dos bandas delictivas y está ingresando un cartel fuerte desde Michoacán, dijo el fiscal.
Dijo que tiene dinero y tiene socios en Guerrero para el trasiego de drogas a Estados Unidos por el Pacífico, “hay violencia en Zihuatanejo, pero hay imposibilidad fáctica por la falta de elementos en todas las cabeceras municipales”.

La corrupción sigue en la Fiscalía, le señalan

Diputados como Silvano Blanco se burlaron de lo dicho por el fiscal en el sentido de que la corrupción de los ministerios públicos y de los agentes ministeriales de la Fiscalía se ha reducido en un 50 por ciento porque afirmó que ha tenido pláticas personales “y viéndolos a los ojos, les he pedido que dejen a un lado sus prácticas, se preparen e investiguen”.
Dijo que “la corrupción ahí está y que esto no ha terminado y que realmente el agente del Ministerio Público en turno no responde a sus intereses sino responde a los intereses de la delincuencia organizada porque ellos son los que determinan si se investiga o no se investiga un asunto en Guerrero”.
Al igual que Ricardo Mejía, le cuestionaron que en lugar de despedirlos o detenerlos, sólo les pide que dejen de ser corruptos.
Al inicio de su ponencia el fiscal detalló que en la FGE hay mil  841 servidores públicos operativos, de los cuales 508 son ministerios públicos, 699 policías investigadores ministeriales y 231 peritos, de los cuales 175 elementos con incapacidad total y permanente y 228 comisionados y 293 no han aprobado los exámenes de confianza, pero no los puede despedir porque necesita 58 millones de pesos para liquidarlos.

Un juez negó orden aprehensión contra Saúl Beltrán por homicidio, revela el fiscal

La autoridad judicial notificó el 15 de junio que no encontró pruebas contra el ex alcalde de Totolapan por el caso del homicidio de un trabajador del Ayuntamiento, informa Javier Olea a diputados. Hay abiertas otras investigaciones contra el también diputado local con licencia, aclara

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El fiscal del estado, Javier Olea Peláez, informó a diputados locales que el juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, negó el 15 de junio pasado la orden de aprehensión contra el diputado con licencia priista Saúl Beltrán Orozco por falta de pruebas en el caso del homicidio del entonces trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, José Antonio Ceferino Gil.
Sin embargo adelantó que hay “varias” investigaciones contra el priista por diferentes delitos, entre ellos su amistad y cercanía con el jefe criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo Dealmonte.
Durante su comparecencia ante los integrantes de Junta de Coordinación Política y las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, en la sala José Francisco Ruiz Massieu, el fiscal habló del video en el que en una reunión con pobladores de San Miguel Totolapan dijo que Saúl Beltrán es “el tequilero numero uno”.
Explicó a los diputados que “en primer término el diputado es parte de varias investigaciones; en segundo término se tienen abiertas e investigando averiguaciones previas y carpetas de investigación contra dicho miembro con licencia de esta legislatura, la Fiscalía General del estado no descansará hasta lograr cumpliendo con todas las formalidades constitucionales y del procedimiento y de presunción de inocencia, de investigar al diputado en cuestión y ex presidente municipal de San Miguel Totolapan”.
Olea dijo que en las investigaciones, la Fiscalía está tomando “en consideración como lo han señalado algunos medios de difusión, que él (Saúl Beltrán) tiene una relación de compadrazgo y amiguismo con el multicitado homicida, narcotraficante y secuestrador (Raybel Jaco-bo Dealmonte)”.
En su comparecencia, el fiscal precisó que fue la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Magdalena Camacho Díaz, quien el 8 de febrero solicitó a la juez de causa  “la suspensión del procedimiento” para detener a Saúl Beltrán en tanto el poder Legislativo no resolviera el desafuero de Saúl Beltrán.
Y contrario a lo que ha dicho en torno a la búsqueda de Beltrán Orozco, ayer informó que el 4 el mayo el Congreso le informó a la Fiscalía que aprobaron la solicitud de licencia por tiempo indefinido y justificó que la orden de aprehensión no se pudo ejecutar porque el procedimiento estaba suspendido.
Recordó también que el 16 de mayo pasado el juez Décimo  de Distrito concedió amparo federal al priista para que el juez de la causa dejara sin efectos la resolución (la orden de aprehensión por el homicidio de José Antonio Ceferino Gil) y que analice si se acredita o no el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de Saúl Beltrán.
Consecuencia del amparo, el 15 de junio el juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc “emitió nueva resolución, en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión de fecha 9 de enero del 2017, librada contra Saúl Beltrán por el delito de homicidio calificado”.
En su lugar, dictó otra resolución en la que “niega la orden de aprehensión solicitada” en contra del diputado con licencia, “por no haberse comprobado el cuerpo del delito que le fue imputado”.
Olea Peláez precisó que los familiares de la víctima “se negaron rotundamente a que se practicara la necropsia, de tal suerte que no se tiene la seguridad material y jurídica de que el occiso sea el occiso, que sea Ceferino Gil y que este hubiera perdido la vida por disparo de arma de fuego”.
El 19 de junio, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución que ya fue admitido, informó Javier Olea.
Y advirtió que la FGE está impedida para realizar la aprehensión del diputado con licencia Saúl Beltrán, dado que la orden de aprehensión que fue librada en su contra quedó anulada por la resolución del juez de la causa en cumplimiento del amparo.
En su intervención cuando habló del tema, el fiscal dijo también que a pesar de que fue negada la orden de aprehensión contra Saúl Beltrán después del amparo, si hay
varias investigaciones abiertas contra el diputado que dijo tiene relación cercana y de compadrazgo con Raybel Jacobo de Almonte: “homicida, narcotraficante y secuestrador”.
La diputada perredista María del Carmen Cabrera Lagunas le preguntó al fiscal por el caso de Saúl Beltrán al que recordó, ha llamado “el tequilero mayor” y le preguntó su la falta de actuación en su contra fue por “miedo, amenazas, corrupción o complicidad”.
Olea Peláez dijo que la FGE “no descansará” hasta llevar ante la ley a Beltrán Orozco aunque aclaró que para ello se cumplirá con todas las formalidades.
De la detención de El Tequilero dijo a los diputados que el delincuente está en la sierra de San Miguel Totolapan, y que por la geografía del estado, es muy difícil la aprehensión.
Dijo que la detención es aún más difícil porque los poblados por miedo o por control “de este sujeto lo protegen”.

Catalino Duarte

Del caso del ex diputado federal del PRD, Catalino Duarte Ortuño, se-cuestrado el 12 de abril en Coyuca de Catalán, y adversario político de Saúl Beltrán, el fiscal solo dijo que en la FGE se enteraron “tarde”.
Comentó que la Fiscalía y otras dependencias federales ya tienen una ubicación de dónde puede estar el también ex alcalde de Zirándaro y quiénes son los que lo secuestraron.
“Suponemos que está ahí, pero lo pudieron haber movido, o pudo haber pasado otra acción”, pero no dijo a que punto se refería.

Se detendrá a policías comunitarios cuando se pueda hacer sin enfrentamientos, dice el fiscal

Son “un grave problema heredado al gobierno” de Héctor Astudillo, dice Javier Olea en su comparecencia ante diputados

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En su comparecencia ante diputados, el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, habló de la necesidad de reformar la Ley 701 para limitar la acción de las policías comunitarias, y advirtió que habrá detenciones de sus integrantes cuando éstas se puedan dar sin enfrentamientos.
El funcionario subrayó que las policías comunitarias son “un grave problema heredado al gobierno de Héctor Astudillo Flores”.
Y advirtió que detendrá a cualquier miembro de las policías comunitarias que sean sorprendidos cometiendo algún delito en flagrancia o que tengan órdenes de aprehensión.
Afirmó también que la impunidad no se ejerce en la Fiscalía sino las disposiciones legales estatales y federales y apuntó que todas las acciones que realice contra integrantes de la policía comunitaria serán “en observancia a la Ley 701”.
Después pidió a los diputados modificar la Ley 701 de Recono-cimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, “aquélla ley propicia impunidad, en sus manos amigos legisladores, está la diferencia”.
Del caso del asesinato múltiple en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, por parte de policías de la UPOEG, el fiscal informó que hay varias órdenes de aprehensión en contra de los responsables de los crímenes.
Dijo que han hecho operativos y los seguirán haciendo para detener a los responsables, aunque también precisó que es riesgoso detenerlos.
Porque advirtió que se corre el riesgo de que haya muertes porque los responsables están armados y “muy bien armados”.
El titular de la FGE dijo que podrían detener a todos los policías comunitarios contra los que hay órdenes de aprehensión pero “no lo estimamos prudente desde el punto de vista político porque se ensangrentaría el estado en tener constantes enfrentamientos con estos sujetos, hay unos más bravos que otros”.
Reiteró en varios momentos de su comparecencia que “si hoy tenemos muchos muertos, tendríamos muchos más”, además de que dijo que “no tengo los suficientes policías ministeriales para enfrentar a todas y cada una de las policías comunitarias”.
Dijo que las libertades que establece la ley han permitido “abusos e ilegalidades” porque “ellos juzgan a sus pares y les dictan sentencias que son contrarias a la ley”.
El diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo y del PVEM Mauricio Legarreta Martínez preguntaron al fiscal de las acciones contra los policías comunitarios que han cometido asesinatos y que utilizan armas de uso exclusivo del Ejército. El fiscal reiteró que conocen el armamento de los integrantes de esos grupos y que el problema que busca evitar son enfrentamientos, “tendríamos muchos muertos, no tengo los elementos para enfrentarlos”.